Operativo desgaste. A la caza de Rodríguez Larreta… @dealgunamaneraok...

A la caza de Rodríguez Larreta…

El conflicto por la presencialidad aleja la posibilidad de utilizar a la educación como un recurso para luchar contra la grieta.

© Escrito por Nelson Castro el  domingo 25/04/2021 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.

 

No se puede seguir responsabilizando a la gente por los incumplimientos en los cuidados personales y por la falta de conciencia social. Es probable que se haya dado ese mensaje, pero el alerta basado en ese punto nos terminó jugando en contra”, asegura un funcionario del gobierno nacional. La bronca con Axel Kicillof y Daniel Gollán continúa. Sobre todo por haber encabezado una voz de alarma que en rigor de verdad superó en contundencia a la del propio presidente.

 

La nueva estrategia luego de la falta de entendimiento y la judicialización de la presencialidad en la escuela es clara: desgastar la figura del jefe de Gobierno porteño. Los ejemplos sobran. La jugada de Carlos Zannini en su presentación ante el juez Furnari para limitar la asistencia a las aulas de la Ciudad fue el puntapié inicial. 

 

Le siguieron los incidentes en Lugano con 300 manifestantes del MTL Rebelde que quisieron ingresar al Ministerio de Desarrollo porteño en reclamo de alimentos e insumos textiles para una cooperativa vecinal. En el ínterin autoridades de la Provincia dejaron trascender que más de 75 mil porteños se habían vacunado en su distrito. Y hacia el final de la semana la titular del PAMI, la camporista Luana Volnovich, denunció por Twitter que el Gobierno de la Ciudad estaba atrasado en la vacunación a afiliados de PAMI y con vacunas en stock sin ser aplicadas.

 

Este último punto fue tan burdo como infantil, a pesar de la gravedad que implica esa denuncia, por su intencionalidad indisimulable que fue puesta de manifiesto apenas unas horas más tarde. Recordemos que el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta había solicitado más vacunas a la Nación para inocular adultos mayores. El kirchnerismo –experto en la utilización política de los recursos del Estado– le envió esas dosis al PAMI para no beneficiar a su rival en la Ciudad y que la administración de Larreta solo se encargue de la logística basándose en el padrón de afiliados de PAMI para la asignación de turnos.

 

Sin embargo, algo estaba mal. Cuando el equipo del gobierno porteño inició los llamados a los abuelos se encontró con una gran cantidad de irregularidades entre ausentes y fallecidos. Le pidieron una reunión a la cúpula de PAMI para resolver el problema que Volnovich se encargó de cancelar pocas horas antes del encuentro.

 

Acorralada por el papelón, decidió pasar al ataque y “denunciar” en las redes sociales que la Ciudad no estaba vacunando a los abuelos. Nuevo conflicto judicial en puerta a pesar de que a última hora del viernes se reunieron las segundas líneas de Salud de la Ciudad y de PAMI para encontrarle una solución al tema. Con este nivel de conflictividad resulta imposible llevar adelante cualquier política sanitaria. En el medio, está la gente.

 

Alberto Fernández y Kicillof también se reunieron esa misma tarde para analizar la situación en Provincia y el AMBA. Unas horas antes el ministro de Seguridad provincial Sergio Berni había dicho públicamente que se necesita una cuarentena total por dos o tres semanas. Más presión para sumar restricciones y una película que ya vimos la semana pasada. Segundas partes casi nunca fueron buenas. El avance de la segunda ola desnudó el fracaso del plan de vacunación y la incapacidad para afrontar una situación que, aunque parezca increíble, no fue prevista aun teniendo a Europa como espejo.

 

He aquí un punto clave para comprender lo que debió haberse hecho y no se hizo, circunstancia que permite entender el costo que para una sociedad representa la falta de jerarquía de la mayoría de su dirigencia política.

 

Una de las características de esta pandemia es que los hechos ocurren antes en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. La segunda ola comenzó a manifestarse en Europa con toda su fuerza entre noviembre y diciembre del año pasado. El gobierno nacional debió haberse tomado de ello para ponerse a trabajar de inmediato en una estrategia para encararla. Cuando el Presidente habló del “relajamiento sanitario” –que nunca existió como tal– debió haber dicho “relajamiento político”.

