Carta Abierta a Cristina Fernández... De Alguna Manera...

Carta Abierta a Cristina Fernández

Represión y muerte de ciudadanos argentinos miembros del Pueblo Qom

 

Sra. Presidente de la Nación, Dra. Cristina Fernández

Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Julio César Alak.

Sr. Presidente del INAI, Dr. Daniel Fernández

Viernes 18 de enero de 2013

Como es de público conocimiento, en los últimos tiempos se produjeron diversos hechos en los que resultaron muertos miembros del Pueblo Qom de las provincias de Chaco y Formosa, y que hasta hoy no han sido investigados satisfactoriamente.

Entre ellos, pueden citarse los casos de:

* Roberto López, muerto en la represión policial del 23 de noviembre de 2010 a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera), Pcia. de Formosa.

* Mario López, dirigente pilagá de Colonia Alberdi y delegado del MoCaFor que se dirigía al día siguiente a expresar su solidaridad con Potae Napocna Navogoh, muerto tras ser atropellado por un policía.

* Alberto Galván, jornalero Qom perteneciente a la comunidad Paraje El Colchón, cercana a Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a tiros y arrojado a las pirañas el 21 de enero de 2011.

* Mártires López, dirigente de la Unión Campesina, muerto el 14 de junio de 2011 en circunstancias dudosas, luego de ser atropellado dos días antes por un vehículo mientras circulaba en su moto por la ruta en Libertador General San Martín, Pcia. del Chaco.

* Celestina Jara y su nieta Natalia Lila Coyipe de 11 meses, también miembros de Potae Napocna Navogoh, muertas el 10 de diciembre de 2012 tras ser atropelladas por un gendarme quien no sólo no las auxilió sino que junto con sus acompañantes golpeó a Ricardo Coyipe, dirigente Qom y esposo de Celestina, para impedir que, aun estando malherido, les prestara ayuda.

* Imer Flores, de 12 años, miembro de la comunidad Qompi Naqona’a de Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco, asesinado a golpes por una patota el 5 de enero de 2013.

* Daniel Asijak, 16 años, sobrino del qarashe Félix Díaz de La Primavera, muerto en circunstancias dudosas mientras circulaba por la ruta en su moto, el 9 de enero de 2013.

También resultaron víctimas de hechos violentos, siendo gravemente heridos aunque no fallecidos, el propio Félix Díaz, atropellado el 9 de agosto de 2012 por un vehículo 4 x 4 propiedad de la familia en conflicto con su comunidad; su hijo Abelardo Díaz a quien un grupo de matones intentó degollar el 28 de junio de 2012; Samuel Garcete, un hombre de 48 con 9 hijos, perteneciente a la misma comunidad de Formosa, quien aún no se repone de las graves heridas recibidas en la represión del 23/11/2010; en los últimos días (12 de enero de 2013) se conoció un nuevo ataque a otro joven, Gerardo Rodríguez, en el Paraje El Colchón, Villa Río Bermejito, Pcia. del Chaco y a Omar Ávalos, de la comunidad Potae Napocna Navogoh quien fue atacado por varios criollos en el pueblo Laguna Blanca de la Pcia. de Formosa.

Todos los fallecidos eran ciudadanos argentinos pertenecientes al Pueblo Qom y han muerto en circunstancias dudosas, o asesinados. Tres de estas personas eran niños: Natalia Lila de 11 meses, Daniel Asijak de 16 años e Imer Flores de 12 años.

A lo anterior deben sumarse las amenazas verbales y ataques permanentes que sufren los miembros de estas comunidades, la quema sistemática de sus documentos y pertenencias, y otras acciones destinadas a atemorizar y a potenciar la impunidad de los criminales. Hace tan sólo unas horas se conoció el ataque y las amenazas sufridas por Héctor Alonso, también miembro de Potae Napocna Navogoh.

En la mayoría de los casos se han visto involucrados miembros de las agencias de seguridad estatales, que debieran salvaguardar, no amenazar, la integridad de todos los argentinos.

Todos estos casos han sido denunciados y están o debieran estar siendo investigados por los organismos correspondientes. Sin embargo, la reacción de los respectivos estados provinciales y de la justicia ha sido dispar, evidenciando lamentablemente en muchos casos llamativa indiferencia o incluso negligencia respecto de los crímenes cometidos contra indígenas en sus respectivos territorios.

