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sábado, 28 de diciembre de 2013

Pobres medios... De Alguna Manera...


Pobres medios...
Ayer la Afsca cumplió su último día laborable del año en que debió haber trabajado más activamente que nunca, ahora que el Gobierno consiguió la plena vigencia de la Ley de Medios. Sin embargo –como anticipó PERFIL el sábado pasado– postergó para el año próximo todas las resoluciones importantes: Clarín, Telefe, América/Grupo Uno, Telecentro y Prisa.

Los planes de adecuación a la ley ya fueron presentados por los medios hace más de un año (el 7D de 2012) y el de Clarín hace ya dos meses. Después de tanto reclamarle a la Justicia celeridad para expedirse, demorar su instrumentación es otra demostración de que ampliar la pluralidad fue, en el mejor de casos, una consideración secundaria y la principal será reducir el caudal de los medios críticos y aumentar de los medios afines a futuro.

Miopía

Ya verán cómo quienes nacen siendo mercenarios del gobierno que les facilitó su ingreso a los medios, serán mercenarios del próximo para atacar y destruir a su predecesor.

Todo indica que la Afsca pospone sus resolución principalmente por Telefónica, a quien no sabría cómo darle la mala noticia de que tendría que vender Telefe, mientras que Telefónica argumentaría que lo más seguro para cualquier político sería que siguieran ellos mismos siendo los dueños de Telefe, porque son unos de los pocos que garantizan no usarlo nunca para criticar a nadie, sea el gobierno del signo que fuere, mientras que si la obligan a vender a alguien hoy oficialista, cuando el gobierno cambie se hará oficialista del que venga y terminará difundiendo informaciones críticas al kirchnerismo.

Una señal de “trascendencia K” es Cristóbal López acordando con Macri (el costo político que en el futuro pagará Macri por esos 300 millones de pesos más que cobrará por año será mucho máyor que el beneficio que pueda conseguir por las obras que realice con ese dinero recibido). Y otra es la de Garfunkel –socio de Szpolski– junto a Massa. Garfunkel desearía  dedicarse a la política y, siguiendo los pasos de De Narváez, antes de candidatearse compró medios para tener una moneda de cambio.

Millonarios comprando medios para otros fines no son un fenómeno del kirchnerismo, Moneta hizo lo mismo en el ciclo anterior. Ni tampoco exclusivo de la Argentina. Lo que cambia en otros países es que los millonarios compran para otros fines. En Brasil compran medios los dueños de las iglesias evangélicas, que de iglesias tienen poco y funcionan como empresas cuya misión es captar clientes que aportan a través del diezmo. El principal competidor de Globo en Brasil es la red de televisión Record, de la Iglesia Universal.

En Estados Unidos, Jeff Bezos compró The Washington Post gastando sólo 1% de sus más de 20.000 millones de dólares de patrimonio. Ahora, por el módico precio de un yate grande o un cuadro caro, consigue que cualquier senador norteamericano le responda una llamada telefónica en el acto, algo que ni el más rico de su país logra.

No es que recién se descubra que los medios son una excelente forma de comprar capital simbólico para usarlo en la política, la conquista de fieles o para relaciones pública y lobby. Siempre sirvieron para eso, lo que ahora sucede es que los medios están tan pobres que se los compra por muy poco aumentando la rotación. El mejor ejemplo es el Washington Post, el principal diario de la capital del mayor país del mundo, vendido por poco más de 200 millones de dólares cuando la década pasaba estaba valuado en 1.000 millones. En pocos años, por la masificación de Internet y sus cambios de hábitos, perdió 80% de su valor.

En Francia, uno de los mayores constructores de obra pública –Bouygues– compró el principal canal de televisión, también uno de los mayores fabricantes de armas –Lagardère– adquirió la principal editorial de ese país y diferentes millonarios rusos compraron el diario France-Soir, intentaron comprar Le Monde y compraron el diario The Independent, de Londres.

Compran medios como compran clubes de futbol porque son una buena forma de ganar notoriedad. Y no sólo los rusos en Europa, en Estados Unidos el diario The Boston Globe fue vendido al dueño del equipo de béisbol Red Sox, que es como el Boca Juniors de Boston. El propio Macri, sin tener que comprarlo, utilizó su presidencia en Boca como trampolín para la política. El ejemplo precursor de Berlusconi como dueño del Milan no sería aplicable exclusivamente al fútbol, porque además era propietario del mayor grupo de medios, pero sí fue el mejor ejemplo del uso de los medios para construir una carrera política.

