Reportaje al Doctor Luis Fondebrider... De Alguna Manera...

“Nuestra tarea es reconstruir la vida de una persona”…

Experiencia. “Debemos desentrañar la ‘logia’ que existía para hacer desaparecer a las personas. De esta manera podemos trazar hipótesis acerca de quién o quiénes pueden estar en una sepultura determinada”. Foto: Enrique Abbate

A treinta años de su fundación, el presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense destacó la recuperación de 1.200 cuerpos y la identificación de 620 desaparecidos durante la dictadura militar. Su legado en América Latina, Africa y Europa del Este. El trabajo con las víctimas de los narcotraficantes en México.

Aquellos primeros meses de la democracia recuperada son inolvidables. Y uno de los hechos relevantes fue, en mayo de 1984, la formación del Equipo Argentino de Antropología Forense, que hoy recorre el mundo con las más altas muestras de estima y respeto.

—En aquel momento –recuerda el doctor Luis Fondebrider– nos convocó el doctor Clyde Snow (famoso antropólogo recientemente fallecido) para las exhumaciones que se iban a realizar en el Gran Buenos Aires, particularmente en la zona de San Isidro.

Clyde Snow llegaba a la Argentina precedido por la fama mundial que rodeaba las identificaciones de restos famosos, como en el caso del conocido nazi Mengele.

—Snow había sido convocado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y por las Abuelas de Plaza de Mayo –explica Fondebrider–. En un principio el doctor Snow pide ayuda al Colegio de Graduados en Antropología y, al advertir una respuesta poco clara, decide formar un equipo de gente joven. En aquel momento el traductor de la delegación, un colaborador de Abuelas, le advierte que tiene un grupo de amigos que están terminando la carrera de Antropología. Cuando nos avisan que “hay un gringo que quiere hacer exhumaciones” varios nos acercamos a Snow. Queríamos que se realizaran exhumaciones bien hechas y, después de conversar con él, le pedimos un día para pensarlo. Finalmente nos sumamos al trabajo y al día siguiente fuimos con él a un cementerio de San Isidro. Allí nos inquietó observar que había mucha policía, presencia de varios jueces, forenses y familiares, pero Snow fue terminante: “No se preocupen –nos dijo–, yo estoy a cargo…”. Y de este modo, bajo su dirección, realizamos la primera exhumación científica en Argentina.

—¿Hay muchos equipos en el mundo que realizan la tarea que cumplen ustedes hoy?
—Hay equipos que están trabajando en sus propios países. Por ejemplo, en Guatemala, la Fundación de Antropología Forense guatemalteca que, en 1992, nosotros ayudamos a crear y a entrenarse. Luego, en años posteriores, se creó el equipo de Perú. También una organización en Bosnia, en los Balcanes. Hay un equipo en Estados Unidos, pero somos los más antiguos en habernos dedicado totalmente al área de investigación en este tipo de casos de violencia política, étnica y religiosa y violaciones a los derechos humanos.

—¿En este momento ustedes están trabajando también en México?
—Sí, allí empezamos en 2004 en Ciudad Juárez y Chihuahua donde, desde 1993, cientos de mujeres no identificadas han sido asesinadas. Hemos logrado identificar a 33 mujeres y también hemos comenzado a trabajar en un proyecto muy grande, el Proyecto Frontera, sobre migrantes desaparecidos. Este proyecto se relaciona con la identificación de cuerpos de ciudadanos mexicanos o centroamericanos que, en su camino hacia los Estados Unidos, han desaparecido o han sido asesinados. En este caso sus cuerpos quedan en México o en las morgues de Estados Unidos, fundamentalmente en los estados de Texas y Arizona, y tratamos de armar una red gubernamental y no gubernamental con los familiares para poder devolverles los cuerpos una vez identificados.

—¿Las causas de estas muertes han quedado establecidas?
—En muchos casos la causa de muerte permanece indeterminada. Trabajamos con patólogos forenses a los que hemos invitado a colaborar con el equipo y revisamos la causa de muerte.