A pesar de que existe un organismo específico, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que debiera poder intervenir en los casos señalados, nos encontramos ante una escalada de violencia donde se exhibe la poca o nula capacidad de acción del Estado para arbitrar adecuadamente estos conflictos, violencias y abuso de derechos que hoy sufren estos Pueblos.

Sabemos que la violencia hacia el Pueblo Qom no es un fenómeno reciente. Luego de las conquistas militares en la región las comunidades originarias de las actuales provincias de Chaco y Formosa fueron confinadas en territorios escasos y reducidos, en los cuales la violencia no se detuvo, y que en algunos casos, además, fueron escenario de nuevas represiones y masacres, ya no en tiempos de “conquista” sino de “paz”, vinculadas a la extrema explotación laboral y a las alianzas entre propietarios, fuerzas armadas y sectores políticos (por ejemplo, las llamadas masacres de Napalpí 1924, Pampa del Indio 1933-4, El Zapallar 1935, La Bomba 1947, entre muchas otras que además de estar documentadas, son resguardadas en la historia oral de las comunidades).

Hoy los tiempos han cambiado y los Qom, como otros Pueblos Originarios, participan de muchos de los derechos de los ciudadanos argentinos, y se les reconocen derechos específicos en su calidad de Pueblos Indígenas (erróneamente llamados a veces minorías étnicas), como los de participación y consulta sobre los “intereses que los afecten”. Sin embargo, y a contramano de estos reconocimientos, las comunidades son constantemente presionadas para que abandonen los reducidos terrenos en los que fueron confinadas tras la conquista militar.

Y aquí es donde queremos llamar especialmente la atención de la Presidencia, ya que se trata de un problema de extensión nacional y que se ha venido incrementando dramáticamente en tiempos recientes: Todas las víctimas pertenecen a una región que se ha convertido en los últimos años en una renovada frontera de expansión económica principalmente para grandes grupos económicos ligados a los agronegocios, el petróleo y aunque en menor medida, el turismo. Muchas de ellas habían denunciado amenazas y abusos de la gendarmería nacional y distintos grupos armados, tanto policiales como parapoliciales. Los accidentes dudosos y los asesinatos han recrudecido en los últimos tres años, período en que las denuncias hechas por integrantes del Pueblo Qom se han hecho más visibles. Esto se debe a que los grupos armados que obedecen a empresarios y terratenientes actúan con impunidad, sin ser sometidos a investigación alguna y sin ser condenados por sus crímenes.

En todos estos casos, además, tanto los sobrevivientes de ataques similares como los familiares de las personas fallecidas señalan elementos de odio racial y xenofobia como una constante en el marco de estos ataques. Obvia decirlo, el odio racial no es un elemento aislado y propio de los victimarios, sino que es parte, lamentablemente, de un contexto que precede y posibilita tanto la ejecución de los crímenes como su impunidad.

La realidad de estas provincias que en estos días nos preocupa especialmente, tiene puntos en común con la de otras partes del país. Esto se debe a las condiciones que estructuraron las relaciones entre los Pueblos Originarios en todo el territorio, y la sociedad no indígena. Los Pueblos Indígenas poblaban el país originalmente y sufrieron todas las consecuencias negativas,  durante la conquista y luego con la colonización, que sufren aquellos que pierden las guerras territoriales. Durante el siglo veinte perdieron los últimos rincones de sus territorios y fueron obligados a sedentarizarse, o a vivir en colonias y reservas, en la mayoría de los casos obligados a vender su mano de obra en los ingenios azucareros, en las plantaciones de algodón o en las estancias de la Patagonia. En adelante, cobraron y cobran los peores salarios, sufrieron y sufren toda clase de injusticias, se morían y se mueren de enfermedades evitables como la tuberculosis, la leishmaniasis y las derivadas de la desnutrición, y han estado por décadas completamente arrojados al capricho de las patronales y sus mediadores.