Se podría decir que hay más millonarios que instituciones con capital simbólico, o en el ejemplo de personas físicas, hay más millonarios que Tinellis, quien sin duda si mañana deseara realizar una carrera política podría comenzar siendo gobernador. Pero una cosa es la espectacularización de la política y la búsqueda de transmutar fama por votos, que es un fenómeno que ya lleva varias décadas (hasta el Partido Comunista ruso usaba astronautas y el chino a los campeones olímpicos para engalanar sus listas de candidatos) que Guy Debord describió muy bien en su ya vetusto libro La Sociedad del Espectáculo, y otra distinta es la compra de medios que difunden noticias para que no las difundan o difundan solo críticas al adversario.

En parte, el ataque sistemático que en los últimos años se realizó sobre la denominada corpo –Clarín,  La Nación y Editorial Perfil– tiene también explicación en que estas son las únicas tres empresas periodísticas nacionales que durante las últimas tres décadas no fueron vendidas y continúan en manos de los mismos dueños o sus descendientes.

Hace unos años, cuando conducía YPF como socio argentino, Eskenazi padre se quejaba y atribuía las críticas que recibía por ser  empresario K a un rechazo de clase de quienes ya eran grandes empresarios establecidos desde antes del kirchnerismo, apelando a la noción clásica de aristocracia relacionada con el paso de tiempo en la misma posición. En el caso de los medios no se trata de nada de eso, sino de credenciales que permitan suponer que no se utilizará al periodismo como herramienta para otros fines (o principalmente para otros fines en el caso de Clarín).

Cuando Ben Bradlee, el célebre editor del Washington Post de la época de Watergate y los Papeles del Pentágono (equivalente hoy a WikiLeaks de cuando no había Internet) se jubiló, escribió en su libro de memorias –A good life– que para hacer periodismo de investigación hacia falta también buenos dueños de medios.

© Escrito por Jorge Fontevecchia el viernes 27/12/2013 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


sábado, 2 de noviembre de 2013

Gobierno vs. Multimedios y la "Democratización del poder…" De Alguna Manera...


Gobierno vs. Multimedios y la democratización del poder…


En la Argentina sin información, campea la conjetura y el rumor. Por eso, perturba que lo mismo que defiende la Corte en su fallo, la transparencia, opaque lo que debiera ser luminoso, la consagración de los Derechos.

Y como de conjeturas se trata. ¿Por qué el fallo no se dio a conocer antes de las elecciones, el gran momento que tiene una sociedad para mirarse a sí misma, preguntarse hacia donde quiere ir y en consecuencia elegir con la mayor información posible a quienes va a delegar su confianza para que tomen decisiones en su nombre? Lo que puede interpretarse como prudencia antes de las elecciones se convierte en imprudencia post electoral ya que resulta imposible sustraerse al hecho político de que el fallo se dio a conocer cuando apenas comenzábamos a indagar sobre la manifestación electoral de la ciudadanía. Y en las vísperas de que celebremos la continuidad democrático. Todo un símbolo que no es patrimonio de ningún gobierno y sí mérito de todos los argentinos que finalmente entendieron que el único antídoto al autoritarismo es una auténtica cultura de Derechos.

De la lectura inicial sobre el resumen del fallo que difundió la Corte, se infiere que la mayoría de los jueces deslindó la responsabilidad constitucional en el Congreso que sancionó la ley y al reconocer los derechos de propiedad del Grupo Clarín lo mando, sin decirlo, a negociar con el gobierno. A la par, como fundamento constitucional, libera y legitima los valores de libertad, igualdad e independencia que defendimos a lo largo de todos estos años en los que fue tan difícil no quedar entrampados en la guerra simbólica que hizo de la pelea con Clarín, la “madre de todas las batallas”.

En términos de intereses es probable que haya perdido el grupo Clarín, pero en cuestión de valores, vale advertir que ahora es cuando más debemos exigir, en la justicia si es el caso, en la política y en el debate público para que el gobierno cumpla con todo lo que también sostiene el fallo del máximo tribunal.

A lo largo de estos cuatro años, vividos por el oficialismo como una mora con la democracia, se violaron y violan todos los principios con los que la Corte sustentó el fallo. Ni la distribución de la pauta oficial es ecuánime, ni el AFSCA, la autoridad de aplicación de la ley es independiente del gobierno, hasta el Defensor del público (no del ciudadano) es un defensor del gobierno y los medios públicos sirvieron para conseguir lo que el fallo de la Corte condena: la propaganda de un gobierno. La inequitativa distribución de la pauta oficial multiplicó la propagadora oficial y convirtió en empresarios periodísticos a quienes jamás mostraron un compromiso con la función social de los medios de comunicación, o entraron, siquiera a una redacción. Y lo que es más grave, utilizaron todo el poder del Estado para matar la reputación de los periodistas críticos, se burlaron de los artistas díscolos o los políticos opositores. Si no que lo diga Casero, el más reciente fusilamiento mediático que al igual que las manifestaciones de desprecio al resultado electoral desnudan una concepción de poder autoritaria.


