sábado, 21 de junio de 2025

 Caputo, Milei y el “siga, siga” del FMI: examen con guiño y reservas en rojo...

Kaput, el mago con dientes. Dibujo: Pablo Temes

El FMI desembarca en Buenos Aires para revisar el cumplimiento de las metas del acuerdo firmado en abril. El ministro Luis Caputo prepara un recibimiento triunfal con superávit fiscal y emisión cero, las joyas de la gestión libertaria. Sin embargo, la falta de acumulación de reservas obliga a pedir un waiver. El organismo no sancionará esta vez, pero marca su disconformidad con el tipo de cambio y la decisión oficial de no intervenir en el mercado pese a una liquidación récord del agro. La pulseada entre la ideología y las técnicas de manual reaparece y deja un aviso: en diciembre se acaba la tolerancia.

© Escrito por Carlos Burgueño el sábado 21/06/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Ahora sí. Luis “Toto” Caputo podrá ponerse el traje de gala para recibir a los visitantes que llegarán la semana que entra a Buenos Aires. La primera misión oficial del Fondo Monetario Internacional (FMI) para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos del facilidades extendidas firmado con la Argentina el 11 de abril pasado y puesto en vigencia el 14 de ese mes, estará presente en el muy famoso quinto piso del Palacio de Hacienda, para ponerles el tilde verde a los números y porcentajes de la economía criolla del primer trimestre. Con un waiver: el de acumulación de reservas en el Banco Central, que no tendrá para la última semana de junio el nivel firmado con el organismo, pero que no ameritará sanciones desde Washington, que dejará los exámenes finales para diciembre de 2025. Mientras tanto, en este capítulo habrá un homenaje a aquel recordado árbitro argentino Francisco “Pancho” Lamolina, quien en las décadas de los 80 y 90 dejó para la historia la frase “siga, siga”. En definitiva, no será motivo de sanciones duras no haber acumulado dólares en tiempos difíciles, siempre que la promesa firmada quede firme para la medición anual. Para el último día del año, sí o sí, la casa de monedas que maneja Santiago Bausili deberá contabilizar US$ 2 mil millones en positivo. Si no, habrá que renegociar con caras amargas.

Mientras tanto, volviendo a la última semana de junio de 2025, Caputo y su gente podrán desplegar en los escritorios del Ministerio de Economía cómo el gobierno de Javier Milei se sacará un 10 felicitado en las otras dos metas innegociables que el país debe cumplir con el organismo. Y de lo que dependerá que desde Washington se liberen los US$ 2 mil millones comprometidos para julio de 2025 desde las arcas del FMI. Las dos metas sobre las que desde Hacienda se esperan aplausos de parte de los visitantes comandados por el encargado del caso argentino, el venezolano Luis Cubeddu, son obviamente el superávit fiscal y la no emisión monetaria. En el primer caso, Caputo exhibirá, orgulloso, el ahorro acumulado a mayo de 2025 del 0,8% del PBI. O, convertido a dólares, unos US$ 8 mil millones. Si se tiene en cuenta que para todo el ejercicio el compromiso llega a un superávit fiscal del 1,6% del PBI y, de seguir este ritmo, de superávit primario (recaudación vs. gasto) la meta pactada se completará antes de octubre. Y para noviembre habrá tiempo para alguna finta de lujo que permita alcanzar la meta del 1,8% de superávit, y repetir la performance del 2025. Para diciembre, como siempre, la situación siempre empeora con gastos como aguinaldos y proveedores, lo que hace imposible cerrar las cuentas en equilibrio. Con lo cual, la magia fiscal de Caputo terminará para noviembre. Pero, parece, el impulso alcanzará para cumplir con creces la meta primaria firmada con el FMI.

La segunda meta innegociable para el Fondo es la no emisión de moneda. Cero. Ni excepciones. Algo que Milei en persona gusta y disfruta cumplir, y considera la base de su modelo económico, político y social. Y que desde el primer día de permanencia en la Casa de Gobierno ordena cumplir a todo funcionario que se precie de tal. El FMI siempre consideró que Argentina tuvo históricamente un vicio impresor de billetes locales sin respaldo, y que el tándem Milei-Caputo fue el único par de responsables de la economía argentina, que entendió que por este capítulo está el verdadero motivo de los males del país, al menos los que dan origen al alza inflacionaria. El Fondo compró esta pasión del libertario asumida como un padrenuestro por su ministro, y asumió como un trío la misión de no emitir un solo peso sin respaldo en los cuatro años de vigencia del mandato de Javier Milei. Y todos cumplen su compromiso.

