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domingo, 7 de abril de 2013

Formosa: queman una radio opositora... De Alguna Manera...


Formosa: queman una radio opositora...


Esta madrugada en Ingeniero Suárez, en el oeste formoseño,  quemaron una emisora periodística crítica con el gobierno de Insfrán.

Las llamas consumieron las instalaciones de la radio Génesis de Ingeniero Suárez, Formosa, esta madrugada. Así informa desde el lugar de los hechos Aníbal Palma, periodista y dueño de la emisora que, los últimos meses, dio cuenta del levantamiento wichi que se lleva a cabo en el oeste de la provincia gobernada por el kirchnerista Gildo Insfrán. El perfil informativo y, por lo tanto, opositor que marcaba a la radio producen que Palma atribuya el fuego a un atentado. Este es el diálogo que sostuvo con plazademayo.com


–¿Cómo sucedieron los hechos?

–A las tres y media de la mañana desconocidos ingresaron al estudio de la radio forzando la puerta. Todo indica que rociaron de combustible los equipos y los prendieron fuego. En menos de veinte minutos se incendió todo y había llamas de cinco metros que salían desde la radio.

–¿Cómo se enteró del incendio?

–A las 3:45 una vecina de la radio se dirigió al domicilio de mi hermana Liliana, la otra dueña de la radio, para desesperada contarle del incendio. Salimos como estábamos y llegamos a la radio, que estaba en llamas. Intentamos con mi hermana reducir el fuego con baldes, pero era inútil. Perdimos todo. Equipos de transmisión completos, computadoras, consolas, micrófonos, estabilizador de tensión, elevador de tensión, el aire acondicionado…


–¿Pudo haber sido un accidente?

–No fue un accidente, los rastros de quemaduras negras sobre la pared, la velocidad de las llamas y la protección que tenían los equipos contra cortocircuitos impiden que se pueda pensar en un accidente. Atribuyo esto a un atentado contra la radio. No respondemos al gobierno, informamos sobre el acontecer diario con un marcado tinte político. Hemos estado informando permanentemente el desarrollo del conflicto de las comunidades wichis que se desarrolla en esta región desde hace varios meses. Son informaciones que al gobierno no le gustan. Hemos recibido amenazas anteriormente. Se ve que ahora han cumplido.

© Escrito por Diego Rojas (@zonarojas) el viernes 5 de Abril de 2013 y publicado por Plazademayo.com

jueves, 6 de diciembre de 2012

Electroingeniería y la Memoria... De Alguna Manera...

Electroingeniería quiere demoler la memoria…

Frente de la antigua fábrica Campomar, donde se encontraron restos óseos humanos y que era vigilada por militares.

En Valentín Alsina Electroingeniería y el intendente K proyectan un negocio inmobiliario en predios sospechosos de haber sido un campo de detención clandestina.

El relato hizo que la memoria histórica argentina se hiciera presente en el tribunal. Declaraba Antonio Marcelino Vargas, oriundo de Valentín Alsina, de oficio obrero, detenido desaparecido en 1977 y que asegura haber pasado parte de su cautiverio en las instalaciones de la antigua fábrica Campomar. Instalaciones que hoy conforman un terreno en disputa.

“Le digo adónde trabajo, que él me conocía y todo eso –contó Vargas en el tribunal, según consta en las actas de la sesión, en tiempo presente, como si reviviera ese día-. Nada… ¡adentro! Por la ventana me metieron, y… Y bueno. Iba la camioneta del Ejército adelante, o sea… A mí, urgente, me encapuchan y me van sacando la ropa y me van tirando. Me van tirando, yo quedo desnudo”.

“¿Usted iba en el Chevrolet 400?”, le preguntó el doctor Compareid.

“Claro –respondió Vargas-. Y el Ejército también acompaña. Y después de todo esto, yo me doy cuenta de que adonde estuve fue en la Campomar, fábrica Campomar. ¿Por qué estuve ahí? Porque me acuerdo del portón. Ellos por más encapuchados que me tenían, yo siento cuando abren un portón, y me doy cuenta de que era chapa, chapa de esa galvanizada, de esa… ¿Vio cuando le ponen cadena y candado? Y está todavía… hasta ahora está el portón. Está en la fábrica abandonada todavía”.

Campomar es un predio donde funcionó una gran fábrica textil enclavada en la geografía de Valentín Alsina, en la localidad de Lanús. En 1975 la compañía dejó de funcionar, dejando 24 hectáreas y una mole de cemento como recuerdo de su existencia. Luego del golpe de Estado de 1976, en medio del silencio que produce el terror, los vecinos de la fábrica vieron soldados custodiar sus puertas, helicópteros aterrizar durante la noche, escucharon disparos y ráfagas de metralletas. En los años ochenta, accidentalmente se encontraron dos cráneos, uno con un orificio –quizás de bala- en la parte frontal. Muchos años después, los vecinos decidieron recuperar esa parte de su pasado y formaron la Comisión de Vecinos Por Campomar, Memoria Verdad y Justicia, que reunió los testimonios que dan cuenta de la percepción de aquellos años. Querían que se investigue si ese predio había sido un campo de detención de la dictadura. Sin embargo, algo interfirió con su objetivo.

