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sábado, 7 de febrero de 2015

Peligros... De Alguna Manera...

Peligros... 
Aunque la investigación concluyera de manera terminante que el fiscal Nisman se suicidó, muchos no lo creerían. Es una muerte que se prestará siempre para la especulación y el juego político. La manera en que el fiscal Ricardo Sáenz o su colega Carlos Rívolo usaron este suceso trágico para influir en su interna profesional es apenas una demostración. ¿Qué es más importante: dilucidar esa muerte o utilizarla para saldar cuentas con la procuradora Alejandra Gils Carbó y desgastar la figura presidencial?

La “amenaza” que recibió el polémico juez Claudio Bonadio subraya el sentido que se les quiere dar a estos hechos: “La yegua ya dio la orden de tu muerte”, dice el mensaje, escrito novelescamente con letras de diario recortadas. Este juez es el que lleva una investigación de la empresa Hotesur, de las que una de las propietarias es Cristina Kirchner. Justamente por esa razón, Cristina Kirchner es la más interesada en que no le pase nada. La misma situación se planteaba con Alberto Nisman, que había presentado una denuncia contra ella.

Las dos acusaciones tienen poca consistencia y forman parte de la ofensiva judicial contra el Gobierno en un año electoral. Sobre todo es endeble jurídicamente y sin pruebas la denuncia que presentó el fiscal Nisman. Por esa debilidad de la denuncia, el oficialismo necesitaba que el fiscal se presentara en el Congreso para ponerlo en evidencia. La falta de pruebas es tan obvia que su posición hubiera sido pulverizada en la reunión parlamentaria que se había convocado para el lunes posterior al hallazgo de su cuerpo. Con sus años como fiscal, Nisman tenía que saber el desastre al que se dirigía. El borrador que se encontró es todavía más flojo. Su muerte en esas circunstancias fue la peor noticia para el oficialismo, que ya consideraba que la reunión del lunes sería un paseo. Nadie fue más afectado por la muerte de Nisman en ese contexto que el Gobierno.

La situación es tan extrema y compleja que induce al temor y a una fuerte inquietud, tanto porque se afecta la suerte de la República y sus instituciones como porque en ese cuadro destemplado pesa ahora la vida de una persona. ¿Cualquier fiscal puede deponer a un presidente con una acusación sin sustento? ¿Cualquier fiscal puede intervenir en el proceso electoral ciudadano con acusaciones insustentables que puedan incluir pedidos de allanamientos, de detención o de indagatorias? ¿Puede hacerlo si una buena parte de los funcionarios judiciales que intervendrían respalda esas acusaciones porque está contra de ese gobierno? Los mensajes de odio en Facebook contra Cristina Kirchner, por parte de la jueza Fabiana Palmaghini, producen escalofríos por sus augurios de parcialidad, y son apenas otra muestra de la actitud politizada y tan embanderada de gran parte de los miembros del Poder Judicial, como quedará demostrado también en el acto que se convocó para el próximo jueves. El peligro más grande de la investigación son estas presiones.

Toda la investigación que realizó Nisman del atentado a la AMIA fue alimentada por el director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso, quien, a su vez, recibía los aportes de la CIA y el Mossad. Los Servicios de Inteligencia descartaron otras pistas y eligieron la llamada pista iraní. Fue así durante la investigación del juez Juan José Galeano y se mantuvo después con la del fiscal Nisman. Pero hacía varios años que Nisman no aportaba nuevas pruebas. Como sucedió con el ex embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour, que fue detenido en Londres por Interpol y liberado por falta de pruebas, si otros acusados hubieran sido detenidos, habría sido muy difícil condenarlos con las pruebas que había reunido Nisman. ¿Por qué los Servicios de Inteligencia (SIDE, CIA, Mossad) no aportaron más pruebas a la investigación de Nisman? ¿Por qué lo dejaron solo con su acusación?

La denuncia del memorándum de acuerdo con Irán se produjo cuando el gobierno de Israel se manifestó en su contra. Dos periodistas argentinos dijeron bajo juramento que les habían mostrado una comunicación interna de la Cancillería iraní donde se afirmaba que el gobierno argentino podía dejar de perseguir a los acusados por el atentado a la AMIA a cambio de acuerdos económicos. Nadie más que algún funcionario de la embajada israelí o del Mossad podría haber mostrado un documento de esas características. Ese documento, que estaba escrito en inglés, cuando en Irán se habla el idioma farsi, fue una piedra basal de la denuncia contra el memorándum.

