AFSCA: una intervención de Macri a la medida de Clarín… @dealgunamanera...

AFSCA: una intervención de Macri a la medida de Clarín…

Con la intervención al organismo que debía aplicar la Ley de Medios y el desplazamiento de Sabbatella, el gobierno le devuelve los favores a Clarín. La izquierda rechazó la medida y exige que se discuta en el Congreso.

© Escrito por Daniel Satur el sábado 26/12/2015 y publicado por http://www.laizquierdadiario.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ayer por la mañana el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad anunció la intervención por 180 días de la AFSCA y la AFTIC, los organismos que tienen a su cargo la aplicación de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, respectivamente.

La decisión liquida, en los hechos, la autarquía de ambos entes y deja en manos del ministro radical el manejo de todo lo referente a regulación de medios, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información.

Por la tarde Aguad denunció penalmente a Martín Sabbatella por no querer abandonar su cargo al frente de la AFSCA, donde tiene mandato legal hasta 2017.

Según lo indica el Decreto 236/2015, a partir de ahora la AFSCA quedará en manos del interventor Agustín Garzón mientras que el titular de la AFTIC, Norberto Berner (con mandato legal hasta 2019), será reemplazado por el interventor Mario Frigerio.

“Abuso de poder”

Aguad no sólo intervino la AFSCA sino que denunció penalmente a Sabbatella por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder”. Según la denuncia presentada en Comodoro Py, el dirigente de Nuevo Encuentro no hizo su trabajo según lo estipula la propia Ley de Medios; y por otro lado, al ser intervenido el organismo caducan los mandatos de sus autoridades, por lo que Sabbatella debería abandonar el cargo.

El decreto firmado por Macri, Aguad y el jefe de Gabinete Marcos Peña apela a una provocadora ironía para justificar la denuncia contra Sabbatella. Según el texto, pese a que la ley está vigente desde 2009, “no se han logrado avances significativos en el desarrollo de mecanismos destinados al cumplimiento de la materia”.

A su vez el decreto dice que “tampoco se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones”, tal como lo fija la norma. Y afirma que, por otro lado, “se han verificado importantes decisiones adoptadas por la AFSCA y la AFTIC en el área de sus competencias que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”.

Así el macrismo se termina apoyando en la letra de la ley que combatió en el Congreso, en alianza con Clarín, para desplazar a Sabbatella y Berner de los puestos públicos que la propia ley creó.

Lo curioso (o no) es que Macri no hace más que ejercer un nuevo “abuso de poder”, ya que la intervención federal de un ente autárquico no es otra cosa que la aplicación forzada de la legalidad para satisfacer las necesidades del gobierno.

A pedido de Clarín

La intervención de la AFSCA y la AFTIC tienen el objetivo de concentrar el poder respecto a las comunicaciones y los medios en manos de un funcionario como Aguad, quien ostenta, más que un currículum, un verdadero prontuario, ligado estrechamente a genocidas y con una amplia experiencia represiva.

Sin dudas esta intervención por decreto y a los empujones busca beneficiar nada menos que al Grupo Clarín y sus aliados, quienes militaron todo el año en favor de Cambiemos y hoy están recibiendo la correspondiente compensación.

Y también la medida benefiará a las corporaciones telefónicas, que vienen reclamando modificaciones en la Ley Argentina Digital.

En ese sentido tanto la “adecuación” de Clarín a la Ley de Medios, así como todo cuestionamiento a su poder económico y mediático, nunca fueron llevadas adelante por el kirchnerismo. Incluso los artículos más ‘progresivos’ no se aplicaron o se violaron directamente. Todo esto, bajo el amparo de las autoridades de AFSCA”. Con estas medidas de Macri directamente quedarán en el olvido.

Antes y ahora, la democratización bien gracias...

En este diario se han analizado reiteradamente los límites objetivos que tiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en cuanto a la capacidad de “democratizar las comunicaciones” y acabar con la concentración mediática que hace décadas está en manos de un puñado de corporaciones.

Más allá de los discursos, el gobierno de Cristina Fernández se fue sin haber transformado sustancialmente el mapa de medios a nivel nacional y sin haberle arrebatado, mucho menos, el enorme poder a Clarín.

Por el contrario, el accionar del gobierno kirchnerista desde 2009 -cuando rompió su alianza con Magnetto- hasta su retirada, fue tendiente a fortalecer y sostener (con jugosos fondos públicos) a una caterva de empresas mediáticas aliadas, entre cuyos exponentes más visibles se encuentran Cristóbal López y Sergio Szpolsky.

Ni siquiera Cristina y Sabbatella hicieron efectiva la ocupación del 33 % del espectro radioeléctrico por parte de canales de TV y radios pertenecientes al sector “sin fines de lucro”, donde se agrupan cooperativas y organizaciones sociales que apoyaron con entusiasmo la Ley de Medios desde sus inicios.

Vale aclarar que la asignación de licencias para ese “tercio” del espectro como otras tantas medidas en favor de medios comunitarios y populares no estaba prohibida por ninguna medida cautelar. Fue una decisión política del kirchnerismo apostar a “combatir” a Clarín creando nuevas “corpos” con financiamiento estatal, dejando al mismo tiempo libradas a su suerte a infinidad de experiencias comunicacionales alternativas e independientes.