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Ante este panorama, y con las observaciones de rigor, no habrá problemas para que el FMI, en julio, libere los primeros 2 mil millones de pagos extra, por encima de los US$ 12 mil millones que el 14 de abril pasado llegaron a las reservas del BCRA. Y le permiten al Ejecutivo contabilizar dólares activos por más de 40 mil millones de dólares.

Los problemas, saben en Buenos Aires y en Washington, vienen por otro lado. Hay un dato importante de la marcha de la economía argentina que no les cierra a los técnicos del organismo mundial que monitorean al país. Y esto, más allá de la falta de acumulación de reservas en el Banco Central.

En el Staff Report publicado días después de firmado el facilidades extendidas del 11 de abril, el FMI recomienda que el tipo de cambio ejecutivo para el trimestre posterior al comienzo de la vigencia del acuerdo debería navegar por arriba del 20% de la cotización del día anterior a la entrada en vigencia del acuerdo. Esto implicaría, aproximadamente entre 1.315 y 1.320 pesos frente a la cotización de cierre de la semana; aun teniendo en cuenta el alza de las últimas jornadas de cierre de mayo. Aproximadamente, un 10% menos que la recomendación del FMI. El organismo consideraba apropiado un comienzo de vigencia del sistema de bandas a un dólar navegando entre los 1.200 y los 1.250 pesos, considerando que era un muy buen inicio de régimen. Más teniendo en cuenta que a ese nivel no hubo en los primeros días del nuevo sistema mucho traslado a inflación. O que, si lo hubo, podría haberse controlado entre el 2,5% y el 3%. Sin embargo, los firmantes de Washington del facilidades extendidas nunca tuvieron en carpeta la posibilidad de que el dólar oficial operara a la baja, y que navegara hacia aguas más cercanas a los $ 1.100 que a los más de $ 1.300 que consideraba el organismo como óptimos para el cierre del segundo semestre. Mucha diferencia. Más teniendo en cuenta que es el ítem que más le importa al fiscalizador general Luis Cubeddu.

Prima hermana de esta queja, aparece otro cuestionamiento desde Washington. No se entiende desde el FMI cómo es que el Gobierno renuncia a la acumulación de reservas vía compra de divisas a un valor incluso menor al estipulado desde el Fondo de más de 1.300 pesos dentro de la banda. Más teniendo en cuenta que hubo una liquidación sojera y aceitera de más de 3 mil millones de dólares en mayo, lo que implica un nuevo récord. Y que de ese dinero ni un solo dólar quedó de aumento de las reservas. El criterio del FMI es que si se hubiera intervenido en el mercado de demanda de divisas del BCRA, no menos de US$ 2 mil millones podrían haber ingresado a las arcas de la entidad. Y que, liquidación de los US$ 4.500 millones del 9 de julio mediante, los ahorros del Central se podrían haber incrementado en no menos de 1.000 millones de dólares. Con ese número igual habría habido necesidad de waiver, pero con un sabor más simpático desde Washington.

Sin embargo, la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda aplicaron durante mayo otra estrategia. Más ideológica que técnica. Esperar a que el dólar llegue a los 1.000 pesos para ahí comenzar a comprar. Y demostrarle a todo el que quiera analizar el sistema cambiario argentino que él tenía razón al asegurar que la divisa al primer trimestre de 2025 no necesitaba de una devaluación. Este fin de junio ratifica esa posición, pese a que está terminando el período lectivo de liquidación sojera, la que probablemente mostrará para fin de mes un nivel récord, sin que el BCRA haya mostrado subas en el nivel de reservas por la vía de compra de dólares.

Recuerda el Presidente que la batalla por la devaluación fue lo que hizo que se eyectara de las responsabilidades con la Argentina el aún director gerente para el hemisferio occidental, el chileno Rodrigo Valdés, que en las negociaciones de mediados de 2024 discutía con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sobre la necesidad de corregir el tipo de cambio de entonces en un 20%. Mínimo. Valdés fue echado de las negociaciones, pero hacia abril de 2025 el FMI le dio, bastante, la razón.