De ese documento, lo único que hay es la palabra de los dos periodistas, uno de los cuales reveló que supo de él por “fuentes oficiosas de la Cancillería de Israel que ni siquiera hubieran podido asegurar que no era falso. Nadie más lo vio. En todo caso, el Mossad nunca se lo facilitó a Nisman. Aunque nada de lo supuestamente acordado se verificó en la realidad, Nisman formuló su denuncia contra la Presidenta y el canciller sobre esa hipótesis. Está comprobado que nada de lo que dice es cierto. Los jefes de Interpol aclararon que el gobierno argentino insistió en que no se levantaran las alertas rojas, está demostrado que el comercio con Irán disminuyó en vez de aumentar y que el famoso petróleo iraní –que según Nisman fue el motivo de esta supuesta traición– no se puede refinar en la Argentina por su alto contenido de azufre.

La razón por la que Nisman creyó más en los Servicios de Inteligencia que en los hechos crudos todavía es una incógnita. Sobre esas patrañas pretendía acciones legales contra una presidenta de la República y un canciller. Pero los Servicios de Inteligencia no le proveyeron de prueba concreta, también lo dejaron solo, más interesados en las repercusiones políticas de la denuncia que en el esclarecimiento de las mismas. Es probable que el fiscal también persiguiera un efecto político, pero sin pruebas quedaba muy expuesto desde el punto de vista legal, y su trabajo como fiscal en las dos investigaciones –AMIA y memorándum– quedaba marcado por el fracaso, como sucedió. Entre las miles de versiones sobre estos sucesos, se habló de que al fiscal le habían prometido dos testigos para apuntalar su denuncia, y que a último momento le avisaron que no los tendría.

Toda la guerra contra el gobierno argentino por el memorándum de acuerdo con Irán partió de los Servicios de Inteligencia, en especial el israelí, que aportó ese famoso documento interno de la Cancillería iraní, nunca presentado en la causa y cuyo contenido se demostró que era falso. Una operación del servicio secreto de un país extranjero pudo movilizar a la oposición interna contra el memorándum. Todas las instancias por las que transitan estos gravísimos hechos –el atentado a la AMIA y la muerte del fiscal que lo investigaba– están conmocionadas a su vez por problemáticas concretas de los que tratan de usarlos en provecho propio: los sectores más conservadores del estamento judicial se resisten a introducir los cambios propuestos por el oficialismo; la corporación mediática se resiste a la desmonopolización que requiere la nueva ley de medios; los Servicios de Inteligencia buscan venganza por los desplazamientos internos y la reorganización que se impulsa desde el Congreso; y la oposición está en un año electoral. Para todos ellos, el Gobierno es el único responsable de todos sus males. No es la mejor combinación para esclarecer ninguno de los hechos investigados.

Los Servicios de Inteligencia y la corporación de medios están tan mezclados con estos hechos, que es inevitable que el acto que se anuncia para el próximo jueves en homenaje al fiscal sea usado políticamente como se hizo con la ceremonia de su entierro. No por la actitud de la familia, que en todo momento trató de preservar el sentido de ese acto en un marco respetuoso, sino por la intervención de grupos de activistas que provocaron los desmanes. Desde el punto de vista granmediático, estos desmanes constituyeron lo más trascendente de la ceremonia. Y a los activistas los pusieron los servicios.

El jueves también estarán los que, al igual que en el entierro, tratarán de usar en provecho propio la muerte del fiscal. Estarán los dirigentes de la oposición como Elisa Carrió, que ya trató de opacar al fiscal Nisman con su propia denuncia contra la Presidenta. A cada quien le interesa su parte del botín sin que les importen mucho los 85 asesinados en la AMIA o el mismo fiscal homenajeado. La demagogia es más visible y ruidosa que la discreción de los que están más preocupados por el esclarecimiento de esas muertes. Son situaciones en las que la política muestra su costado más oscuro, donde la vida de las personas se convierte en meras fichas de un juego de poder que circula por rincones que nunca salen a la luz.

© Escrito por Luis Bruschtein el sábado 07/02/2015 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.






lunes, 26 de enero de 2015

Los dos complots…De Alguna Manera...

