Sufrir y soñar… @dealgunamaneraok...

 Sufrir y soñar… 

Barrabravas, Cristian Ritondo. Dibujo: Pablo Temes.

Mientras el Gobierno aumenta sus desmanejos, la gente padece. 

© Escrito por Nelson Castro el sábado 03/12/2022 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

En la Argentina pasan cosas dentro del ámbito de la política durante el Mundial de Fútbol. Son hechos lamentables y peligrosos como, por ejemplo, lo sucedido el jueves pasado en la bochornosa sesión de la Cámara de Diputados en la que el oficialismo intentó extender por otro año la designación de Cecilia Moreau como presidenta del cuerpo. 

El escándalo al que contribuyeron tanto el oficialismo cuanto la oposición, fue causado por la negativa del Frente de Todos contra Todos de frenar el ingreso de la diputada Reyes, de No tan Juntos por Cambio, al Consejo de la Magistratura. El objetivo tanto de esta maniobra como la del Senado de desobedecer la decisión es claro: paralizar el funcionamiento del Poder Judicial. Los ataques no cesan. 

Salvo una sorpresa, el fallo que le aguarda a Cristina Fernández de Kirchner debería serle adverso. El cúmulo de pruebas es de tal magnitud que sería un escándalo que se le absolviera. La debilidad de sus argumentos obligó a que toda la estrategia defensiva de su abogado, Carlos Beraldi, tuviera un enfoque exclusivamente político. 

Las últimas palabras que pronunció la vicepresidenta el martes pasado fueron del mismo tenor. Habló de un “pelotón de fusilamiento”, una definición absolutamente falaz. Quienes la están juzgando son jueces de la Constitución a los que ella misma nombró.

El fallo que le aguarda a CFK debería serle adverso por el cúmulo de pruebas. 

Lo que en verdad se esconde en este Niágara de descalificaciones que enunció la expresidenta en funciones es el temor a la condena. Ella sabe que nunca irá presa. La afectan dos cosas: pasar a ser una persona con prontuario y los títulos de los medios. Para alguien que ha hecho del relato uno de los elementos clave de su accionar en la política, “Cristina condenada”, sin dudas el título que más se replicará si el fallo así lo determina, la perturba profundamente. No sólo la perturba; también la desequilibra emocionalmente. 

Al fin de cuentas, ingresará al club que ya integran su ex vicepresidente de la nación Amado Boudou, el ex Ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas que fue sorprendido revoleando bolsos con dinero, José López, y el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. 

Los llamados a resistir el posible fallo condenatorio a la vicepresidenta por parte de sus acólitos representa un desafío para la institucionalidad de nuestro país. Sin institucionalidad no hay democracia. Hasta que la sentencia quede firme, le resta a CFK un largo camino por recorrer en el ámbito de la Justicia a través de las apelaciones. 

Nada de esto parece serle suficiente. Las puebladas que se estimulan desde el kirchnerismo son un arma de doble filo. Tienen como objetivo desobedecer un fallo judicial. Tienen, además, el riesgo de derivar en actos de violencia. Son como una caja de pandora: una vez que se abre, nadie sabe en qué puede terminar. 

En el Gobierno algunos se jactan de que, quienes agitan la calle, son personajes secundarios. Entre ellos está Luis D’Elía, un hombre profundamente violento y antidemocrático. Pero también hay sindicalistas y líderes sociales como Juan Grabois que hace pocos meses increpó directamente al presidente de la nación Alberto Fernández enrostrándole la inflación y el hambre de la gente.   

Medidas retrógradas 

En el Frente de Todos contra Todos deberían reflexionar sobre ello. Al jurar como Vicepresidenta de la Nación, CFK prometió observar y hacer observar de cuanto ella dependa la Constitución Nacional que, entre otras cosas, contempla la división de poderes. Sus ataques al Poder Judicial son exactamente lo contrario de lo que prometió. La mentira está en la esencia del kirchnerismo. Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. 

En tanto, en un clima social y económico cargado de tensión, donde los dólares escasean y las empresas no pueden importar productos terminados y, en muchos casos, tampoco insumos para la producción, el Presidente de la Nación decidió que era un buen momento para comprar un avión presidencial. El Gobierno desembolsará más de 22 millones de dólares. La operación se llevará a cabo mediante una ampliación presupuestaria que se financiará, además, con un crédito de la Corporación Andina de Fomento, con un plazo de 10 años. 

Mientras tanto la gente sufre el ajuste donde manda el tarifazo. Las boletas de AySa que dejaron atrás los subsidios en los barrios de la Capital Federal y vastas zonas de la provincia de Buenos Aires, llegaron con aumentos que superan el 200 por ciento. 