La izquierda rechaza la intervención

Apenas conocido el decreto por el cual se intervienen la AFSCA y la AFTIC, las voces de repudio se multiplicaron. Uno de los primeros en criticar la medida fue el investigador Martín Becerra, quien escribió que “la decisión anunciada por Aguad invoca la legitimidad y el consenso pero se realiza en ausencia de diálogo previo con fuerzas políticas y sociales (que no sean sólo los actores empresariales más grandes) y desemboca en una intervención parecida a la vendetta”.

En un sentido similar, desde el PTS y el Frente de Izquierda se hizo público el rechazo a la medida, por considerarla “arbitraria, hecha a pedido y a la medida de Clarín y las grandes corporaciones mediáticas que hoy apoyan a este Gobierno”.

Así se expresó el ex candidato presidencial del FIT Nicolás del Caño, quien aclaró sin embargo, que este rechazo no significa avalar lo hecho por el kirchnerismo en materia de medios de comunicación.

“Siempre hemos sido muy críticos de la llamada ‘Ley de Medios’ y hemos denunciado que el gobierno saliente creó un sistema de medios propios (ayudado por la pauta oficial), que no democratizó el acceso a la información, al margen de que nunca se dieron espacios a la izquierda. Además, mantuvo intactos el poder esencial de las grandes corporaciones (incluso los artículos más ‘progresivos’ de la ley no se aplicaron o se violaron). Todo esto, bajo el amparo de las autoridades de AFSCA”, sintetizó Del Caño.

A su vez la diputada nacional del PTS/FIT Myriam Bregman manifestó “en este caso, como en el conjunto de las medidas que viene tomando el nuevo gobierno, el método de Mauricio Macri es tomar todas las decisiones vía decretos de necesidad y urgencia (o resoluciones ministeriales) pasando por encima de cualquier mínima discusión democrática en el Congreso”.

“El gobierno que construyó un relato supuestamente ‘republicano’ del ‘diálogo y el consenso’ ahora suma intervenciones arbitrarias a la catarata de decretazos que viene aplicando”, enfatizó Bregman.

En ese sentido, la ex candidata a vicepresidente del FIT exigió “que esta cuestión sea debatida en el Congreso. Los legisladores del PTS y el Frente de Izquierda, contamos con representación parlamentaria y un programa para terminar con los monopolios mediáticos, tanto estatales como privados. Exigimos el derecho democrático elemental a la discusión en el Congreso donde expresamos la voz que también desarrollamos en la movilización callejera, ante un tema que es de suma importancia para los trabajadores y las mayorías populares, como es el de los medios masivos de comunicación y el derecho a la información”.

Nostalgias

El ministro Aguad, tal como lo hiciera en 1999 en la ciudad de Corrientes, vuelve a hacerse cargo de una “intervención” desde el Estado nacional. Esta vez en materia de telecomunicaciones y nuevas tecnologías.

No caben dudas de que “el Milico” está en su salsa. Lejos de todo barniz “republicano” e “institucionalista”, su flamante gestión se propone brindarle un sentido homenaje a la vieja Ley de Radiodifusión 22.285 (dictada por Videla y Martínez de Hoz en 1980 y vigente hasta 2009), que durante décadas fue aplicada por sucesivos “interventores” del COMFER.

Esa misma “ley”, con sus modificaciones en democracia, permitió la conformación de un puñado de poderosos conglomerados mediáticos. Entre ellos, obviamente, el Grupo Clarín, el mismo que ahora festeja sin disimulo cada nueva intervención arbitraria del gobierno de Macri. Un gobierno que, como afirmó Myriam Bregman, arrancó a decreto limpio “pasando por encima de cualquier mínima discusión democrática en el Congreso”.

¿Te acordás hermano...?

Muy lejos quedaron los tiempos en que Martín Sabbatella y Oscar “el Milico” Aguad compartían proyecto político. En diciembre de 1999 ambos integraron la Alianza que llevó a De la Rúa a la presidencia. Por entonces el joven del PC asumía como intendente de Morón y el radical cordobés se sumaba a la intervención de la provincia de Corrientes (de donde se iría en 2001 con una denuncia por el robo de 60 millones de dólares).

Dieciseis años después Sabbatella y Aguad se encuentran enfrentados y en el centro de la tormenta. Mientras el ex intendente de Morón se niega a dejar su cargo al frente del organismo intervenido, el Ministro de Comunicaciones encara la intervención a cara de perro.

Senadora Norma Morandini, Resumen de gestión… @dealgunamaenra...

Senadora Norma Morandini, Resumen de gestión…

Con la devolución de mi banca viví la contradicción entre la frustración por haber integrado unos de los Congresos más degradados de la democratización y el agradecimiento a todos aquellos que confiaron en mí, me brindaron apoyo y respeto.

© Publicado el lunes 28/12/2015 en www.normamorandini.com.ar

El año 2015, el del recambio presidencial, fue también mi último año como senadora y el fin de la década como legisladora, ya que antes fui cuatro años diputada. Tiempo de balance que impregna inevitablemente las que fueron mis rendiciones de gestión cada año.