Los dos complots…

Huellas Fiscal Alberto Nisman. Dibujo: Pablo Temes

Para el Gobierno, Nisman pasó de golpista a manipulado en 48 horas. No lo cuidaron.

Una mañana de mediados de diciembre último, mientras hacía las compras en el supermercado de la zona, Alberto Nisman se encontró por casualidad con un ex altísimo funcionario del gobierno de Néstor Kirchner y de los primeros meses del de Cristina Fernández de Kirchner. El ex funcionario en cuestión había tenido un papel importante en el proceso de creación de la Unidad Fiscal Especial para el Esclarecimiento del Atentado AMIA.

“Necesito conversar con vos porque te quiero poner al tanto de algo que voy a hacer dentro de muy poco tiempo y que va a generar mucho ruido” –expresó el fiscal. La reunión se produjo a los muy pocos días en el departamento del ex funcionario. Allí, Nisman habló acerca de la denuncia por encubrimiento que pensaba realizar y que involucraba, entre otros, nada menos que a la Presidenta y al canciller Héctor Timerman. “Quedé impactado por el relato de Nisman al que acompañó con el detalle de la escucha que lo involucra a Bogado” –recuerda el ex integrante de los gabinetes K azorado ante la tragedia.

La muerte de Nisman representa un magnicidio institucional que golpea fuertemente al Gobierno y a la República. Tiene –y esto hace al hecho más grave aún– las características de una muerte anunciada. Según relató nuestra colega de Clarín, Natasha Niebieskikwiat, pocas horas antes de su muerte, el fiscal le expresó que podían matarlo. Igualmente, según la declaración atribuida a Diego Lagomarsino, el asistente que le prestó el arma con el que se efectuó el disparo fatal, Nisman se la pidió para defenderse después de que Antonio Stiuso le advirtió que podían asesinarlo.

Sospechas. Es ominoso observar cómo la investigación judicial va transitando caminos que dejan al descubierto hechos increíbles que agrandan el espectro de las sospechas.

¿Cómo es que, ante la falta de respuesta a sus llamados por parte del fiscal, sus custodios demoraron diez horas en entrar a su departamento? ¿Cómo es que durante ese lapso no impusieron de lo que estaba sucediendo a sus superiores? ¿Quiénes son las personas que conocían la clave de ingreso al departamento de Nisman? ¿Esa clave, era la misma de siempre? ¿Por qué teniendo dos armas y sabiendo que el prestar un arma es un hecho ilegal, le pidió a Lagomarsino que le facilitara la suya para defenderse? ¿Hubo una zona liberada en el domicilio de la víctima?
Entre la lamentable primera carta de la Presidenta, en la que dedicó casi dos carillas a hablar de ella misma, y la segunda, se verifica un giro de 180 grados que demuestran el desconcierto y la desesperación que en estos momentos atraviesan el corazón del poder. La Presidenta pasó de hablar de un “¿suicidio?” a “un suicidio (que estoy convencida) no fue”. En 48 horas el fiscal pasó de ser un golpista y desestabilizador a víctima de un engaño, casi como si fuera un “pelele”.

Las escuchas ponen en evidencia la existencia de una diplomacia paralela.

El presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, haciendo un triste papel, –no fue el único integrante del kirchnerismo que lo hizo– habló el lunes de una mafia, a la que intentó rebuscadamente ligar a Clarín, que llevó al fiscal a quitarse la vida. En esa exposición el tema fue el por qué de la decisión de Nisman de adelantar su regreso desde Europa, suspendiendo así el viaje de regalo de quince años que le había hecho a su hija. Sobre ese punto en particular insistió también Aníbal Fernández. Esa incógnita que tanto desvela al Gobierno, la conoce la ex esposa del fiscal, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado quien, en respuesta a la pregunta de si creía en la hipótesis del suicidio, respondió “No”, en lo que fue su única manifestación pública sobre el caso. De lo que se sabe, la magistrada, que está profundamente afectada por la muerte del padre de sus hijas, no está de acuerdo con el rumbo de la investigación y descree del resultado de la autopsia y de la pericia sobre el arma.