Las veinticuatro hectáreas que componen los terrenos de la ex fábrica Campomar fueron destinados por la municipalidad de Lanús para la realización de un extraordinario negocio inmobiliario de la mano de Electroingeniería, la constructora preferida del gobierno K, y la inmobiliaria Díaz Pérez S.A., ligada al intendente kirchnerista de Lanús, Darío Díaz Pérez. El millonario proyecto de torres de departamentos pudo ser detenido debido a la acción de la Comisión de Vecinos, que recurrió a la Comisión Provincial de la Memoria y a la justicia para que se investigue las actividades que tuvieron lugar en esos terrenos durante la dictadura. El juez Lepopoldo Schiffrin llegó a hacer una recorrida por el lugar y luego decidió que no se podían tocar el área correspondiente a unas escuelas construidas en el lugar. La Cámara que investiga los crímenes de la Junta Militar decidieron descartar el testimonio de Vargas ya que tenía una causa en aquella época por “robo”, y señalaron que era posible que esa haya sido la causa de su detención que lo apartaría de la figura del detenido-desaparecido (aunque al momento de la legalización de los presos, muchas veces los militares les adjudicaran una causa para lograr su blanqueo). Los vecinos de la Comisión sospechan que tales decisiones corresponden al poder del dinero.

Elsa Bravo –abogada, profesora de historia, de 58 años- era preceptora, en 1984, en la escuela Media 9, conocida en ese entonces conocido como Normal 2. “Dos alumnas que hacían Educación Física se alejaron de los límites de la escuela porque habían ido a buscar una pelota que se les había escapado –cuenta Bravo-. Justo al lado de dónde había caído la pelota, lo vieron. Vinieron corrienda asustadas. Decían: ‘Encontramos una cabeza’”. Se trataba en realidad de un cráneo semienterrado en la tierra, según pudo verificar Bravo al acompañar a las alumnas. “Tenía un agujero que podía ser de una bala, pero en ese entonces yo no sabía esto. Lo pusimos con la directora en una bolsa de residuos y lo llevamos hacia la comisaría  3, que está a pocas cuadras. Al llegar el comisario nos tomó la declaración. La directora pidió una copia de la declaración, pero se negó. Todo quedó ahí. Nunca más nos llamaron. Esa comisaría formó parte del circuito Camps de centro de detención en la provincia de Buenos Aires”. Vargas, el hombre que aduce haber estado detenido en Campomar, señala que luego fue trasladado a esa comisaría. Ese mismo año, en otros terrenos de Campomar, otra docente encontró  un cráneo más y restos óseos de un cuerpo.

Haydeé Villar es miembro de la Comisión de Vecinos por Campomar. “Mis dos abuelos vivían frente a la fábrica y estaba todos los días ahí. Mi casa quedaba a cuadra y media –cuenta a plazademayo.com-. En cierto momento se comenzaron a ver tropas que entraban y salían, helicópteros que bajaban en el predio. Salían Ford Falcon a toda hora y se escuchaban tiros, en particular por la noche, ráfagas de ametralladora y tiros sueltos. El tránstio de camiones militares era común y siempre había un militar con un fusil abriendo y cerrando los portones”. Para Villar es claro que en ese lugar funcionó un centro clandestino y sospecha que las resoluciones que impiden la investigación de los terrenos están ligadas al negocio inmobiliario. “En una parte del predio se quiere edificar un complejo habitacional de cuatro torres de departamentos. No se trata ni siquiera de viviendas sociales, sino de un negocio millonario –explica-. El problema es que si hubiera funcionado un Centro Clandestino de Detención no se podría edificar nada. Y no se puede edificar sin antes haber investigado. Que lo haya sido es una posibilidad muy fuerte. Nosotros queremos que se investigue”.

-¿No fue recorrido el lugar por el juez Schiffrin?

-El juez no hizo un recorrido sino que hizo una inspección ocular por una de las parcelas donde se encontraron dos cráneos en su momento. No entró a la fábrica porque consideró que debía haber un sobreviviente. Que luego apareció. Pero el testimonio del sobreviviente fue desestimado por razones inconsistentes por la Cámara Federal de Apelaciones. La misma que le dio permiso a Electroingeniería para edificar con el solo requisito de firmar una declaración jurada en la que la empresa se compromete a informar si encuentra algo sospechoso. Es darle permiso para que demuela todo, para que no sepamos qué pasó allí ni los familiares de los desaparecidos tengan la oportunidad de encontrar sus restos.

Inspección ocular del juez Schiffrin, que los miembros de la Comisión de Vecinos objetan por incompleta.

Mariano Musso es uno de los voceros de Electroingeniería y habló con plazademayo.com desde la ciudad de Córdoba. “La Cámara Federal de Apelaciones dictó en un momento la medida de no innovar y en ese momento no hicimos más nada en el predio. Luego hicieron una inspección ocular y decretaron que la medida de no innovar siguiera firme en los terrenos correspondientes a las escuelas que funcionan allí. Eso nos habilita a proseguir con los plantes, pero así y todo estamos a disposición de la justicia. Por eso, ya hemos presentado una declaración jurada para avisar si encontramos algún tipo de prueba ligada a la actividad de la dictadura. Es un tema delicado con el que siempre hemos estado comprometidos”.

“El único compromiso que tiene la empresa es con el capital y con la ganancia –dice Haydeé Villar, de la Comisión de Vecinos-. Cuando la justicia dictó la primera orden de no innovar, ellos siguieron haciendo su trabajo de demolición y derrumbaron lugares que podrían tener información valiosa. Es necesario que se investigue en profundidad”.

El pasado sigue golpeando las puertas de nuestro presente pero, como en todos los tiempos, quizás el ruido de los negocios kirchneristas sea más fuerte que esos golpes. Los vecinos de Campomar siguen esperando saber qué ocurrió con certeza en esos predios. La Comisión Provincial de la Memoria anunció que apelaría la medida de la justicia que permite a la empresa Electroingeniería, de fuertes vasos comunicantes con el kirchnerismo, proseguir con las obras que terminarían demoliendo la memoria.