El avión presidencial es un capricho desmedido, una actitud que debería avergonzar al oficialismo todo y que terminaremos pagando el resto de los argentinos. En los momentos más difíciles el kirchnerismo siempre redobló la apuesta llevando el disparate al extremo. 

La gente sufre. 

Los poderosos sueñan.

  

Si hay lawfare, hay presos políticos… @dealgunamanera...

Si hay lawfare, hay presos políticos…

Cristina en Comodoro Py acusa a jueces que la juzgan. | FOTO: CEDOC

Para el filósofo alemán Boris Groys, toda “revolución es la transferencia de la sociedad desde el medio del dinero al medio del lenguaje”: toda economía opera con cifras y el medio en el que funciona la política es la lengua. Y Ludwig Wittgenstein hablaba de “juegos de lenguaje”: palabras que definen su significado a través de otras palabras, diferentes a las pocas palabras que se definen designando un objeto.

© Escrito por Jorge Fontevecchia el sábado 15/02/2020 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.
 

Juegos de lenguaje que reflejan “experiencias del pensamiento”: creaciones que forman parte de actividades y estilos de vida. Una disciplina requiere un juego de lenguaje. Una ideología, también. Pero que sea “juego” no quiere decir que no tenga reglas, y para Wittgenstein era su uso lo que legitimaba el significado de las palabras.

Alberto Fernández se introdujo en campaña en un dilema difícil de eludir siendo presidente sin pagar costo político.

Lawfare también es un juego de palabras: en la palabra inglesa warfare (“ir a la guerra”) se cambia law (ley) por war y se lo traduce como “guerra judicial”. En la campaña electoral del Frente de Todos, el útil aporte que produjeron el uso y la instalación de la palabra lawfare, convertida en exitosa herramienta proselitista, se convierte en el primer gran problema de Alberto Fernández durante la luna de miel de cien días de que gozan todos los presidentes recién elegidos (lleva 66 días, le quedan 34).

Porque el candidato Alberto Fernández se sumó a la denuncia sobre la existencia de lawfare contra funcionarios de los gobiernos kirchneristas y el ahora presidente Fernández se enfrenta a la contradicción: ¿cómo pudo haber lawfare y no haber habido responsabilidad de una parte de fiscales y jueces? Y si hubo lawfare, ¿cómo no se promueven ahora denuncias por los delitos que esos jueces y fiscales cometieron?

Si hubo delitos de jueces y fiscales al juzgar y procesar sin pruebas a dirigentes por el solo hecho de pertenecer a un campo político, entonces hay detenidos políticos.

El argumento de Alberto Fernández sobre que solo son presos políticos aquellos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo es otro juego de lenguaje. Puedo entenderlo bien porque fui el último puesto a disposición del Poder Ejecutivo a fines de la última dictadura, el 24 de marzo de 1983, luego de que el gobierno clausurara la publicación que dirigía por entonces. Y en aquellas circunstancias se trataba de un claro procedimiento donde no existían las garantías constitucionales, no intervenía ningún juez, no se podía apelar a una instancia superior y la orden de detención se ejecutaba sumariamente. Esa no es la situación de De Vido, Boudou, D’Elía y Milagro Sala.

Entre los argumentos contrarios a considerar “presos políticos” solo a los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, se utilizó el ejemplo de la condena y detención de Nelson Mandela en Sudáfrica, que cumplió con el curso legal de ser dispuesto por los juzgados de ese país y no por su presidente e igual se trató de un claro preso político. Pero lo que le dio ese atributo fue el carácter no democrático del régimen sudafricano de entonces, porque no podía votar el 80% de la población que por el apartheid (“separación” en la lengua africana) segregaba a los negros como Mandela. Sudáfrica era una dictadura. 

El problema que tiene Alberto Fernández no es solo con la Justicia. Como le reclaman desde el kirchnerismo, podría como Alfonsín enviar una ley al Congreso, crear un tribunal especial que revisará las sentencias y los procedimientos y hasta llegar a juzgar a los miembros del Poder Judicial y a los fiscales que intervinieron. Pero no podría hacerlo sin también enjuiciar a los medios de comunicación, a los que se acusa de haber sido cómplices de los malos jueces y fiscales en el lawfare. En ese caso, Alberto Fernández se tendría que enfrentar a dos sectores al mismo tiempo, y la frágil economía se resentiría más con una nueva batalla del Gobierno contra los medios que contra parte de la Justicia.