Aún desde esta realidad estructural, los Pueblos Originarios compartieron con el resto de los argentinos muchas de sus luchas por la justicia. Hacia la década de 1970 surgieron agrupaciones políticas formadas por militantes indígenas, muchos de ellos integrados con partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales de orientación popular, que además reivindicaban sus derechos culturales, económicos y sociales como indígenas. La dictadura cívico-militar golpeó y desarticuló parcialmente el movimiento indígena, que también luchaba por un mundo mejor, y varios de sus referentes fueron detenidos, desaparecidos y/o partieron al exilio. Hoy y desde el regreso de la democracia a nuestro país, reconocemos importantes avances, a tono con los foros internacionales, porque los Pueblos Indígenas resurgieron como nuevos sujetos de derechos humanos, entre los que se encuentran, reconocidos por la Constitución de nuestro país, el derecho a permanecer en sus territorios tradicionales con títulos legales y a gestionar los mismos bajo sus normas y costumbres. Vale además anotar que los Pueblos Indígenas no sólo son objeto de referencia de estos derechos sino que su palabra, a través de sus intelectuales, dirigentes políticos y líderes religiosos, enriquece, interpela y ayuda al resto de la ciudadanía a construir una sociedad mejor.

Sin embargo, en el norte de la Patagonia, los grupos económicos líderes, ligados a la explotación minera y petrolera, provocan de modo directo (por la violencia) e indirecto (por la contaminación del medio, la desocupación y la ruptura del entramado social) la expulsión de las familias del Pueblo Mapuche, que llevan una larga lucha sin haber sido escuchadas. Más aún, sus reclamos son sistemáticamente criminalizados, y son numerosos los dirigentes que en los últimos años –por dar el último caso, la comunidad Winkul Newen, cercanos a Zapala, el 28 de diciembre próximo pasado- vienen siendo detenidos y/o procesados, cada vez que se resisten a ser desalojados de sus campos. Es evidente que hoy, la principal respuesta que está dando el Estado a los reclamos indígenas por la defensa de sus tierras es la violencia y la represión, y estas comunidades, las más activas y organizadas políticamente, las que más luchan por la vigencia de sus derechos constitucionalmente reconocidos, pasan a vivir en peligro permanente.

Así, la comunidad de Chuschagasta en la Pcia. de Tucumán continúa esperando justicia por el alevoso asesinato de Javier Chocobar el 12 de octubre de 2009 a manos de un  terrateniente.

También aquellas comunidades indígenas que reclaman por sus territorios en forma conjunta con organizaciones campesinas, como sucede con aquellas nucleadas en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) o el Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR), son hostigadas y periódicamente sacrificadas ante el avance de la propiedad privada (el mencionado Mario López del MOCAFOR, en 2010; y en Santiago del Estero, Sandra Juárez, fallecida de un  paro cardíaco frente a las topadoras el 13 de marzo de 2010; Cristian Ferreyra, campesino lule-vilela de San Antonio, asesinado el 16 de noviembre de 2011 a los 23 años; y Miguel Galván, campesino lule-vilela apuñalado en Simbol, en septiembre de 2012, estos últimos por sicarios reconocidos).

Lamentablemente, como Ud. sabrá, la lista de casos y víctimas en los Pueblos Indígenas es larga y no se agota en lo que aquí presentamos. Las incursiones armadas de particulares y parapoliciales en sus territorios, con intenciones de amedrentamiento, así como los ataques sexuales a sus jóvenes, niñas y niños, son moneda corriente en todo el país. Por eso apelamos a usted, para que utilice los recursos materiales y políticos de su gobierno para frenar esta situación. Si los gobiernos provinciales no pueden sacudir estas estructuras, debe ser el Estado nacional el que realice el cambio necesario. Si en un país como el nuestro, poblado por decenas de Pueblos Indígenas que son parte de la ciudadanía, se permite que se los siga asesinando, o que aparezcan muertos en situaciones altamente sospechosas y no se ponen todas las herramientas posibles a favor de la verdad, queda claramente afectada la política de derechos humanos que la mayor parte de la sociedad saluda, apoya y acompaña.

