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jueves, 1 de octubre de 2015

Hebemus Generala... @dealgunamanera...

Habemus Generala...

María Isabel Pansa

Nombran generala del Ejército a una mujer en actividad por primera vez.
Se trata de la actual edecana presidencial, la coronel María Isabel Pansa.

La comisión de Acuerdos del Senado emitió ayer dictamen favorable y unánime a favor del ascenso a general de la actual edecán presidencial, la coronel María Isabel Pansa, que se convertiría en la primera mujer en actividad en llegar al grado de generala del Ejército.

La primera generala del Ejército argentino es en realidad Juana Azurduy, pero su ascenso fue "post mortem" a partir de la decisión que tomó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace un tiempo, en homenaje a la heroína que luchó en las guerras por la independencia nacional.

Pansa es una de las tres edecanes que acompañan a la Presidenta, tiene 54 años, es licenciada en Sistemas egresada de la Universidad de Belgrano y hace tres años se graduó de psicóloga en la Universidad de la Marina Mercante.

La comisión de Acuerdos, que preside el senador Marcelo Guinle (FPV) decidió rápidamente la firma favorable del dictamen con el apoyo también de la oposición, representada por el senador radical Alfredo "Fredy" Martínez (FPV-Santa Cruz). El ascenso de Pansa sería considerado para su aprobación final en la próxima sesión de la Cámara alta.

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, visitó ayer a la tarde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y expresó allí que "el ascenso de una mujer a generala es la clara expresión de la política de género que venimos implementando en las Fuerzas Armadas". "Hoy, el 15 por ciento de los efectivos que componen las tres armas son mujeres y pueden hacer carrera en todos los escalafones", enfatizó.

© Publicado el jueves 1º/10/2015 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



jueves, 17 de abril de 2014

El cuervo Milani... De Alguna Manera...

El cuervo Milani...


El Gobierno Nacional busca comprometer ideológicamente a las Fuerzas Armadas, otorgándole tareas que nada tienen que ver con sus verdaderas responsabilidades. Para encarar y comprender el núcleo de este editorial, es imprescindible hacer un poco de historia.

Pepe Eliaschev.

El 25 de mayo de 1973 asumió la presidencia de la Nación el doctor Héctor Cámpora, acompañado, como vicepresidente, del doctor Vicente Solano Lima. La muchedumbre en la Plaza de Mayo coreaba “¡Cámpora al gobierno, Perón al poder!”. Concluía ese día, cuando el teniente general Alejandro Agustín Lanusse impuso sobre el pecho del doctor Cámpora las atribuciones formales del poder presidencial, una dictadura que se había iniciado el 28 de junio de 1966, cuando las Fuerzas Armadas, asociadas y aliadas al movimiento sindical peronista, derrocaron al gobierno constitucional del presidente Arturo U. Illia. Siete años de dictadura quedaron atrás. “¡Se van, se van, y nunca volverán!”, gritaban los Montoneros y otros grupos políticos aquel 25 de mayo de 1973.

A poco andar, semanas más tarde, se anunció el desarrollo de un “Operativo Dorrego”, una iniciativa político-militar pergeñada entre Montoneros y el Ejército Argentino, que en aquel momento, en la región de la provincia de Buenos Aires, encabezaba el general Albano Harguindeguy. Ese “operativo” en varias localidades de la provincia de Buenos Aires que había sufrido inundaciones, constituyó una gestión asociada entre la Juventud Peronista conducida por Montoneros, y el Ejército, que acababa de retirarse del poder.


La historia que sigue a esto se conoce: cayó el gobierno de Cámpora el 19 de julio de ese mismo año, menos de tres meses después de asumir y el dominio del poder pasó a la familia López Rega. En septiembre, un voto plebiscitario llevo a la Casa Rosada a Juan Domingo Perón, quien habría de fallecer el º1 de julio de 1974. Se están por cumplir exactamente 40 años de la muerte de Perón.

El “Operativo Dorrego” duró unas pocas semanas y rápidamente se disolvió. La peregrina idea de que la Juventud Peronista podía penetrar las filas de las Fuerzas Armadas con un operativo de “reconstrucción social” se desmaterializó en el aire.

Un signo del atraso formidable de la Argentina es que algo similar a ese Operativo Dorrego regresa al país, 41 años más tarde: acaba de presentarse en dos villas de la zona metropolitana el primer capítulo de este nuevo “operativo” que comanda La Cámpora, con Andrés "El Cuervo" Larroque a la cabeza, en sociedad con el general César Milani y con la señora Hebe de Bonafini. Han tomado como escenario, como un ejemplo práctico, una villa porteña llamada La Carbonilla y otra de Florencio Varela. Son situaciones en las que el Ejército pone muy poco en términos efectivos y tangibles, pero mucho en términos simbólicos. 