—Cuando hablábamos recién de los grupos de antropólogos que funcionan en el mundo pensamos que son desprendimientos del equipo de ustedes, ¿no es cierto?
—De alguna manera, junto al doctor Snow, nosotros visitamos esos países donde científicos jóvenes, al igual que lo ocurrido con nosotros, buscaban hacer algo por su país. Sí, es verdad: junto con ellos hemos dado el puntapié inicial. También en Chipre, donde estamos trabajando desde hace varios años, y en Sudáfrica, donde entrenamos a un grupo de jóvenes locales. Lo ideal es que no exista una dependencia con nosotros sino que se logre crear una cooperación con capacidad local que luego pueda seguir trabajando por su cuenta sin depender de una organización. Estimulamos los desarrollos locales.

—Sin duda el trabajo de un antropólogo forense requiere mucha paciencia. Tenemos entendido que para identificar un cuerpo los tiempos son largos.
—Sí, hay casos en Argentina que han requerido veinte o veinticinco años para ser identificados. Y esto tiene que ver con que, por un lado, lo que encontramos son huesos y no cadáveres. Es decir que no hay huellas dactilares. No hay una cara para reconocer. Encontramos entonces señales mucho más específicas en los huesos. Por ejemplo, una enfermedad o alguna fractura. También en los dientes y, últimamente, en la genética. Pero al mismo tiempo esto implica entender cómo desaparece una persona. Lo que significa para nosotros, en el caso de Argentina, reconstruir cómo funcionaba el Estado en los años 70; qué área de las Fuerzas Armadas hacía tal o cual cosa; qué área de la policía. También cómo se dividió el país, y esto porque debemos desentrañar la “logia” que existía para hacer desaparecer a las personas. De esta manera podemos trazar hipótesis acerca de quién o quiénes pueden estar en una sepultura determinada.

—En estos casos, ¿cómo es el camino a seguir?
—Es rastrear lo que ha dejado el Estado. Por ejemplo, una huella dactilar en un expediente judicial, un libro de ingreso de cadáveres en el cementerio, certificados de defunción. Es decir que, al igual que en la Alemania nazi, cuando llegaba un tren a un campo de exterminio había un señor, un burócrata, que tomaba nota de cuántas personas había en cada vagón. Aquí sucedía algo parecido: también había un funcionario que tomaba nota de los cuerpos que aparecían en la calle o cuándo ingresaban en un cementerio. Es decir, mientras una parte del Estado mataba casi clandestinamente, otra parte del Estado, oficial, procesaba esas muertes. Esta documentación es la que permite, en Argentina y también en otros países, seguir la línea de lo que sucede desde el momento en que desaparece una persona hasta que encontramos sus restos en una sepultura.

—Ustedes también intervinieron en los casos de la gente que fue arrojada al Río de la Plata desde aviones militares. Recuerdo, por ejemplo, en el caso de las monjas francesas, que una de ellas fue encontrada en las orillas del Río de la Plata.
—Entre 1976 y 1978 aparecieron en las costas uruguayas y argentinas alrededor de setenta cuerpos de personas que, se presume, fueron arrojadas desde helicópteros o aviones en el Río de la Plata y luego, transportadas por las mareas, llegaron a la orilla del lado argentino. De esos cuerpos se sacaron fotos, muchas veces huellas dactilares y, en el caso de Uruguay, fueron enterrados en los cementerios de Colonia, Rocha, en diferentes lugares. Y, en el caso argentino, en todo el Municipio de la Costa. Se recuperaron, en algunos cementerios, alrededor de 25 cuerpos de los cuales cinco correspondían a personas que fueron vistas secuestradas en la ESMA. Por ejemplo, el caso de Léonie Duquet, una de las religiosas francesas, y cuatro miembros de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. A estas últimas pudimos recuperarlas, en el año 2005, en un cementerio de General Lavalle. Fue posible identificarlas, restituir los restos a sus familiares y aportar evidencia científica en los procesos judiciales que se siguen realizando contra los responsables.

