Una explicación que no cierra ni en cómodas cuotas…
Según la
fiscal, la quita de deuda del Correo Argentino superaría hoy los 4 mil millones
y alcanzaría los 70 mil en 2033. Imagen: Leandro Teysseire
El Ejecutivo defendió los beneficios al Grupo Macri, pero
la fiscal, los expertos y la jurisprudencia derribaron esa postura. Especialistas
refutaron los argumentos del gobierno en favor de la quita del 98,87% de la
deuda del Correo Argentino.
© Escrito
por Werner Pertot el viernes 10/02/2017 y publicado por el Diario Página/12 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El
gobierno de Mauricio Macri argumentó, a través de su ministro Oscar Aguad, que
el acuerdo al que llegó con el Grupo Macri por una deuda por la concesión del
Correo Argentino no tuvo quita alguna, que se pagará el cien por ciento de lo
adeudado, que no corren los intereses durante los quince años que pasaron desde
que se decretó la convocatoria de acreedores y que no hay condonación alguna.
Diversos especialistas consultados por Página/12 confrontaron con esos
argumentos: en los juicios, se contempla una actualización del monto en función
del tiempo transcurrido y los intereses se pagan en la primera cuota. Según
señalaron distintos juristas, hay una doctrina de la “propuesta abusiva del
deudor”, que toma en cuenta entre otros factores si la quita en valores reales
supera el 60 por ciento. En este caso, según la fiscal Gabriela Boquin, es del
98,87 por ciento. Los argumentos del Estado argentino en 2003 se contradicen
con la posición actual del Gobierno PRO.
En
términos del sentido común la discusión parece simple: si una persona le presta
a otra 300 pesos en 2001, el deudor los cambia por dólares y se los guarda,
pasan 15 años y el acreedor le reclama por la deuda, es bastante seguro que no
aceptará 300 pesos en pago. Desde el Gobierno de Macri sostienen que no sólo
debería aceptar esos 300 pesos, sino cobrarlos en 15 años: tres pesos en 2018,
otros tres en 2019, etcétera. Este diario repasó con una serie de especialistas
en la materia los argumentos del oficialismo.
1. Se paga el ciento
por ciento de la deuda y no hay quita. El director de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, –que firmó la aceptación del
acuerdo con el Grupo Macri– afirmó que pagará el “ciento por ciento del capital
verificado: 296 millones de pesos”. “No le perdonamos ni un mango a Macri.
Nada. Ni siquiera los intereses”, sobreactuó. “La deuda a la que el Estado
tiene derecho son 296 millones de pesos”, aseguró Mocoroa, que le echó la culpa
al Gobierno anterior: “Por un enfrentamiento político, el Estado no pudo
cobrar. Recién en 2016 logramos que la empresa pague”, afirmó.
Sus
argumentos se oponen a los que utilizó el Estado argentino en 2003 y que fueron
citados en su dictamen por la fiscal Boquin. Allí indicaron sobre una propuesta
similar del Grupo Macri que no contemplaba el pago del 100 por ciento de la
deuda, dado que había que tener en cuenta el valor real por el paso del tiempo.
“¿Cuánto paga el concursado en realidad? Podríamos decir casi nada. En efecto,
si se calcula el Valor Actual Neto de cada una de las propuestas, la oferta
formulada implica casi una quita encubierta y ello, sin tomar en cuenta el
plazo transcurrido desde el 19/09/2001 hasta la fecha (en 2003) en que no se
devengaron intereses”, argumentaron. “Se advierte claramente que implica de
modo claro y contundente un procedimiento de licuación de pasivos y no una
propuesta de pago”, sostuvieron los abogados del Estado en 2003, en oposición a
lo que sostienen ahora los representantes del Gobierno de Macri.
En
tanto, el ex titular de la IGJ y profesor de derecho comercial, Ricardo Nissen,
indicó a este diario que “desde 2001, está planteado que no puede hacerse una
propuesta abusiva, porque constituye un enriquecimiento sin causa. Tiene que
haber un sacrificio mutuo: el acreedor cobra pero el deudor debe hacer un
sacrificio necesario para que no se licue el pasivo”.
2. La deuda no puede
ser actualizada. El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, sostuvo que “las
cifras no se pueden actualizar, la ley de quiebras lo impide”. “Todos los
acreedores pudieron homologar sus créditos y el Estado argentino consolidó una
deuda de 296 millones de pesos. Cuando se verifica un crédito en un concurso,
esa deuda queda congelada en el tiempo”, insistió el ministro radical. “Esto es
mentira. Lo que dice la Ley de Quiebras y Concursos es que suspende el curso de
intereses. Eso no significa que cuando llegue el momento de la propuesta no se
actualice la deuda. La suspensión de los intereses es para que no se agrave el
pasivo. Pero lo que no se puede hacer es licuar el pasivo por el paso del
tiempo. Esto no es así”, remarcó Nissen.
Los
abogados del Estado en 2003 también argumentaron en contra de esta idea.
Citaron un plenario de la Cámara en lo Comercial “en el que se estableció que
la propuesta de pago total debía ponderar la incidencia de la depreciación
monetaria, entendida por tal como el cambio en el poder adquisitivo en el
tiempo”. “Esto es lo mismo, dado que parte del supuesto real y efectivo de que
el pago presente no es igual que el pago futuro y esa diferencia temporal tiene
un costo que debe ser reconocido”, indicaron en ese momento los abogados del
Estado.