Un año electoral que canceló la actividad parlamentaria. Una paradoja que señalé y hoy confío podremos corregir en la medida en que la política recupere su función de servicio y las elecciones jerarquicen la voluntad popular. Este año tuvimos que vencer el hastío y el cansancio para modificar el campo de batalla en el que se convirtió la disputa política e hirió gravemente a las instituciones, especialmente el Parlamento, que funcionó tan sólo para aprobar las leyes de interés del gobierno, sin cumplir los tiempos reglamentarios, a las apuradas, bajo el simulacro de las audiencias públicas, en realidad actos partidarios, con las que se “popularizaron” las leyes en flagrante violación al sistema representativo. Es en el Congreso donde la ciudadanía dialoga con sus representantes. El corazón de la democracia, donde finalmente se tramitan las leyes. 

Vale recordar que nuestra democracia no es directa, la ciudadanía delega su poder en sus representantes. Las elecciones determinan la representación democrática, pero no pueden vaciar la actividad legislativa. Además de la división de la autoridad en varias esferas, cada elección restituye la alternancia que define la democracia, pero se impone una profunda y debatida reforma política para no agobiar a la ciudadanía obligándola a ir a las urnas todo el tiempo y, a la par, evitar que se vacíe la actividad parlamentaria, sobre todo en su función de control. Estos han sido mis temas obsesión desde que ingrese al Congreso.

No me alegra no haberme equivocado en relación al carácter autoritario de un gobierno que impuso un solo color político en lugar de respetar la diversidad, buscó refrendar sus políticas sin aceptar ningún cuestionamiento o aporte, eludió los controles y estuvo marcado por las denuncias de corrupción. Sí me apena no haber podido influir más. Creo haber cumplido con lo que me propuse desde el inicio, abrir un espacio para que la ciudadanía se conecte con la política. Y tanto mis rendiciones de cuenta como la comunicación de todo lo que hicimos, desde los proyectos de ley, los pedidos de informes, las manifestaciones en el recinto y los artículos publicados en la prensa contribuyeron para ampliar ese espacio. Si bien el Parlamento no recuperó su prestigio, hoy existe una mayor conciencia ciudadana sobre su importancia y la necesidad de encontrar perfiles de idoneidad acordes a esa función.

El año 2015 comenzó de la peor manera: la muerte del fiscal Alberto Nisman el 18 de febrero, en las vísperas del día que debía comparecer ante la Cámara de Diputados para informar sobre su denuncia contra la Presidente de la Nación, Cristina Kirchner, a la que acusó de complicidad con Irán para conseguir la impunidad de los funcionarios de la embajada de ese país, señalados por su responsabilidad en el atentado de la AMIA. La bala que mató al fiscal dio de lleno en el Parlamento, que a días de terminar el receso del verano mantuvo sus puertas cerradas sin registrar ni contener la conmoción social y política que significó el regreso del fantasma más temido, la violencia política.

El carácter de la denuncia y la función de fiscal de la Nación caracterizaron su muerte como un magnicidio. Este prólogo de rendición de cuentas excede el análisis político de las implicancias judiciales y las reacciones del Poder Ejecutivo. En cambio, la presencia de la jueza Arroyo Salgado, madre de las hijas del fiscal, en el Salón Azul del Senado, a instancias del senador de la UCR Gerardo Morales, quien aglutinó a la oposición, conmocionaron la actividad legislativa. Con un gran dominio de sí misma, bajo las cámaras y los “flashes” de la prensa, la jueza pidió no se politizara la causa: “Todo juicio de valor, aprobación o desaprobación, provenga del ámbito del que provenga interfieren y condicionan la labor del poder judicial”. Es lo que sucedió: el año 2015 terminó consagró la impunidad de la muerte del fiscal, sin que siquiera la Justicia haya determinado como murió. En su lugar, el gobierno kirchnerista aprovechó para transformar la temida Secretaría de Inteligencia sin que los espías del Estado modificaran todavía la cultura de control y espionaje sobre los ciudadanos, prohibida por la ley. Tal como demostraron las denuncias periodísticas en relación al espionaje interno.

Con la devolución de mi banca viví la contradicción entre la frustración por haber integrado unos de los Congresos más degradados de la democratización y el agradecimiento a todos aquellos que confiaron en mí, me brindaron apoyo y respeto. Me siento una política del 2001, cuando el grito de furia del “que se vayan todos” desnudó que caminábamos sobre escombros institucionales. Acepté participar en momentos de gran desprestigio de la política. Sin embargo, confío en la evolución ciudadana, que es finalmente la que determina la calidad del debate democrático.

Al ingresar, diez años atrás, jamás imaginé que toda mi actividad política legislativa iba a estar determinada por los Derechos Humanos, ya que nunca creí que la tragedia de tener hermanos desaparecidos me concediera privilegios por encima del único privilegio, que es haber representado a mis compatriotas. Reiteré cuantas veces pude mi idea de que la democracia es el verdadero antídoto para que el pasado sea aprendizaje. No venganza. La continuidad de los juicios contra los represores de la dictadura fue una tarea de los tres poderes. Es en los tribunales donde se juzga el Terrorismo de Estado, la violación de los derechos humanos. Nos resta construir una auténtica cultura de derechos que conjuguen con la vida, la pacificación y, sobre todo, porque estamos obligados a cumplirlos en tanto el corazón jurídico y filosófico de nuestra Constitución reformada de 1994 son los tratados de Derechos Humanos. 