Está en la memoria de Alberto Fernández el ejemplo de Alfonsín pagando el precio de contribuir al caos económico de entonces con el agregado de la inestabilidad política para poder hacer su juicio a las juntas militares.

Por su parte, Alberto Lugones, el flamante nuevo presidente del Consejo de la Magistratura e integrante de la Cámara Federal de San Martin, dijo a poco de ser designado que en Argentina “no hay presos políticos”, pero sí lawfare porque “hubo abusos en las prisiones preventivas”, aunque consideró necesario “esclarecer si el Estado estuvo detrás de perseguir” personas de distinta opinión política.

El juez Lugones, al igual que Alberto Fernández, queda él mismo prisionero de su juego de lenguaje porque no podría no haber sido comprometido el Estado si hubo lawfare, porque los jueces y los fiscales son parte del Estado.

Y no se trata de funcionarios aislados porque las prisiones preventivas, además de ser pedidas por distintos fiscales y dispuestas por distintos jueces, fueron confirmadas por diferentes tribunales superiores. Pero tampoco el problema de Alberto Fernández se extinguiría resolviendo “el abuso” de las prisiones preventivas, porque parte de los presos a quienes se asigna el calificativo de políticos están con condena y, en algunos casos, por más de una instancia. Y por último queda el problema de los juicios aún sin prisión preventiva, como los varios que tiene Cristina Kirchner.

Alberto Fernández dijo que se trata de una “discusión semántica”, pero escribió Isaac Reed en su libro Social Theory Now: “La acción humana tiene lugar dentro de un mar semántico y, para explicar lo que se hace, se debe decir algo sobre el agua en la cual se nada”. La única situación en la que, por lo menos idealmente, ninguno de los actores precisa saber qué significa para el otro la transacción es en un intercambio económico, porque el dinero es un lenguaje de cálculo y no de ponderación.

La discusión semántica de Alberto Fernández es discusión material para Cristina Kirchner y los condenados

Para complicarle más la vida a Alberto Fernández con los juegos de lenguaje, el filósofo Bruno Latour concibe la idea del “materialismo semiótico”. Y otros filósofos directamente piensan que producción sería igual a significación porque “todo proceso de producción y consumo social es y debe ser al mismo tiempo un proceso de significación e interpretación”.

En síntesis: la discusión semiótica es una discusión material y, para el kirchnerismo, la más importante de todas.

Con las botas puestas… @dealgunamanera...

Con las botas puestas… 

Paso redoblado. Dibujo: Pablo Temes.

El Presidente quiere otro rol para las FF.AA. y el piquetero K repite su rol habitual. Timbreo y más.

Escrito por Nelson Castro el domingo 29/07/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Gobierno ha decidido salir a retomar la iniciativa política, atributo que perdió hace tres meses. La llamada “tormenta” lo ha dejado arrebatado por el viento.

Por si alguien se deja llevar o se enamora del eufemismo meteorológico: la “tormenta” significa devaluación, inflación, caída de la actividad económica, caída de las expectativas positivas y aumento de la pobreza. Tanto el Presidente como su ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quedaron satisfechos con las muestras de apoyo que lograron de parte de los ministros de Economía de los países del G20 que se reunieron en Buenos Aires el fin de semana pasado. Sin embargo, de la lectura fina de lo que allí pasó y se dijo en relación a la Argentina –que lejos estuvo de ser el centro de las preocupaciones de los asistentes al cónclave– se desprende la demanda de rigurosidad por parte del Gobierno en el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.

Palabra de fondo. Lo dijo Christine Lagarde en la conferencia de prensa que compartió con Dujovne: “La Argentina debe cumplir las metas acordadas con el Fondo”, expresó la directora gerente,  quien sobrelleva una condena por negligencia en el “affaire Tapis”, un caso de corrupción que aún hoy causa impacto en Francia.

Bien leídas, las expresiones de Lagarde pusieron en blanco sobre negro las asignaturas pendientes de la actual gestión: “esperamos que el año que viene mejore la economía”; “esperamos que baje la inflación”; “esperamos que baje el déficit fiscal”.

Es decir, el Gobierno está sometido a un examen cuya aprobación no será fácil. Por lo demás, Macri ha tenido durante la reunión una sobreactuación poco conducente. Es norma que los presidentes no hablen en ninguna de las sesiones porque para ello están las correspondientes a los jefes de Estado. Para los asistentes, escucharlo al Presidente fue un agregado más de una agenda que a muchos los perturbó porque les impidió asistir a la representación de Tristán e Isolda, la ópera de Wagner que con dirección del maestro Daniel Baremboin se representaba esa tarde en el Teatro Colón.