Por todo esto, si bien no ignoramos la complejidad y antigüedad de la situación, reclamamos hoy al gobierno nacional y a los provinciales la implementación de medidas urgentes y decididas para:

- Utilizar todos los elementos a su alcance para que se haga justicia, en todos estos casos; incluyendo que se adopten medidas de reparación concreta y simbólica y que se garantice el trato debidamente respetuoso hacia sus dirigentes. La reparación debe partir del reconocimiento del genocidio histórico cometido contra los Pueblos Originarios, cuyas consecuencias se prolongan hasta nuestros días.

- Intervenir en la estructura sociopolítica y socioeconómica en la que se insertan las comunidades, dado que está comprobada la relación entre la promoción de los agronegocios, la explotación minera y petrolera, las concesiones inmobiliarias y turísticas, etc. y el incremento de la violencia contra los Pueblos Originarios. Frente a esto, existe legislación suficiente que dispone la consulta previa a estos Pueblos, a través de sus autoridades tradicionales, toda vez que se propongan planes de estas características que afecten sus territorios. El Gobierno nacional, así como los provinciales, tienen la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Constitución así como del Convenio 169 de OIT, entre otros acuerdos internacionales a los que la Nación adhiere, como un paso inicial en la evitación de la violencia económica y social.

- Intervenir en el contexto social para disminuir las acciones y discursos racistas, especialmente en los medios de comunicación, en la formación de las fuerzas de seguridad y en las expresiones de los representantes políticos, pues es imperioso reemplazar las ideas de superioridad racial y limpieza étnica que todavía perviven, por una pedagogía respetuosa de los derechos humanos y la vida.

- Por último, es urgente y necesario que el Gobierno Nacional condene moral y públicamente estos hechos aberrantes, para que no se repitan NUNCA MÁS. Para comenzar a revertir la violencia histórica y garantizar, en el marco de un Estado pluricultural, una política de Derechos Humanos que asuma, en relación con los Pueblos Indígenas, su responsabilidad en la búsqueda permanente de verdad y justicia.

La saludamos respetuosamente,

Diana Lenton, DNI 17901607, antropóloga, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

Diego Escolar, DNI 18053150, antropólogo, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Mendoza.

Gabriela Nacach, DNI 22302241, antropóloga, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires. 

Lorena Cardin, DNI  22.110.057, antropóloga, Universidad de Buenos Aires. Valeria Mapelman, DNI 21482309, documentalista, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

Luciana Mignoli, DNI 27.147.941, periodista, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

Marcelo Musante, DNI 23467808, sociólogo, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

Mariana Gómez, DNI 28170891, antropóloga, CONICET, Buenos Aires.

Ana Vivaldi, DNI 25188169, antropóloga, Universidad Columbia Británica, Vancouver, Canadá.

Alexis Papazian, DNI 25791317, historiador, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

Gerardo Raschcovsky, DNI 11154312, estudiante de antropología, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

Darío Aranda, DNI 25905483, periodista, Buenos Aires.

Osvaldo Bayer, DNI 4031317, historiador y periodista, Buenos Aires.

Ramón Navarro, DNI 12646312, músico, Asambleas Ciudadanas Riojanas, La Rioja.

Jorge Omar Steimbach, DNI 4579198, contador, Izquierda Socialista, Buenos Aires.

Luis Piaggi, DNI 13235403, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

Claudia Salomón Tarquini, DNI 22.676.405, historiadora, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, La Pampa.

Luciano D’Addario, DNI 27727575, historiador, Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, Buenos Aires.

Nilo Cayuqueo, DNI 5516237, consultor en Desarrollo, Comisión Mapuche La Azotea, Los Toldos, Buenos Aires.

Florencia Roulet, DNI 14015409, historiadora, Buenos Aires, Ginebra, Suiza.

Ramón Minieri, DNI 5511376, escritor independiente, Departamento de Río Colorado, Río Negro.

Armando Aligia, DNI 11632231, físico, junta interna de ATE del Centro Atómico Bariloche, Río Negro.

Carlos Paz, DNI 22985982, historiador, FCH-UNCPBA, Tandil, Buenos Aires.

José Luis Pope, DNI 13988121, periodista, Trelew, Chubut.

María de los Ángeles Vivardo, DNI 20499490, docente y antropóloga, GCBA, Ciudad de Buenos Aires.

Marcelo Giraud, DNI 20112286, geógrafo, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

Karen Avenburg, DNI 28549080, antropóloga, Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires.