© Escrito por Diego Rojas y publicado por plazademayo.com el miércoles 5 de Diciembre de 2012.


sábado, 6 de octubre de 2012

Humahuaca espera justicia... De Alguna Manera...


Humahuaca espera justicia...

Familia de Luis Dario Condorí

A un mes del crimen de Luis Condorí, asesinado por miembros de la agrupación Tití Guerra durante la toma de un predio, su familia lo recuerda. La justicia jujeña aún no tiene respuestas.

Caminar por Humahuaca es un viaje en el tiempo. Como si Marty McFly le prestara sus zapatillas al caminante, le permitiera subir a su DeLorean y lo dirigiera entonces hacia un pueblo en la Quebrada en el que las calles se distinguen por sus empedrados, las viviendas por el adobe que las sostiene, los techos por las tejas que indicarían su pertenencia a los tiempos de la colonia. Pero no. El 5 de septiembre de 2012 –es decir, este año, hace un mes, hace tan poco tiempo- se cometió un crimen en Humahuaca que muestra que la pequeña ciudad jujeña se encuentra en el centro de los problemas de la contemporaneidad de la nación. Ese día una patota formada por una agrupación kirchnerista mató a Luis Condorí, de 28 años.

“Se llamaba Luis pero era muy conocido como Pato, todos le decían Pato. Trabajaba desde chango como guía turístico. Se ganaba el pan así. Lo mataron. El intendente recién apareció después de su muerte. Nos vino a presentar sus respetos pero como conocido, porque él compartió conmigo los estudios. Incluso yo se lo había presentado al Pato porque él tiene su familia y su señora y queríamos ver si tal vez le podían dar unas tierras para poder hacer su vivienda, para ver qué posibilidad había. Milagro Sala dice no tener nada que ver con su asesinato. Si es así, está bien. Si no, que le pese en su conciencia”. (Domingo, padre de Luis)

Esa jornada, la agrupación Tití Guerra ocupó unos terrenos sobre la ruta 8 que delimita un contorno de Humahuaca. La agrupación había pertenecido a la órbita de organizaciones ligadas a la Tupac Amaru, a tal punto que cuando Milagro Sala se encontró con el periodista Jorge Lanata para responder a un informe realizado sobre su persona, los referentes de la Tití Guerra la habían acompañado. Según señalan desde la agrupación Tupac Amaru, apenas días antes del 5 de septiembre la Tití Guerra se habría desvinculado de las huestes de Milagro Sala.

Decenas de miembros de la Tití Guerra habían llegado en dos colectivos desde la ciudad de San Salvador. Cinco vehículos de alta gama los precedían durante el recorrido. Tenían pensado resistir para cumplir con su objetivo si fuera necesario: tenían bolsas y cajones llenos de verduras, carne y paquetes de arroz, fideos y latas de tomate, entre otros elementos, como unos notables zapallos gigantes. Llegaron antes de mediodía y se instalaron en unos terrenos en litigio. Un descampado que unas pocas casitas de adobe deshabitadas interrumpían. Plantaron sus banderas verdes y negras.

“Humahuaca es un pueblo tranquilo, de gente trabajadora, pero que sabe qué pasa en su territorio –cuenta Sergio González, periodista de radio Luna Azul-. Existe la cuestión del negocio inmobiliario. En nuestro pueblo se está intentando que se establezca fuertemente el comercio turístico, pero lo malo es que las ganancias que este negocio permite sólo se reparte entre unas cuantas familias, mientras el resto de los humahuaqueños no vemos ningún beneficio”.

 “Mi hijo siempre trabajó guiando. Siempre me ayudó porque son varios hermanos, la nuestra es una familia grande que mantener y él siempre aportó con los gastos. Era bueno, responsable, pensaba en los demás. No es cierto que fuera militante de Milagro Sala. No estaba en ninguna de esas agrupaciones, siempre estaba en la plaza, en el monumento esperando turistas para trabajar. Sé que Dios no me va a abandonar. Tengo mucha fe. Yo quiero justicia y nada más”.(Miriam, madre de Luis)

 “Ese día hubo zona liberada: esta gente se movilizaba en dos colectivos urbanos cuando acá hay normas que no permiten que los colectivos urbanos hagan intermunicipio. Sin embargo, se trasladaron desde San Salvador hasta Humahuaca y no los paró un solo control policial –explica el doctor Luciano Rivas, abogado querellante y representante de la familia de Luis Condorí–. No los pararon aunque iban armados hasta los dientes, con palos, banderas y una caravana de 5 autos de alta gama que los iba escoltando”.

Todo indica que se trató de un negocio inmobiliario. Los vecinos de Humahuaca resistieron la ocupación. Primero se empezaron a apostar frente a los ocupantes. Pasaron las horas. Había una tensión que –imagen remanida, pero que responde a la descripción de los sucesos– hubiera permitido cortar el aire con el filo de una navaja. En cierto momento, algunos miembros de la agrupación Tití Guerra carnerearon unas ovejas que pastaban en los alrededores para cocinar un guiso. Cuando el hecho se conoció entre los humahuaqueños, cundió la indignación. Varias radios llamaban a que la intendencia se pronunciara sobre lo que estaba sucediendo, pero había silencio. La consigna de los pobladores fue asistir hacia ese lugar.

Nadie de la intendencia decía nada sobre los sucesos. Se comenzaron a tirar piedras.