En el caso de la villa La Carbonilla de la Paternal, son 19 soldados, una máquina retroexcavadora, picos, palas. Su proyecto es abrir calles, limpiar el terreno, un poco de obras sanitarias y cloacas. Los soldados trabajan ocho horas por día, de 8 a 15, y tienen absolutamente prohibido meterse en cuestiones de seguridad, porque la ley argentina así lo establece, las Fuerzas Armadas no pueden afrontar tareas policiales.

¿Cuál es el pensamiento estratégico de la Secretaría de Coordinación Militar de Asistencia en Emergencias, del Ministerio de Defensa, cuyo titular es Agustín Rossi? ¿Cuál es, sobre todo, la estrategia de la Comisión Nacional de Tierras, encabezada por Rubén Pascolini, un hombre muy cercano a Luis D'Elía? ¿De qué se trata? ¿Es que acaso el Estado argentino reconoce ahora su impotencia, su inutilidad, su esterilidad, su negligencia, su falta de posibilidades reales de hacerse cargo de situaciones en las que se requieren obras civiles? ¿Por qué el Gobierno militariza tareas de promoción social, once años después de haber asumido el poder? ¿Qué es lo que no está funcionando en este país? ¿No funciona el Ministerio de Desarrollo Social? ¿No funciona el Ministerio de Salud? ¿No funciona el Ministerio de Educación?

Recurrir a las tropas uniformadas, aun cuando no estén armadas con fusiles, gente con borceguíes y vestidos de fajina, implica una renuncia de la potestad civil. ¿En qué punto tan dramático está la Argentina que abrir una calle, hacer zanjas o hacer obras cloacales se equipara con una tragedia? Naturalmente, si la Argentina tuviera que vivir una tragedia de las dimensiones que está viviendo Chile con los incendios de Valparaíso, se justificaría la incorporación de fuerzas de seguridad o militares, por un breve lapso, para socorrer a la población. Pero no es esto lo que está pasando en las villas: este emprendimiento ha sido tramado y tejido, minuciosa y prolijamente, por el general César Milani -imputado por cuestiones de derechos humanos-, y la señora de Bonafini y su grupo, que tanto tuvo que ver con el frustrado intento de Sueños Compartidos y Sergio Schoklender. Todos de la mano de La Cámpora. 

El gobierno argentino renuncia al poder civil, un retroceso de las instituciones, una confesión de que, ni siquiera para hacer obras de infraestructura en villas carenciadas, el Estado argentino se siente competente, responsable y, sobre todo potente, como para poder efectivizar esas tareas.

Ésta es la pregunta que hay que hacerle al Gobierno, al ministro Agustín Rossi, si se dignara a afrontar un reportaje, cosa que hemos intentado en vano, ¿por qué se convoca al Ejército a realizar unas obras que no tienen ninguna complejidad que no pueda enfrentar cualquier ingeniero civil o cualquier equipo de Vialidad Nacional u obras públicas? La respuesta es obvia: no se trata de hacer lo que otros no pueden hacer, y por eso se convoca al Ejército, sino de comprometer política e ideológicamente a las Fuerzas Armadas con el actual curso político del grupo gobernante. 

Por eso, la emblemática fotografía de Hebe de Bonafini junto a César Milani: estamos en presencia de un proyecto explícito, confeso, ostensible y evidente de chavización del Gobierno. Están tratando de imitar la peripecia de Hugo Chávez, que él sí era un militar de carrera. Lo fue desde su primer día como militar golpista y hasta su muerte; a lo largo de toda su trayectoria en política en Venezuela, Chávez asumió con orgullo su condición militar.

Pero la Argentina no tiene un gobierno militar. Néstor Kirchner no era un oficial de las Fuerzas Armadas, ni tampoco lo es Cristina Fernández de Kirchner ¿Por qué, en consecuencia, se patrocina una artificial, compulsiva y absolutamente contra natura- unión cívico–militar? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué pretextos? ¿Con qué proyecto? ¿Con qué idea de país? Uno solamente puede conjeturar. Las conjeturas, lamentablemente, no son promisorias: son oscuras y sombrías, además de preocupantes. 

Al incorporar al Ejército a obras civiles elementales, el actual gobierno está tratando de comprometer, de aquí en más, a las Fuerzas Armadas. Ese compromiso le haría un daño enorme, no solo a las Fuerzas Armadas, sino a la totalidad de la institucionalidad argentina.

