Los riesgos de una reestructuración amistosa…
El camino fijado por Alberto Fernández y Martín Guzmán. El rumbo posible y los riesgos que aparecen. ¿Qué dejó la experiencia de Kicillof frente a los acreedores de la Provincia?
© Escrito por Claudio Scaletta y publicado el sábado 08/02/2020 por
el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los
Argentinos.
La
economía heredada por el gobierno de Alberto Fernández no vino con sorpresas.
Macri dejó una profunda recesión, con la mitad de las maquinarias de la
industria apagadas, la inversión y el consumo por el piso y con un Estado
completamente desarticulado.
Pero
el dato de la recesión, a pesar de sus graves consecuencias sociales, es
realmente lo de menos. Lo peor que dejó el macrismo, por lejos, es el mega
endeudamiento en divisas, ese que el hijo de Franco, alias “yo no fui”,
supuestamente le decía a sus ministros que podía conducir hacia una materia
pestilente. El endeudamiento, además, derramó al conjunto de la sociedad. Se
estimuló a las provincias a endeudarse en dólares. También se endeudaron en
divisas algunas fuertes firmas nacionales cuyos balances fueron luego arrasados
por las devaluaciones. Se endeudaron los sectores medios asalariados para no
perder nivel de vida, sea para pagar tarifas aumentadas como para no cambiar de
dieta, e incluso, vía la Anses, se endeudó con fines electorales a jubilados y
receptores de la AUH, eso que el periodista Alejandro Bercovich tan bien
denominó en su momento como “el chori financiero”. Y para completar el
panorama las divisas de la deuda apenas pasaron por el país y volaron.
La
Alianza Cambiemos dejó deuda para todos y todas. Su gobierno fue una larga y legendaria
fiesta financiera. Pero como también se sabía, el problema no fue sólo de
volumen, tipo de moneda y jurisdicción (¡a pesar de la experiencia histórica!)
sino especialmente de plazos.
El
escenario no podría ser peor,
Macri agotó primero el margen para endeudarse con privados a tasas altísimas y,
cuando se cerró este grifo trajo al FMI, quien completamente a sabiendas,
aprobó un programa con plazos de repago imposibles. Ni siquiera los economistas
ortodoxos son tan ignorantes, el acuerdo fue pensado para ser renegociado
porque el objetivo del organismo y de los países que lo integran es la sujeción
económica a través de la deuda, la potestad de imponer políticas de largo
plazo y de “cambios estructurales” que caracterizan al FMI.
Es
una tontería plantear la existencia de “internas” en el Fondo por el caso
argentino, con cabezas que ruedan, como si hubiese existido alguna sorpresa en
la secuencia de los hechos que se sucedieron desde que se anunció el infausto
regreso al organismo. Lo notable es que todo este proceso carezca de
consecuencias penales y que, por el contrario, constituya una forma de
funcionamiento normal del capitalismo realmente existente.
Quienes
integran hoy el gobierno del Frente de Todos sabían desde bastante antes de
llegar al poder que lo primero que deberían resolver era el problema de la
deuda. Vale reseñar
que, amén de los precios, el contexto y la demanda internacional, se trata de
la principal diferencia con los primeros años de Néstor Kirchner.
Por
entonces el problema de la deuda no estaba porque ya se había producido el
default, proceso que había comenzado con el fin de la convertibilidad a
principios de diciembre de 2001. Los “años de gracia” se produjeron de hecho y
permitieron luego una quita importante en la reestructuración. Más de tres años
de no recibir un dólar ablandan a cualquier acreedor. Además, la deuda con el
FMI era menor y fue muy fácil sacárselo de encima pagándole cash, lo que
despejó uno de los principales escollos para la reestructuración.
Desde
antes del minuto cero, Alberto Fernández sostuvo que su intención era pagar la
deuda, pero que no era posible en los plazos establecidos. Como ministro de Economía convocó no
a un experto, pero si a un estudioso de los procesos de reestructuraciones
soberanas. De los escritos de Martín Guzmán surgen algunas definiciones claras,
se necesitan quitas de capital, pero también del nivel de intereses, en lo
posible plazos de gracia, y sobre todo una reestructuración “cumplible”, lo que
quiere decir que no condene a nuevas renegociaciones en el mediano plazo.