El lunes, Macri sorprendió con el anuncio sobre las nuevas atribuciones que se planean para las Fuerzas Armadas. No resulta claro por qué el Presidente decidió meterse en este berenjenal. No porque el espinoso tema concerniente al quehacer y al qué hacer de las Fuerzas Armadas no lo amerite sino porque, siendo una deuda de la dirigencia política argentina desde 1983 hasta aquí, no parece que lo expuesto en la alocución presidencial sea, si no lo mejor, al menos viable.

En el discurso se aludió a un accionar de los efectivos para cuyo despliegue hace falta un nivel de equipamiento que no solo hoy no se tiene sino –y esto es lo malo– que no sabe cuándo se tendrá. Por otra parte, la idea de involucrar a las FF.AA. en la lucha contra el narcotráfico debe analizarse con mucho cuidado. En ese sentido, la experiencia de México ha sido nefasta. Paralelamente, la opinión y el sentimiento de los integrantes de cada una de las fuerzas son prácticamente unánime en su rechazo a estas tareas. “Nos preparamos para defender a la Patria contra un agresor externo que ponga en riesgo nuestra soberanía, no para ser auxiliares de fuerzas policiales”, se escucha habitualmente en los ámbitos castrenses.

El mensaje de Macri, además, permitió abrir la puerta de la duda respecto de si las Fuerzas Armadas actuarán o no en tareas que conciernen a la seguridad interior. Y eso bastó para movilizar a la oposición. En ese universo están los que desde siempre han protestado cada vez que algún hecho trajo reminiscencias de la brutal represión desplegada por la última y sangrienta dictadura militar. Conviven ahí los diferentes partidos y las agrupaciones de izquierda, organizaciones sindicales, sociales y de Derechos Humanos. A ellos les asiste la legitimidad de la coherencia.

No es el caso, en cambio, del kirchnerismo siempre dispuesto a subirse a cualquier colectivo que les sea útil para exhibir su oposición al actual Gobierno. Allí aflora en forma diáfana la contradicción K: nadie puede olvidar que Cristina Fernández de Kirchner nombró como jefe del Estado Mayor del Ejército al teniente general César Milani, hoy preso por cargos de secuestro, tortura y desaparición de personas. Eso no es todo. Junto con las sospechas de enriquecimiento ilícito, pesan sobre él las de haber montado un aparato financiado con cientos de millones de pesos destinado a tareas de inteligencia interior. Que el kirchnerismo proteste ahora habiendo hecho lo que hizo con Milani, es una muestra de lo que es su esencia: la contradicción permanente.

Aporte intolerante. Consciente de su caída en las encuestas, María Eugenia Vidal salió este fin de semana a timbrear. “Tenemos que dar la cara”, dijo la gobernadora cada vez más afectada por el impacto negativo que sobre su figura viene produciendo el ajuste económico y las denuncias de aportantes truchos en el financiamiento de su última campaña electoral. El enojo mayor es contra “el fuego amigo”. De la oposición se ha verificado una clara ofensiva de Unidad Ciudadana que es comandada directamente por  CFK. Pero el problema principal lo tiene Vidal adentro. Ella quiere saber quiénes son los que, desde adentro del partido, urdieron esta metodología que representa una clara maniobra de lavado de dinero. Las sospechas de muchos de su entorno llevan a personajes de cercanía con el Presidente. A algunos de ellos ya los denunció, por otras causas, la diputada Elisa Carrió.

Los dichos brutales de Luis D’Elía –“A Macri habría que fusilarlo en la Plaza de Mayo”– no pueden pasarse por alto. Quien dice algo así se autodescalifica. Por lo demás, nadie puede sorprenderse por los dichos de alguien que ha hecho de la violencia un modus operandi de su accionar supuestamente político.

Lo que inquieta, en cambio, es el silencio del kirchnerismo, excepción hecha al momento de escribir esta columna, de Diana Conti. A Macri le corresponderá, en todo caso, el juicio de la Justicia. Y cuando deje la Presidencia, causas hoy dormidas lo tendrán seguramente como concurrente a los Tribunales de Comodoro Py. Esa es la norma en una sociedad democrática. Los fusilamientos son su antítesis de consecuencias nefastas. Y, para corroborarlo, están  los muchos fusilamientos ocurridos a lo largo de la historia política argentina. Todos fueron germen del odio y del revanchismo: fuente de Justicia, en cambio, ninguno.