Milei se negó todo lo que pudo al esquema de bandas, defendiendo su teoría de los 900 pesos. Pero, ya acosado por el mercado a fines del primer trimestre del año, tuvo que ceder. Y negociar las bandas cambiarias de la tercera etapa de su plan de estabilización. El techo de 1.400 pesos fue exigencia del FMI, que no quería ni quiere una banda de máximos bajos que obligue rápido al Central a vender dólares y perder reservas. La de 1.000 fue exigencia de Milei, que quería un piso por debajo de los 1.096 pesos de cierre del régimen anterior. Para demostrar que tenía razón, que el valor de su diseño anterior, 100% propio, era el correcto. Y que la economía argentina de hoy se mueve más cerca de la base que del techo del sistema de bandas cambiarias que regirá los destinos de la relación del dólar y el peso, al menos hasta las elecciones legislativas de octubre.

No pudo ser. Esa apuesta de compra a los 1.000 pesos nunca llegó. No se sumaron dólares al BCRA. Más bien se perdieron. Y ahora llega el momento de ir a negociar un waiver al FMI. A tres meses de firmado el facilidades extendidas.





Ciberpatrullaje. @dealgunamanera...

Ciberpatrullaje: qué dice el nuevo decreto y qué implican los cambios en la Policía Federal.    


a) La Policía Federal podrá realizar ciberpatrullaje en redes sociales abiertas sin orden judicial, según el nuevo decreto del Gobierno nacional que deroga la Ley Orgánica de la PFA vigente desde 1958.   

b) Aunque el ciberpatrullaje ya se realizaba desde 2017, este decreto lo formaliza como facultad explícita.  

c) Organizaciones de la sociedad civil cuestionan que la reforma se haya hecho por decreto y advierten sobre el uso discrecional de estas facultades sin control judicial adecuado.   

© Escrito por Rosario Marina en jueves 19/06/2025 y publicado por https://chequeado.com, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.    

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto al presidente Javier Milei presentaron el martes último un 
nuevo estatuto para la Policía Federal, que incorpora formalmente el ciberpatrullaje como tarea preventiva, pero sin necesidad de orden judicial. A través del Decreto 383/2025 publicado en el Boletín Oficial se deroga la Ley Orgánica de la PFA, vigente desde 1958.   

Distintas organizaciones especializadas en política criminal cuestionaron que la transformación se haya hecho por decreto y no mediante un debate parlamentario, y advirtieron que los cambios exceden los alcances de la delegación otorgada por la 
Ley Bases.   

Qué dice el decreto.     

El 
decreto, y su anexo, establece como misión principal de la PFA la prevención, detección e investigación de delitos federales y complejos, y su colaboración en la desarticulación de organizaciones criminales. También habilita la creación de un nuevo Programa de Modernización, orientado a incorporar tecnologías de investigación y a modificar el sistema de ingreso y formación de los agentes. Para ello, se planea incorporar universitarios ya graduados y reducir progresivamente la cantidad de suboficiales.

Uno de los cambios más significativos es que la PFA podrá realizar tareas de ciberpatrullaje en “espacios públicos digitales”, como redes sociales abiertas y sitios web, sin requerir autorización previa de un juez.     

Además, extiende la posibilidad de hacer requisas también sin orden judicial. Según el artículo 6, inciso 13, se permite esta práctica cuando “exista una sospecha fundada de que alguien podría ocultar objetos relacionados con un delito, si hay riesgo de que desaparezcan pruebas, o si la requisa ocurre en la vía pública en el marco de un operativo de prevención”.   

En estos casos, la persona podrá ser “conducida a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia de turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad, el que en ningún caso podrá exceder de 10 horas”, según establece el artículo 6.7 del nuevo estatuto. El texto agrega que se deberá permitir a la persona “comunicarse en forma inmediata con un familiar o persona de su confianza”.

No es la primera vez que la PFA realiza ciberpatrullaje.   

El monitoreo de redes sociales por parte de las fuerzas de seguridad no es una novedad. Ya en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri (Cambiemos), la entonces ministra Bullrich 
había dicho que el gobierno realizaba “ciberpatrullaje para detectar grupos que llaman a la agitación”.  

Durante la presidencia de Alberto Fernández (Frente de Todos), en 2020, la por entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, también 
defendió esta práctica como forma de prevenir delitos como el grooming o los saqueos, pero aclaró que no debía invadir la privacidad ni limitar la libertad de expresión: “Hacer ciberpatrullaje es estar atentos a las tensiones sociales y a la incitación a cometer delitos como la convocatoria a saqueos. Incluso, es necesario prevenir el grooming”.   