—Incluso, entre estos casos, recuerdo el de un chico: Floreal Avellaneda.
—Sí, el caso de Floreal, un chico muy jovencito, no fue parte de nuestro trabajo pero el cuerpo de ese chico asesinado fue encontrado en su momento en el Río de la Plata.

—Volviendo a la creación del Equipo Argentino de Antropología, es importante recordar que, cuando se fundó, ustedes eran tan jóvenes que incluso algunos no habían terminado la carrera. Les faltaban una o dos materias para recibirse, ¿no?
—En 1984 yo era estudiante de primer año en la facultad, pero mis compañeros iniciales estaban más avanzados. Hice la excavación inicial con el doctor Snow y con la presencia de Hernán Vidal, un compañero que ya era arqueólogo recibido. Básicamente se puede decir que durante los tres primeros años Snow estuvo con nosotros en la Argentina, manifestando así una enorme generosidad, casi sin recibir un salario específico y, reitero, fue la persona que nos formó y nos entrenó en algo que, más allá del estudio específico de un esqueleto, nos enseñó que el científico tiene una responsabilidad social y debe contar con una visión mucho más amplia que va más allá del cuerpo. Tiene que saber interpretar y buscar los datos, los documentos que ha dejado el Estado, y unir todo eso en una investigación.

—Sí, lo que vos mencionabas recién: a veces una huella dactilar es todo un camino. ¿En qué archivos encontraron datos importantes?
—Por ejemplo, en el caso de las Madres que aparecieron en el Río de la Plata, había varios expedientes correspondientes al momento en el que levantan esos cuerpos en diciembre de 1977. Venían de la ESMA y quedaron en esa zona de la costa. Había un expediente policial normal, sacaron fotos de los cuerpos. También encontramos una autopsia y una huella en mal estado de una de esas personas. Años después, lo que hicimos fue, con autorización judicial, pedirle al Registro Nacional de las Personas todas las huellas dactilares de las personas desaparecidas y las comparamos con todos los cuerpos. Por ejemplo, esto era el indicio de que esa persona que había sido secuestrada en el grupo de la iglesia de la Santa Cruz no era otra persona. Este es el tipo de datos que nos permiten acotar la búsqueda y comparar un cuerpo con todos los desaparecidos de la Argentina.

—Una tarea de una dedicación y una paciencia impresionantes. Por eso, a veces, ha llevado años.
—Sí, lleva años porque no es fácil encontrar los documentos. Argentina y otros países no han tenido una política de preservar archivos, a veces estos están en malas condiciones y también, cuando comenzaron los juicios en 1985, los expedientes se leían con unas urgencias propias de esos momentos: había que probar uno o varios casos. Con el paso del tiempo nosotros hemos armado una base de datos con elementos informáticos y un poco más de paciencia, que implica una visión más amplia de lo que es un rompecabezas. A veces esto nos ha permitido unir un dato, que aparecía en el medio de miles de otros datos, y darle una continuidad hasta llegar a una sepultura específica. Como recordaba recién, en abril de 1985 comienzan los juicios a las tres primeras juntas de la dictadura militar. Snow declara en ese mes de abril acerca de dos casos en los que trabajamos con él. Uno, en Mar del Plata. El caso de Liliana Pereyra, que estaba embarazada. Luego, su madre recuperó aquel bebé. El testimonio del doctor Snow marcó una bisagra en el sentido de que se estaban aportando elementos más allá de los testimonios y de los escritos. Hablamos de una evidencia concreta de algo que las Fuerzas Armadas sostenían que había sido un enfrentamiento cuando, en realidad, se trataba de una persona que había sido ejecutada a sangre fría. Esto permitió el análisis científico que hizo Snow y que describió en el juicio.