Producción periodística: Lucía Di Carlo.

(Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a: perfilcom@perfil.com

República Judicial. Excarcelandia… @dealgunamanera...

República Judicial. Excarcelandia…

“¡SALE OTRO!” Carlos Zannini. Dibujo: Pablo Temes.

Las liberaciones de nombres polémicos alientan la sensación general de impunidad.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 25/03/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Si a esto lo llaman beneficiar a unos imputados, creo que están equivocados”. Con esas palabras Eduardo Farah, juez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, quiso justificar su decisión ante una indignada sociedad que buscaba respuestas, luego de ver que Cristóbal López, empresario emblemático enriquecido de modo cuestionable durante el kirchnerato, volvía a gozar del derecho más preciado para el hombre: la libertad.

En estos últimos años, la Justicia fue una protagonista indiscutida del debate social. El destino de referentes políticos y sus allegados –que alguna vez supieron representar la esperanza de muchos– se ve hoy comprometido por bochornosas causas de corrupción, y la Liga de la Justicia que debe defendernos de sus atropellos es un gran misterio para la sociedad. Se trata de nombres resonantes que vemos a diario en los titulares de noticias, pero que pocas veces podemos identificar con una cara y una voz. Esta es la encrucijada que debió enfrentar el juez Farah, quien definió con su voto la libertad de López para la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, que decidió romper el manto de misterio con una nota televisada e intentar así apaciguar la lluvia de críticas, tanto de la sociedad como hasta del propio presidente de la Nación, Mauricio Macri. El efecto que logró fue exactamente el contrario.

Contextos.

El camarista se centró en explicar las resoluciones más polémicas del fallo: el levantamiento de la prisión preventiva de López y su socio, De Sousa, y el cambio de carátula de “defraudación al Estado” a “apropiación indebida de tributos”, lo que implicaría que sea investigado bajo el fuero penal económico, dándole la posibilidad de acogerse a un plan de facilidades de pago, con quita de intereses, y pedir la extinción de la acción penal por pago. Farah niega tajantemente que la sentencia sea beneficiosa para el imputado y aduce que las penas no solo son las mismas, sino que el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, estaría más complicado. Pero vale la pena repasar el trayecto de la causa para comprender su contexto.

Factor Carrió. 

La causa se inició en marzo de 2016 tras una denuncia que Elisa Carrió realizó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, con la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita, donde relató el modo en el que las autoridades de la AFIP habrían permitido, en connivencia con Cristóbal López y De Sousa, que la empresa Oil Combustibles no abonara el impuesto sobre los combustibles líquidos y utilizara indebidamente ese dinero para capitalizar otras sociedades del grupo Indalo. La intención de la diputada fue sumar la denuncia a la causa madre, iniciada en 2008 en ese juzgado por la asociación ilícita que encabezarían la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios públicos y sus empresarios amigos, elevada a juicio oral el pasado 2 de marzo.

Unos meses después de presentada la denuncia, el juez Ercolini se declaró incompetente en favor del juzgado penal económico, aduciendo premisas similares a las del fallo actual de la Cámara de Apelaciones. En dicha oportunidad, fue por un recurso de Casación presentado por el fiscal de Cámara Germán Moldes. La Cámara de Casación en noviembre de 2017 declaró la nulidad de la resolución de la Cámara de Apelaciones y devolvió la causa al fuero federal. Es decir, ya había existido un intento de que la causa fuese juzgada bajo la órbita del fuero penal económico. Ahora, ¿cuál es el problema principal del cambio de carátula, además de darle a López la posibilidad de financiar su deuda y ser eximido de la acción penal? Que al ser juzgado bajo el fuero penal económico, la defensa podría acogerse a éste para acceder a los beneficios que ella prevé e intentar desligarse de la causa madre que inició Carrió en 2008.

Carátulas. 

“La hipótesis delictiva no se agota en un posible delito de naturaleza tributaria, sino que comprende maniobras que suponen la intervención de diversos funcionarios públicos”, cita el fiscal Pollicita en el recurso de apelación presentado ante la declaración de incompetencia del juez Ercolini en 2016. Fuentes cercanas a la fiscalía aseguran que, al no ser vinculante, no cambiarán la carátula sea cual sea la resolución de Casación.
   

“No me voy a callar más, es algo de lo que me arrepiento”, decía un Cristóbal López enfurecido en la improvisada conferencia de prensa luego de su liberación. Pero después de los consejos de su abogado Carlos Beraldi, el empresario decidió mantener silencio para planificar su estrategia de defensa ante los medios.