Según explicó Frederic en una 
entrevista en Futurock, “lo que había era una disposición (del secretario de Seguridad, Eugenio) Burzaco de la gestión de Bullrich que habilitaba al ciberpatrullaje y nosotros lo que hicimos -debido a la polémica que se armó-, fue reordenar esa disposición y enmarcarla en el periodo de emergencia sanitaria. Hicimos una resolución con control del organismo de derechos humanos y autorización judicial, cosa que no está haciendo este decreto”.     

Y agregó: “Este decreto dice que sin autorización judicial se puede realizar ciberpatrullaje, o sea, que no es lo mismo”.       

En agosto de 2024, la 
Resolución 428/2024 del Ministerio de Seguridad dio un marco formal a estas actividades. Ahora, el Decreto 383/2025 las incorpora como una facultad explícita de la PFA, con la particularidad de que ya no requieren autorización judicial si se trata de fuentes abiertas.     

Qué dicen las organizaciones especializadas.   

Diferentes organizaciones de derechos humanos y política criminal cuestionaron la reforma.    

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) publicó un 
comunicado titulado “Policía Federal Argentina: una reforma ficticia que posterga su verdadera modernización”, donde advierten que la fuerza “necesita una reforma profunda que la transforme en una agencia federal moderna y especializada en la investigación del crimen organizado”, y este decreto no cumple tal objetivo.      

“El problema se agrava por el carácter inconstitucional del Decreto 383/2025. Al ser un decreto ‘delegado’ dictado en el marco de la Ley Bases, el texto evitó el proceso legislativo, lo que no solo impidió un debate plural que habría enriquecido la reforma, sino que derivó en graves errores técnicos”, indica el informe.    

Entre los errores que menciona, destacan “la inadecuada regulación de detenciones por ‘averiguación de antecedentes’ sin orden judicial por un lapso de 10 horas, una figura heredada de la vieja ley orgánica, pero derogada tácitamente por el nuevo Código Procesal Penal Federal”.     

Según el 
comunicado publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), este tipo de prácticas “habilita el ciberpatrullaje masivo de opositores y otras intervenciones sin control judicial”. También alertan sobre el riesgo de que estas herramientas se utilicen para criminalizar protestas o vigilar a organizaciones sociales, especialmente si no existen mecanismos efectivos de control sobre el uso de la información recolectada.   

Para el CELS, este tipo de habilitaciones “no cumple con la obligación constitucional de regular cuestiones penales tan importantes como la facultad estatal para realizar requisas (…) por ley formal, es decir, por una ley sancionada por el Congreso”.




 

martes, 17 de junio de 2025

Unidad para poner límites... @dealgunamanera...

Unidad para poner límites...


El «Sistema Judicial Argentino» (que no es lo mismo que la Justicia) actuó esta semana, como en muchas otras ocasiones, en representación de un sector, minoritario pero poderoso, que pretende edificar un país sin el protagonismo político y social de los sectores populares, es decir, un país para muy pocos y con una mayoría de excluidos.

© Escrito por Carlos Heller, Dirigente Cooperativista, el sábado 14/06/2025 y publicado por la © Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

Tal es el contexto en el que debe ser interpretada la decisión de la Corte Suprema al confirmar la condena a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

En rigor, a Cristina no la están condenando por la causa Vialidad, sino por lo que se hizo durante 12 años de gobierno, cuando modificó –en la medida de lo permitido por la correlación de fuerzas– la estructura productiva y distributiva, entre muchos otros avances que beneficiaron a amplios sectores de la sociedad.  
 

Denominadores comunes.

Los procesos políticos, sin embargo, nunca son lineales. Siempre se está frente a la oportunidad de crear construcciones lo más amplias posibles que le puedan poner un límite a este cruel experimento anarco capitalista.  

Por lo pronto, los que alientan ese proyecto deben sortear una serie de obstáculos. Entre ellos, el Congreso y sus espacios de debate; los movimientos sociales que cuestionan el orden injusto; la resistencia de las organizaciones de trabajadores. También los periodistas que honran su profesión; los dirigentes políticos que se mantienen fieles a la representación de sus bases; sin olvidar la labor esclarecedora de intelectuales y artistas críticos. 