“Estábamos jugando al fútbol con mi hermano y amigos y vecinos. Llegó un vecino que dijo: ‘Se armó la guerra’. Fuimos a ver qué pasaba entonces, de curiosos. Estaba oscuro, la gente les gritaba, ellos gritaban. En un momento se escucharon disparos. Yo y mi amigo estábamos detrás de una pared cuando fueron los primeros tiros. Ahí decidimos salir con toda la gente a quemar los colectivos. Salimos y justo salieron ellos y tiraron otros tiros.  Le pegaron a Luis. ‘Emanuel ayudame, me dijo. La gente se amontonó y lo llevó la gente para el auto para ir al  hospital. Cuando lo estaban subiendo ya estaba con los ojos blanqueando”. (Emanuel, hermano de Luis)

Hay documentos que demuestran el negocio inmobiliario. “Vicente Acosta, dueño de una inmobiliaria, le pagó diez mil pesos a Marco Antonio Guerra a los efectos de que obtuviera la posesión de los predios en Humahuaca y los mantuviera”, señala el abogado Rivas

Marco Antonio Guerra y su hermano Miguel Ángel Guerra –a su vez hermanos de Tití Guerra, un preso que murió en la cárcel y a quien se homenajea con el nombre de la agrupación– iban en un auto Mercedes Benz a la par de los colectivos que llevaban a los miembros de la agrupación hacia el lugar de los hechos. “Sabemos el monto del pago porque la Tití Guerra está tan organizada que hasta admiten recibos por ese ilícito y lo encontramos una vez que ellos huyeron –continúa Rivas–. Allí también están los nombres de entre diez y quince personas, incluso con sus números de teléfono, a quienes se les preservaban también los terrenos que tenían reservados. En la carpeta que se les cae hay mapas con tomas satelitales y planos del predio que habían tomado. Ya lo habían loteado con los nombres de las personas a las que les correspondía cada lote. Incluso en la carpeta hay nombres de personas a quienes se les entregaban los lotes. Uno de ellos es de la provincia de Mendoza, había gente de San Salvador de Jujuy, entre los que hay bastantes empresarios. Veinte lotes serían para la familia Guerra. Por eso decidieron conformar un grupo de choque. Le pedí a la fiscalía el allanamiento de la inmobiliaria perteneciente a Vicente Acosta y no me contestaron absolutamente nada. De todos modos, tenemos suficiente información”.

“Doce años estuvimos juntos. Teníamos proyectos, muchos proyectos. Tuvimos dos hijitos, un varón y una nena, y él era como un papá para la hija que yo tenía cuando nos juntamos. Queríamos hacer nuestra casa. Era un buen padre y un buen esposo. Ese día había ido a jugar al fútbol. Entonces llegó esta gente y él fue a ver el kilombo. No llegaba y yo estaba preocupada. En la radio dijeron que había heridos. Fuimos a buscarlo pero no estaba. Mi cuñado me dijo que debíamos ir al hospital para ver entre los heridos de allá. Cuando llegamos habían pasado diez minutos desde que mi marido había fallecido. Yo lo quería mucho, lo necesito. No puede ser que haya salido de jugar a la pelota y haya terminado muerto porque le tiraron un tiro. Tiene que haber justicia. A veces pienso que fue a Jujuy a buscar mercadería y que va a volver y pienso que va a volver y siento que lo estoy esperando… Y después lo sigo esperando”. (Laura, esposa de Luis)

 “Uno de los comisarios que formó parte del operativo y que no sólo no detuvieron a los malvivientes de la Tití Guerra, sino que dispararon balas de goma contra los pobladores de Humahuaca, es el comisario Vera, que fue el comisario que estuvo en Libertador General San Martín cuando hubo 4 muertos en la toma de Ledesma. El jefe del operativo es el mismo comisario que fue trasladado a Humahuaca y tuvo un operativo con un muerto –revela a plazademayo.com el abogado Rivas–. Y es parte de la misma policía que dejó pasar a los colectivos cuando es ilegal. Entonces, me llama la atención que se admita como querellante en la causa al Estado provincial, ya que es el responsable de los hechos que ocurrieron, desde el punto de vista de que nunca se articularon los controles policiales y de gendarmería, y la policía, lejos de proteger a los ciudadanos de Humahuaca, protegieron a esta gente”.

La investigación judicial, que admitió al Estado provincial como querellante, tiene como imputados por homicidio simple a Moises Lavallén,  Marco Antonio Guerra, presidente de la Asociación Civil Tití Guerra y Miguel Ángel Guerra, revisor de cuentas, quienes actualmente se encuentran detenidos. El empresario inmobiliario Vicente Acosta también está imputado en una segunda causa vinculada, por el delito de usurpación. “Pero hay más gente: hay autores intelectuales, coautores, cómplices –detalla Rivas–. Está identificado a quiénes pertenecen los vehículos, miembros de la agrupación Tití Guerra. También hay responsabilidad total y absoluta por parte del Estado provincial porque si hubieran funcionado los controles policiales esta muerte no hubiera ocurrido”.

La violencia política recorre la provincia de Jujuy. Hubo cuatro muertes en 2011 ocasionadas por la policía que desalojó a los ocupantes de predios denunciados por la empresa Ingenio Ledesma. Hace un mes un muerto más por una ocupación que, en realidad, ocultaba negocios. Pero no son los únicos sucesos. La violencia parece haberse convertido en Jujuy en un método. La Tití Guerra siempre había pertenecido al núcleo de organizaciones asociadas con la Tupac Amaru de Milagro Sala.

Milagro Sala. La líder de una organización oficialista para estatal.

Denunciada por organizaciones de lucha debido a sus métodos violentos para acallar la protesta social, cuando perturbaba los intereses del Estado que le daba a la Tupac Amaru los fondos para construir su poder paralelo.

A la barra brava de Gimnasia y Esgrima de Jujuy  se la conoce como “La banda de La Flaca”.
“La Flaca” es Milagro Sala.

