Cristóbales…
Cristóbal López y Cristobal Colón fueron la negociación PRO-kirchnerismo. Foto: Cedoc Perfil
Hay cuestiones en las que no hace falta más que
el sentido común para comprender quién miente. Cuando desde el Gobierno se
culpa por los cortes de luz a las empresas distribuidoras de energía eléctrica
por no invertir y se sostiene que nada tiene que ver con las tarifas porque el
subsidio por menor precio lo paga el Estado, es lógico preguntarse: ¿serán
tontos los dueños de las empresas de distribución de energía que no quieren
ganar más plata invirtiendo para vender más electricidad satisfaciendo una
demanda mayor?
Algo parecido pasa con las explicaciones sobre la extinción de impuestos que la Ciudad de Buenos Aires realizó a los casinos de Cristóbal López del Hipódromo de Palermo y de Puerto Madero, donde a pesar de estar en los dos lugares donde el metro cuadrado es el más costoso de la Argentina, no pagan Ingresos Brutos, mientras el almacén más modesto de la villa 1-11-14, sí paga.
En una solicitada publicada ayer en casi todos los diarios, titulada “Una deuda que nunca existió”, estos casinos explican que como el Puerto y el Hipódromo son tierras federales, no tienen por qué pagar un impuesto local como Ingresos Brutos. Pero que “con el objeto de propender al bien común y en aras de mantener la armonía (sic) la Nación y la Ciudad de Buenos Aires celebraron un convenio...”
¿Quién puede creer que estos acuerdos tengan por objeto “propender al bien común” y “mantener la armonía”?
Paralelamente, el Gobierno de la Ciudad argumentó que por este acuerdo recibirá $300 millones más por año. ¿Alguien pagaría una deuda que no existió? ¿Alguien pagaría 300 millones más por año por nada? ¿Por qué Cristina Kirchner gratuitamente le daría a Macri 300 millones por año?
Quizás también en aras de mantener la armonía y propender al bien común es que el Gobierno de la Ciudad, al mismo tiempo de acordar con el Gobierno Nacional por los casinos, también aceptó mudar la estatua del otro Cristóbal –Colón– fuera de las inmediaciones de la Casa Rosada, cuando hasta hace unos meses funcionarios del PRO casi se encadenan a ella para resistir su retiro “por reparaciones”.
Todo parece tan inverosímil que los distintos actores dan la sensación de haber cruzado las fronteras de la hipocresía y ya no se preocupan ni por las formas.
La contratapa del sábado pasado sobre este mismo tema motivó un pedido del derecho a réplica del PRO, firmado por la vicejefa del Gobierno porteño, María Eugenia Vidal (ver página 45). Días después, la jueza Elena Liberatori, del fuero Contencioso Administrativo, suspendió la aplicación del apartado del acuerdo entre los casinos y los dos gobiernos en el que se decía: “Las partes acuerdan que la percepción de las sumas convenidas (...) significará la extinción de las pretensiones o créditos relacionados con el pago de los Ingresos Brutos o de cualquier otra tributación específica”.
Llama la atención la capacidad que tiene Cristóbal López de “propender el bien común” y “mantener armonía” entre el kirchnerismo y gobiernos de otros partidos como el socialismo en Santa Fe y el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Igualmente paradójico es la mayor atención que el periodismo de investigación coloca sobre Lázaro Báez, de negocios muchos más chicos que Cristóbal López, que sobre este último.
Parte de la explicación reside en que Báez es tosco y no contaba con ninguna organización empresaria previa al kirchnerismo, mientras que Cristóbal López tuvo empresas legítimas con anterioridad al kirchnerismo. Báez sería un desprolijo que hasta termina apelando a personas como Fariña y financieras de bajísimo nivel, cuando Cristóbal López cuenta con los mejores estudios de contadores y abogados del país y relaciones con bancos de primera línea para lograr que su capacidad de lobby con el kirchnerismo luego se instrumente legalmente de forma intachable.
Pero la estética no modifica la ética. Solo la hace más presentable: hay muchas acciones que jurídicamente no son punibles pero éticamente son reprochables.
También resulta más difícil para los periodistas poder investigar a quienes sean grandes empleadores de periodistas. Una cosa es Báez, cuyo único medio es su diario local de Santa Cruz, con el curioso nombre de Prensa Libre, y otra es Cristóbal López comprando en un sólo año los medios de Hadad y la productora de Tinelli. En la contratapa del sábado que motivó el pedido de réplica del PRO, titulada País Cristóbal, se explicaba que la Ley de Medios tenía graves omisiones porque sólo los prestadores de servicios públicos (telefonía de línea, gas, luz, agua y recolección de residuos) tenían impedido ser titulares de medios de comunicación mientras que no están limitados los dueños de casinos, ni tampoco los contratistas del Estado, como Electroingeniería con Radio del Plata y Canal 360, y titulares de concesiones petroleras como Manzano con Grupo Uno (http://e.perfil.com/paiscristobal).
Y si a los periodistas les resulta más difícil investigar a Cristóbal López que a Lázaro Báez, tampoco a los dueños de los medios que gozan del mismo poder de lobby con el kirchnerismo que Cristóbal López les interesará mucho investigar otros negocios con el Estado.
Más cómoda será aún la situación de Cristóbal López si consiguiera comprar Telefe o Canal 9 porque la Afsca –aplicando la Ley de Medios pareja para todos– le observara a Telefónica su incompatibilidad por ser prestador de servicio público, y al dueño de Canal 9, Remigio González, ser extranjero. Cristóbal López todavía está en carrera: la Afsca pospuso su dictamen sobre Clarín y Telefe, que iba a ser expedido la semana próxima, recién para después de las vacaciones.
© Escrito por Jorge Fontevecchia el viernes 20/12/2013 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