Es Cristina Fernández quien sintetiza y le puede dar una dirección común a ese conjunto amplio y diverso de actores movilizados. La pretensión de hacerla a un lado, por lo demás, está en consonancia con la búsqueda de consolidar un modelo económico y social inviable. Como lo mencionó en una de sus intervenciones recientes la expresidenta: «Esto ya lo vivimos». Lo intentaron en los 70 con José Alfredo Martínez de Hoz; en los 90 con Carlos Menem; y a partir del 2015 con Mauricio Macri. Ahora lo ensayan con Javier Milei. 

Acaso la única diferencia es que el actual presidente lo dice con todas las letras: «Amo ser el topo dentro del Estado, yo soy el que destruye el Estado desde adentro», o «la justicia social es una idea aberrante (…) lo primero que hace es violentar la igualdad ante la ley, porque a algunos les quita y a otros les da, y eso antes está precedido de un robo, porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola, a cambio de que si no los paga uno, va preso». 
 

El plan, está claro, es dejar todo en manos del mercado, lo cual implica necesariamente la apropiación de la riqueza por parte de unos pocos.

En la vereda opuesta pude observarse como denominador común, en los diversos encuentros de los últimos días en los que participé, un clima de unidad ante la injusticia de la proscripción electoral de Cristina y frente a las políticas del Gobierno.  

Coinciden gobernadores, representantes de todas las provincias, dirigentes y legisladores de diversos partidos, movimientos sociales, sindicales, entre otros.

Mientras, puertas afuera se dieron movilizaciones espontáneas que no cesan. Son multitudes como las reunidas hace unos días, cuando los y las diputadas debatíamos en el Congreso de la Nación temas de suma importancia para los segmentos más vulnerables de la sociedad, como los jubilados y las personas con discapacidad. 
 

Debilidades.

Mientras tanto, la economía real sigue mostrando signos de debilidad. La actividad industrial, uno de los sectores más castigados desde el comienzo de la era Milei, se ubicó durante el primer cuatrimestre de 2025 casi un 10% por debajo de igual periodo de 2023.  

Si bien registró un crecimiento del 7,4% interanual, hay que tener en cuenta que en 2024 la industria estaba en su peor momento desde la pandemia sanitaria.  

A nivel sectorial, y también comparando con 2023, todos los rubros se encuentran por debajo de ese año, excepto «otros vehículos de transporte», que excluye automotores y «productos del tabaco», dos sectores de poca envergadura y volátiles.  

Por otro lado, en la última encuesta de expectativas de la industria, un 29% respondió que planea reducir su dotación, 8 puntos porcentuales más que en el informe del mes pasado. 

El registro de 1,5% de inflación de mayo, en tanto, tiene como inocultables costos la caída de la actividad económica y la pérdida de bienestar de millones de personas, además de la importante hipoteca que se está gestando. Esto último, en particular, por la vuelta a la dinámica de endeudamiento en dólares y la salida de capitales, en el marco de una significativa apreciación del peso.

Según datos del Balance Cambiario del Banco Central, la formación de activos externos de las personas físicas ascendió en abril a 2.247 millones de dólares, un reflejo del impacto de las medidas de liberalización respecto del dólar, implementadas a mitad de ese mes.
 

​​​​​​​Respecto de los anuncios de la profundización de la fase de endeudamiento en dólares, en la semana se realizó una operación de REPO con un conjunto de bancos internacionales de primera línea por 2.000 millones de dólares. Además, el 28 de mayo se adjudicaron 1.000 millones de dólares del BONTE 2030 exclusivos para inversores extranjeros (por primera vez después de siete años), y se amplió la emisión el viernes pasado en 500 millones, habilitándose también la participación a residentes.


Este rumbo económico y político, con todo, no es ineluctable. No se deben descartar, al contrario, las chances de un «dique de contención» ante los avances de este modelo aperturista, desregulador y de destrucción de lo público.

Un límite material concreto, a mi juicio, es el comicio de octubre. Un buen resultado en las urnas sería aquel que como mínimo garantice dos pilares democráticos hoy soslayados. Por un lado, que no se puede gobernar por decreto; por otro, que las leyes que propone el Congreso no pueden ser vetadas. En ese caso, habremos ganado una batalla importantísima.​​​​​​​



lunes, 16 de junio de 2025

SYM presentó en Argentina la nueva Orbit III 125... @dealgunamanera...

 SYM Orbit III 125: todo lo que necesitas saber del nuevo scooter que buscará conquistar Argentina.


SYM Orbit III 125 c.c.

