Primer objetivo: conseguir que salga la reforma laboral…
La relación con la política y los dirigentes tiene un primer desafío clave para el futuro.
© Escrito por el Doctor
Nelson Castro el domingo
14/12/2025 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina.
El segundo tiempo de la gestión del actual gobierno ha comenzado. Fue el
miércoles pasado, 10 de diciembre. Ya, en el horizonte, despunta la primera
batalla: el proyecto de ley de reforma laboral. En ese escenario aprontan sus
soldados la desvaída CGT y el decadente peronismo. Esos son los adversarios de
siempre a los cuales el Gobierno confía en poder doblegar. Sin embargo, con eso
no alcanza, porque hay un actor que apareció en escena el viernes y produjo
estrépito: la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
La Asociación salió con los tapones de punta a criticar duramente el proyecto
de ley, señalando por medio de un comunicado que, entre otras cosas, contiene
artículos que tiene por objetivo la disolución del fuero laboral. Esos artículos
son, en los hechos, el 90 y el 91.
El artículo 90 del proyecto señala: “Los jueces que resuelvan causas de
índole laboral deberán, de forma obligatoria, adecuar sus decisiones a los
precedentes establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
materia. El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos
criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones”.
El artículo 91 habla de la “Vigencia transitoria de la Justicia Nacional
del Trabajo. La Justicia Nacional del Trabajo mantendrá su vigencia hasta tanto
se instrumente el acuerdo de transferencia de competencias de la Justicia
Nacional del Trabajo entre la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Una vez formalizado dicho acuerdo, se dispondrán los actos
necesarios para su progresiva disolución conforme las previsiones y plazos que
surjan de dichos instrumentos”.
El Gobierno debería prestar atención a esta advertencia de los jueces,
quienes marcaron que están en estado de alerta. Hay que recordar que los
magistrados tienen la última palabra sobre la constitucionalidad o no de las
leyes, es decir –en definitiva– de su legalidad y, por ende, de su vigencia.
Recuérdese –a manera de ejemplo que, en junio de 2013, la Corte Suprema declaró
inconstitucional el proyecto de ley con el que la condenada expresidenta
Cristina Fernández de Kirchner quiso someter a la Justicia.
El tema judicial dará aún más tela para cortar. Un primer objetivo que
no debe ser olvidado es la necesidad de completar las dos vacantes existentes
en la Corte Suprema. A eso se le suma la necesidad imperiosa de cubrir las
vacantes existentes en todos los fueros.
Mientras tanto, la rosca política no se detiene. La Libertad Avanza
confía en que tendrá 33 votos garantizados para la primera parada legislativa
en el Senado: a sus 19 senadores más el apoyo de Luis Juez, le suma los diez
del radicalismo y los tres del PRO. Apuesta también por los apoyos que obtuvo
en su primer tiempo de gestión: los dos misioneros, el correntino Espínola y la
tucumana Ávila. Así el Gobierno tendría la media sanción asegurada en el
recinto donde tiene menor peso específico.
En el oficialismo repiten una
especie de consigna como un mantra: “No se tocan los derechos del laburante; se
reorganizan para tener reglas claras sin abusos y con menos burocracia
sindical”. En este último punto la realidad demuestra otra cosa. El Gobierno no
aceleró a fondo para desarticular a la casta sindical. La cuota solidaria que
hoy abonan todos los trabajadores como aporte a los sindicatos aunque no estén
afiliados a ninguno seguirá vigente. Se trata de una de las fuentes de
recaudación del establishment sindical más arraigada en el viejo sistema. Los
libertarios también aceptaron que los gremios con personería sean los que tengan
que firmar los convenios por empresa.
La pregunta es muy simple: ¿por qué una nueva etapa de “modernización
laboral” mantiene semejantes privilegios? En el Gobierno se justifican
enumerando los avances de la nueva ley y aseguran que el “paquete de leyes para
refundar la Argentina” va mucho más allá de la pelea con los sindicatos. “Vamos
a terminar con la industria del juicio y bajar los costos laborales para que
tanto las pymes como las grandes empresas puedan contratar más gente sin temor
a desfinanciarse” –aseguran. Es cierto, pero también es verdad que el Gobierno
y las centrales obreras exageran sus posturas para darle pasto a los propios.
Hay que mantener las formas.
A pesar de no haber sido golpeada en su línea de flotación, la CGT
saldrá a la calle contra la reforma laboral de Javier Milei. La movilización
será el 18 de diciembre hacia la Plaza de Mayo, como parte de un plan de lucha
que incluirá “medidas graduales” contra el Gobierno y la idea de sumar a las
dos CTA y a los movimientos sociales. El show debe continuar. En una dirigencia
sindical que atrasa 30 años, todavía reina la idea de “ganar la calle” como una
demostración de poder. La expectativa de la CGT es reunir unos 150 mil
manifestantes en la Plaza de Mayo. Gerardo Martínez (Uocra) dijo: “Analizaremos
un programa de acción.
Comienza una etapa de resistencia. Nada está descartado,
esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”. La falsa
épica ante todo. Como en los viejos tiempos del kirchnerismo que, dicho sea de paso,
está listo para conspirar dentro y fuera del Palacio Legislativo. Las primeras
voces de esa fuerza señalaron que el Consejo de Mayo –órgano consultivo que
trabajó en el paquete de leyes– no es vinculante y aseguraron que “no se
permitirá que el empresariado y un puñado de liberales borren de un plumazo las
conquistas laborales históricas de los trabajadores”. ¿A quién le importa
realmente la protección y generación de empleo? Si todo sale como anticipan la
mayoría de los analistas serios, el aumento del trabajo formal debería ser un
objetivo defendido por todos. Como siempre ocurre, cuesta demasiado soltar la
cartera de privilegios que hicieron de la Argentina un país inviable por muchos
años.