—¿Cuánta gente hay hoy en el Equipo Argentino?
—En este momento, contando todas las oficinas, somos cincuenta personas y, en Argentina, alrededor de treinta básicamente en Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario, donde tenemos otras dos oficinas que nos permiten cubrir toda la demanda argentina y también algunos trabajos fuera del país.

—De los antropólogos fundadores, ¿quiénes han quedado trabajando?
—Quedamos Mercedes Doretti, Patricia Bernardi y yo, pero muy rápidamente se fue incorporando otra gente, y quizás el cambio más grande fue cuando, hace 12 o 13 años, comenzó a trabajar con nosotros una camada de unos 15 jóvenes que son un poco la cadena de transmisión y de recambio que tiene el equipo. Hoy son científicos con una experiencia interesante, y siguen trabajando con nosotros.

—¿Son egresados de la UBA?
—Sí, y también de La Plata, adonde íbamos a dar charlas que hicieron que se acercaran a nosotros. En su momento entraron como voluntarios y se fueron incorporando al equipo en diferentes tareas. Esto trajo un impulso muy fuerte a nuestro trabajo, y yo diría que los que vamos poniéndonos más grandes debemos pasar nuestra experiencia a los jóvenes y, a la vez, también aprender de ellos. Hoy día son una parte vital del equipo.

—Bueno, ustedes eran muy jóvenes pero hoy siguen siendo jóvenes. Lo notable es que tienen una vida en contacto permanente con la muerte. Algo muy impresionante. Debe ser un tema difícil de aceptar.
—Muchas veces decimos también que el trabajo tiene más que ver con la vida que con la muerte, porque si bien trabajamos en sepulturas y con cuerpos, desde el principio, muy intuitivamente y sin planificarlo, nos pareció que esto se hacía con los familiares y no solamente “para” los familiares que nos visitan constantemente. Tenemos contacto con ellos. Hay gente que fue militante en aquellos años y nos aporta información, y creo que lo que parece algo muy relacionado con la muerte termina siendo otra cosa: nuestra tarea es reconstruir la vida de una persona. Son microhistorias de todos aquellos a quienes hemos podido identificar, y esa persona a la que se le quiso quitar la identidad ahora, a través de nuestro trabajo, ha quedado reinsertada en la sociedad sabiendo quién era, cuáles fueron sus planes y sus sueños, quiénes formaron su familia. Es una manera de arrancar a esa persona de una sepultura y volver a ubicarla en la sociedad. Es una acción micro, muy chiquitita, la que hacemos, pero creo que justamente eso permite que el trabajo también sea muy cercano a la vida o que para nosotros esté muy relacionado con ella.

—Además, en el mundo han surgido nuevas víctimas y nuevos victimarios. Me refiero, por ejemplo, al tema del narcotráfico.
—Sí, también nos enfrentamos con eso. Es la tarea que estamos haciendo en México, con problemáticas a las que no estábamos acostumbrados, y a partir de 2003, con el trabajo en Ciudad Juárez, nos dimos cuenta de que era otra forma de matar; otra forma de eliminar a las personas y en un contexto de seguridad mucho más complejo. Hay complicidad del Estado y familiares que esperaban a sus hijos vivos. Esto implicó una forma de aprendizaje y metodología totalmente diferentes, y también significó que, sin haberlo deseado, nos convirtiéramos en una referencia para los familiares no sólo en México sino en otros países de Centroamérica que sufren este drama de las migraciones que hoy es universal. Gente desplazada que pierde a sus familiares, desaparece y muere. Pero, volviendo a la Argentina, en estos treinta años hemos recuperado unos 1.200 cuerpos, de los cuales 620 ya han sido identificados.

El tema es tan profundo y doloroso como la historia de la humanidad. Esperemos que las sociedades actuales sepan valorar y atesorar la experiencia a la que este Equipo Argentino ha dedicado los últimos treinta años.

© Escrito por Magdalena Ruíz Guiñazú y publicado el Domingo 06/07/2014 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los demonios, la verdad y la justicia… De Alguna Manera...

