“Una
Comisión seria puede impulsar la investigación”...
Luis Moreno
Ocampo.
Ex
fiscal del tribunal de La Haya explica que todo depende de quién viaje a
Teherán junto al juez y el fiscal. La desconfianza hacia Irán, la solución “a
la Khadafi”.
El ex
fiscal de la Corte Penal Internacional es ahora asesor legal de la DAIA y la
AMIA en su cuestionamiento al Memorando de Entendimiento con Irán. Luis Moreno
Ocampo no hizo una crítica irreductible del convenio con Irán que se está
debatiendo en el Congreso, pero marcó que “la clave” es quiénes serán los
miembros de la Comisión de la Verdad, los cinco juristas que junto al fiscal y
el juez argentinos harán el viaje a Teherán.
–¿Qué
postura tiene usted ante el Memorando?
–La DAIA
me llamó para ayudarlos y les propuse tratar de encontrar una posición común
con la AMIA. Por mi rol, yo nunca dije si había que tomar o rechazar el
acuerdo, dije que había que analizar los riesgos y ver si se podían minimizar.
Antes de que yo llegara a Buenos Aires, la DAIA y la AMIA consideraron que
había que rechazar el acuerdo. Algunos piensan que no hay ninguna oportunidad,
otros creen que el riesgo es muy grande, que no se puede confiar en Irán.
Durante el debate, el canciller reconoció que él no confía en Irán, pero que no
hay otra alternativa para impulsar la investigación.
–¿Hay
antecedentes de una resolución como ésta?
–La AMIA
y el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York muestran las nuevas formas del
terrorismo internacional. Para investigar y castigar a los culpables no había
más alternativa que ir a una guerra, como hizo Estados Unidos en Afganistán, o
negociar con el Estado para el que trabajan los sospechosos, como plantea el
Memorándum. Eso hicieron con Khadafi. Su caso muestra las posibilidades: él
aceptó que su jefe de Inteligencia fuera juzgado en Holanda e indemnizó a las
víctimas. Su caso también muestra los riesgos de negociar con líderes que usan
el crimen para mantenerse en el poder. Khadafi continuó cometiendo crímenes en
ciertas partes del mundo y consolidó su poder. En 2009 fue presidente de la
Asamblea General de Naciones Unidas, miembro del Consejo de Seguridad y
presidente de la Unión Africana. En 2011, cuando ordenó a sus soldados disparar
contra los manifestantes desarmados y amenazaba con exterminarlos, el Consejo
de Seguridad envió su caso a la Corte Penal Internacional que luego de
investigar los hechos libró mandatos de arresto contra él, su hijo y su jefe de
inteligencia. La Corte Penal Internacional es una nueva forma de enfrentar
estos crímenes en la medida en que el ataque constituya un crimen de lesa
humanidad, pero no tiene jurisdicción para delitos cometidos con anterioridad
al 1º de julio del 2002.
–¿Cuáles
son los riesgos?
–Que se
use la Comisión para encubrir a los culpables y para cuestionar en Interpol la
emisión de alertas rojas. Las órdenes del juez argentino seguirían vigentes,
pero su legitimidad internacional cuestionada.
–¿Cuál
es la oportunidad?
–Que una
Comisión seria impulse la investigación y muestre que los intentos de
encubrimiento confirman la culpabilidad de los sospechosos y la complicidad de
miembros de su gobierno.
–Pero
usted ¿tiene objeciones legales?
–Se
podría haber diferenciado más el rol de la Comisión y el de los jueces para
evitar confusión, pero pareciera que uno de los objetivos del gobierno
argentino fue facilitar la toma de declaraciones indagatorias. La doctora Diana
Malamud, que expresa a uno de los grupos más escépticos, sin embargo dio la
bienvenida a esa posibilidad durante el debate en el Congreso. La DAIA, por el
contrario, piensa que la actuación judicial en cooperación con la Comisión
puede llevar a anular toda la causa. El Senado debatió el tema y va a resolver.
Si se aprueba la creación de la Comisión, la selección de sus integrantes será
el tema clave. De ellos y de la claridad del juez y del fiscal va a depender el
futuro de la investigación sobre el atentado a la AMIA.
© Escrito por Raúl Kollmann el domingo
17/02/2013 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