Si como dice el fallo de la Corte, la libertad de expresión es la madre de todas las libertades y se debe garantizar el derecho de la sociedad a ser informada como parte del debate público, ahora más que antes debemos reclamar el respeto a nuestro derecho a disentir, que los medios públicos dejen de incitar al odio, tal como condena el Pacto de San José de Costa Rica. Ahora ya no son los jueces los que están en mora con la democracia como se escuchó decir a más de un defensor del gobierno. Quien está en mora con la democracia es el mismísimo gobierno que invoca a los derechos humanos pero no respeta los derechos ajenos.

Es cierto que la legitimidad constitucional de una ley surge de la votación mayoritaria del Congreso, pero cuando un gobierno abusa de su poder a expensas de subordinar al Parlamento y domesticar a la justicia, las instituciones y el poder mismo caen en la ilegalidad porque lo que es ilegitimo es el ejercicio del poder. De modo que a cuatro años de sancionar la ley que prometía democratizar la palabra, está ya en la hora de que empecemos a democratizarse el poder.

© Escrito por Norma Morandini, periodista, escritora, vicepresidente de la Comisión de Medios del Senado, el viernes 1º/11/2013 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

jueves, 31 de octubre de 2013

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual... De Alguna Manera...


Las desinversiones que no le importan al gobierno...


Ley de medios a medida. La posibilidad de "desinvertir" entre familiares, DirectTV y su única licencia para todo el país, y el curioso dueño de Telefé. Apostillas de una Ley diseñada a medida de ciertos grupos en cuanto a desinversión.

Finalmente, ayer martes la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad de los cuatro artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que habían sido blanco de una presentación judicial del Grupo Clarín. Se trata del 45 y el 48, vinculados con las licencias, y el 41 y el 161, sobre el plazo de desinversión.

Allí se puntualiza acerca de la multiplicidad de licencias, su transferibilidad y los plazos de adecuación a la ley de medios, centro de disputa del Grupo Clarín en la Justicia por su eventual inconstitucionalidad —puja que ayer quedó trunca—.

¿Cómo sigue la historia del multimedios? Tendrá que desprenderse de varias señales de contenido audiovisual, dejar la TV por cable e Internet en 134 ciudades y debería optar entre Canal 13 y Cablevisión en la ciudad de Buenos Aires.

Más precisamente...

El artículo 161 establece en un año el plazo para que los grupos se adecúen a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El 41 impide la transferencia de licencias, excepto si se realizan dentro del plan de adecuación a la ley de medios o si es inferior al 50% de las acciones, “luego de cinco años de transcurrido el plazo de la licencia y cuando tal operación fuera necesaria para la continuidad del servicio”, según figura en la ley.

El artículo 48 se refiere a los procesos de integración entre los medios audiovisuales; y establece que antes de otorgar licencias hay que verificar los vínculos societarios, para que no se produzcan “prácticas de concentración indebida”.

El artículo 45 establece la cantidad de licencias que puede tener un grupo de medios en total: el límite es de 24 licencias de TV por cable; otro límite de 10 licencias de radio y TV abierta; un operador de radio o TV sólo puede tener una señal audiovisual de generación propia; y es incompatible tener un canal de TV abierta y un operador de TV por cable en la misma ciudad.

Sin embargo, la ley no ha sido planteada para que su cumplimiento sea igualitario..

Ese grupo basa su defensa en que la restricción de licencias no tiene antecedentes internacionales. "Los principales operadores de TV paga en el mundo tienen canales de TV abierta sin ningún problema, como Comcast y NBC Universal o DirecTV y Fox, en Estados Unidos; Sogecable y Cuatro, en España; Globo y Net, en Brasil; Cablevisión -sin relación con su homónima argentina- y Televisa, en México", asegura el multimedios.

No obstante, existe una suerte de desigualdad, ya que la empresa Cablevisión hoy requiere de 21 licencias para cubrir el área metropolitana de Buenos Aires, mientras que Telecentro lo hace con una sola licencia. Además, la TV satelital de DirecTV no tiene esa restricción y puede dar sus servicios en todo el país.

Como el acceso a Internet Clarín lo da sobre la red de TV por cable, las 134 ciudades que dejaría Cablevisión quedarían sin servicio, beneficiando a las empresas telefónicas, que controlan el 55% del mercado de acceso a Internet, a la vez que esta quedaría con un competidor menos.

La ley establece que por tener Canal 13 o Cablevisión sólo se puede quedarse con una sola señal de contenido. Sin embargo ese límite no rige para los que tienen operaciones de TV paga en el extranjero, como Time Warner, DirecTV, Comcast y Disney.