© Escrito por Pepe Eliaschev el Miércoles 17/04/2014 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

domingo, 9 de septiembre de 2012

La Mala Educación... De Alguna Manera...


Welcome back, boys...
 
La Conferencia de Punta del Este. Seguridad y Defensa “con un criterio amplio e integral”.


En el Ministerio de Defensa, Seguridad Nacional se dice en Inglés. Tres especialistas norteamericanos en Seguridad Nacional, Guerra no Convencional y Operaciones de Información darán cursos desde mañana a personal del Ministerio de Defensa. En las clases se postula la intervención de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios y operaciones antidrogas y antiterroristas, lo cual está prohibido por las leyes argentinas.

Desde mañana tres expertos estadounidenses en Seguridad Nacional, Guerra No Convencional y Operaciones de Información capacitarán al personal del Ministerio de Defensa como parte de un programa para países en que el entrenamiento militar provoca mucha susceptibilidad. Los instructores postulan el uso de las Fuerzas Armadas en el control de disturbios, las operaciones antidrogas y antiterroristas. Un nuevo avance sobre la separación entre Seguridad Interior y Defensa Nacional.

La Argentina es uno de ellos porque las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, promulgadas durante las respectivas presidencias de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando de la Rúa con amplio acuerdo multipartidario, separan en forma taxativa ambas áreas y vedan la presencia militar en cuestiones de seguridad interior. Las avanzadas estadounidenses intentan traspasar esa frontera, como ya ocurre en México, Centroamérica y Colombia. Los tres instructores integran el Centro de Relaciones Civiles-Militares de la Escuela Naval de Posgrado, con sede en Monterrey, California. 

Ese organismo fue creado en 1994 para reorientar a las Fuerzas Armadas de las nuevas democracias hacia las misiones que Estados Unidos les asigna en la posguerra fría. Otra escaramuza tendrá lugar entre el 7 y el 10 de octubre durante la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas que se realizará en el hotel Conrad de Punta del Este, Uruguay. Uno de los ejes temáticos será “el análisis de los conceptos de Seguridad y Defensa con un criterio amplio e integral”. El documento preliminar también declara el propósito de “delimitar los ámbitos”. Lo que está en juego es suprimir o reforzar las diferencias entre ambos conceptos. La Argentina será el país relator sobre este tema, Guatemala y México los correlatores y Ecuador el moderador, lo cual expresa las posiciones opuestas que hasta ahora han dividido a la región. También se discutirá el “futuro de la misión y funciones de los instrumentos y componentes del Sistema Interamericano de Defensa”. Esta es una alusión a la Junta Interamericana de Defensa, el órgano asesor desde el que Estados Unidos trata de influir en los militares latinoamericanos. En la reunión preparatoria que se realizó en abril, la delegación brasileña propuso que esa JID pasara a actuar como secretaría ejecutiva de las conferencias de ministros de Defensa, redactara sus actas y fuera depositaria del registro y clasificación, distribución y almacenamiento seguro de sus documentos.

Defensa y/o Seguridad

Dos de los profesores del curso, el Brigadier Mayor (R) Richard Goetze, un veterano de los bombardeos sobre Vietnam, y el profesor de Asuntos de Seguridad Nacional en la Escuela Naval de Posgrado, Thomas C. Bruneau, postulan en forma insistente la intervención de las Fuerzas Armadas ante las denominadas nuevas amenazas, como el comercio ilegal de narcóticos, la violencia juvenil y el delito. La tercera instructora es la coronela de la Fuerza Aérea Anne McGee. Según el curriculum vitae que distribuyó el Ministerio de Defensa, McGee preparó y coordinó todas las Ordenes de Despliegue puestas a la firma del jefe del Pentágono “en apoyo de operaciones en Afganistán e Irak, así como en acciones de defensa interior”. Entre sus áreas de interés se mencionan la Guerra No Convencional (que es como el terrorismo de Estado se refería a la represión que llevó a cabo en la Argentina) y las Operaciones de Informaciones. La realización del curso sucede en tres semanas a la visita del viceministro del Pentágono para América Latina, el hijo de exiliados cubanos Frank Mora, quien se reunió con el ministro de Defensa Arturo Puricelli. 