Los demonios, la verdad y la justicia…

Hace ya treinta años, la presentación del informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) al primer presidente de la democracia recuperada, Raúl Alfonsín, marcó un hito insoslayable que, en materia de derechos humanos, dividió en dos la historia y la vida política de la Argentina. En 1984, y por primera vez, el Estado convocaba a un grupo de ciudadanos a investigar las acciones aberrantes cometidas por ese mismo Estado durante un período determinado durante el cual habían sido avasallados todos los derechos. Desde ese momento, la consigna “Nunca Más” se convirtió en estandarte de la convicción de la sociedad de que esos hechos –las persecuciones políticas e ideológicas, la desaparición de personas, la tortura, el exterminio de toda disidencia– no deberían volver a repetirse.

Espejo de los tiempos y de la fragilidad institucional de la renaciente democracia, el informe Nunca Más, al tiempo que reveló las atrocidades cometidas por la dictadura para buena parte de una sociedad que –por temor o por indiferencia– había mirado hacia otro lado, también propuso –e instaló en el imaginario social– un discurso que de alguna manera terminaría transformándose en un obstáculo para la recuperación de la verdad de los hechos, la construcción de la memoria colectiva y, como consecuencia, el sometimiento a la Justicia de muchos de los responsables y partícipes del terrorismo de Estado. Ese discurso –basal de la teoría de los dos demonios– quedó sintetizado en dos párrafos del primer prólogo del Nunca Más, redactado por Ernesto Sabato: “Durante la década del ’70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. 

Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al general Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: ‘Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura’. No fue de esta manera en nuestro país: a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”.

La teoría de los dos demonios –compartida subterráneamente por buena parte de la clase política argentina– salía a la luz. El propio Alfonsín la había prefigurado con dos de sus primeras medidas de gobierno el 15 de diciembre de 1983. Una de ellas, el decreto 157, que ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros. En el segundo decreto, el 158, se ordenaba procesar a las tres juntas militares que detentaron el poder en el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta después de la guerra de Malvinas. 

En otras palabras, los dos demonios debían ser juzgados, con lo que se equiparaban –judicial y políticamente– las acciones de las organizaciones revolucionarias armadas con el plan sistemático de exterminio aplicado por la dictadura. Al mismo tiempo, se dejaba fuera de la acción judicial a los responsables del terrorismo de Estado previo al golpe del 24 de marzo, en una clara señal de cierre de filas de la corporación política. En la entrevista que, para esta edición de Miradas al Sur, Francisco Balázs realizó a cuatro de los cien trabajadores anónimos que tomaron los testimonios para el informe de la Conadep queda claro no sólo con la premura y la falta de recursos con que trabajaron sino también la firmeza de este grupo de jóvenes que amenazó con renunciar si el gobierno de entonces no hacía públicos –como era su intención inicial– los nombres de los represores que habían registrado.

Más allá de esto, el juicio a las juntas resultó ejemplificador en términos jurídicos e históricos. Ningún otro país latinoamericano de los que había sufrido dictaduras similares y contemporáneas a la Argentina había llegado –ni ha llegado aún– a tanto en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Pero, para el gobierno radical, ése era el límite. Juzgar a los máximos responsables y dejar afuera de la acción de la justicia a sus subordinados. En ese sentido, el levantamiento de Semana Santa de 1987 –tres años después de la presentación del informe de la Conadep– fue en algún sentido una puesta en escena. No se trata en absoluto de minimizar su importancia ni su peligrosidad para las instituciones. Pero queda claro que no fue determinante para la decisión del radicalismo para promover y aprobar en el Congreso las leyes de Obediencia debida y de Punto final. 