Mónica Padin, DNI 11220972, arquitecta, Bariloche, Río Negro. Marina Lenton, DNI 21480775, ingeniera forestal y docente, Lago Puelo.

© Publicado el lunes 28/01/2013 por plazademayo.com

Lo justo… De Alguna Manera...

Lo justo…

Trimarco y Magnetto conmovieron a la Justicia.

“Lo que se llama justicia es un modo de servir los intereses de los que tienen el poder. Los poderosos hablan de justicia pero, en rigor, quieren reafirmar y justificar su dominio sobre los demás miembros de la comunidad. En suma, la justicia es un encubrimiento de intereses particulares.” Esto no lo escribió Carta Abierta promoviendo el juicio por jurados, ni lo repitió enojado el ministro Alak después del fallo de la Cámara a favor de Clarín, ni el abogado de Susana Trimarco después de la absolución de los sospechados de haber secuestrado a Marita Verón. Lo dijo hace dos mil quinientos años Trasímaco, un sofista al cual Platón rebatió en La República.

Y Marx directamente coló el derecho en el mismo plano que la religión: “La justicia de las transacciones que se realizan entre los agentes productivos se basa en el hecho de que estas transacciones derivan de las relaciones de producción como algo natural. Es justo cuando corresponde al modo de producción, cuando es adecuado a él. Es injusto cuando va en contra de él.”

Estas visiones se orientan al carácter distributivo de la justicia donde, dependiendo del sistema de producción para los marxistas o del sistema moral para los libertarios, lo justo es darle a cada uno lo mismo, a cada uno según sus méritos, a cada uno según sus obras, a cada uno según sus necesidades, a cada uno según su rango o a cada uno según lo atribuido por la ley.

Que se considere justa o injusta la existencia de derecho de herencia trasciende al derecho y es el resultado de una determinada moral.

La frustración que siente la sociedad al ver que un juez en primera instancia cree una cosa y la Cámara de su fuero lo contrario es fruto de la colisión entre dos visiones de la justicia. No pocas veces los abogados tienen una concepción formal del derecho reducible a una codificación sistemática de leyes, o caen en un principismo cuyo paroxismo se sintetiza en la ironía “hágase justicia aunque el mundo perezca”. Mientras, la mayoría de la población tiene una visión intuicionista y considera autoevidente lo que es justo más allá de los complejos procedimientos judiciales.

No consuela que se trate de un problema universal donde un juez de Ghana considere ajustado a derecho detener la fragata Libertad para que luego el Tribunal Internacional del Mar de Hamburgo disponga lo opuesto. O dentro de los Estados Unidos las divergencias entre el juez Griesa y su tribunal de apelación.

Los ciudadanos normales tienen una visión de la justicia que podría denominarse “cósmica”, donde lo justo sería algo similar al orden y la medida. Se produce injusticia cuando algo ocupa el lugar que no le corresponde, se produce un exceso o hay una demasía, entonces la Justicia tiene que restablecer el equilibrio corrigiendo y castigando la desmesura, sea ésta del Gobierno o de Clarín, de los fondos buitre o de nosotros los deudores.

John Rawls, el filósofo especializado en justicia más importante del siglo XX, trató de reconciliar la idea de justicia con la de moral, combatiendo las perspectivas utilitaristas que dominaron en el campo del derecho en la modernidad. Para Rawls, es posible imaginar una forma de contrato social generador de una justicia que no fuera resultado meramente de la eficacia social: “Que algunos deban tener menos con objeto de que otros prosperen puede ser ventajoso pero no es justo. Sin embargo, no hay injusticia en que unos pocos obtengan mayores beneficios, con tal que con ello se mejore la situación de las personas menos afortunadas. Puesto que el bienestar de todos depende de un esquema de cooperación sin el cual ninguno podría llevar una vida satisfactoria, la división de las ventajas debería ser tal que suscite la cooperación voluntaria de todos los que toman parte de ella, incluyendo a aquellos peor situados”.