Toda mi actividad legislativa estuvo dedicada a cumplir con esos derechos, especialmente los considerados de tercera generación, como son los ambientales. Fue un gran avance la aprobación que dio el Senado al proyecto de “Ley de Presupuestos Mínimos para la Calidad Acústica” para garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano, ya que no hay dudas que el ruido, especialmente en las grandes ciudades, es un factor contaminante que afecta la salud. Un proyecto de vieja data que nunca había conseguido el tratamiento legislativo. Con la confianza de que se conviertan en ley, dejé como proyectos legislativos un marco jurídico para proteger a los ciudadanos usuarios telefónicos en la asimétrica relación con las empresas de telefonía móvil. Un instrumento para promover el salto cultural del consumidor al ciudadano con derechos, tal como consagra nuestra Constitución.

Muchos fueron los pedidos de informes al Poder Ejecutivo en torno a los temas que fueron constante de mi trabajo legislativo. A la par, consecuencia de nuestra historia de ocultamiento y mentiras, resulta anacrónico que a treinta años de la democratización no tengamos todavía una ley de Acceso a la Información para asegurar la luz pública sobre los actos de gobierno, la transparencia en el manejo de la administración del Estado. Aspiro a que los proyectos que presenté puedan aportar a ese debate y a que finalmente tengamos una norma al respecto.

En relación a la universalidad del derecho a la educación propusimos un marco regulatorio que garantice la educación domiciliaria y hospitalaria para los alumnos que por enfermedad no pueden asistir con regularidad a la escuela. En el mismo sentido, de garantizar derechos a la infancia, elaboramos un proyecto para establecer las Pautas Rectoras para la designación y actuación del Abogado del Niño, una figura que aún no se ha implementado tal como lo determina la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

A pesar de la escasa actividad parlamentaria mantuvimos la actividad para acercar el Senado a los temas y problemas que le competen a la Comisión de Población y Desarrollo que presidí, entre ellos los vinculados con discapacidad, género y pueblos originarios. Ante la falta de quorum, ya que el oficialismo se negó sistemáticamente a participar en una Comisión presidida por una opositora, constituimos la Comisión en el acampe de los pueblos originarios QOPIWINI en la Avenida de Mayo.

GRACIAS. No se me ocurre otra palabra en este final de gestión. La que le debo a mis asesores, tan comprometidos como capaces, quienes me sustentaron en el trabajo legislativo. Y gracias a todos los que en la calle me dicen sencillamente “gracias”. Hubiera querido ir más lejos, pero esta es una caminata colectiva en la que siempre estaré cuando se trate de seguir trabajando por la normalidad democrática, uno de mis mayores anhelos.

Los políticos que no sabían perder… @dealgunamanera...

Los políticos que no sabían perder… 

Horas después de perder las elecciones en el Reino Unido, manteniendo un 31% del apoyo del electorado, Ed Miliband anunció el pasado mes de mayo su dimisión como líder laborista al asumir la «absoluta y total» responsabilidad del resultado. Horas después de perder las elecciones en España, con un 22% de apoyo en el peor resultado del PSOE en unas elecciones generales, Pedro Sánchez anunció... que había «hecho historia». Sabido es que la victoria tiene numerosos padres y la derrota vive en la orfandad, que recordaba John F. Kennedy. Pero, ¿conocen otro país donde los fracasos electorales se disfrazan de éxitos con tanto desparpajo como en España?

© Publicado el domingo 27/12/2015 por el Diario el Mundo de la Ciudad de Madrid, España.

Nuestros candidatos se toman los batacazos electorales sin ninguna deportividad o intención de asumir responsabilidades. Cero autocrítica. Ninguna renovación. Ganen o pierdan, saben que su futuro no depende tanto de la opinión de los votantes como de las intrigas y alianzas de partido. Sólo así se entiende que Sánchez trate de aferrarse a su liderazgo al frente del partido e incluso se postule para presidente de un país donde ocho de cada 10 votantes se decantaron por otra opción. Alegar que el nuestro es un sistema parlamentario, y que todas las combinaciones son igualmente legítimas, no añade coherencia a una ambición personal que debió morir la misma noche electoral.

«Nuestros candidatos se toman los batacazos electorales sin ninguna deportividad»

Y, sin embargo, estamos en España, así que no descarten que Sánchez se salga con la suya y aguante el chaparrón. Ya lo hizo en una situación similar su gran rival, Mariano Rajoy, manteniéndose al frente del PP tras su segunda derrota frente a Zapatero en 2008, prueba de que nuestros políticos se toman con excesiva literalidad la cita de Beckett: «No importa. Inténtalo otra vez. Falla otra vez. Falla mejor».