En verdad, lo que sucedió es que frente a un coaching exigente el empresario K pudo contestar con fundamentos solo un par de preguntas. Allegados a López están convencidos de que la prisión fue de “alevosa arbitrariedad” y que detrás de la maniobra está el presidente Mauricio Macri, quien “quiere ver al empresario en quiebra para que sea un caso testigo”. “No se puede usar a la Justicia para operaciones políticas”, dijo Beraldi. que sostuvo además que el impedimento por parte de la Justicia y la AFIP de realizar el pago de la deuda llevó a un intencional estrangulamiento de la empresa.

A la calle.

Pero como “sobre llovido, mojado”, ayer recuperaron su libertad Luis D’Elía y el secretario de Legal y Técnica del kirchnerato, Carlos Zannini. Como dijimos desde esta columna, ambas prisiones preventivas eran de débil argumentación jurídica. Veamos la nómina de los liberados: Amado Boudou, Roberto Baratta –ex mano derecha de Julio De Vido– Cristóbal López, Fabián de Sousa. Esto no hace más que agregar descrédito a una Justicia crecientemente desprestigiada.

Las sospechas de coimas corren por los pasillos de tribunales a la velocidad de un rayo. Hay nombres, lugares y cifras exactas.

En muchos casos, la ley se interpreta de forma sesgada y, a veces, disparatada. Las causas están repletas de escaramuzas. Sentencias hay pocas y, en casos de corrupción, cuando se producen ya son inocuas.

Un ejemplo es el caso del ex presidente Carlos Menem y su exhibición de obscena impunidad. Es hora de recordar –una vez más– que sin justicia no hay república.

Producción periodística: Lucía Lopreiato.

AMIA. Laura Ginsberg: "Macri se sumó a los 23 años de impunidad"… @dealgunamanera...

AMIA. Laura Ginsberg: "Macri se sumó a los 23 años de impunidad"…

Laura Ginsberg. Foto: Cedoc - Diario Perfil.

La decisión del Gobierno de impulsar un juicio en ausencia generó críticas por parte de la referente de APEMIA.

© Escrito por Bárbara Defoix y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El fallo del juez Claudio Bonadio sobre el Memorándum con Irán reflotó la cuestión sobre el atentado a la AMIA, que luego de 23 años sigue impune y sin que existan pistas concretas que lleven a los autores de una de las peores tragedias que sufrió la Argentina.

La trama política, de espionaje y encubrimiento parece no detenerse y tras el fallo de Bonadio en el que dictó el procesamiento con prisión preventiva, previo desafuero como senadora, de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ordenó la detención de Carlos Zannini, Héctor Timerman –con arresto domiciliario-, Luis D’Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil, el Gobierno trata de retomar la iniciativa política impulsando la realización de un juicio en ausencia para aplicarlo a los iraníes sospechados por el ataque perpetrado a la mutual judía en 1994.

Esta decisión despertó la crítica de la referente de la Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), Laura Ginsberg, una de las más firmes impulsoras de la teoría del encubrimiento y la que trabajó incansablemente para que se cree una comisión investigadora independiente para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atentado que tiene dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de diputados.

Paralelamente, en abril pasado, los bloques mayoritarios en el Senado presentaron, con el aval del ministro de Justicia Germán Garavano, un proyecto para incorporar la figura del juicio en ausencia al Código Penal.

“Esta iniciativa que toma el Gobierno no es nueva y va en la línea que nosotros venimos denunciando desde hace ya mucho tiempo en relación a que la ley de juicio en ausencia viene a cerrar definitivamente la causa. El tema de la investigación del atentado señalando o imponiendo un juicio en ausencia de testigos, de imputados, de pruebas, es una simulación que tiene como único objeto cerrar definitivamente el tema y dejarlo atrás”, aseveró Ginsberg en una entrevista con Perfil.

La referente de APEMIA consideró que este nuevo impulso no es casualidad: “Se hace en un contexto mucho más amplio que incluye el fallo reciente del juez Bonadio y también incluye una avanzada del procurador general de la Nación, (Eduardo) Casal que instruyó a unos de sus funcionarios para que en el lapso de tres meses aporte lo necesario para conformar una unidad fiscal antiterrorista que va a terminar sustituyendo la Fiscalía AMIA”.

“La conclusión que podemos sacar es que el Gobierno de Macri se ha sumado a los 23 años de impunidad que tenemos ante la mascare”, sentenció Ginsberg. Y agregó: “Si bien en los primeros tiempos (de su mandato) coqueteó con una comisión investigadora independiente, ha tomado la posición política de la DAIA y la AMIA local de avanzar contra los iraníes, sin pruebas y hasta incluso reivindicando al ex juez Galeano que ahora está sentado en el banquillo de los acusados en un juicio en el que se lo acusa de la irregularidades cometidas durante la investigación de la cual él estuvo a cargo”. 