En varios encuentros previos, Mora trató de convencer al canciller Héctor Timerman sobre la necesidad del empleo de las Fuerzas Armadas para enfrentar al “narcoterrorismo”, aduciendo que la policía es corrupta. Timerman le respondió que era un error mezclar dos fenómenos distintos y le recordó que dentro de Estados Unidos sigue vigente la ley que prohíbe el uso de fuerzas militares en cuestiones de seguridad interior. En mayo los ministros de Defensa, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores de Unasur, se habían encontrado en Cartagena de Indias, Colombia, donde reiteraron la necesidad de “distinguir el tratamiento de los asuntos de Defensa de los de Seguridad, independientemente de los ordenamientos jurídicos de cada Estado, así como contar con un ámbito específico para abordar las problemáticas delictivas comunes en la región suramericana diferenciado de los mecanismos hemisféricos existentes”. Es la única vez que el documento menciona el vocablo hemisférico, y no por casualidad: el canciller brasileño Celso Amorim se encargó de excluir en el resto del texto el empleo de la palabra clave que utiliza Estados Unidos para referirse a los países americanos como una unidad bajo su tutela. En esa reunión, la ministra argentina de Seguridad, Nilda Garré, expuso sobre las diferencias entre Defensa y Seguridad. Mientras la Defensa se vincula con la política exterior, la soberanía y el territorio, la Seguridad remite a “la paz social, la estabilidad institucional del Estado, el control del orden público y las debidas garantías a los derechos” de los ciudadanos, dijo.

El Seminario

El seminario se realizará durante toda la semana, de 14 a 18 en la Sala Roca, en el 8º piso del Edificio Libertador, nombrada así en homenaje al ex ministro de Defensa y ex presidente Julio Argentino Roca. Mañana, la apertura estará a cargo del Grupo Militar de los Estados Unidos. A continuación Bruneau expondrá acerca de “Un nuevo enfoque propuesto sobre las relaciones civiles-militares” y el Brigadier Mayor Goetze sobre “Liderazgo estratégico” y, luego de una pausa para el café, explicará el “Marco para una política de Seguridad Nacional”. El martes, McGee dará las dos primeras conferencias de la tarde. Una sobre Intereses Nacionales y dirección estratégica y la segunda a propósito de un método de evaluación y análisis en red. Cerrará la tarde Bruneau, con su visión acerca del “Rol de la Inteligencia en el proceso de toma de decisiones estratégicas”. 

El miércoles abrirá Goetze con un tema de enorme interés en la Argentina de hoy: “Comunicaciones estratégicas: la prensa y la percepción de la efectividad del gobierno”. Lo seguirá McGee con una conferencia dedicada a los desafíos interinstitucionales del liderazgo estratégico y Bruneau, quien hablará acerca del “Uso de las fuerzas militares en apoyo a las autoridades civiles”, con un análisis específico del caso de México. El programa del jueves girará en torno a la educación de civiles en Defensa y Seguridad Nacional, a cargo de Bruneau, la correlación entre estrategia y presupuesto, por Goetze, y la transición hacia el planeamiento por capacidades, por McGee. El entrenamiento concluirá el viernes con una conferencia de Goetze sobre el desafío de la implementación del liderazgo estratégico, un ejercicio en el que los participantes deberán desarrollar e implementar lineamientos estratégicos y una discusión abierta. En la ceremonia de cierre se entregarán certificados a los asistentes y habrá un brindis.

Educar a los amigos

Según la información oficial estadounidense, el programa E-IMET fue creado para “educar a los amigos y aliados de Estados Unidos en el adecuado manejo de sus recursos de defensa”. El E-IMET también declama los principios del control civil de las Fuerzas Armadas y el respeto por los derechos humanos. Sus objetivos se expandieron y adquirieron nuevas direcciones para ajustarse “a los intereses de la política exterior de Estados Unidos en el ambiente de la posguerra fría” y “modificar los mecanismos civiles-militares utilizados por las democracias para enfrentar las circunstancias únicas de cada país”. También se propone familiarizar a militares y civiles “con el sistema judicial estadounidense, el bipartidismo, el rol de la prensa libre y de otros medios de comunicación, los propósitos y alcances de los sindicatos, el sistema económico estadounidense, sus instituciones educativas y la forma en que todos esos elementos de la democracia americana (sic) reflejan el compromiso de los Estados Unidos con los principios reconocidos internacionalmente de los derechos humanos”. Por último, procura “derribar las barreras que a menudo existen entre las Fuerzas Armadas, los funcionarios civiles y los legisladores”. 