España se ha metido en un buen lío tras el 20D y se encuentra con que la solución pasa por políticos que no saben perder y a los que tampoco se les da bien dialogar entre ellos, por eso de la falta de costumbre. Lo mínimo que se les puede exigir es que, esta vez, hagan el esfuerzo. Si desde este periódico defendemos un acuerdo entre los tres principales partidos constitucionalistas no es sólo porque las alternativas nos parezcan peores -¿puede el Gobierno de un país depender de partidos que abiertamente abogan por su ruptura?-, sino porque ese gran pacto supondría una magnífica oportunidad para fijar al fin la agenda reformista que necesita España.

No hablamos simplemente de investir a Rajoy en aras de la estabilidad para entregarle un cheque en blanco que le permita volver a gobernar con la falta de consenso y la desconexión con la calle de esta última legislatura. De lo que se trata es de que PP, PSOE y Ciudadanos lleguen a un acuerdo con reformas concretas que recojan lo mejor de sus programas electorales, una política de consenso frente al desafío independentista, medidas económicas que eviten una recaída de la crisis y esa regeneración que el (ex) bipartidismo resistió con tanta terquedad como falta de visión, y si no que se lo digan a los cinco millones de votantes que lo han abandonado.

«Si fuera un obstáculo para un pacto, Rajoy debería tener grandeza para apartarse»

El pacto tendría que incluir una batería de medidas contra la corrupción, un acuerdo nacional por la Educación, el reforzamiento de la independencia de la Justicia y de los medios de comunicación públicos, una nueva ley electoral que repare las injusticias de la actual y la reforma de instituciones que han sido contaminadas por el clientelismo de la clase política. ¿No es ése, acaso, el mensaje que ha enviado el electorado?

Por supuesto, Rajoy no cree que nada de esto sea necesario o habría liderado él mismo esas reformas en los cuatros años en los que ha tenido mayoría absoluta. Pero ocurre que los números son tozudos y las empresas de mudanza han empezado a dejar folletos con ofertas en el buzón de Moncloa.

El presidente no tiene otra salida que tomar la iniciativa y ofrecer ese gran acuerdo por una Segunda Transición, por mucho que la guerra interna en el PSOE lo haga complicado. Y llegado el momento, si el propio Rajoy fuera un obstáculo para lograrlo, debería tener la grandeza de apartarse a un lado y dejar que sea otro líder, dentro del proceso de renovación pendiente en el PP, quien lo intente. Porque ni él, ni mucho menos Pedro Sánchez, son imprescindibles en esta nueva etapa política donde se ha puesto más difícil hacer pasar las derrotas por victorias.

Modelo para armar… @dealgunamanera...

Modelo para armar…

Las dos semanas iniciales del presidente Mauricio Macrì permiten apreciar algunas características de la primera administración de la derecha argentina que no se inicia por la fuerza de las armas. Esta diferencia en la legitimidad de origen no prejuzga sobre la legitimidad de ejercicio, pero obliga a la mayor cautela a la hora de discernir de qué clase de gobierno se trata.

© Escrito por Horacio Verbitsky el domingo 27/12/2015 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La simultaneidad entre la eliminación o rebaja de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y la devaluación de la moneda, con la designación de Alberto Manguel como director de la Biblioteca Nacional describe los términos de una contradicción que no admite simplismos interpretativos. En la historia de las devaluaciones argentinas, las retenciones actuaron como moderador del vértigo distributivo, ejemplificado en la que dispuso Juan Carlos Onganía hace casi medio siglo. Si la apreciación del dólar mejoraba el resultado para los exportadores, la quita de una porción significativa por el Estado impedía que ese maná se concentrara en tan pocas manos y al mismo tiempo mejoraba la recaudación fiscal y con ella la capacidad regulatoria estatal. Alinear a ambos factores en la misma dirección no tiene precedentes. Y el nombramiento de Manguel, allí donde imperaron Moreno, Groussac, Borges y González, es una exquisitez de las que tampoco abundan en el pasado nacional, que trajinó más medianías.

Otro tanto podría decirse acerca de la decisión de volver a endeudar al país por un procedimiento de sofisticada ingeniería financiera, al mismo tiempo que se emitió la felicitación presidencial el día en que se creyó que había sido hallada Clara Anahí Mariani, cuya abuela Chicha, de 92 años, es uno de los grandes emblemas de la lucha por la reparación del daño causado por la última dictadura cívico militar. Esta discordia también se manifiesta entre la respetuosa escucha a un grupo de escritores y cientistas sociales, con bondadosas solicitudes de restaurar la armonía y el respeto entre quienes sustentan posiciones distintas, y las actitudes profanatorias de sitios y sentimientos ajenos, como el baile en el balcón de Perón y Evita y el paseo del perro presidencial en los patios desde los cuales la militancia juvenil escuchaba los mensajes de CFK. El colmo de esta duplicidad se expresó entre la argumentación en defensa de los opositores al presidente Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela y los disparos con postas de goma, apuntados por encima de la cintura, sin excluir el rostro, de los trabajadores de la fallida empresa Cresta Roja. Sólo el gobierno de la Alianza comenzó peor, con los asesinatos en el puente General Belgrano de Corrientes, presagio de su espantoso final con decenas de muertos en todo el país.