El relato del secretario de Seguridad, Sergio Berni, sobre lo sucedido en la noche del domingo en el departamento de Nisman y el sospechoso comportamiento de los custodios, ponen en jaque su aptitud para ejercer su cargo. Ni qué hablar de la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, de la que nada se sabe.

Paralelas. Las escuchas del caso que comienzan a conocerse ponen al descubierto la real existencia de una diplomacia paralela con Irán. Como muestra, nos detendremos aquí en una en particular, la del 27 de enero de 2013, día de la firma del memorándum, en la que Alejandro “Yusuf” Khalil le informa a Luis D’Elía de ese hecho y le dice: “Firmó Timerman y Shaleji. El memorándum ese lo hemos escrito hace seis años con una persona. Lo presentamos y nos dijeron que era inviable”… “Ese memorándum lo escribió Fernando (Esteche)”. Efectivamente, a fines de septiembre de 2007, el gobierno iraní, que había reaccionado airadamente frente a la dura acusación que unos días antes le había hecho Néstor Kirchner en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, emitió un comunicado firmado por el entonces canciller Mohamed Alí Hosseimi, en el que se atribuyó el estancamiento de las negociaciones a la “corrupción del sistema judicial de Argentina”, para agregar que, “como gesto humanitario la República Islámica de Irán ya ha anunciado que está dispuesta a formar parte de un comité legal judicial y legal con Argentina” para clarificar varios puntos del caso. Ese comité fue lo que en el memorándum se denominó “Comisión de la Verdad”. Néstor Kirchner rechazó de plano esa propuesta. ¿Qué llevó a la Presidenta a dar ese giro copernicano en el caso?

El comunicado del Partido Justicialista del jueves constituyó otro bochorno. Algunos de los hombres fuertes del Gobierno, como fueron los casos de Aníbal Fernández y Florencio Randazzo, experimentaron un verdadero alivio el no haber participado del acto en el que se leyó el documento... El comunicado, en cuya redacción tuvo activa injerencia el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, dejó en claro algo: lo único que le interesa al Gobierno es encontrar la forma de despegarse lo máximo posible de este caso. Ya es tarde. Era fundamental cuidar a Nisman. Nada de eso fue lo que hizo el Gobierno. Lo dejó solo, error imperdonable que resultó ser fatal.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 25/01/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


domingo, 25 de enero de 2015

La excusa institucional... De Alguna Manera...

La excusa institucional...


Cuatro años pasaron desde que Pepe Eliaschev denunció el pacto con Irán para que el fiscal sólo atinara a reaccionar cuando imaginó que podría dejar de ser fiscal.

Enójese, lector, con quienes le faltan el respeto a su capacidad de discernimiento y otra vez apelan a la vieja excusa institucional para explicar por qué se hace después lo que se debió hacer antes. Simulan que lo hicieron así defendiendo altos intereses altruistas cuando simplemente sólo corrieron riesgos a partir de que sus intereses fueron atacados o podrían serlo.

Comportamiento que le cabe por igual a parte de la Justicia y de los medios, que siempre son oficialistas los primeros años de cada gobierno “apoyando la institucionalidad”, hasta que se produce un ataque a los intereses de esos medios (no a los otros), o si estuviera por ser removido si se trata de un fiscal. Ahí la institucionalidad deja de ser prioritaria.

Hoy se cumplen 18 años del asesinato de José Luis Cabezas, un déjá vu con la muerte de Nisman.

Cuando ya sus allegados aceptan que el fiscal Nisman presentó de apuro su acusación porque los cambios producidos a fin de año tanto en la ex Side como en la Procuraduría le hicieron sospechar que en febrero podrían removerlo (y no como dijo torpemente porque “recién la había terminado”), ahora lo justifican con el pretexto de que no quería presentar la denuncia hasta que hubiera un nuevo gobierno para no resultar golpista.

Cambiará mucho la Argentina el día que los fiscales y jueces dejen de hacer política y hagan justicia, y el día que los medios y los periodistas dejen de hacer política y hagan periodismo (entendiendo por política esa visión calculista a lo Maquiavelo de la acción política). O sea, cuando la ética profesional guíe sus acciones y como buenos artesanos hagan lo que tienen que hacer.

A pesar de que con esos comportamientos lo único que se logró fue destruir la institucionalidad, en 2016 se volverá a escuchar  –hipócritamente– desde parte de la Justicia y de los medios que se apoya al nuevo gobierno “defendiendo la institucionalidad”.