“Es un panorama realmente muy grave. Nosotros lo denunciamos y entendemos que son una sumatoria de maniobras que responden exclusivamente otra vez a poner a la Argentina como uno de los peones de la lucha contra el terrorismo internacional”, analizó la referente de APEMIA.

Para Ginsberg esta decisión de la gestión macrista “habla a las claras de que aquí no hay ninguna voluntad de llegar a la verdad, como fue parte del discurso de campaña del Gobierno, sino que se trata de sumarse a la impunidad de todos estos años de cerrar definitivamente el caso y no investigar y no poner sobre la mesa lo que ya sabemos y lo que se está demostrando una vez más en este juicio oral por encubrimiento, que es que el estado argentino es responsable del encubrimiento del atentado a la AMIA y de su materialidad”.

Consultada por si el fallo de Bonadio habría podido influir en la decisión del Gobierno de avanzar en el juicio en ausencia para aplicarlo a la causa AMIA, Ginsberg opinó: “No creo que un hecho dependa del otro, lo que sí digo es que las circunstancias que estamos observando de todas estas avanzadas están relacionadas”.

Sobre el magistrado, resaltó que en su fallo de la semana pasada es la primera vez que se responsabiliza a Irán del ataque a la mutual judía: “Es la primera vez que aparece así en un fallo judicial ni en tiempos de Galeano ni de Nisman se planteaban las responsabilidades de este tipo y sin ninguna duda son parte de un contexto más general en donde el Gobierno ha tomado la decisión política de volver a las épocas del kirchnerismo en donde la responsabilidad había que adjudicársela a Irán y aquí había que encubrir a todos los funcionarios del estado argentino desde el 94 hasta hoy que son los verdaderos responsables del encubrimiento y hasta incluso tenemos elementos para concluir que está involucrado en la comisión del atentado”.

“Si acá en verdad quisieran investigar el encubrimiento del acuerdo Argentina e Irán tendrán que remontarse al año 96. Si Bonadio quisiera hacer algo seriamente tendría que haberse remontado a aquellos años y no sancionar un acuerdo político como en este país se hicieron tantas veces”, concluyó.

Creer (I)... @dealgunamanera...

Creer (I)

No puedo creer. Me gustaría. Sería más fácil creer si la verdad no importara y con la emoción fuera suficiente.

© Escrito por Jorge Fontevecchia el sábado 09/12/2017 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No puedo creer. Me gustaría. Sería más fácil creer si la verdad no importara y con la emoción fuera suficiente. Tengo amigos, a los que respeto intelectualmente, que me enviaron mensajes de alegría por la detención que ordenó el juez Bonadio con textos del tipo “quiero que vaya presa toda la banda, no me importa por qué causa. Perdón, no soy de Corea del Centro”.

No puedo creer en la denuncia de Nisman, a quien se elogia a la par de Pepe Eliaschev, cuando se olvida que Nisman no sólo desestimó la denuncia de Eliaschev en 2011 sino que criticó al periodista. Además, en diciembre de 2014, al mismo tiempo que escribió su denuncia contra Cristina Kirchner escribió otro documento elogiando a la ex presidenta para tener preparado el texto que le conviniera (ver e.perfil.com/rafecas), y finalmente decidió presentar lo que esencialmente había denunciado Eliaschev cuatro años antes recién cuando temió que iba a ser echado, volviendo de urgencia de sus vacaciones en medio de la feria judicial.

La memoria es siempre afectiva, un afecto corporal. Rememorar exige esfuerzo cognitivo

Tampoco puedo creer en la existencia de traición a la patria porque su sola figura jurídica resulta tan anacrónica como la categoría de “enemigos de la patria” que menciona el artículo 214 del Código Penal. ¿Enemigos de la patria son Irán desde 1994 y 1992 por AMIA y la embajada e Inglaterra desde 1982? Tengo mi propio ejemplo personal de lo arbitrario que es el uso del artículo 214 cuando, al terminar la Guerra de Malvinas, fui puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional justamente por traición a la patria simplemente porque lo que había publicado Editorial Perfil irritó a la dictadura.