No sólo por la vía de acceso al poder, esto difiere del 66, con la aversión a cualquier forma de pluralismo y diversidad y la policía de las costumbres que extraía maridos infieles de los hoteles alojamiento y los entregaba abochornados al hogar, medía el largo de las faldas de las mujeres y recortaba la melena de los hombres, como le ocurrió al pintor y abogado Ernesto Deira. Tampoco hay punto de comparación con el 76, donde las peores atrocidades se cometieron en nombre del Occidente cristiano, con sables decorativos bendecidos por el Vicariato Castrense que invisibilizaban el arma de elección de la guerra sucia, que era la picana eléctrica. Tiene, sí, algunos ecos del 55, con la declaración de que no habría vencedores ni vencidos del austero general Eduardo Lonardi que cuarenta días después fue desplazado por el general Pedro Aramburu y sus veleidades de modernidad liberal. Las visiones sobre aquel periodo expresadas por Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche son incompatibles con las consignadas en obras más recientes por Rosendo Fraga y Rodolfo Pandolfi. Cada uno vio una parte de la ecuación y ninguno faltó a la verdad. Aquellos fueron años de intolerancia absoluta ante la otredad política, prohibida aún en sus manifestaciones más ingenuas, como el nombre de sus líderes y sus símbolos ceremoniales, por no hablar de la represión despiadada y sin ley contra trabajadores fusilados en un basural. Todo ello al servicio de un plan económico que volvió a uncir al país a la rueda del interés compuesto (como escribió Scalabrini al referirse al primer empréstito con la banca inglesa de los hermanos Baring) y lo sometió a las reglas del Fondo Monetario Internacional. Pero también florecieron la cultura y la ciencia, el cine conoció su época de oro, Buenos Aires se llenó de teatros, lo cual con los años la llevaría a ser un fenómeno mundial sólo equiparable con Berlín y Nueva York, y hasta el jazz despuntó en los escenarios y las grabaciones, con grandes figuras, como el Mono Villegas y El Gato Barbieri. 

De regreso al presente, la fusilada contra los trabajadores de Cresta Roja coexiste con la negociación encaminada por el ministro de Trabajo Jorge Triaca (h) para preservar el empleo y brindar un alivio de fin de año a los trabajadores y con la designación como secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires de Santiago Cantón, ex secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La flamante gobernadora María Eugenia Vidal declaró la emergencia penitenciaria pero confirmó al máximo responsable de la situación calamitosa de las cárceles bonaerenses, César Albarracín, viceministro durante la inolvidable gestión del alcaide mayor Ricardo Casal. La emergencia es el preámbulo a un festival de compras y contrataciones sin control. También fue confirmado el Subsecretario de Planificación del Ministerio de Seguridad, Fernando Jantus de Estrada, de quien depende la Oficina Provincial para la Gestión de Seguridad Privada, un tesoro recaudatorio por derecha y por izquierda. Los amarillos han dejado en sus puestos a muchos funcionarios designados por el ex gobernador Daniel Scioli, salvo en las áreas de administración y personal. Tanta amabilidad provoca suspicacias. A un Subsecretario le pueden caer bien seis directores, pero no todos. Habrá que esperar a marzo para entender si esto sólo refleja la carencia de gente propia para cubrir en forma simultánea tantas posiciones o si sólo aprovecha el conocimiento de los antecesores para hacer pie en terreno desconocido, antes de ocuparlo con propia tropa.

La herencia

Ningún gobierno recibió el país en mejores condiciones socioeconómicas y de mayor fragilidad institucional. Nunca en dos siglos de historia independiente la deuda en divisas con acreedores privados extranjeros había equivalido apenas a la producción bruta del país en un mes. Esto brinda al macrismo condiciones excepcionales para obtener financiamiento externo, que el ministro Alfonso De Prat-Gay está decidido a explotar al máximo. Un cuestionamiento que se formuló a la política seguida desde 2005 fue el reemplazo de una deuda por otra. El ejemplo es la letra por 10.000 millones de dólares que el Tesoro entregó en 2006 al Banco Central, a cambio de las divisas con las que se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ese documento, intransferible según su propia denominación, será objeto de la creatividad financiera del nuevo gobierno. A su vencimiento no será reemplazado por otra letra sino por nuevas emisiones de bonos, que a su vez serán ofrecidos como garantía para un crédito externo. Este pase de magia permitirá convertir deuda intrasector público, renovable por la mera voluntad, en potencial deuda externa. El crédito, en principio de 6000 millones de dólares pero ampliable en tramos sucesivos provendrá de un consorcio de bancos internacionales encabezado por el HSBC, aún bajo investigación judicial por el delito de lavado de dinero, igual que el ministro. De Prat-Gay también anunció que esa prestidigitación se aplicaría al total de las letras intransferibles que atesora el Banco Central, y que decuplican el monto de la primera etapa del inminente nuevo endeudamiento. Algo similar puede decirse de la situación social, con los niveles de desempleo más bajos en tres décadas y la cobertura previsional más extensa que se recuerde. Esto blinda al gobierno y difiere para mucho más adelante las peores consecuencias para la ocupación y el salario de una política destinada a beneficiar al sector financiero, la construcción (en la que basan su fortuna el presidente, su familia y sus amigos) y la agroindustria. Muy por el contrario, el oficialismo padece una situación de extrema debilidad en el Congreso de la Nación, lo cual explica la decisión de circunvalarlo y gobernar por decreto, al menos hasta que explore la posibilidad de entendimientos con otras fuerzas como paliativo a tanto desmedro, a favor de la luna de miel con la sociedad en sus primeros cien días de gracia.