Con piezas importadas de Taiwan, el Scooter se ensambla en nuestro país y ya se ofrece en el mercado.

© Publicado el 28/05/2025 por la Revista Parabrisas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

SYM, uno de los principales fabricantes de motos a nivel global y con una fuerte presencia internacional, presentó en Argentina la nueva Orbit III 125

Se trata de un scooter ideado especialmente para quienes necesitan desplazarse con agilidad y seguridad en entornos urbanos. Gracias a una alianza con el Grupo La Emilia, esta versión actualizada llega al país con una estética renovada y mejoras técnicas destacadas.

El Scooter está equipado con un motor mono cilíndrico de 4 tiempos, 124,6 cc, refrigerado por aire y con inyección electrónica, lo que le permite alcanzar una potencia de 11,3 CV a 8.500 revoluciones por minuto. También cuenta con arranque eléctrico, transmisión automática CVT y el sistema A.L.E.H., que reduce la elevación del motor al acelerar.


El nuevo Orbit III 125 incluye un faro delantero de gran tamaño, una luz trasera de alta visibilidad y un sistema de frenos combinados (CBS), junto a un disco delantero lobulado que refuerza el enfoque puesto en la protección del conductor. 

El modelo, que cumple con los requisitos de la norma Euro 5, también prioriza el confort gracias a su carga de combustible externa para el tanque de 6,2 litros. Esta disposición permite liberar espacio en el compartimento bajo el asiento, donde se puede guardar un casco, además de incorporar un puerto USB de fácil acceso.

Con una reputación consolidada a nivel global, SYM pertenece al grupo taiwanés Sanyang Motors, con más de siete décadas de experiencia en el rubro.

La marca es reconocida como una de las más prestigiosas en Europa.


En cuanto a precios,
el Orbit II 125 se ofrece en nuestro país a $ 3.050.000 pesos, mientras que el Orbit III 125 está disponible desde $ 3.770.000 pesos.



domingo, 15 de junio de 2025

El fin de la impunidad… @dealgunamanera...

 El fin de la impunidad…


Supremos. Dibujo: Pablo Temes.

Con la Corte firme en su decisión, Cristina Kirchner enfrenta una condena ineludible tras 17 años de maniobras judiciales.

© Escrito por el Doctor Nelson Castro el domingo 15/06/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

El desarrollo de los hechos y su cronología fueron inexorables. Cuando el 4 de junio la Corte Suprema rechazó la recusación que los abogados de Cristina Fernández de Kirchner habían presentado contra el Dr. Ricardo Lorenzetti en la CFP 5048/2016 sobre incidente de recurso extraordinario, la expresidenta supo que su suerte estaba echada. De acuerdo con la presentación de los letrados del 5 de mayo, se había invocado como razón una alegada falta de imparcialidad del ministro del alto tribunal. Los fundamentos de tal reclamo fueron sus fallos en disidencia con los otros dos miembros del cuerpo, algunas declaraciones públicas en televisión y una denuncia de la senadora Anabel Fernández Sagasti ante el Senado de la Nación. Tales comportamientos de Lorenzetti –esgrimía el pedido de recusación– violarían los parámetros de imparcialidad de los magistrados que establecen los principios de Bangalore relativos a la independencia de la Justicia y en el caso “Llerena” del año 2005, en que la Corte sostuvo que la jueza que había participado durante la instrucción de la causa no podía ser la misma que intervenía en la etapa de juicio, ya que ello violaba el principio de imparcialidad.

La respuesta del alto tribunal fue contundente: primero consideró que el planteo había sido presentado fuera de término y estaba falto de las necesarias fundamentaciones jurídicas y, después, sostuvo que la mayoría de los hechos mencionados ya habían sido conocidos antes de la presentación del recurso extraordinario del 13 de febrero, momento en que no se habían planteado.

La autodefinida “abogada exitosa” –tal como lo expresara el 12 de septiembre de 2012 durante su exposición en la Kennedy School of Government ante estudiantes de la Universidad de Harvard– vio venir todo esto con antelación. Por eso –rápida de reflejos– se dio cuenta de que lo único que la podía salvar de ir presa era tener fueros. Por eso decidió hacer la entrevista en el programa de Gustavo Sylvestre en C5N en la que, de forma absolutamente personal y unilateral, hizo el anuncio del lanzamiento de su candidatura a diputada provincial por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, hecho verdaderamente insólito porque los diputados no se eligen por circunscripciones.