 

Si se hace memoria, ese fue el tiempo en que Alberto Fernández se la pasaba hablando de los millones y millones de vacunas que llegarían al país entre enero y febrero. Fue esa una muestra clara de que no tenía la más remota idea de lo que estaba aconteciendo en el mundo con la disputas por el inóculo. Pero no solamente eso: tampoco estaba viendo lo que sucedía con la segunda ola. De haberlo hecho, hubiese comprendido que debía ponerse a trabajar con todas las fuerzas políticas en pos de preparar a un país –ya de por sí agobiado– para enfrentar ese desafío.

 

“Todos unidos triunfaremos”. 

 

Un desafío de las dimensiones de la pandemia producida por el covid-19-Sars2 demanda a una sociedad un esfuerzo fenomenal. Esa circunstancia pone a la dirigencia política frente a una obligación moral ineludible: actuar pensando solamente en el bien común, dejando de lado toda mezquindad. Quien debe dar el ejemplo al respecto es el Presidente. Lo que queda claro en este presente es  que Alberto Fernández viene haciendo exactamente lo opuesto. Haberse puesto al frente de la guerra contra Horacio Rodríguez Larreta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye un error garrafal. Es insólito que, en la reunión que hubo en la Casa Rosada el viernes a última hora de la tarde para analizar qué hacer ante la escasez de camas en hospitales y centros médicos privados y cómo seguir después del viernes próximo, no haya sido invitado a participar el jefe de Gobierno porteño.

 

La batalla por la presencialidad en las escuelas es un capítulo más de esa guerra. Lo que es increíble que AF no haya comprendido es que esa disputa política se traslada a la ciudadanía y arrasa con cualquier intento de tender puentes que permitan superar el ámbito de división por el que hoy en día transcurre la vida en nuestro país.

 

El conflicto originado por la presencialidad o no en la escuela tira a la basura la posibilidad de utilizar a la educación como un recurso fundamental para luchar contra la grieta. Los alumnos –niños y adolescentes– han pasado a ser rehenes y víctimas de esta situación. No hay idea del daño que esto significa.

 

El enemigo del presente es el Covid-19, no el que piensa distinto.

 

Producción periodística: Santiago Serra.

Jubilaciones y pensiones… @dealgunamanera...

 Jubilaciones y pensiones. Cristina Kirchner cobrará cerca de 1,7 millones de pesos mensuales.

Semejante beneficio no solo demuestra la ausencia del más mínimo escrúpulo de parte de la beneficiada, sino que viola el marco jurídico vigente en la materia.

© Escrito por Daniel Sabsay (*) el viernes 08/01/2020 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

El mismo día que se sancionó la nueva fórmula previsional que no toma en cuenta la inflación para el cálculo de las jubilaciones y por lo tanto importa una seria merma de los haberes de los adultos mayores, una sentencia por lo menos insólita, le concedió a la vicepresidenta el cobro de dos jubilaciones no contributivas, de privilegio, sin pagar impuesto a las ganancias.

 

De resultas de lo cual, Cristina cobrará alrededor de 1,7 millones de pesos mensuales. Importe que resulta de la suma de las dos pensiones más el sueldo de Vicepresidenta. Pero parece que a la ex Presidenta no le alcanza, pues le ha pedido al juez el cobro de un 40% más por zona desfavorable ya que mantuvo su domicilio en El Calafate. Además el magistrado le concedió un retroactivo equivalente a cien millones de pesos.

 

Semejante beneficio no solo demuestra la ausencia del más mínimo escrúpulo de parte de la beneficiada, sino la violación de las más esenciales reglas éticas. Más allá de este tipo de razonamiento, el problema se centra en la violación del marco jurídico vigente en la materia.

 

CFK se sirve de una Argentina sin Ley

 

Del análisis de los antecedentes de la decisión surge que en 2015, cuando Cristina era presidenta le solicitó los beneficios a su cuñada Alicia Kirchner, a la sazón ministra de Desarrollo Social, quien se los concedió de inmediato con el asesoramiento de Carlos Zannini, que se desempeñaba como Secretario Legal y Técnico de la Presidencia. Luego se reformó la ley 24.018 y determinó que el ANSES fuese la autoridad de aplicación. Cabe recordar que bajo la presidencia de Macri se resolvió, por aplicación del art. 5 de la ley, que ella debía elegir entre una de las dos pensiones.

