Reforma Judicial. Promesa
y traición…
¿Quién le
pone el cascabel al gato? Mauricio Macri. Dibujo: Pablo Temes.
El proyecto para
modificar la Corte Suprema va en contra de todo lo que había dicho hasta ahora
Alberto Fernández.
© Escrito por Nelson Castro el sábado 01/08/2020 y publicado por el
Diario Perfil.
Alberto Fernández
lo dijo con claridad y contundencia no solo durante la campaña, sino también
siendo ya presidente: la cantidad de miembros de la Corte Suprema no debe ser
modificada. El proyecto de reforma judicial que presentó el miércoles pasado
mandó esa promesa al canasto.
Hay que decirlo
con todas las letras: ese proyecto extemporáneo tiene un solo objetivo. Y ese
objetivo es garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner. Es el
mismo objetivo que tuvo la reforma que impulsó la actual vicepresidenta durante
su segunda presidencia. En aquel momento, fue la Corte Suprema la que le puso
freno. Lo mismo podría ocurrir con esta reforma. Para que ello no ocurra, el
órgano máximo del Poder Judicial debería ser copado por jueces afines al
kirchnerismo. No es esta la primera vez que algo así ocurre en la Argentina.
Es algo muy
propio del peronismo que empezó con el mismísimo general Juan Domingo Perón. El
8 de julio de 1946, el diputado peronista Rodolfo Decker presentó un proyecto
de juicio político a los miembros de la Corte para desplazar a los magistrados
cuya independencia molestaba a Perón. Así, el 29 de abril de 1947, los doctores
Roberto Repetto, Antonio Sagarna, Benito Nazar Anchorena y Francisco Ramos
Mejía fueron despojados de sus cargos al igual que el procurador general de la
Nación, Juan Álvarez.
Carlos Menem
buscó tener una Corte adicta a través de un mecanismo distinto. No hubo juicio
político ni destitución de jueces, sino copamiento del organismo a través de su
ampliación y la designación de miembros claramente afines a aquel gobierno. La
“inspiración” de esa medida pareció provenir de un hecho protagonizado por el
presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Rossevelt, quien, enojado por
los fallos adversos a sus proyectos dictados por la Suprema Corte de su país,
intentó neutralizarlos por medio de su ampliación y de la designación de jueces
que le fueran adictos. Este episodio, conocido como “The packing of the Supreme
Court”, fracasó.
Durante su
presidencia interina, Eduardo Duhalde también intentó sacarse de encima una
Corte que no le era funcional, por lo que abrió un proceso de juicio político
contra sus miembros que, finalmente, no prosperó.
Néstor Kirchner
fue el impulsor de una renovación de la Corte que fue prestigiosa. Eso le
sirvió para congraciarse con un sector de la sociedad al que necesitaba con sus
votos para sacarse de encima a Duhalde. Una vez logrado eso, esa Corte terminó
siendo fuente de disgustos para su esposa y para el kirchnerismo todo. “No los
hemos nombrado para esto”, supo decir allá por 2015 el entonces secretario
legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, afectado por un fallo
adverso al gobierno de CFK.
Una reforma
judicial seria –que es la que el país necesita– solo puede ser exitosa si es producto
del consenso. Eso –como se vio en la pobre presentación que hizo el Presidente
en la Casa Rosada– hoy no existe.
El análisis del
proyecto –tedioso e indescifrable para el común de la gente– abunda en
inconsistencias. Se crean juzgados como si fuera soplar y hacer botellas. ¿De
dónde saldrá la plata para su puesta en marcha? ¿Pensará el Gobierno en
recurrir a la imposición de algún nuevo impuesto por “única vez”?
La conformación
de la comisión de notables es altamente objetable. En primer lugar porque tiene
una fachada de indiscutible pseudopluralismo. La mayoría de los integrantes son
afines al Gobierno, es decir, pueden imponer su punto de vista sin ningún
problema. En segundo lugar, porque la inclusión del Dr. Carlos Beraldi, abogado
defensor de CFK, y del Dr. León Carlos Arslanian, abogado defensor de Ricardo
Echegaray, resultan obscenas. Ambos son abogados prestigiosos.
Fueron socios.
Arslanian fue el presidente del tribunal que juzgó y condenó a las Juntas
Militares. Pero su situación de defensor del ex titular de la AFIP lo invalida
para ser parte de esa comisión. Lo mismo valdría si se lo hubiese nombrado al
Dr. Pablo Lanusse, abogado de prestigio incuestionable, que hoy defiende a
Mauricio Macri.
Antes de seguir,
un párrafo para el ex presidente: su viaje a Europa para “trabajar” en la FIFA,
en medio de la penuria por la que atraviesa la mayoría de la ciudadanía, es una
obscenidad que cayó pésimamente filas adentro de Juntos por el Cambio. “Nos
hace un daño enorme”, reconoció sin tapujos un importante legislador de JxC
atónito por tamaña muestra de falta de timing político por parte de MM.
Adiós a la
“soberanía alimentaria”. La expropiación de Vicentin fue un despropósito que,
afortunadamente, tuvo existencia efímera. Su única utilidad fue la de dejar al
descubierto las internas de la coalición gobernante y de las verdaderas
intenciones de la vicepresidenta y sus acólitos. En esas arenas, la decisión
del Presidente de dejar de lado la iniciativa de expropiación de la empresa
cayó muy mal. Las críticas fueron duras y sonoras.
Ante ese
panorama, minutos después de que AF diera a conocer el DNU que anula la
intervención de Vicentin, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro,
uno de los máximos referentes de la Cámpora, salió a respaldarlo por medio de
un tuit que decía: “Excelente decisión de Alberto Fernández luego de que
los opositores de siempre, incluido un sector del Poder Judicial, bloquearan
todas las alternativas propuestas para el rescate de la empresa”.
Para que nadie se
confundiera, desde el entorno de Wado de Pedro se encargaron de aclarar que el
tuit tuvo como fin bajar línea a los dirigentes kirchneristas que, anticipaban,
iban a salir a cruzar al Presidente por la marcha atrás. “Hay que calmar a la
tropa”, fue el mensaje.
La pregunta es:
¿pasará lo mismo con la reforma judicial?
Y mientras tanto,
la pandemia. Cada una de las presentaciones en las que el Presidente,
flanqueado por Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, anuncia la
prolongación de la cuarentena deja tela para cortar. La última no fue la
excepción. Veamos: No hubo lugar
para las preguntas. El porqué es muy simple: no había respuestas más allá del
discurso armado.
Kicillof, como
siempre, no se privó de aportar sus falacias. Habló del “cierre” de Barcelona
–lo desmintió la embajada de España– y de que el número de casos de la Ciudad
es mayor al de la provincia de Buenos Aires, dato absolutamente falso.
Alberto Fernández
lo acompañó en esa tergiversación de las cifras. El gobernador se expresa en
términos estadísticos y, para que la comparación fuese válida, la Provincia
debería hacer muchísimos más testeos que los que hace.
Los números de la
semana demuestran que la fase restrictiva que culminó el 17 de julio fracasó.
El miedo no sirvió.