Humahuaca está en el centro de los tiempos actuales de la Argentina. Un país cuya sociedad está atravesada por las barras bravas y el patoterismo, que se han vuelto moneda corriente en el modo de hacer política oficial.


© Escrito por Diego Rojas (@zonarojas) y publicado por plazademayo.com el miércoles 3 de Octubre de 2012.



sábado, 24 de marzo de 2012

Espionaje en el Batallón 601... De Alguna Manera...

Un espía en los organismos de Derechos Humanos...

 
Otro servicio del Batallón 601 fue detectado en una organización popular. A horas de un nuevo aniversario del 24/3/1976, un nuevo caso de espionaje.


Un fantasma recorre los ámbitos de la militancia, especialmente la militancia de la izquierda: es el fantasma del “infiltrado”. Del servicio. Del espía. Los más despreocupados señalan que tal figura correspondería a una especie de mito urbano. Otros que sería un anacronismo. Los más cuidadosos dicen que son como las brujas: no existen, pero que los hay, los hay. Por eso esos ámbitos suelen conmoverse si se comprueba que un topo logró confundirse en sus filas. Algo así ocurre ahora mismo en el mundo de las organizaciones de derechos humanos. Un militante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, una de las instituciones más tradicionales del país en estos temas, había fungido como agente civil del Batallón 601 durante la última dictadura militar.

Así aparece en la “Nómina del personal civil de inteligencia que revistó en el periodo 1976/1983”, según consta en los archivos públicos de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación: “Amarilla Bonifacio Alberto 8.228.739”. El orden del listado lo ubica en el renglón 213.

“Lo conocí a través de su participación en el Encuentro por la Verdad, la Memoria y la Justicia, que él integraba en representación de la Liga -recuerda Carlos Lordkipanidse, conocido como “El Sueco”, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos-. Amarilla participaba en reuniones de elaboración de documentos y llegó a ser el responsable de finanzas del Encuentro: era el que recaudaba el dinero de todas las organizaciones, quien hacía imprimir los afiches, las banderas. Su rol le permitía acceso y contaco con militantes de todos lados, les pedía el celular para comunicarse con ellos, presenciaba nuestras reuniones y estaba al tanto de las posiciones que se sustentaba en ellas”.

Así lo documentan los mails que solía enviar, detallando la actividad del Encuentro, la fallecida militante Adriana Calvo: “Se designaron los responsables de conformar las Comisiones de Organización (Carlos Lordkipanidse, AEDD), Finanzas (Alberto Amarilla, Liga), Documento (Diana Kordon, Liberpueblo) y Prensa (Margarita Cruz, AEDD). Como siempre, se invita a participar en las Comisiones a los representantes de todas las organizaciones que lo deseen”, dice uno de ellos. Otro aporta más sobre su rol como recaudador: “Informaron las Comisiones de Finanzas, de Organización y de Documento. Finanzas: Recordó la decisión de que todas las organizaciones contribuyan con $100 salvo aquellas muy pequeñas que pidan una excepción a la Comisión para aportar $50. Aportes: en la próxima reunión o en la Liga, Corrientes 1785, 2º C, Alberto Amarilla, de 16 a 18 hs”. Ambos mails corresponden a la organización de la marcha del 24 de marzo, aniversario del inicio de la última dictadura, en 2004.

“Accedió a mucha información y participaba de las marchas ocupando alguna función en seguridad y organización -sigue recordando Lordkipanidse–. También tenía un programa en FM Parque Patricios, una vez me invitó a hablar ahí”.

–¿Qué lo llevó a verificar si Amarilla figuraba en el listado de los servicios del Batallón 601?
–(Reflexiona) Quizás una fibra paranoica. (Ríe) A mí particularmente me parecía que tenía un aspecto extraño. Por un lado, eso muestra mi paranoia. Pero por otro, era un ñato con una cara de sargento que se caía. Ahora, hay gente con cara de sargento que no tiene nada que ver con los militares, ¿no? En este caso, verifiqué que su nombre se encuentra en los listados de agentes del Batallón 601.

Los registros oficiales señalan que Amarilla vive en el barrio de Lugano, en su calle principal, Soldado de la Frontera. Este cronista se dirigió a ese domicilio. Al comenzar el otoño, la noche de los monobloques de Lugano se vuelve más vacía, solitaria. Luego de tocar varias veces el timbre del departamento que figura a nombre de Amarilla y de que no hubiera respuesta, este cronista decidió retirarse, no sin antes preguntar por el supuesto servicio de inteligencia a una vecina que ingresaba al edificio, sin resultados positivos.

–¿Pudo transmitir este descubrimiento a los organismos de derechos humanos?
–La gente de la Liga está enterada a partir de una conversación que tuve con ellos –explica Lordkipanidse–. Hace alrededor de un año les comuniqué el hallazgo. Correspondía que hicieran una denuncia pública sobre esa situación: fue un militante suyo que tuvo contacto con miembros de muchas otras organizaciones. Me decían que hacía mucho que no lo veían y que no figuraba por ningún lado.

Lo cierto es que Amarilla nunca dijo que había trabajado para el Batallón 601 y que luego se había dado vuelta, nunca hizo una autocrítica y ocultó su pasado como agente civil. Entonces amerita que se haga pública su situación. Son un organismo de derechos humanos y son las víctimas de un probable caso de infiltración. Pero hay responsabilidades políticas. La de aquellos que fueron conminados a decir que pasaban estas cosas y no lo hicieron. Hay un ocultamiento de esta cuestión y no sé por qué razón.
Graciela Rozenblum es una de las profesionales que milita en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, ligada al Partido Comunista.