 

Entre otras irregularidades, el juez subrogante Ezequiel Pérez Nami sostuvo que Isabel Perón cobra dos pensiones. Sin embargo, esto no es así, la viuda de Perón cobra una y paga ganancias. El magistrado formalmente es secretario de juzgado, miembro de la lista celeste, la más afín al kirchnerismo. Lamentablemente los K han hecho de las subrogancias un vehículo para la permanencia de meros funcionarios judiciales afines.

 

Recordemos que por el contrario movió todas las piezas contra los traslados de jueces federales dentro de la misma jurisdicción, grado y competencia y logró que la Corte decidiera en el caso Bruglia que los traslados siempre son transitorios.

 

Curioso los subrogantes muchas veces ni siquiera son jueces, como es el caso del sentenciante en el caso que estamos analizando, sin embargo, cuando conviene se los perpetua. Una vez más el doble rasero en función de las circunstancias. También sucede que se los premie como ocurrió con Alejo Ramos Padilla. Pero sorprendentemente Pérez Nami no ganó ninguno de los concursos en los que se presentó.

 

La pensión doble de Cristina: un episodio más de la Argentina inentendible

 

Esta aberrante sentencia (creemos que es el adjetivo que le cabe) ya que no resiste el más mínimo examen a la luz de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, debería ser apelada por la titular del ANSES o por el inefable Zannini, hoy Procurador del Tesoro de la Nación. Si no lo hicieran, nos preguntamos si es posible aceptar que quede firme, cuando se opone a los más elementales contenidos del Estado de Derecho. Si así ocurriese, se consagraría la desigualdad ante la ley, el abuso de poder, la malversación de caudales públicos, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros posibles delitos.

 

Debe abrirse el acceso a la Justicia, de modo que ante la omisión de los funcionarios, seamos los gobernados quienes defendamos el erario público y en definitiva nuestros derechos derivados de una decisión injusta y contraria a las normas. No tengo dudas de que de quedar firme este fallo, estaríamos frente a cosa juzgada írrita o fraudulenta, como califica a este tipo de decisiones jurisdiccionales Federico Morgenstern en su ya célebre libro.

 

La Corte Suprema ha dicho desde hace varias décadas a partir del  caso “Siri” (Fallos: 239:459, 1957) que consagró el amparo como vía judicial para la protección de los derechos que: “las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el sólo hecho de estar consagradas en la Constitución Nacional”.

 

Ahora, frente a tamaño atropello y ante la mirada complaciente del poder deberá aplicar nuevamente este criterio para proteger el Estado de Derecho.

 

(*) Daniel Sabsay. Profesor titular y Director de la Carrera de Posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires.

Incertidumbre. Vuelve a escena el cristinismo… @dealgunamanera...

Vuelve a escena el cristinismo…

Bonaerense, Axel Kicillof. Fotografía: Pablo Temes..

Mientras se mantienen las dudas sobre el rumbo económico, CFK veta y coloca su gente en el Congreso. Volvió el tema del aborto.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 24/11/2019 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las aguas por las que navega la interna del futuro gobierno se han puesto procelosas. Alberto Fernández tiene un desafío y una oportunidad. El desafío es demostrar que es él quien toma las decisiones. La oportunidad es construir un peronismo republicano que deje atrás al peronismo feudal que encarnó a lo largo de sus dos presidencias Cristina Fernández de Kirchner.

Armado. Ese peronismo feudal se vuelve a observar claramente cuando se analiza el armado que la vicepresidenta proclamada ha definido en el Congreso. La designación de su hijo Máximo en la conducción del bloque de diputados del Frente de Todos busca implementar un control parlamentario absoluto del futuro oficialismo, lo cual ya ha generado algunos roces.

La decisión del senador Carlos Caserio de armar un bloque que le responda a AF y no a CFK dejó a la intemperie esas diferencias. No hay que olvidar que muchos gobernadores peronistas no callan su sentimiento de profundo rechazo hacia la ex presidenta. Es que el desamor continúa. Es un desamor silente y profundo.