El
camino elegido por Alberto Fernández no es el de la ortodoxia que sólo sabe
decir que hay que pagar sin chistar y seguir destruyendo las funciones del
Estado, pero tampoco plantea una salida rupturista, sino una “amistosa con los
mercados”. La hoja de
ruta ya se conoce, arreglar primero con el FMI, el objetivo de la gira de
seducción europea recién finalizada más los guiños correspondidos hacia Estados
Unidos, y luego ofrecer un canje voluntario a los privados, empezando por la
deuda con jurisdicción extranjera y terminando con la local y la más sencilla
intra Estado. Sin embargo, no está claro qué tan exitosa puede ser una
reestructuración con los privados si descuentan la presión de que el país
intentará por todos los medios evitar una cesación de pagos. Luego, producida
la reestructuración, se conocería entonces el programa de desarrollo, lo que
representa otro factor de presión: se necesitaría acordar rápido. Y como se
sabe, no hay peor negociador que el negociador apurado.
La
gran pregunta, entonces, es si esta reestructuración market-friendly puede ser
compatible con el crecimiento,
a su vez una condición necesaria tanto para poder pagar la deuda reestructurada
como, fundamentalmente, para la sostenibilidad política del gobierno, que
necesita revalidarse tan pronto como el año próximo. Lo primero que debe
asumirse es que no hay acuerdo posible con el FMI sin entregar a cambio ajuste
fiscal y reforma previsional. En el Frente de Todos parecen resignados a la
idea de conseguir que el ajuste y las reformas no sean muy exigentes y sumar la
obtención de un plazo de gracia en los pagos, es decir que quede un remanente
fiscal para impulsar un poco la demanda y algún dólar para financiar el
crecimiento. Se trata, como autodefine el presidente Fernández, de una salida
“reformista”, no rupturista, quizá la única posible dada la herencia y las relaciones
de fuerza. En contrapartida, también se trata de un camino poco seguro y no
exento de un alto riesgo político si la salida del estancamiento se demora. Las
ideas de Guzmán para reestructurar la deuda son esencialmente correctas. Su
plan para volver a crecer limitando los gastos en pesos quizá lo sea menos,
salvo que se trate de un discurso maquiavélico pre-reestructuración. El
nombramiento de algunos asesores pone en duda la última aseveración. Existe en
Economía un optimismo de la voluntad que merece al menos ser revisado.
En
este sentido, el caso de la provincia de Buenos Aires, en la que el gobernador
Axel Kicillof decidió renunciar a una renegociación dura para no interferir en
el proceso nacional, representa una muestra práctica, que debe ser atendida, de
lo que será el comportamiento de los acreedores. Al igual que el nacional, el
gobierno de Buenos Aires planteó desde antes de asumir que el problema de su
deuda pública de 11.300 millones de dólares, 9,2 por ciento de su PBG y
quintuplicada en pesos por las sucesivas devaluaciones, era lo que más le
preocupaba y que debía encontrarse una solución de fondo. En sus cuatro años de
gestión María Eugenia Vidal tomó deuda por 5500 millones de dólares, el doble
que en los ocho años anteriores. Debe reconocerse que la muchacha de oro del
macrismo estuvo en este tema proporcionalmente más moderada que su jefe
político, que se endeudó al triple de velocidad anual que la última dictadura.
En
este contexto, a fines de diciembre Kicillof anunció el inicio de un proceso de
consulta con los tenedores de deuda en divisas.
Luego,
a comienzos de enero convocó a los titulares de una colocación de 750 millones
de dólares, a una tasa del 10,8 y vencimiento en 2021, pero que tenían un
vencimiento el 26 de ese mes por 277 millones de dólares, entre capital e
intereses. La módica propuesta de la provincia fue postergar el pago del
capital, 250 millones, hasta el 1 de mayo. Luego ofreció adelantar el pago de
intereses y más tarde adelantar el 30 por ciento del capital. Dicho de otra
manera, no se ofreció la contrapartida de un default, sino que simplemente se
intentaba negociar una postergación de los pagos por unos pocos meses y pagando
los altos intereses. Como ya se sabe, la negociación amistosa no fue posible. Se
alcanzó sólo el 50 por ciento de aceptación del 75 necesario.
Bastó
que un fondo propietario del 25 por ciento de la colocación se opusiera para
que la reestructuración fracase. Finalmente la provincia pago la totalidad de
lo adeudado para no afectar el proceso de renegociación nacional. Pero lo
importante de este caso testigo es que pone en evidencia, como se dijo, las
limitaciones de una renegociación “amistosa”. O dicho de otra manera, lo poco
que puede esperarse de esta metodología.