–Esa persona estuvo vinculada a la Liga hace muchos años, se desvinculó allá por 2006 –dijo la abogada a plazademayo.com–. No tenemos más información de esta persona posterior a ese momento.

–¿Cuál era su rol en la Liga?
–Él era obrero de la construcción, hacía arreglos en casas, pintura fundamentalmente, y colaboró en el área de prensa de la Liga, tuvo un programa de radio. Participó de la organización de los actos del 24 de marzo representando a nuestra institución hasta fines de 2006. Después perdimos todo contacto con él.

–Sabiendo que esta persona fue agente del Batallón 601, en retrospectiva, ¿cómo evalúa su comportamiento en aquella época?
–A ver. ¿Para qué querés esta información? Yo no estoy dispuesta a que se publique lo que estoy diciendo.

–No entiendo. Como dije al presentarme, soy periodista y esta información será publicada en una nota en plazademayo.com.
–Nosotros estamos evaluando qué vamos a hacer con ese tema. Pero no hacemos declaraciones públicas sobre esta persona.

–Bien, hasta este momento las estuvo haciendo, le dije que era para plazademayo.com.
–No me dijiste que era para publicar, eso es mala fe. Me preguntaste hasta cuándo estuvo vinculado y te contesté. Hasta ahí, está todo bien. Lo demás es resolución de la organización. Evaluaciones y todo lo demás. No te voy a dar mi opinión personal.

–Este es un tema que excede a lo personal.
–La Liga se enteró en un momento y lo que hagamos con este tema es un asunto institucional.

–Es un problema social ya que esta persona no sólo ha tenido un trabajo, probablemente, de infiltración en la Liga, sino que ha tenido contacto con militantes de otros espacios.
–Mirá, las personas que están en esa lista, algunas de las que han sido denunciadas por mí, como Gerardo Martínez, hay que chequear un montón de información. Mi palabra es que esa persona se desempeñó en nuestra organización hasta 2006, más que eso no te voy a decir. Yo sé que estás trabajando, pero yo tengo que preservar a mi organización.

–Por eso, ustedes hace muchos meses conocen esta situación.
–El que te informó, no sé por qué te lo informó. Esa persona en vez de hablar contigo, debería haber hablado con nosotros.

–Por eso mismo, ustedes fueron informados varios meses atrás sobre esta situación.
–Mirá, nosotros somos muy cordiales con el gremio de los periodistas. Terminemos esta conversación acá, no quiero enojarme ni quiero que te enojes. La información oficial es que esta persona colaboró con la Liga hasta 2006. ¿Qué vamos a hacer con esta denuncia? Lo estamos discutiendo.

–Muy bien, muchas gracias.
–Hasta luego.

La reacción de la miembro de la Liga suena extraña. “Nosotros, quienes integramos el Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia, siempre hemos compartido la idea de que cuando se descubren situaciones de esta naturaleza hay que hacerlas públicas –explica Diana Kordon, de la agrupación de DDHH Liberpueblo–. Es lo que sucedió cuando se descubrió que Raúl Tarifeño, miembro del MST de Neuquén, había sido agente civil del Batallón 601. Todos compartimos que hay que denunciar”.

La Liga por los Derechos del Hombre no integra más el Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia desde que el Partido Comunista, al que está ligada, adscribió al oficialismo kirchnerista. ¿Quizás denunciar el pasado de Alberto Amarilla como servicio también implicaría denunciar la inacción del gobierno sobre la investigación de cada uno de los hombres y mujeres mencionados en esa lista?

“El gobierno sólo entregó ese listado, no los legajos de cada miembro del Batallón 601 que están en su poder –señala Claudia Ferrero, abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha–. El juez Ariel Lijo cajoneó la investigación sobre esos listados. Muchos de los nombrados en esos listados siguen su actividad de espionaje sobre las organizaciones y militantes”.

El sábado se cumplen treinta y seis años desde que la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina tomara el control del Estado. Desde allí erigió un aparato de inteligencia para vigilar los movimientos populares.

El Batallón 601 y su red de agentes civiles fue uno de sus centros. Que perduran. Basta pensar en la acción de espionaje de la Gendarmería y el Proyecto X que fue revelado por su accionar de infiltración entre obreros combativos de Zona Norte hace un par de meses. Los servicios de inteligencia, incluso, exceden los controles que los gobiernos puedan tratar de imponer, ya que gozan de cierta autonomía en aquellos lugares del Estado donde operen. Por eso es necesaria una acción decidida para acabar con esos aparatos de vigilancia y control.

Alberto Amarilla, de 65 años, había formado parte de los grupos de apoyo de inteligencia civil a la dictadura. En años cercanos, había organizado junto a organismos de derechos humanos las movilizaciones en repudio a la dictadura de la que él había formado parte. En su departamento en Lugano nadie responde. Muchos se preguntan dónde está Amarilla hoy.

© Escrito por Diego Rojas y publicado por plazademayo.com el jueves 22 de Marzo de 2012.


domingo, 26 de febrero de 2012

María del Carmen Verdú... De Alguna Manera...

Entrevista a María del Carmen Verdú…

 María del Carmen Verdú

La abogada de CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) se refirió a las declaraciones de Nilda Garré y a la política represiva del Estado.




María del Carmen Verdú nació en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires. Estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires y se recibió de abogada en 1983. Desde 1977 trabajó como maestra de inglés y francés. En 1984 comenzó el ejercicio independiente de la abogacía y se especializó en derecho civil (daños y perjuicios) y penal. A poco de egresada de la universidad, formó, con un pequeño grupo de compañeros, la “Asociación Amuayu por los derechos humanos” (Los que van, en mapuche).