Está claro que tras la reunión que mantuvieron Alberto Fernández con su vice y el hijo de ella en la noche del lunes han sucedido varias cosas. ¿Hubo veto de CFK a posibles candidatos a ocupar cargos?  La respuesta de uno de los que participó de la reunión fue: “El veto es pura fantasía de los medios. Eso sí, el presidente proclamado evitó proponer nombres que habrían molestado a CFK (sic)”.  

La gestión de Alberto Fernández nace presa de una duda capital: cuán independiente o no será de su vice. Hasta aquí, la transición no ha servido para disiparla. Por el contrario, algunos gestos y/o definiciones dados por el presidente proclamado no han hecho más que ahondarla.  

Es como si en las entrañas del nuevo poder hubiese en gestación un proceso de “cristinización”. La posible designación de Carlos Zannini como procurador del Tesoro –nada menos– sería una ominosa confirmación de esa tendencia. Durante el kirchnerato, Zannini ocupó la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, lugar desde donde se diseñaron varias de las peores cosas que se implementaron a lo largo de esos doce años.

El procurador del Tesoro es el abogado del Estado, a quien le corresponde llevar adelante las querellas originadas en la Oficina Anticorrupción. ¿Qué hará con las que tienen bajo proceso a los ex funcionarios de aquellos gobiernos, incluyendo a la futura vicepresidenta?

No se entiende cómo Alberto Fernández pretende –de concretarse una designación como esta– hacer creer que “vuelven para ser mejores”.

Nielsen. Uno de los nombres que parecía estar fuera de toda  discusión era el de Guillermo Nielsen. Hasta el jueves era el número puesto para ocupar el Ministerio de Economía. El viernes todo pareció cambiar.

Lo que se sabe es que hubo una discusión fuerte entre el presidente proclamado y Nielsen. No fue la primera. Son dos personas de carácter. Cuando discuten suelen hacerlo con vehemencia y vocabulario grueso. Eso generó lo que para algunos es una crisis y para otros un impasse.

Lo cierto es que el futuro de Nielsen es ahora incierto. No hay nada definido. Es sabido que Nielsen –que fue el hombre clave en la exitosa negociación con el FMI durante el gobierno de Néstor Kirchner– no le profesa ningún tipo de afecto personal ni de respeto profesional a Axel Kicillof.

Eso se traduce en diferencias muy concretas a la hora de la renegociación de la deuda de la provincia de Buenos Aires y de la deuda externa. Recurrir al mercado siendo condescendiente con los términos de una reestructuración amigable, o siendo muy duros o cerrando al estilo de Néstor son las opciones bajo análisis.

Economía. No se sabe qué va a ser de la economía en los próximos meses, si va a haber mucha emisión monetaria o si se va a pagar la deuda. Eso genera muchísima incertidumbre interna y externamente.

Como no se conocen las medidas, lo que por lo menos se quiere saber son los nombres de las figuras que ocuparán los principales cargos en el futuro gabinete. En esa danza de nombres surgió en estos días el de Marco Lavagna como posible titular del Indec.

Las dudas que el gobierno enfrenta son fruto de las inconsistencias entre lo que hay que hacer y lo que se querría hacer. Los acreedores van a pedir renegociar la deuda con la condición de que alguien audite la situación fiscal de la Argentina, que, más allá de lo que sostiene el actual ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, hoy no es sustentable.

Mientras espera definiciones de Fernández y Fernández, que servirán de ordenadoras para organizar su gobierno y designar los ministros, Axel Kicillof ha dado algunas definiciones de lo que será su gestión.

Como tiene pensado ejercer un dominio efectivo sobre la totalidad de los engranajes de la administración de la provincia de Buenos Aires, decidió que todos quienes vayan a ocupar los cargos correspondientes a la categoría director general de administración (DGA), que son los que le dan funcionalidad a toda la gestión administrativa, le sean propios. Hay un DGA por cada ministerio, secretaría y organismo descentralizado.

Los DGA tienen a cargo un delegado de personal, un tesorero, un director de contabilidad, un director de presupuesto, un director de compras mayores y un director de compras menores. María Eugenia Vidal, al no tener gente propia ni con conocimiento de la estructura administrativa bonaerense, les dio la continuidad a casi el 80% de los directores que respondían a Daniel Scioli.