Cuando lo que la institucionalidad precisaba era que las denuncias fueran razonablemente contemporáneas con los hechos para enmendarlos a tiempo, para evitarlos o para evitar su repetición. Cuatro años pasaron desde que Pepe Eliaschev denunció el pacto con Irán para que el fiscal sólo atinara a reaccionar cuando imaginó que podría dejar de ser fiscal. Ese cajonear las causas (o las notas en los medios), más que una motivación institucional parece estar orientado a tener un arma siempre lista para que no se metan con uno o negociar.

Escuchaba a la hermana de José Luis Cabezas (hoy, 25 de enero, se cumplen 18 años del asesinato de su hermano) decir que ella sentía un déjà vu entre la muerte del fiscal Nisman y la del fotógrafo de la revista Noticias. Me detuve en esa frase porque siento lo mismo. ¿Por qué será que las causas que generaron ambos crímenes políticos fueron notas que salieron en medios de Editorial Perfil: Yabrán en el caso de Cabezas, y la denuncia de Eliaschev sobre Irán en el caso de Nisman?  

Simplemente porque frente a los temas muy complicados, son muchos los que prefieren abstenerse para sumarse cuando la relación costo-beneficio personal sea productiva. El principio de igualdad ante la ley es totalmente contradictorio con el de “oportunidad frente a la ley”.

Sería un consuelo social si la desgraciada muerte del fiscal Nisman pudiera iluminar el problema del oportunismo judicial y mediático, y que la audiencia aumente su conciencia sobre estos manejos, porque al hacerse evidentes irán perdiendo efecto, que es la mejor forma de reducirlos. El conocimiento es lo que realmente nos hace libres.

No solo los argumentos que justificaron posponer la denuncia son insostenibles. Tampoco resulta lógico, desde la perspectiva del interés público (y no del de mantener un empleo) presentar la denuncia ante el riesgo de ser removido. El propio fiscal Nisman sostuvo en sus reportajes en radios y televisión que lo importante eran las pruebas acumuladas. Por lo que si hubiera sido removido, se podría haber hecho igual la denuncia sin ser fiscal; dijo Nisman en TN: “Esté Nisman o no esté Nisman, las pruebas están”. Y explicando por qué las presentó en medio de la feria judicial, había dicho: “Si tengo una prueba mi obligación es presentarla ante un juez”, desgraciadamente el periodista de TN no le preguntó, entonces, por qué no las presentó años atrás, desde que tiene esas pruebas.

El déjà vu Nisman-Cabezas atraviesa el inconsciente colectivo y el lenguaje político: el kirchnerismo dice “nos tiraron un muerto”, frase idéntica a la de Duhalde en 1997. Otra frase resonante es la que le atribuyen a Antonio Stiuso (alias “Jaime”): “Me quisieron matar a uno y me mataron a dos (por el asesinato de su mano derecha, el Lauchón Viale en 2013 y Nisman), no me van a matar ninguno más”.

Que el propio Stiuso haya elegido para dar su primer reportaje público la revista Noticias (la entrevista realizada por Rodis Recalt en diciembre que llevó a la Presidenta cambiar la cúpula de la Secretaría de Inteligencia) es otro síntoma. Los espías que conocen la cocina de todas las redacciones saben que en las de Editorial Perfil aquello que es nota se publica, sin especular si hacerlo beneficia a un sector u otro, o esperar el momento “oportuno” para publicarlo.

La igualdad ante la ley se contradice con la existencia de la "oportunidad frente a la ley".

Guardar una información de interés público, siendo fiscal o periodista, más allá del tiempo lógico que requiera su confirmación y correcta elaboración, se parece en mucho a apropiarse de un bien que no le pertenece y debería ser público. Ninguna libertad ni derecho es absoluto y existen casos extraordinarios donde se aplica una censura o autocensura lícita excepcionalmente. Pero la mayoría de las veces, tras la justificación de la responsabilidad (institucional, social, patriótica, etc.) se esconde con impostada pompa la conveniencia personal o la simple comodidad.

La muerte del fiscal Nisman debería dejarnos como legado de su investigación la exigencia social a la Justicia y los medios de prontitud en sus denuncias.


© Escrito por Jorge Fontevecchia el domingo 25/01/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.