Ni necesidad ni urgencia

Hasta ahora se las ha ingeniado para eludir la reiteración de decretos de necesidad y urgencia, explorando resquicios de la interpretación constitucional, para lo cual cuenta con expertos en la escuela más tradicional del derecho administrativo, aquella que se enseña en la Universidad Austral, del Opus Dei, con el manual de Miguel Marienhoff, uno de los intelectuales que hace un cuarto de siglo fundamentó las leyes de excepción que utilizó el menemismo para desguazar el Estado. Buenos ejemplos fueron los dos decretos simples con los que Macrì intentó colar por la ventana de la Corte Suprema de Justicia a dos jueces y dejar de lado las leyes audiovisual y digital. De necesidad y urgencia fue el decreto que modificó la ley de ministerios, subordinando al ministerio de Comunicación ambas autoridades regulatorias. Pero la intervención de la Afsca y la paralización de sus actividades se realizaron por un decreto simple. La explicación pública del ministro Oscar Aguad fue tan brutal como corresponde a un conservador radical de Córdoba: dijo que ninguna ley podía limitar la libertad de acción presidencial. El propio Macrì dejó saber que no reconoce límites, cuando dijo que no asignaba valor a la medida cautelar del juez Alejo Ramos Padilla contra el nombramiento de los jueces en comisión. Aguad señaló al desplazado Martín Sabbatella como un militante político. Pero en su lugar no envió a un técnico sino a uno de los más belicosos militantes del PRO, quien se destacó como autor de algunos de los tweets más soeces contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. El decreto 236/15 no sólo desplazó a Sabbatella sin seguir el mecanismo legal para su remoción que requiere una mayoría calificada en el Consejo Federal y garantiza el derecho de defensa. La misma suerte corrieron el directorio, con representación de las tres fuerzas políticas con mayor representación parlamentaria y el propio Consejo Federal, integrado por representantes de los gobiernos provinciales, los medios públicos, privados y sin fines de lucro, las universidades, las gestoras de derechos, los trabajadores organizados del sector y los pueblos originarios. El miércoles el edificio amaneció rodeado de policías, sin que hubiera orden o causa, dado que el decreto no fue publicado en el Boletín Oficial ni hubo notificación alguna a la Afsca hasta las 10.30 de la mañana. Vías de hecho y abuso de la fuerza pública, que Aguad hizo explícitos en su desatinada conferencia de prensa.

A confesión de parte

La decisión del juez federal Julián Ercolini que ordenó el desplazamiento de todas esas autoridades asombra por su pobreza argumental. Luego de narrar que Agustín Garzón se presentó para denunciar que Sabbatella desconocía el decreto y que había manifestantes en la puerta del organismo, confiesa que “no posee jurisdicción para realizar una evaluación del contenido jurídico-político del decreto mencionado, ni decidir sobre ello”, cuestión que se está tratando en un juzgado contencioso administrativo federal. Luego de esta lisa y llana admisión, se arroga el imperio que no tiene y decide el desalojo. En ningún lado describe cuál sería el delito investigado, exclusiva causa que justificaría la intervención de un juez con competencia penal. Su única fundamentación para ordenar el allanamiento y desalojo del edificio de la calle Suipacha fue “asegurar y preservar” los bienes muebles e inmuebles y la documentación del organismo. Ni siquiera pudo explicar por qué estarían en riesgo bajo la autoridad de quienes fueron designados siguiendo los mecanismos legales vigentes. Que el gobierno nacional pretenda modificarlos no lo autoriza a decidir como si ya lo hubiera hecho, sobre todo cuando es ostensible que no cuenta con las fuerzas legislativas necesarias para tal mutación. Durante el allanamiento, a instancias de la abogada Graciana Peñafort, el comisario a cargo del operativo consultó con el juzgado quién se hacía responsable de las actividades ordenadas por la ley, entre ellas las urgencias derivadas de interferencias aeroportuarias. La respuesta judicial fue que quedaba suspendida de hecho la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cosa que no formaba parte de la denuncia.

El coronel Luis César Perlinger, quien en 1966 desalojó con una compañía de gases al presidente Arturo Illia de la Casa Rosada, tuvo media vida para arrepentirse. Illia le advirtió que sus hijos se lo reprocharían. “¡Tenía tanta razón! Hace tiempo que yo me lo reprocho”, le escribió avergonzado de sí mismo diez años después.

Larga vida al juez Julián Ercolini.

Comerse al caníbal… @dealgunamanera...