Los planteos de los profesores estadounidenses están contenidos en sus publicaciones académicas. Bruneau y Goetze son coautores de un trabajo titulado “Ministerios de Defensa y Control Democrático”, en el que enumeran un amplio arco de misiones militares en apoyo de las autoridades civiles, desde el auxilio en desastres naturales “al control de disturbios, las operaciones antidrogas y ahora especialmente antiterroristas”. Son conscientes de que esos “ejemplos de actuación policial despiertan extrema susceptibilidad y a veces son vistos como un regreso `a los viejos malos tiempos`” y se proponen “asegurar que los militares ejecuten las tareas sin usurpar el poder”. Ese artículo forma parte de un libro titulado “¿Quién custodia a los custodios?”. En la introducción, firmada por Bruneau como editor de la recopilación, se afirma que en la tercera ola de democratización uno de los mayores desafíos es lograr el equilibrio entre los sectores civil y militar. Si la balanza se inclina en favor de las Fuerzas Armadas, que retienen las prerrogativas del régimen anterior en finanzas, control de los ascensos o manejo de la Inteligencia (como es ostensible nada de eso ocurre en la Argentina de hoy), la democracia aún no está consolidada. Pero si “la conducción civil ha subordinado a las Fuerzas Armadas y las ha politizado a través del ascenso de compinches politicos o las ha mutilado con severos cortes presupuestarios, el país se quedará sin un recurso crítico en áreas como la ayuda humanitaria o en caso de catástrofes, operaciones contra el terrorismo y las drogas”. Bruneau informa en ese prólogo que además de dictar seminarios el programa ha prestado asistencia a los gobiernos de distintos países: a definir los roles y misiones de las Fuerzas Armadas en Guatemala y a reformar el area de inteligencia en la Argentina, por ejemplo.

Corrupción y Seguridad

Otro trabajo de Bruneau y Goetze, publicado en 2006 en la Military Review es ilustrado con varias fotografías muy interesantes, cuyos epígrafes no dejan dudas sobre el rol que proponen para las Fuerzas Armadas. Una dice: “Soldados del ejército mexicano toman control de una oficina de la Fiscalía especializada para la atención de delitos contra la salud, 16 de enero de 2003 en Tapachula. México, como parte de una operación en contra de la corrupción”. Otra informa: “Se detienen pandilleros de la Mara 18 en una operación conjunta realizada por la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala en Mixco, al sur de la capital, 21 de septiembre de 2005”. Es decir, aquello que en forma explícita rechazó la Unasur en Cartagena. Para los instructores del ministerio de Defensa argentino “la definición de seguridad está siendo transformada para incluir mucho más que la seguridad ‘nacional’: es un concepto más generalizado que incluye la seguridad ‘pública’ y la de los ‘ciudadanos’”. Entre las denominadas nuevas amenazas, menciona “el crimen organizado”, que afecta “la seguridad pública así como la de los ciudadanos y, en algunos casos, la seguridad nacional” y afirma que las Fuerzas Armadas “deben enfrentar esta amenaza regional”. Entre los ejemplos que siguen figura “el lavado de dinero en la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay), el control por parte de narcotraficantes de los barrios de Río de Janeiro, el crimen organizado y el narcoterrorismo en Colombia, los cargamentos de drogas a través de la región y el nuevo fenómeno de la Mara Salvatrucha o pandillas, en América Central y México”. 

En conclusión, Latinoamérica podrá ser una zona de paz “con respecto a conflictos exteriores, pero no es así internamente, como lo comprueban las maras, los narcotraficantes, el crimen organizado y las insurgencias (en Colombia). Actualmente, los civiles que formulan las políticas en México y América Central han desplegado a sus Fuerzas Armadas como las unidades de vanguardia en la lucha contra las pandillas o en apoyo de los esfuerzos contra el crimen”. Un tercer trabajo conjunto de Goetze y Bruneau sobre “Las Pandillas y las Maras en América Central” fue publicado en 2008 en la revista Air & Space Power Journal. Los huéspedes del Ministerio de Defensa revelan que asesoraron sobre el tema en 2005 al entonces presidente de Guatemala, Oscar Berger. Reconocen que, dado el historial de dictaduras, la intervención militar ha provocado “serias inquietudes”, pero las descartan alegando que “el asunto es menos acerca del uso instrumental –de la policía, los militares y la inteligencia– y más acerca del control establecido y ejercido sobre esos instrumentos”. Además adelantan la intención de extender esa doctrina más allá de México y Centroamérica. “Cuando discutimos el tema de las pandillas en programas en América del Sur hace dos o tres años atrás hubo poco interés. Hoy, hay gran atención y preocupación”, dicen. Al menos ellos trabajan para estimularlas. Colaboradores del ministro Puricelli sugieren que los visitantes también podrían asesorar para la redacción de una nueva Directiva Estratégica Militar que incorpore estos conceptos.

© Escrito por Horacio Verbitsky y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el domingo 9 de Septiembre de 2012.