Incluso
destacaron que la propuesta del Grupo Macri –que era levemente mejor que la que
aceptó el gobierno de Macri– era abusiva y no podía ser aceptada, dado que
implicaba la licuación del pasivo. La doctrina de la propuesta abusiva tiene
una extensa jurisprudencia que tiene entre otros casos el de “Línea Vanguard
S.A.”. La Corte Suprema señaló en un fallo de 2007 que se debe tener el cuenta
“el logro de una finalidad satisfactiva del derecho de los acreedores, que naturalmente
resulta negada cuando la pérdida que se les impone es claramente excesiva”.
“Son muchísimos casos en los que la Cámara Comercial sentó precedente
declarando abusiva una propuesta con los mismos cálculos que la fiscal Boquín
exhibe ahora con el caso del Correo”, indicó Nissen.
Eduardo
Favier Dubois fue el primer juez que intervino en la causa por el Correo
Argentino. Es profesor titular de Derecho Comercial y Derecho Económico y
especializado en quiebras y títulos. “En principio, no se puede dolarizar por
la ley de quiebras. Esta deuda no era en dólares. Era en pesos. En este caso,
el dolar no juega. Lo que tiene que ir uno es al poder adquisitivo”, indicó a
Página/12. El ex juez explicó que en estos casos se hace una actualización: “Lo
que se establece es el valor presente. Primero, se debe establecer desde cuando
se determinó la deuda. Si es una deuda de dos años y la va pagar dentro de dos,
se agrega una tasa de cuatro años”, advirtió. “Incluso en época de inflación
reconocida, hubo un plenario de la Cámara Comercial que determinó que para
evaluar si se pagaba el 100 por cien o cuál es el monto de la quita había que
atender a la inflación en el tiempo transcurrido”, indicó.
Sobre
la doctrina de la propuesta abusiva, Favier Dubois explicó que se tienen en
cuenta una serie de factores para determinar si una quita es abusiva (por
ejemplo, el valor de la quiebra, el rol de la empresa para una economía
regional). “Otro parámetro es el valor real: históricamente, no se podía pagar
menos del 40 por ciento. La quita no podía ser más del 60 por ciento a valores
reales”, detalló. “También es abusiva si se puede ofrecer más”, advirtió. Un
dato a tener en cuenta en este caso.
3. No corre el cómputo
de intereses sobre los 16 años que pasaron. “Cuando se acuerda un plan de pagos
sí se generan intereses, pero no antes de eso”, sostuvo Mocoroa, que se basó en
el artículo 19 de la Ley de Quiebras y Concursos. “Esto es parcialmente así. La
ley dispone que los intereses se suspenden hasta el momento de la homologación.
Según lo que uno le ofrezca al acreedor”, indicó Favier Dubois. Por su parte,
la abogada Natalia Volosín señaló que “si se aplica de manera restrictiva el
artículo 19 de la Ley de Quiebras, no se puede aplicar el interés. Pero en los
fallos actuales, los jueces empiezan a no querer homologar propuestas cuando se
las considera abusivas. Por eso, en últimos tiempos aparecen acuerdos
concursales pagando intereses devengados durante proceso. Interpretan que
artículo 19 suspende, pero no condona intereses y los pagan, por ejemplo, todos
juntos en la primera cuota”. “La fiscal no pide que paguen 4 mil millones, sino
que se les pida que la quita a valores reales sea menor. Lo raro es que el
representante del Estado no hace esto”, advirtió la abogada.
4. No hay condonación.
“No existe ninguna condonación, porque para eso debería haber una quita de
parte del acreedor al deudor. No le hemos quitado absolutamente nada”, afirmó
Mocoroa. Aguad señaló que “son 300 millones de pesos que van a ser 600 millones
porque se ha hecho un acuerdo a 15 años, con 7 por ciento de interés anual”.
“Si están pagando el 1 por ciento del total no es técnicamente una condonación,
pero en los hechos se le acercaría. La fiscal tiene sus razones en su
argumentación”, indicó el ex juez Favier Dubois. “La interpretación más usual
es que para que sea quita tiene que haber una reducción con respecto al
capital. Ahora, la discusión es: ¿están pagando integralmente la deuda? La
fiscal dice que pasaron 16 años. ¿Y la inflación en todo este tiempo? Por eso
hizo un estudio para ver el valor económico real. Según su cálculo, el valor de
la quita a valores reales es casi el 99 por ciento. La diferencia es enorme”,
indicó Volosín.
En
su dictamen, la fiscal Boquín advirtió que “uno de los principios fundamentales
de las finanzas establece que ‘un peso hoy vale más que un peso mañana’. De ahí
surge el concepto de costo de oportunidad. El costo de oportunidad del dinero
puede calcularse según el interés que se devengaría si ese dinero hubiese
estado invertido por el beneficiario. Otro factor a tener en cuenta es la
licuación del capital que se produce por la desvalorización de la moneda
durante un lapso prolongado”, indicó. El Gobierno de Macri decidió hacer de
cuenta que esa depreciación nunca existió.