Este diario fue el que difundió la denuncia de Eliaschev del pacto con Irán que hoy termina con el procesamiento de la ex presidenta. Lo hizo marcando un serio error político, develando algo que el gobierno por entonces quería mantener en secreto, dando una información relevante para el debate público, pero sin acusar al gobierno de traición a la patria, entre muchos otros motivos porque, aunque se tuvieran sobradas sospechas, aún no se había condenado al Estado de Irán ni este país nos había declarado la guerra. Si entre 2011 y 2013 se estaba cometiendo el delito de traición a la patria, Nisman y el propio Bonadio deberían haber actuado antes, en el momento en que se producía el delito.

Creer en el juez Bonadio es una tarea aún más difícil. Es uno de los pocos jueces federales designados antes de la creación del Consejo de la Magistratura, a partir de la reforma constitucional de 1994, que obliga a los aspirantes a jueces a competir en un examen. Hasta 1994 los jueces federales no surgían de un concurso sino que eran propuestos directamente por el presidente, facultad que a partir de 1994 quedó limitada sólo a los miembros de la Corte Suprema. Bonadio fue nombrado juez por Menem poco antes, en 1992, y fue sindicado como el más notorio integrante de los jueces de la famosa servilleta del ex ministro del Interior Carlos Corach, que respondían a los pedidos del Poder Ejecutivo. De hecho, antes de ser juez, Bonadio fue subsecretario de Legal y Técnica de Carlos Corach.

Tampoco creo en la victimización de Cristina Kirchner, que atribuye todos sus recurrentes problemas con la Justicia a Macri. No son lo mismo las discutibles causas del pacto con Irán y el dólar futuro que las causas por corrupción, donde las apreciaciones son más objetivas.

Por qué creen. En De memoria y reminiscencia, Aristóteles diferencia el recuerdo –que sobreviene como una “afección” donde el sujeto es pasivo– de la rememoración, que es producto de una búsqueda activa. Uno, atravesado por lo emocional, y el otro, con mayor proporción de lo racional. La memoria es de lo corporal, y la rememoración, de lo mental. A diferencia de aquello que es sensitivo, la reminiscencia demanda esfuerzo cognitivo: pensar y contextualizar. Siglos después, Freud explicó que la verdad nunca importó a las emociones.

Que vayan presos Cristina Kirchner, Zannini o D’Elía alegra el alma sin importar por lo que sea. Pero ese sentimiento es el mismo que hizo apoyar al kirchnerismo por bronca con lo anterior. Y hoy a Macri. De ilusión a desilusión van las emociones convertidas en votos y opiniones que los políticos, jueces y no pocas veces nosotros, los medios, aprovechamos. ¿Importa la verdad sobre Nisman, sobre Bonadio? ¿O sólo importa que nos sea útil a nuestros sentimientos?

Lo único que quiere el amo es que la cosa funcione y no saber por qué ni cómo funciona. El esclavo es quien se tiene que preocupar por hacerla funcionar. Pero como explicaba Hegel en “Autonomía y dependencia de la autoconciencia: dominio y servidumbre” en su libro Fenomenología del espíritu, el amo termina siendo víctima de su propia comodidad. El “esclavo” Bonadio hoy es el amo que juega con toda la clase política: ¿resulta verosímil que no haya habido especulación en el pedido de prisión preventiva de Cristina Kirchner dictado recién cuando contó con fueros después de jurar como senadora?

Macri también se transformará en esclavo de este sistema de memoria donde el cuerpo y los sentimientos no dejan lugar a la mente y el pensamiento de jueces, periodistas y ciudadanos. Donde el dolor por las agresiones del kirchnerismo sufridas durante 12 años que se siente en el cuerpo nubla la razón y hace olvidar que el propio Bonadio fue removido en la causa AMIA en 2005 y denunciado por amenazas por el propio Nisman en 2010.

"Traición a la patria" o "enemigo de la patria" son figuras jurídicas inverosímiles, arcaicas y preglobalización

Como tantas veces se sostuvo en ésta y otras columnas de Perfil, la grieta que tan útil le fue electoralmente a Cambiemos terminará haciéndolo caer en el precipicio. No sale beneficiada Argentina con la prisión de ex presidentes por decisiones que, al ser políticas, tienen otras formas de castigo, como la derrota en las urnas y la propia declaración de inconstitucionalidad que dejó sin efecto la ley del pacto con Irán votada por el Congreso. Tampoco se puede creer que todos los diputados y senadores que la votaron no fueran responsables de la misma traición a la patria porque actuaron bajo “obediencia debida” hacia la ex presidenta.

Querer creer es sólo querer. Puro cuerpo, puro afecto.

Continúa en: Creer (II)