La cotidiana represión policial, encarnada en los fusilamientos de gatillo fácil; la aplicación sistemática de torturas y la muerte de personas en cárceles y comisarías y las detenciones arbitrarias pronto ocuparon el primer lugar en la atención de la minúscula organización, que comenzó a vincularse con víctimas y familiares de víctimas de ese tipo de hechos, brindando el patrocinio jurídico y promoviendo su organización para encarar colectivamente la denuncia antirrepresiva.

En mayo de 1992, fracasados los intentos por incorporar a la agenda de los organismos de derechos humanos tradicionales la represión en democracia, Verdú, con algunos militantes de aquel grupo inicial, y otros, acercados a partir de la visibilidad del caso Bulacio, constituyó la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

Ha participado de encuentros, congresos y seminarios internacionales, y es requerida, con frecuencia, en mesas de debate y diversas actividades antirrepresivas en colegios, universidades y otros ámbitos de todo el país.

© Entrevista realizada por Gabriel Levinas y publicada por plazademayo.com el sábado 25 de Febrero de 2012.

viernes, 24 de febrero de 2012

Ferrocarriles Asesinos... De Alguna Manera...

Asesinato colectivo...

 
La corrupción y la desidia estatal cómplices en esta  masacre.

¿Cómo es el ruido del hierro cuando se dobla, cuando se encoge, cuando se destroza al abandonar su molde industrial originario para convertirse en otra cosa, en un metal mortal? ¿Cómo es el crujido del hierro que será un sonido que retornará y retornará siempre a las memorias de los sobrevivientes de la masacre ferroviaria de Once y que también habrá sido el último sonido escuchado por sus –hasta ahora- 50 víctimas fatales?

A las ocho y media del miércoles 22 de febrero de 2012 se produjo una de las mayores tragedias ferroviarias de las últimas décadas. Por el rol que le cabe a sus responsables, una masacre.  Un asesinato colectivo.

Los hermanos Mario y Claudio Cirigliano comenzaron su auge bajo el mandato del presidente Carlos Menem. En 1995, el riojano les entregó la concesión de Trenes de Buenos Aires (TBA) mediante el decreto 730/95. Hasta ese momento, la familia sólo era dueña de las líneas de colectivos 61 y 62, negocio en el que había incursionado el patriarca Nicola Cirigliano, un inmigrante italiano que se había desempeñado como chofer de colectivos. Con la concesión del ferrocarril empezaría un ascenso que no tuvo interrupciones jamás, ni siquiera bajo los gobiernos kirchneristas, lo cual demuestra otra de las continuidades entre los años noventa y la actualidad. 

El Estado se comprometió a pagar setenta millones de dólares por diez años por la reparación de la flota de trenes de las líneas Sarmiento y Mitre. La expansión del grupo Cirigliano los llevó a ser dueños de empresas de transporte (Grupo Plaza), concesiones públicas (TBA, Trenes de Buenos Aires), seguros (Lua La porteña), construcción de material ferroviario (Emfersa), construcción de carrocerías de buses (Tatsa) y hasta incursionó en concesiones públicas en el exterior (Opportrans, Metro de Río de Janeiro) o proyectos binacionales, como el tren argentino uruguayo.

Según el informe del diputado del ARI  Sebastián Cinquerrui, “en 1998 TBA realizó compras con sobreprecios del orden del 4000 por ciento, como fue el caso del programa de renovación y puesta a punto del material rodante y del parque tractor de la empresa, material de origen japonés marca Toshiba fabricados durante la década del 60´”. Entre los materiales comprados con sobreprecio se encontraban los vagones del tren accidentado este miércoles. Un accidente que no fue un rayo en cielo sereno. 

Por el contrario, marcan la forma de funcionamiento de la “burguesía nacional” que este gobierno decidió “reconstruir”. El informe de Cinquerrui brinda una cifra escalofriante: hasta 2004, la concesión de TBA en el Sarmiento y el Mitre se habían producido 2077 accidentes, provocando 665 heridos y 1372 muertos. Estas cifras no tienen en cuenta los 212 heridos y 11 muertos del choque entre un tren de TBA en la estación de Flores con un colectivo, que había pasado con una barrera baja que se mantenía en una posición angular de 45º desde hacía 10 días. O los 50 heridos del choque del Mitre en Palermo. Ni los 50 muertos y 705 heridos, por ahora, de la masacre de once ocurrida ayer.

¿Cómo se siente sobrevivir, salir de un vagón destrozado tambaleando, ayudar a los heridos, ver a los mutilados, o ser un trabajador ferroviario, moverse en auto desde las estaciones de Flores y Caballito ante el alerta de los trabajadores de evasión y boleterías de la estación plaza Miserere y ayudar en esos primeros minutos a sacar a los heridos, a las mujeres cuyas remeras estaban manchadas de sangre, a los niños, a los trabajadores que iban a cumplir sus tareas desde el oeste no tan lejano y que desde ese momento y para siempre se convertirían en lisiados, por toda sus vidas? ¿Cómo se siente presionar rítmicamente sobre el pecho de un niño de siete años para tratar de reanimarlo en medio del caos de un andén atiborrado de heridos y presionar una vez, dos, tres, y otra vez, y esperar que el niño se reanime y sobreviva, pero no, porque el niño muere?

