No hay década ganada para la Educación
Pública…
A mayor pobreza, en estos momentos, le
corresponde menor escolarización y menor calidad educativa, cuando debiera ser
absolutamente lo contrario.
La Ley Nacional de Educación (N º
26.206/2006) fue un paso adelante con respecto a la Ley Federal (Nº 24.521),
sancionada en 1994 de acuerdo a las necesidades de la economía de la época, el
neoliberalismo o ”capitalismo salvaje”, que profundizó el retroceso de la
educación pública que había comenzado en 1976 con la dictadura militar.
La Ley Federal basada en las recomendaciones
emanadas del FMI y del BM para América Latina tuvo como verdadera intención
desinvertir en los sectores populares, que resultaban “inviables” para el nuevo
orden mundial y destinar la mayor cantidad de recursos al pago de la deuda
externa (contraída con los organismos de crédito mencionados)
Esta norma considera a la educación con
criterio mercantilista, es decir como un servicio y no como un derecho abriendo
la puerta para subsidios del tipo voucher o chárter, encuadrados dentro del
concepto de “equidad”.
Por medio de la Ley de Transferencia, de
1992, por la cual se transfirieron las escuelas de todas las ramas a las
provincias se dio el primer paso.
Esta descentralización fue una de las herramientas
para la reducción de gastos ya que las provincias debieron hacerse cargo de los
mismos sin recibir los fondos correspondientes.
Aquellas cuyos recursos no lograban cubrirlos
tuvieron largos conflictos gremiales por no poder pagar los sueldos además del
colapso de la infraestructura.
Se produjo así una migración de los sectores
más pudientes hacia la enseñanza privada.
Otra consecuencia nefasta fue la
desestructuración del sistema a nivel nacional ya que cada jurisdicción
organizó los ciclos de acuerdo a su criterio, desarticulándose en 24
subsistemas.
Es bueno recordar que este engendro fue
votado por unanimidad en el Congreso Nacional y que casi todos los que ahora
dicen preocuparse tanto por el pueblo la sostuvieron y aplicaron en sus
provincias con todo rigor, por ej. en Santa Cruz, Córdoba, Río Negro, Buenos
Aires, etc.
Entonces, bienvenida resultó la Ley Nacional que, si bien no fue la solución integral al desastre producido por las políticas
de los 90, representó, al menos en la letra, un avance.
Pero muy poco se ha cumplido de esta Ley, aún
con las limitaciones que presenta ya que mantiene el núcleo duro de la transferencia
y propone dos estructuras vigentes, además de obviar la palabra “laica”, lo que
permite que, por ej., en Salta se de educación católica en el contra turno de
las escuelas estatales, y muchas otras perlitas más que resultaría muy tedioso
analizarlas en esta nota.
En lo positivo la Ley en el Título 1
Disposiciones Generales Art. 2 reconoce a la educación como un derecho social y
en el 10 el Estado se compromete a no suscribir tratados que impliquen
concebirla como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de
mercantilización de la misma.
En su artículo 28 establece la jornada
completa o extendida en todo el territorio nacional pero a 6 años y medio de su
promulgación según el Ministerio de Educación de la Nación, en 2012 sólo el
8,4% de los alumnos de primaria asisten a escuelas de jornada completa o
extendida.
¿Cuál es el motivo de este incumplimiento del
art. 28? Muy simple es necesaria una inversión importante en refacción y
construcción de edificios y su correspondiente equipamiento y en sueldos
docentes.
La importancia de que la población escolar
primaria pueda concurrir a estas escuelas es fundamental, sobre todo, para los
sectores más desfavorecidos ya que aumenta el tiempo que los/as niños/as están
en contacto con el aprendizaje, los aleja de conflictos y violencia familiar
(muchas veces estos problemas son detectados porque hay una vínculo más
estrecho con los docentes), reciben tres comidas en el colegio y tienen más
estímulos al contar con más horas de materias como plástica, música,
tecnología, idioma y educación física.
Otra dificultad encontramos en el
cumplimiento de la universalización de las salas de cuatro años, consagrada en
los artículos 19, 20 y 21 (recordemos que la sala de 5 años es obligatoria).
En este caso, tomando datos de la Fundación
Arcor y Siteal, en su informe “La situación de la primera infancia en
Argentina”, del corriente año, podemos observar que entre 0 y 2 años concurren
al Jardín de Infantes 10% de los niños, de 3 años concurre el 40%, de 4 años el
75% y de 5 años la concurrencia es mayor al 80%.
El problema principal es que la no inclusión
se incrementa en los estratos sociales más bajos y una de las razones es la
falta de establecimientos.
Quedarían así, según el propio M.E.N
1.000.000 de chicos fuera del sistema de educación inicial.
Que, en los casos de sectores postergados es
de gran importancia porque, además de todo lo expuesto para el nivel primario,
permite un desarrollo cognitivo superior y previene el fracaso escolar.
Ninguna jurisdicción del país cumple con las
necesidades del nivel inicial, por lo cual todos los años vemos quedarse sin
vacante a una enorme cantidad de pequeñitos desde 45 días a 5 años.
Podemos afirmar que a mayor pobreza, en estos
momentos, le corresponde menor escolarización y menor calidad educativa, cuando
debiera ser absolutamente lo contrario.
En cuanto a la cantidad de docentes por
alumnos, un dato fundamental ya que depende de esta variable la posibilidad de
una buena llegada de los maestros a sus clases, en primaria tenemos un promedio
nacional de 25,2 alumnos por docente, pero debemos tener en cuenta que se
consideran a todos los docentes, aún aquellos que están en tareas pasivas,
comisiones de servicio o cargos directivos o sea que no atienden cursos. Por lo
tanto es muy común que nos encontremos con aulas superpobladas, lo que redunda
en una baja calidad de la enseñanza.
En cuanto a las políticas para promover la
igualdad de oportunidades, éstas no dejan de ser asistencialistas ya que no
vemos por lo expuesto, que se refuerce la calidad educativa en los lugares
donde es más necesario.
Aunque podría seguir analizando mucho más me
interesa señalar que de la mentada inversión educativa del 6,47% la Nación
aportó, en 2012, el 2,2% y el resto las provincias, cuando la Ley prevé que el
Estado Nacional aporte el 40% y las provincias el 60%.Además el 30% de esta
inversión está destinada a las escuelas privadas (Eduardo Lucita 10/ 05/ 2013).
Con respecto a las propuestas para encarar
una verdadera instrumentación de la educación igualadora, inclusiva de verdad,
y no para figurar en las estadísticas internacionales como un país que cumple
con las metas cuando en realidad miente con un discurso que va quedando cada
vez más al descubierto me he explayado muy largamente en mis notas anteriores.
Lo que hemos visto es apenas un recorte de
todo lo que no se ha hecho y no se hace en materia educativa, por eso puedo
asegurar que, como en muchos otros aspectos salud, energía, bienestar, la
década está muy lejos de ser “ganada” para la educación pública.
©
Escrito por Maria Elena Benso, Directora del Área de Educación del ISEPCi, el
miércoles 03/07/2013 y publicado por http://www.isepci.org.ar