En La casa está en orden –un libro del que se reproducen algunos párrafos en esta edición de Miradas al Sur–, el ex ministro de Defensa de Alfonsín, Horacio Jaunarena, dice que el presidente radical había decidido avanzar con las leyes de impunidad antes de que se produjera el levantamiento carapintada. Con ambas leyes, las causas por los delitos cometidos por el terrorismo de Estado pasaron a dormir el sueño de los (in)justos, con la sola excepción de las relacionadas con la apropiación de menores. Los indultos decretados por Carlos Menem al principio de su mandato vinieron a completar la escena de la impunidad. Al “Nunca Más” le faltaba el soporte de la Justicia, lo que hacía tambalear también a la memoria y a la verdad.

La persistente resistencia de los organismos de derechos humanos, coronada por la decisión de Néstor Kirchner de impulsar la derogación de las leyes de impunidad, reabrió las puertas a la memoria, la verdad y la justicia para los crímenes cometidos por la dictadura. Una dictadura que recién en los últimos tiempos se define por su carácter completo y complejo: cívico-militar.

En ese camino, el prólogo a la edición del Nunca Más de 2006 –coincidente con el trigésimo aniversario del golpe del 24 de marzo– develó, por primera vez desde el Estado, la falacia de la teoría de los dos demonios. “Es preciso dejar claramente establecido –porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes– que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado que son irrenunciables”, dice allí. Y se añade: “Por otra parte, el terrorismo de Estado fue desencadenado de manera masiva y sistemática por la Junta Militar a partir del 24 de marzo de 1976, cuando no existían desafíos estratégicos de seguridad para el status quo, porque la guerrilla ya había sido derrotada militarmente. 

La dictadura se propuso imponer un sistema económico de tipo neoliberal y arrasar con las conquistas sociales de muchas décadas, que la resistencia popular impedía que fueran conculcadas. La pedagogía del terror convirtió a los militares golpistas en señores de la vida y la muerte de todos los habitantes del país. En la aplicación de estas políticas, con la finalidad de evitar el resurgimiento de los movimientos políticos y sociales, la dictadura hizo desaparecer a 30.000 personas, conforme a la doctrina de la seguridad nacional, al servicio del privilegio y de intereses extranacionales”.

La falsa ecuación de dos demonios enfrentados –la guerrilla y los militares– queda despejada por la de la complicidad estratégica de los verdaderos dos demonios: los militares genocidas y sus socios civiles, en sus patas empresariales, eclesiásticas y mediáticas. Esta semana, la declaración de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestando su “preocupación por el allanamiento realizado en la sede del diario La Nueva Provincia, hoy La Nueva, de Bahía Blanca”, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad que se le sigue a su director, Vicente Massot, es una muestra más de que –más allá de los avances realizados en los últimos años por la Justicia– hay muchos demonios civiles que siguen todavía al acecho. Libres. Y conspirando.

© Escrito por Daniel Cecchini el Domingo 20/04/2014 y publicado por Miradas al Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En Jujuy se quebró la barrera de la impunidad... De Alguna Manera...

En Jujuy se quebró la barrera de la impunidad...

Los familiares de las víctimas celebraron el veredicto y esperan ahora el juicio contra el empresario Carlos Pedro Blaquier.

Condenaron a tres represores de lesa humanidad. El Tribunal Oral condenó a prisión perpetua a los ex tenientes Mariano “Cara Cortada” Braga y a José Bulgheroni y a 25 años al mayor retirado Antonio Vargas, ex interventor del Servicio Penitenciario Federal de la provincia.

Los ojos rojos y añosos de Miguel Rozo se llenaron de lágrimas. “Yo me siento feliz”, dijo apenas escuchó la sentencia. Obrero mecánico de la mina El Aguilar, delegado de sección, detenido desaparecido, mudo de testimonio durante 37 años. “Se está haciendo justicia para todos los mineros de aquel momento, que sufran ellos ahora, como hemos sufrido nosotros, como han sufrido nuestras familias.” En la sala, entre los que salían de las sillas y se abrazaban se paró Rubén Andres Cari, también minero, secuestrado de 1976, secretario adjunto del Sindicato Obrero Minero de Mina El Aguilar. “Estoy emocionado, conforme con el veredicto de los jueces: realmente tarde, pero ha llegado la justicia.”