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Los tres miembros de la Corte se vieron así ante un verdadero reto de la historia: repetir la lamentable conducta que el alto cuerpo adoptó de no tratar la condena del expresidente Carlos Menem, al que, de esa manera, le garantizó impunidad o la de actuar con responsabilidad y celeridad ante una causa que ya llevaba 17 años desde que fue impulsada por las entonces diputadas Elisa Carrió y Mariana Zuvic.

A esa celeridad llevaba, además, el hecho sucedido el 29 de mayo, día en que la Corte dejó firme la condena a diez años de prisión contra el empresario Lázaro Báez y contra sus hijos varones por el delito de lavado de dinero en la causa conocida como “La ruta del dinero K”, en la que se comprobó que Báez blanqueó fondos por alrededor de 60 millones de dólares provenientes del delito de evasión al fisco. A ese veredicto, para el cual debieron incorporarse a la Corte los conjueces Mario Lozano, de la Cámara Federal de General Roca, y Luis Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes, que sumaron sus respectivos votos a los de los ministros Horacio Rosatti Y Ricardo Lorenzetti –Carlos Rosenkranz votó en disidencia–, se llegó en tan solo diez días.

La contundencia de las pruebas y la mala calidad técnica de los abogados defensores de la expresidenta no dejaban lugar a dudas sobre cuál sería el fallo de la Corte: dejar firme la condena. Llegados a este punto, no hay que olvidar algo sumamente importante: de haber estado vivo, Néstor Kirchner también habría sido condenado.

Terminó así un largo período de 17 años en los que, con chicanas y presiones sobre jueces y fiscales, CFK buscó frenar el trabajo de la Justicia. Lo intentó de una y mil maneras. En 2013 ordenó elaborar aquel proyecto de reforma judicial, un mamotreto presentado con el pomposo nombre de Ley de Democratización de la Justicia, la mayoría de cuyos artículos fueron declarados inconstitucionales por la Corte. Presionó e intentó descalificar a cada uno de los jueces y fiscales de la causa, esgrimiendo –entre otras cosas– cercanía de algunos de ellos a Mauricio Macri. Lo curioso es que el fiscal del caso, Diego Luciani, fue nombrado en septiembre de 2013; los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, en septiembre de 2011, y André Basso, en septiembre de 2015. Es decir, todos fueron nombrados por la hoy condenada Cristina Fernández de Kirchner durante sus dos mandatos, previa aprobación de sus pliegos por el Senado, de mayoría peronista kirchnerista.

Las espasmódicas reacciones del peronismo en estas horas posteriores marcan su declive. Más allá de lo que pueda pasar en la marcha convocada para acompañarla a los tribunales de la avenida Comodoro Py, en caso de que se mantenga firme la decisión del juez Gorini –que es quien debe instrumentar la ejecución de la pena– de que ese trámite inevitablemente se deba realizar allí y no en el domicilio de la condenada, el tiempo electoral obligará al PJ a dedicarse a armar sus listas de candidatos y definir su estrategia. Y, más allá de esta puesta en escena, son muchos los dirigentes peronistas que están ya hartos de CFK, quien, luego de denostar durante años al Partido Justicialista, se apropió de él con un único objetivo ligado a sus intereses personales: en este caso, la búsqueda de impunidad.

Cuando pase todo este tiempo de efervescencia, CFK tomará verdadera dimensión de los alcances de la condena que, además, conlleva una pena económica monumental, como monumental fue la corrupción pergeñada y practicada durante los años del kirchnerato.

A la Justicia le llevó diecisiete años arribar a un fallo definitivo sobre uno de los hechos de corrupción más bochornosos sucedidos en la historia del país. A lo largo de esos años hubo protagonistas que aportaron evidencias claves para dar sustento a las denuncias de esta causa.

Aquí es donde aparece el rol fundamental del periodismo honesto. Corresponde por lo tanto destacar el protagonismo de Luis Majul con su libro El dueño y el de Jorge Lanata y su equipo de PPT, cuyos aportes fueron importantísimos para hacer conocer a la opinión pública cada uno de los detalles de las distintas maniobras urdidas por la expresidenta durante sus dos mandatos, en los que persiguió a periodistas y medios críticos en su afán de establecer un régimen autoritario y permanecer indefinidamente en el poder.

El periodismo honesto es un instrumento esencial para hacer a las sociedades más plurales y transparentes.