Rawls sostenía que diferentes concepciones de justicia eran resultado de diversas nociones de sociedad: “Para entender una concepción de justicia, tenemos que hacer explícita la concepción de cooperación social de la cual deriva”. El proponía un experimento mental ejemplificado como “el velo de la ignorancia”, donde justo sería aquel sistema que todos eligieran sin saber “cuál es su lugar en la sociedad, su posición, su clase o estatus social, y sin saber nadie tampoco cuál es su suerte en la distribución de ventajas, capacidades naturales, su inteligencia o su fortaleza”.

Si quisiéramos aplicar los principios teóricos de Rawls al caso Clarín, sería justa aquella Ley de Medios que eligieran todos quienes fueran a resultar conductores de medios: Clarín, Telefónica, Vila-Manzano, Moneta, Hadad, Cristóbal López y los miles de pequeños medios audiovisuales no famosos, sin saber a priori cuál sería su suerte en “la ruleta del destino”, a quién le tocaría ser Clarín y a quién ser el pequeño medio de comunicación de un pueblito.

Lo mismo vale para el conflicto de poderes entre la Presidenta y el Poder Judicial. Si quisiéramos aplicar a Rawls, sería justo un sistema de división de poderes que aceptaran todos los políticos de todos los partidos atravesados por el velo de la ignorancia, sin saber si a ellos les tocaría ser del peronismo, del radicalismo o del más pequeño partido vecinal, o si llegarían a presidente o concejal. Simplificadamente: ¿le serviría a Cristina Kirchner tener una Justicia doblegada al Poder Ejecutivo sabiendo que cuando su oposición gobierne padecerá la arbitrariedad de su adversario?

Obviamente, el ejercicio mental que resulta útil a los fines teóricos es inaplicable a los fines prácticos pero sirve para poder colocarnos en el lugar de los demás. ¿Nos gustaría tener jueces garantistas si fuéramos acusados de un delito que no cometimos mientras toda la prensa y la opinión pública piensa que somos culpables? Honró el CELS su independencia al criticar el oportunismo de la Presidenta pidiendo mano dura para los delitos sexuales.

Rawls asimila la justicia a la imparcialidad. “La justicia –escribe Rawls– es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es a los sistemas de pensamiento; una teoría, por muy atractiva, elocuente y concisa que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadera.”

El problema es que la teoría del relato se guía por principios opuestos y, para poder escapar de la comprobación empírica, relativiza toda noción de verdad y de objetividad. En esto los jueces y los periodistas somos primos hermanos.

© Escrito por Jorge Fontevecchia y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo 16 de Diciembre de 2012.

Ideas políticas: un bien escaso... De Alguna Manera...

Ideas políticas: un bien escaso...

En la política siempre coexisten dos planos: relaciones de poder e ideas. Algunas personas se conectan con la política atraídas por el poder, otras por las ideas. Cuando las ideas escasean, es frecuente que muchos sientan una honda decepción; esto les sucede a no pocos argentinos ante la pobreza de ideas que hoy sufre la política en nuestro país. Por eso resulta refrescante que el grupo Carta Abierta emita documentos en los que se exponen las ideas que justifican sus posiciones políticas. El reciente documento de Carta Abierta fue ya comentado en las páginas de este diario por Jorge Fontevecchia, y también por Beatriz Sarlo en La Nación. Me merece algunas reflexiones adicionales, a riesgo de ser redundante.

Por momentos parece que el documento pretende suscitar polémica con quienes no piensan lo mismo; a veces más bien parece dirigido a quienes comparten su ideario político pero mantienen dudas, miran los detalles pero pueden perder lo esencial del proceso político actual. En cualquier caso, el documento explicita un conjunto de ideas que llevan de ciertas premisas a ciertas conclusiones. La premisa central es que existe la Historia, la cual posiblemente define un destino común a mucha gente. En las sociedades hay fuerzas que operan en contra de ese destino –son “enemigos”– y fuerzas que trabajan a favor. El actor decisivo es siempre el “pueblo”, destinatario último de los designios de la Historia y a la vez motor de ella. Los enemigos en nuestro tiempo son las ideologías de derecha y los medios de comunicación; ellos buscan influir en el pueblo para distraerlo del designio de la Historia. El pueblo suele necesitar del auxilio de los intelectuales; éstos, si adoptan una lógica y una epistemología adecuadas, pueden alcanzan una comprensión de la Historia y transmitirla al pueblo. En las circunstancias actuales de la Argentina, la conclusión es que la presidenta Cristina de Kirchner representa lo esencial del designio de la Historia, más allá de las enormes dificultades involucradas en esa tarea y de sus contradicciones y particularidades –las cuales, para no perder de vista lo esencial del proceso, deben ser soslayadas–.