Kicillof, astutamente, no quiere pasar por lo mismo. Por eso tomó la determinación de conformar una estructura administrativa que le responda sin fisuras. Son decisiones que ponen de mal humor a los intendentes peronistas del Conurbano.

En ese firmamento irrumpió de modo fulminante e inesperado el tema del aborto. Por un lado, la renuncia del secretario de Salud, Adolfo Rubinstein  –motivada por la derogación de la actualización del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a interrumpir el embarazo–, que generó un terremoto en el actual gobierno.

Y por el otro, la sonora declaración de Alberto Fernández diciendo que enviará “cuanto antes” al Congreso un proyecto para despenalizar el aborto.

El arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Fernández, –prelado de la absoluta cercanía al papa Francisco–, le hizo saber clara y rápidamente la consecuencia inmediata de su decisión: si eso se concreta, el anhelado vínculo de cercanía con el Sumo Pontífice quedará reducido a la nada. Y eso abarcará también a Cristina Fernández de Kirchner.

Timerman y el pacto con Irán: "Era un acuerdo político, no judicial"... @dealgunamanera...

Cinco meses antes de morir, Timerman defendió el pacto con Irán: "Era un acuerdo político, no judicial"...

Timerman, de 65 años, estaba postrado desde que se le manifestó la enfermedad. Fue jefe de la diplomacia argentina entre 2010 y 2015. Fotografía: CEDOC

Fue en el marco de su declaración indagatoria anticipada, en el juicio por el Memorando firmado con el gobierno de la República Islámica de Irán.

© Escrito por D.S. el lunes 31/12/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En una de las últimas apariciones públicas datan de hace dos meses, cuando tuvo que declarar por videoconferencia en la causa por encubrimiento del atentado contra la AMIA, el fallecido ex canciller Héctor Timerman sostuvo que "nunca estuvieron en peligro las alertas rojas" que regían sobre los cinco iraníes acusados del atentado contra la mutual israelita AMIA en Buenos Aires. Afirmó además la existencia "alguien a quien le interesa que la causa no avance" y defendió el pacto firmado con el gobierno de la República Islámica de Irán: "Era un acuerdo político, no judicial".

Según el juez Claudio Bonadio, que lo procesó por traición y encubrimiento agravado, Timerman fue fundamental para la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, ya que participó de las negociaciones, de la redacción y de la firma del acuerdo. También fue parte de la puesta en marcha y su incidencia en las "notificaciones rojas" de Interpol contra los sospechosos de haber atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina el 18 de julio de 1994, ataque que se saldó con 85 muertos y más de 300 heridos.

Sobre la situación judicial entorno del Memorando, Timerman dijo en la videoconferencia: "me fui en 2015 y ya era inconstitucional. Pasaron cuatro años, ¿me pueden decir en que avanzó la causa? Es retorico. Lo único que avanza es mi cáncer". En su exposición, el ex funcionario del gobierno de Cristina Kirchner dio cuenta de los sucesivos encuentros que se hicieron con los representantes del gobierno iraní y agregó que "un avance chiquito siempre va a ser mejor que la nada". Poco después se preguntó: "A quien le conviene que pare esto. Es muy difícil. Creo que acá hay alguien que está frenando esto. No sé quién es, ni por qué lo hace. Sé que a Estados Unidos e Israel le conviene".

En esa ocasión, Timerman también desmintió que haya habido una cumbre o reunión en la ciudad siria de Aleppo y agregó que el régimen iraní no quería que nada de las negociaciones se hiciera público: "Nosotros pensábamos que algo teníamos que decir. Si usted me pregunta cuál era el parámetro, el parámetro era que no queríamos parar las negociaciones. Que no se corten las negociaciones", sostuvo sobre el por qué habían mantenido silencio sobre el tema. "Este era un tema secreto y a veces es mejor que esos temas se mantengan así", completó.