Cuando los jueces del Tribunal Oral Federal de San Salvador de Jujuy terminaron la lectura de la sentencia, la sala gritó el “Como a los nazis les va a pasar” y antes de que termine el canto y antes del saludo a los 30 mil detenidos desaparecidos, alguien pronunció el nombre de Carlos Pedro Blaquier entre las cuentas que faltan. “¡Por fin en Jujuy hay justicia!”, dijo Ernesto Samán, un ex empleado de Ledesma, secuestrado dentro de la empresa, entre nuevos abrazos. 

“¡Vamos compañerosssss!”, lanzó en el patio donde hace apenas un año, cuando empezaba el juicio, cada quien pedía permiso para entrar. “En este momento se juntan muchas cosas: el dolor de haber perdido a tantos compañeros luchando y, bueno, que por fin en Jujuy, después de tantos años, de los que vinimos declarando desde el año ’84 por la Conadep, de la ley del punto final, la obediencia debida y, en fin, después de tantos años de espera por fin hay justicia y esperamos mucho más cuando la Justicia avance sobre Blaquier y compañía.”

La Justicia llegó a la primera etapa. Anoche terminó el primer juicio oral por crímenes de lesa humanidad en una provincia que hasta el año pasado no había tenido ningún debate oral. El Tribunal condenó a los tres represores acusados por 43 víctimas con el mismo monto de pena que habían pedido fiscales y querellas. Condenó a prisión perpetua a los ex tenientes Mariano “Cara Cortada” Braga y a José Bulgheroni, ambos operativos de inteligencia, integrantes de las patotas y encargados del diseño de traslados y secuestros de prisioneros. 

Le dio 25 años de prisión al mayor retirado del Ejército Antonio Vargas, quien fue interventor del Servicio Penitenciario Federal, por donde pasó buena parte de los desaparecidos y sobrevivientes jujeños. Para los tres condenados confirmó y ordenó traslados a cárcel efectiva, una decisión aplaudida como cada pena. El Tribunal lo presidió René Vicente Casas y lo integró Mario Juárez Almaraz, Daniel Morin y como jueza sustituta Fátima Ruiz López.

Las condenas

El juicio revisó cinco causas que se acumularon para el debate por 43 víctimas, seis de las cuales permanecen desaparecidas. Las causas llegaron fragmentadas con sólo tres imputados militares y una mínima representación de los 130 desaparecidos de Jujuy producto de la mala gestión judicial, con expedientes paralizados durante años. Pese a eso, las audiencias se convirtieron en una enorme ventana por donde mirar los escenarios más representativos de la represión en Jujuy. 

La causa “Arédez y otros”, por ejemplo, reunía a cuatro detenidos-desaparecidos delegados del sindicato de obreros y empleados de Ledesma y nucleó también el primer secuestro del médico Luis Arédez, ex intendente del pueblo de Libertador General San Martín y asesor del sindicato y la mutual de obreros del ingenio. Los testimonios de esta causa pusieron en escena las noches de apagones, los secuestros en la zona del ingenio y la responsabilidad de Blaquier, que está procesado en otro expediente. El tramo “Bazán y otros” entró en el juicio para revisar responsabilidades por el secuestro de 27 mineros de El Aguilar, capturados los primeros días de la dictadura, entre los que estaba el legendario dirigente minero Avelino Bazán.

En términos de prueba y caso, Braga llegó a juicio por el homicidio de Rolando Alvarez García, militante peronista secuestrado el 21 de agosto de 1976. Fiscalía y querellas habían pedido prisión perpetua. Braga en sus últimas palabras dijo: “Yo no secuestré, no torturé, no asesiné a Alvarez García”. El TOF lo condenó a prisión perpetua como coautor de violación de domicilio, privación ilegal de la libertad y por el homicidio doblemente agravado de Alvarez García. Bulgheroni llegó a juicio por los casos de Tumbaya, un pueblo humilde, donde cayó un grupo de militantes obreros del PC, entre ellos Rosa Santos Mamani, cuyo homicidio se sitúa dentro del RIM 20. Además se le imputaban tres víctimas de la causa Aragón, detenidas en el penal de Villa Gorriti, que funcionó con la lógica de centro clandestino. 