La ley también limita la participación de capital extranjero al 30% del total, e impide la participación de sociedades de medios extranjera y obliga a la propia autoridad de aplicación a revisar las sociedades controladas y vinculadas.

Para Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Telefé no tiene ningún vínculo con Telefónica Argentina ya que son dos empresas controladas. De acuerdo al sitio institucional de la compañía, curiosamente modificado tras las declaraciones de Sabbatella, Telefé pertenece “al  Grupo Telefónica desde el año 2000”. Y es que en un principio, la sociedad controlante era Telefónica Media de Argentina S.A., pero luego cambió de denominación y fue reemplazada por Telefónica de Contenidos S.A., sociedad unipersonal, controlada por Telefónica de España. Aún hay un vacío para determinar qué relación tienen las empresas.

Al mismo tiempo que en el que Telefé modificaba su sitio web, el Grupo Uno, encabezado por Daniel Vila y José Luis Manzano -y el que mayores incompatibilidades tiene después del Grupo Clarín-, propuso un plan voluntario de adecuación a la Ley que consiste en repartir entre sus socios y familiares las licencias en conflicto con la normativa.

Al parecer, el achicamiento de las empresas para reducir la posibilidad de que existan prácticas monopólicas puede quedar entre el círculo íntimo. Barbarita Vila, hija de Daniel, se quedará con una de las licencias del grupo, su tío Alfredo (hermano de Daniel), será beneficiado con otras. A su vez, el empresario santiagueño Néstor Ick, le dará parte de una empresa de servicios públicos a su hijo.

DirecTV tuvo algunos asuntos pendientes con la norma impulsada por el gobierno. No solo porque no posee dueño conocido- ya que cotiza en bolsa el 100% de su capital- y por su ordenamiento de la grilla - no tiene señales propias y emitir canales públicos- sino porque cubre todo el país con una sola licencia contra las 24 posibles que debería tener Cablevisión.

En mayo de este año, el servicio de televisión satelital favorito de la presidenta presentó su adecuación a la ley y fue aprobada por el AFSCA, si bien posterga hasta el día de hoy la de Vila-Manzano.

Cuatro años de disputa...

Vale recordar que La Ley 26.522, conocida como “ley de medios” fue aprobada en el Congreso en septiembre de 2009, pero a los pocos meses sufrió el primer traspié: el renunciado juez en lo civil y comercial federal, Edmundo Carbone, dictó la medida cautelar que suspendió la aplicación de la norma.

El 14 de mayo de 2010 la Sala I de la Cámara en lo Civil y  Comercial Federal confirmó la medida cautelar de Carbone, en donde suspende la aplicación del artículo 161, el cual establece el plazo de un año para que las empresas de medios se adecuen a la nueva regulación; y revocó la suspensión del 41 sobre la cantidad de licencias.

El 5 de octubre de ese año, la Corte evitó intervenir, pero fijó que la cautelar no podía tener una duración extensa y que el Tribunal debía fallar sobre el fondo de la cuestión, esto es si eso no constitucional los cuatro artículos cuestionados de la ley.

En mayo de 2011 la Sala I de la Cámara Civil y Comercial fijó en 36 meses la vigencia de la cautelar, y un año después el Máximo Tribunal fijó que ese plazo vencía el 7 de diciembre, tan  promovido por el Gobierno como la fecha límite en que se caía la  cautelar.

En noviembre de 2012 la Corte instó al magistrado de primera instancia que dicte el fallo sobre la cuestión de fondo, y es así que el 14 de diciembre de ese año el juez Horacio Alfonso rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la Ley solicitado por el Grupo Clarín.

Tras el fallo, el Gobierno interpuso un per saltum para que la Corte falle directamente y evitar así que intervenga la Sala I de la Cámara que le había fallado en contra años atrás; pero el 27 de diciembre el Máximo Tribunal lo rechazó por unanimidad.

El 17 de abril de 2013, nuevamente, la Sala I de la Cámara Civil y Comercial vuelve a fallar pero esta vez sobre el fondo de la cuestión.

Los jueces declararon inconstitucional en forma parcial el artículo 45 de la Ley de Medios que fija límites a la concentración de licencias, esto es, el referido al tope de licencias que puede tener un medio; pero decretaron constitucional el 161 y el 41; el primero referido al plazo de un año de desinversión y el segundo la potestad del estado en distribuir el espacio radioeléctrico.

A su vez, el artículo 48 que la Cámara decretó inconstitucional es referido a la "concentración indebida", declarándolo inaplicable para el grupo Clarín.

© Publicado el miércoles 30/10/2013 por Tribuna de Periodistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.