En la misma declaración, Timerman habló de la decisión de incluir a la que era entonces Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, otra de las procesadas, en las negociaciones: "Fue una propuesta de la presidenta aprobada por mí y por [Carlos] Zannini, porque era la abogada del Estado y queríamos que ella escuchara de parte de los iraníes". Sobre el final de su declaración apuntó, sin mencionarlo, al fallecido fiscal federal Alberto Nisman: "Creo que todo esto es una gran persecución y que tienen la decisión de probar que uno es culpable cuando en realidad no me encontraron ni dinero, ni nada. Sin embargo al que si le encuentran está muerto, no lo acusan de peculado y yo que nunca tuve una causa por defalco o dinero mal habido, estoy acá en mi casa, no puedo visitar a mi nieta que vive en Francia, por ayudar a resolver un caso muy importante, que es el caso AMIA”.

Cuando promediaban casi dos horas de declaración y Timerman ya manifestaba dificultades para respirar, aseguró que "la presidenta jamás me dio una orden que sea contraria a la ley y yo jamás la hubiera cumplido, pero no la recibí. Ella quería que este caso se resuelva y resolverlo bajo su presidencia”, señaló. “Quiero dejarlo en claro porque parece que lo están usando para atacarla”, completó con la voz entrecortada.

(Fuente: www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a: perfilcom@perfil.com 

República Judicial. Excarcelandia… @dealgunamanera...

República Judicial. Excarcelandia…

“¡SALE OTRO!” Carlos Zannini. Dibujo: Pablo Temes.

Las liberaciones de nombres polémicos alientan la sensación general de impunidad.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 25/03/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Si a esto lo llaman beneficiar a unos imputados, creo que están equivocados”. Con esas palabras Eduardo Farah, juez de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, quiso justificar su decisión ante una indignada sociedad que buscaba respuestas, luego de ver que Cristóbal López, empresario emblemático enriquecido de modo cuestionable durante el kirchnerato, volvía a gozar del derecho más preciado para el hombre: la libertad.

En estos últimos años, la Justicia fue una protagonista indiscutida del debate social. El destino de referentes políticos y sus allegados –que alguna vez supieron representar la esperanza de muchos– se ve hoy comprometido por bochornosas causas de corrupción, y la Liga de la Justicia que debe defendernos de sus atropellos es un gran misterio para la sociedad. Se trata de nombres resonantes que vemos a diario en los titulares de noticias, pero que pocas veces podemos identificar con una cara y una voz. Esta es la encrucijada que debió enfrentar el juez Farah, quien definió con su voto la libertad de López para la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, que decidió romper el manto de misterio con una nota televisada e intentar así apaciguar la lluvia de críticas, tanto de la sociedad como hasta del propio presidente de la Nación, Mauricio Macri. El efecto que logró fue exactamente el contrario.

Contextos.

El camarista se centró en explicar las resoluciones más polémicas del fallo: el levantamiento de la prisión preventiva de López y su socio, De Sousa, y el cambio de carátula de “defraudación al Estado” a “apropiación indebida de tributos”, lo que implicaría que sea investigado bajo el fuero penal económico, dándole la posibilidad de acogerse a un plan de facilidades de pago, con quita de intereses, y pedir la extinción de la acción penal por pago. Farah niega tajantemente que la sentencia sea beneficiosa para el imputado y aduce que las penas no solo son las mismas, sino que el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, estaría más complicado. Pero vale la pena repasar el trayecto de la causa para comprender su contexto.

Factor Carrió. 

La causa se inició en marzo de 2016 tras una denuncia que Elisa Carrió realizó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, con la instrucción del fiscal Gerardo Pollicita, donde relató el modo en el que las autoridades de la AFIP habrían permitido, en connivencia con Cristóbal López y De Sousa, que la empresa Oil Combustibles no abonara el impuesto sobre los combustibles líquidos y utilizara indebidamente ese dinero para capitalizar otras sociedades del grupo Indalo. La intención de la diputada fue sumar la denuncia a la causa madre, iniciada en 2008 en ese juzgado por la asociación ilícita que encabezarían la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ex funcionarios públicos y sus empresarios amigos, elevada a juicio oral el pasado 2 de marzo.