El TOF lo condenó a perpetua por privación ilegal de la libertad en 10 casos, tormentos agravados y el homicidio de Santos Mamani. Vargas, en tanto, llegó a juicio por los 27 trabajadores de Mina El Aguilar y las 5 víctimas de la causa Arédez. Las querellas y fiscales pidieron 25 años de prisión. El TOF condenó a 25 años por privación ilegal de la libertad en los 32 casos y tormentos agravados de diez.

La sala

La sentencia se esperó durante horas adentro y afuera de la sala. Afuera las columnas de la Tupac Amaru avanzaron por las calles de la ciudad como sucedió en muchas de estas audiencias a lo largo del último año. Adentro, llegaban sobrevivientes de toda la provincia. En la puerta de entrada, Eva Arroyo, de H.I.J.O.S, colgó en un vallado las imágenes 113 desaparecidos, todos los que pudieron recuperar hasta ahora de los 130 desaparecidos de este lugar. Soledad López entró vestida de blanco. Ex presa política, estaba de fiesta: “Siempre ando de jean, que te digan mis compañeras, pero hoy vine vestida para un casamiento: siempre pensábamos que iba a llegar la justicia a otras provincias pero no iba a llegar a Jujuy, aunque me parece casi imposible estar viviendo esto”.

Entre las sillas, apiñados, alguien dijo: “Yo soy sobrino de Avelino Bazán”. Juan de la Cruz Bazán llegó con su esposa, la esposa de Avelino, las hijas, una hermana y otros ocho sobrinos directos y políticos que se esparcieron en la sala. “Lamentamos mucho que haya pasado tanto tiempo, pero esperamos ahora una sentencia justa”, dijo.

El Tribunal habló. Una secretaria leyó la sentencia. Ante cada perpetua la sala explotó. Hilda Figueroa, una secuestrada de los apagones de Ledesma, salió de la sala bañada en lágrimas arrastrando su bastón. “¡¡Tres torturadores menos, ¿sabes?!! Esos eran torturadores también del centro clandestino donde Ledesma nos ha hecho llevar, esto es maravilloso: que estén en la cárcel y con cadena perpetua. ¡¡Estoy emocionada –gritó–, es maravilloso esto!!”

Un tornado de cámaras avanzaron sobre los que estaban sentados adelante. Ricardo Arédez, el hijo de Luis Arédez dijo: “Estoy muy emocionado, no pensábamos que el Tribunal iba a comprometerse tanto por las sentencias, pero ahora vamos por más: falta el juicio para Blaquier y toda la empresa Ledesma, ese poder económico que es fuerte, pesado, importante”. Adriana Arédez, su hermana, avanzó en esa línea. “Claro que esto nos da fuerza para seguir, esto es lo que hemos esperado junto a mi familia, a todos los familiares y a los nietos de Luis Arédez y a los treinta mil, queremos a los civiles empresarios, los miembros de la Iglesia, los queremos en la cárcel como a éstos, en la cárcel común: ojo con que vayan a parar al domicilio por el dinero que tengan porque el pueblo somos nosotros, esto es una advertencia a los jueces.”

Milagro Sala afuera decía: “Y ahora vamos por Blaquier”. Inés Peña, la esposa de Pampero Alvarez García, seguía adelante, entre abrazos, agradecía. “¿No lloras?”, preguntó este diario. “No”, dijo ella. “Ya hemos llorado mucho. Esto nos da fuerza para seguir, no termina acá.”

© Escrito por Alejandra Dandan el viernes 03/05/2013 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.