Comerse al caníbal…

KKREO, Martín Sabbatella. Dibujo: Pablo Temes

El mamarracho de la Ley de Medios no justifica el decretazo a Sabbatella, como Cristina con Redrado.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 27/12/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ocurrió en enero de 2010. Cristina Fernández de Kirchner se había enojado profundamente con el presidente del Banco Central, Martín Redrado, quien se había negado a autorizar el uso de reservas federales para hacer frente a uno de los tantos pagos de la deuda externa que debía realizar el Gobierno. Ante la actitud del hoy referente económico del Frente Renovador, la entonces presidenta no dudó en echarlo a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Ello dio origen a una gran controversia y le valió a CFK una fuerte crítica desde todos los sectores de la oposición. Luego de una batalla que incluyó recursos de amparo, Redrado fue desplazado de su cargo y reemplazado por Mercedes Marcó del Pont.

El episodio que acaba de culminar con el desplazamiento del titular de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, tiene demasiadas similitudes con el que protagonizó Redrado. Lo delicado del tema no pasa por las críticas que tal proceder originó en un grupo reducido al núcleo del kirchnerismo duro, sino en su significado republicano.

Vayamos por partes. La Ley de Medios es un engendro nacido de las afiebradas mentes del matrimonio Kirchner a partir del enfrentamiento contra el grupo Clarín nacido durante la crisis con el campo en 2008 a raíz de la Resolución 125. Los objetivos de la ley eran no sólo la destrucción de Clarín y la desaparición de TN, sino también la creación de una red de medios públicos y privados afines al kirchnerismo. Toda esa maniobra tenía un solo objetivo: la permanencia en el poder por veinte años. Ese sueño, que tuvo un primer golpe con el fallecimiento de Néstor Kirchner, se terminó de pulverizar con el ballottage del 22 de noviembre pasado que ganó Mauricio Macri. Las arbitrariedades cometidas en la Afsca han sido groseras y cuantiosas.

Sabbattella, hombre no querido en el seno del peronismo, convirtió al organismo en un nicho para colocar militantes de su partido –Nuevo Encuentro–, y de militantes kirchneristas. Las decisiones se regían por el manual de procedimientos K, es decir, la imposición por sobre los consensos. En el fragor de los días previos a decretarse la intervención, hubo negociaciones en las que participó Miguel de Godoy, que se encontró con la posición irreductible del hoy desplazado funcionario.

Dicho esto, el procedimiento utilizado fue malo. El Gobierno eliminará la Afsca y la Aftic (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) basándose en un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Desde el punto de vista conceptual y republicano, es un procedimiento reprochable ya que ambos organismos han sido creados por sendas leyes aprobadas por el Congreso. Por lo tanto sólo pueden ser eliminados a través de una nueva ley o de un DNU convalidado por el Parlamento, circunstancia que aún no ha ocurrido. De haberlo hecho CFK, quienes hoy promueven esta medida hubieran sido los primeros en haberla criticado.

Como lo dijo el gran constitucionalista Germán Bidart Campos, “... es la manía del ‘decretismo’ síntoma de una tendencia autoritaria que refuerza con desmesura al sistema presidencialista, y frustra los intentos que con la reforma se hicieron para modelarlo y matizarlo”.

El saneamiento de la economía representa el gran desafío a enfrentar por el Gobierno. Hasta aquí las cosas le van saliendo bien.

La eliminación del cepo ha representado un test del cual ha emergido airoso. El valor del dólar quedó lejos de los 20 pesos que presagiaban los agoreros del kirchnerismo y la cotización a 13,40 que hubo al cierre de las operaciones el jueves pasado lo ubica por debajo de lo que se pagaba en el mercado paralelo el último día de la gestión de CFK. Es claro, además, que las autoridades económicas entienden que enamorarse de un dólar bajo con tasa de interés que los bancos ofrecen por los plazos fijos del 30% al 40% constituiría un error grave y grosero. Eso ya pasó en la Argentina y sus consecuencias fueron catastróficas para todos.

Si con el correr de los meses esta situación se mantuviese, la economía se encaminará hacia una inexorable recesión. La solución al problema de la inflación exige el desarrollo de un plan integral. Eso es lo que todavía no hay o, al menos, no se conoce. Se sabe que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, está trabajando intensamente en ello. Otro de los funcionarios que también está involucrado en el asunto es el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

El combate contra la inflación exige la reducción y eliminación del déficit fiscal. Lo cierto es que las medidas adoptadas hasta aquí por el flamante gobierno, lejos de reducirlo, lo han aumentado. Eso es lo que representan la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, girasol y carne, la reducción del 5% a las retenciones de la soja, junto con la exención del mínimo no imponible al medio aguinaldo de los salarios que alcancen hasta los 30 mil pesos.

Un párrafo aparte merecen los nichos de corrupción que el nuevo gobierno va encontrando a medida que va adentrándose en el conocimiento del funcionamiento de los distintos estamentos de la administración pública. El copamiento del Estado que llevó adelante el kirchnerismo durante los 12 años de permanencia en el poder ha sido de una vastedad y una complejidad que impactan.

Dependencias superpobladas de empleados y empleados que asisten de vez en cuando a sus lugares de trabajo son parte de la pesada herencia recibida por el nuevo gobierno. “Nadie piensa, donde todos lucran; nadie sueña, donde todos tragan” (José Ingenieros).

Producción periodística: Guido Baistrocchi.