Unos meses después de presentada la denuncia, el juez Ercolini se declaró incompetente en favor del juzgado penal económico, aduciendo premisas similares a las del fallo actual de la Cámara de Apelaciones. En dicha oportunidad, fue por un recurso de Casación presentado por el fiscal de Cámara Germán Moldes. La Cámara de Casación en noviembre de 2017 declaró la nulidad de la resolución de la Cámara de Apelaciones y devolvió la causa al fuero federal. Es decir, ya había existido un intento de que la causa fuese juzgada bajo la órbita del fuero penal económico. Ahora, ¿cuál es el problema principal del cambio de carátula, además de darle a López la posibilidad de financiar su deuda y ser eximido de la acción penal? Que al ser juzgado bajo el fuero penal económico, la defensa podría acogerse a éste para acceder a los beneficios que ella prevé e intentar desligarse de la causa madre que inició Carrió en 2008.

Carátulas. 

“La hipótesis delictiva no se agota en un posible delito de naturaleza tributaria, sino que comprende maniobras que suponen la intervención de diversos funcionarios públicos”, cita el fiscal Pollicita en el recurso de apelación presentado ante la declaración de incompetencia del juez Ercolini en 2016. Fuentes cercanas a la fiscalía aseguran que, al no ser vinculante, no cambiarán la carátula sea cual sea la resolución de Casación.
   

“No me voy a callar más, es algo de lo que me arrepiento”, decía un Cristóbal López enfurecido en la improvisada conferencia de prensa luego de su liberación. Pero después de los consejos de su abogado Carlos Beraldi, el empresario decidió mantener silencio para planificar su estrategia de defensa ante los medios.

En verdad, lo que sucedió es que frente a un coaching exigente el empresario K pudo contestar con fundamentos solo un par de preguntas. Allegados a López están convencidos de que la prisión fue de “alevosa arbitrariedad” y que detrás de la maniobra está el presidente Mauricio Macri, quien “quiere ver al empresario en quiebra para que sea un caso testigo”. “No se puede usar a la Justicia para operaciones políticas”, dijo Beraldi. que sostuvo además que el impedimento por parte de la Justicia y la AFIP de realizar el pago de la deuda llevó a un intencional estrangulamiento de la empresa.

A la calle.

Pero como “sobre llovido, mojado”, ayer recuperaron su libertad Luis D’Elía y el secretario de Legal y Técnica del kirchnerato, Carlos Zannini. Como dijimos desde esta columna, ambas prisiones preventivas eran de débil argumentación jurídica. Veamos la nómina de los liberados: Amado Boudou, Roberto Baratta –ex mano derecha de Julio De Vido– Cristóbal López, Fabián de Sousa. Esto no hace más que agregar descrédito a una Justicia crecientemente desprestigiada.

Las sospechas de coimas corren por los pasillos de tribunales a la velocidad de un rayo. Hay nombres, lugares y cifras exactas.

En muchos casos, la ley se interpreta de forma sesgada y, a veces, disparatada. Las causas están repletas de escaramuzas. Sentencias hay pocas y, en casos de corrupción, cuando se producen ya son inocuas.

Un ejemplo es el caso del ex presidente Carlos Menem y su exhibición de obscena impunidad. Es hora de recordar –una vez más– que sin justicia no hay república.

Producción periodística: Lucía Lopreiato.

AMIA. Laura Ginsberg: "Macri se sumó a los 23 años de impunidad"… @dealgunamanera...

AMIA. Laura Ginsberg: "Macri se sumó a los 23 años de impunidad"…

Laura Ginsberg. Foto: Cedoc - Diario Perfil.

La decisión del Gobierno de impulsar un juicio en ausencia generó críticas por parte de la referente de APEMIA.

© Escrito por Bárbara Defoix y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El fallo del juez Claudio Bonadio sobre el Memorándum con Irán reflotó la cuestión sobre el atentado a la AMIA, que luego de 23 años sigue impune y sin que existan pistas concretas que lleven a los autores de una de las peores tragedias que sufrió la Argentina.

La trama política, de espionaje y encubrimiento parece no detenerse y tras el fallo de Bonadio en el que dictó el procesamiento con prisión preventiva, previo desafuero como senadora, de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ordenó la detención de Carlos Zannini, Héctor Timerman –con arresto domiciliario-, Luis D’Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil, el Gobierno trata de retomar la iniciativa política impulsando la realización de un juicio en ausencia para aplicarlo a los iraníes sospechados por el ataque perpetrado a la mutual judía en 1994.