Los Cirigliano tuvieron una activa participación en el negocio de la tercerización en el ferrocarril. De hecho, su empresa Emfer reparaba los coches que provenían de TBA y de UGOFE en general (UGOFE es la asociación estatal con los concesionarios privados del ferrocarril, integrada por el grupo Romero, el grupo Roggio y el grupo Cirigliano) mediante fondos provistos por el Estado. El Estado paga todos los sueldos, también, de los trabajadores de UGOFE. Los Cirigliano aportan el know how para hacer crecer su portfolio de empresas y billeteras abiertas para recibir subsidios en un negocio absolutamente redondo. En 2003, en pleno momento de salida de la crisis económica, TBA declaró haber repartido dividendos entre sus accionistas por 80 millones de pesos. Los índices de crecimiento de la economía posteriores aumentaron el nivel de flujos de esas ganancias. En 2012 está previsto que TBA reciba más de dos millones de pesos en subsidios estatales por día, totalizando 832,5 millones de pesos anuales. Dinero estatal conseguido, también, a fuerza de lobby, corrupción y dádivas. La Cámara Federal porteña consideró probadas la entrega de dádivas y el pago de viajes por parte de Claudio Cirigliano hacia Ricardo Jaime, predecesor de Juan Pablo Schiavi en la secretaría nacional de Transporte.

La diversificación de negocios para los amigos que propone el kirchnerismo también vale para los Cirigliano, quienes obtuvieron el contrato por la fabricación de 1 millón doscientos mil conversores digitales por la friolera de 160 millones de pesos.

Hoy, los Cirigliano reciben subsidios y organizan sus negocios de la mano de Juan Pablo Schiavi, antiguo jefe de campaña de Mauricio Macri devenido en kirchnerista. Hombre que ascendió a la Secretaría de Transporte de la Nación luego de la caída del íntimo asesor de los Kirchner Ricardo Jaime. Quien se encontraba en una reunión con empresarios ferroviarios, ejecutivos de las empresas tercerizadoras del ferrocarril y José Pedraza y Juan Carlos “El Gallego” Fernández mientras Mariano Ferreyra era asesinado en una calle del barrio de Barracas. El mismo hombre que el día de la masacre de Once brindó una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas y que planteó que si el hecho hubiera ocurrido durante el feriado celebrado el día anterior, “hubiera sido una cosa mucho menor”.

P. trabaja en la línea Sarmiento en el área de Sistema y Mantenimiento. “Existen unas condiciones mínimas establecidas para que un tren salga –asegura a plazademayo.com-. Pero no se cumplen. Los compresores pueden estar andando mal, lo que provoca que se cierre el freno. Sin embargo, en una formación de ocho vagones, si hay cuatro que anden el motorman lo saca. Esto sucede por el rol de los supervisores y la orden de la empresa que dice: ‘los trenes tienen que salir sí o sí’. Es una política de hace muchos años, alentada por el gobierno, que dice que los trenes deben salir porque si no hay riesgos de que se rompa la paz social. Los trenes tienen que andar, no hay que tener el servicio parado, sea como sea. Por eso trabajamos aunque El mantenimiento de las vías o de las señales no funcione. No hay formaciones de repuesto por si un tren se cancela y por eso se juega siempre en el límite. Lo que pasó ayer estaba anunciado. Los sistemas de frenos andan de forma defectuosa, pero la pericia de los motorman hace que sepan cómo manejarlos, los hacen frenar con otros métodos en la estación. Empiezan a tirar el freno desde antes. Lo más normal es que, como consecuencia de este mal andar de los frenos, te quede un vagón afuera del andén. Eso pasa porque se empieza a frenar mil metros antes empiezan a frenar. Pero en una estación un vagón te queda afuera. 

Tal vez ayer no funcionó, y era una cabecera, no había margen para que quede nada afuera. Esos siete metros que se incrustó el tren son los que marcan que el vagón hubiera quedado afuera del andén. Acá se dieron de lleno contra la cabecera. No sólo trabajamos así como consecuencia de la presión directa que sufrimos por parte de la empresa, sino porque nos han llevado a la naturalización de esta forma de trabajo, por esa decisión de que los trenes tienen que moverse, por esa consigna. Ayer los compañeros que estaban en las estaciones de Caballito y Flores se movilizaron en sus autos o como fuera hasta Once para empezar a ayudar con el rescate antes de que llegaran los bomberos. Los compañeros salieron a sacar cuerpos, pilas de cuerpos horizontales, gente muerta, todos los de evasión de Caballito y Flores fueron de raje en auto, fueron de una a tirarse a sacar gente, algunos de los que rescataban se murieron en las camillas. Estaban mal los compañeros. Todos estábamos muy mal”.

¿Cómo se trajina hospitales en busca de un ser querido que tomó el tren por la mañana en la estación Haedo o en la estación Paso del Rey o en la estación Ramos Mejía, temprano, para llegar a tiempo al lugar de trabajo, pero al que nunca llegó, y caminar entonces de hospital en hospital, con la foto carnet del hijo que fue al trabajo pero que no llegó, o la esposa embarazada de seis meses cuyo celular sigue sonando en el vagón chocado en Plaza Miserere cada diez o veinte minutos de llamadas y llamadas insistentes o con la foto de la hija, impresa en blanco y negro, flaquita, de pelo largo, morocha, que iba a trabajar, a prestar servicios, a vivir su vida como la vivía todos los días pero que no llegó? ¿Cómo se decide dejar de buscar en hospitales para, entonces, dirigirse a la morgue y, entonces, reconocer si ese cadáver es el del ser querido que toda la noche se buscó?

Cincuenta muertos y setecientos cinco heridos de la clase trabajadora como consecuencia de la desidia del Estado, de los negocios de los empresarios, de la política kirchnerista de reconstrucción de una burguesía nacional que se prueba una y otra vez criminal. Una masacre que aguarda la clarificación de estas responsabilidades, y que vayan presos los responsables.

© Escrito por Diego Rojas y publicado en: http://www.plazademayo.com/2012/02/asesinato-colectivo-2/ el jueves 23 de Febrero de 2012.