No hay mucho de nuevo en esa estructura argumental. Ella aparece recurrentemente a través de los tiempos, con distintos contenidos y en distintas situaciones –y con distintos efectos prácticos–. El pensamiento marxista-leninista –por lo menos en sus versiones vulgares– tomó ese formato. El lugar del pueblo lo ocupaba el “proletariado”, imbuido de un instinto básico determinado por las circunstancias; el enemigo era la ideología de la clase dominante, la burguesía. Las ideas correctas, en la versión leninista, estaban a cargo de la vanguardia organizada del proletariado, el Partido y sus núcleos dirigentes. Los efectos prácticos que sufrían quienes no se acomodaban estrictamente a las ideas correctas interpretadas por el grupo de vanguardia eran normalmente muy desagradables. Lenin juzgó necesario definir además una “enfermedad infantil” izquierdista, a la que estaban particularmente expuestos quienes compartían las ideas en lo esencial pero aspiraban a pensarlas por sí mismos. Los intelectuales siempre corren ese riesgo.

Construcciones parecidas se encuentran en otras latitudes del mundo de las ideas. Siempre existieron católicos acusados de herejes por otros católicos –cuando a menudo no han sido más que personas de buena fe que trataron de repensar algunas cosas para ayudar a entender mejor este mundo complejo–. O liberales acusados de anarquistas o inconsecuentes con algunas premisas supuestamente establecidas en algún credo. O personas “de derecha” acusadas de “izquierdistas”, y personas “de izquierda” acusadas de “derechizarse”. No así el peronismo, que se mostró siempre más ambivalente. Perón decía que se podía ser peronista siendo a la vez conservador, o comunista, o radical; Menem que en el peronismo “el que se va sin que lo echen puede volver sin que lo llamen”; pero a la vez siempre existieron en la órbita del peronismo grupos de intelectuales mucho más estrictos en el plano de las ideas y poco dispuestos a esos grados de flexibilidad. Perón supo enojarse mucho con algunos de ellos, o con quienes aspiraban a convertirse en “vanguardia”.

El documento de Carta Abierta no ofrece un programa político, no propone medidas específicas. Tampoco arriba a demasiadas conclusiones políticas; está claro que una conclusión es que hay que apoyar al actual Gobierno, pero no surge de ahí ninguna orientación sobre a quién votar a diputado, si apoyar o no a gobernadores o intendentes justicialistas, y demás. Parece evidente que puede haber quienes, partiendo de las mismas premisas, lleguen a otras conclusiones y prefieran votar a otros candidatos; y –lo que tal vez implique más desafíos para Carta Abierta– quienes desde otras premisas votan a Cristina. Estos últimos son sin duda muchos, posiblemente muchísimos, sin quedar claro si son aliados útiles, a quienes la Historia puede acoger y absolver, o traidores en potencia o tal vez ya en actividad.

Registro dos vacíos en la Argentina actual. Uno es que existen pocas elaboraciones como esta de Carta Abierta en otros grupos políticos, por lo que resulta difícil pasar en limpio qué se piensa dentro de cada uno. La segunda es el escaso diálogo entre quienes piensan distinto. La historia de la humanidad está atravesada por dos tradiciones: la del diálogo y la inquisitorial, la de las ideas que se exponen a ideas distintas y se ventilan y la de las ideas que se encapsulan y encierran en sí mismas. A la larga, en cada ciclo histórico, parece que tiende a imponerse la tradición dialoguista, el glasnost. Pero a veces superar los ciclos inquisitoriales es arduo y doloroso; y para quienes gastan parte de su breve vida dentro de ellos sin compartir esos valores, la vida puede llegar a ser ingrata. El diálogo puede no realzar el sentido de la Historia, pero exalta la vida.

© Escrito por Manuel Mora y Araujo, Profesor de la Universidad Torcuato Di Tella y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo 2 de Septiembre de 2012.