Esta decisión despertó la crítica de la referente de la Asociación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), Laura Ginsberg, una de las más firmes impulsoras de la teoría del encubrimiento y la que trabajó incansablemente para que se cree una comisión investigadora independiente para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el atentado que tiene dictamen de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de diputados.

Paralelamente, en abril pasado, los bloques mayoritarios en el Senado presentaron, con el aval del ministro de Justicia Germán Garavano, un proyecto para incorporar la figura del juicio en ausencia al Código Penal.

“Esta iniciativa que toma el Gobierno no es nueva y va en la línea que nosotros venimos denunciando desde hace ya mucho tiempo en relación a que la ley de juicio en ausencia viene a cerrar definitivamente la causa. El tema de la investigación del atentado señalando o imponiendo un juicio en ausencia de testigos, de imputados, de pruebas, es una simulación que tiene como único objeto cerrar definitivamente el tema y dejarlo atrás”, aseveró Ginsberg en una entrevista con Perfil.

La referente de APEMIA consideró que este nuevo impulso no es casualidad: “Se hace en un contexto mucho más amplio que incluye el fallo reciente del juez Bonadio y también incluye una avanzada del procurador general de la Nación, (Eduardo) Casal que instruyó a unos de sus funcionarios para que en el lapso de tres meses aporte lo necesario para conformar una unidad fiscal antiterrorista que va a terminar sustituyendo la Fiscalía AMIA”.

“La conclusión que podemos sacar es que el Gobierno de Macri se ha sumado a los 23 años de impunidad que tenemos ante la mascare”, sentenció Ginsberg. Y agregó: “Si bien en los primeros tiempos (de su mandato) coqueteó con una comisión investigadora independiente, ha tomado la posición política de la DAIA y la AMIA local de avanzar contra los iraníes, sin pruebas y hasta incluso reivindicando al ex juez Galeano que ahora está sentado en el banquillo de los acusados en un juicio en el que se lo acusa de la irregularidades cometidas durante la investigación de la cual él estuvo a cargo”. 

“Es un panorama realmente muy grave. Nosotros lo denunciamos y entendemos que son una sumatoria de maniobras que responden exclusivamente otra vez a poner a la Argentina como uno de los peones de la lucha contra el terrorismo internacional”, analizó la referente de APEMIA.

Para Ginsberg esta decisión de la gestión macrista “habla a las claras de que aquí no hay ninguna voluntad de llegar a la verdad, como fue parte del discurso de campaña del Gobierno, sino que se trata de sumarse a la impunidad de todos estos años de cerrar definitivamente el caso y no investigar y no poner sobre la mesa lo que ya sabemos y lo que se está demostrando una vez más en este juicio oral por encubrimiento, que es que el estado argentino es responsable del encubrimiento del atentado a la AMIA y de su materialidad”.

Consultada por si el fallo de Bonadio habría podido influir en la decisión del Gobierno de avanzar en el juicio en ausencia para aplicarlo a la causa AMIA, Ginsberg opinó: “No creo que un hecho dependa del otro, lo que sí digo es que las circunstancias que estamos observando de todas estas avanzadas están relacionadas”.

Sobre el magistrado, resaltó que en su fallo de la semana pasada es la primera vez que se responsabiliza a Irán del ataque a la mutual judía: “Es la primera vez que aparece así en un fallo judicial ni en tiempos de Galeano ni de Nisman se planteaban las responsabilidades de este tipo y sin ninguna duda son parte de un contexto más general en donde el Gobierno ha tomado la decisión política de volver a las épocas del kirchnerismo en donde la responsabilidad había que adjudicársela a Irán y aquí había que encubrir a todos los funcionarios del estado argentino desde el 94 hasta hoy que son los verdaderos responsables del encubrimiento y hasta incluso tenemos elementos para concluir que está involucrado en la comisión del atentado”.

“Si acá en verdad quisieran investigar el encubrimiento del acuerdo Argentina e Irán tendrán que remontarse al año 96. Si Bonadio quisiera hacer algo seriamente tendría que haberse remontado a aquellos años y no sancionar un acuerdo político como en este país se hicieron tantas veces”, concluyó.