Los espías de Mauricio... @dealgunamanera...

Nueva denuncia: 403 periodistas espiados por la Agencia Federal de Inteligencia macrista…

Macri y Arribas, durante el juramento de 2016. Fotografía: Archivo N.A.

Según el expediente judicial, el presunto espionaje ilegal se habría realizado además sobre 28 académicos, 58 empresarios y personalidades de la sociedad civil.

© Escrito por Rosario Ayerdi el  viernes 05/06/2020 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.

El espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri suma un capítulo con una nueva denuncia judicial que da cuenta de la vigilancia que hacía la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre 403 periodistas, 28 académicos, 58 empresarios y personalidades de la sociedad civil, y distintos dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas. Estos nombres surgen del seguimiento realizado a partir dos eventos que se llevaron a cabo en nuestro país como la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio de 2017 y la Cumbre del G20 de 2018.

En la AFI el sistema de “escritorio limpio” por el cual el personal no puede dejar papeles y material de trabajo a la vista hace que cada oficina cuente con cajas fuertes. El 24 de enero, personal de la actual intervención a cargo de Cristina Caamaño realizó una inspección ocular en la oficina ocupada por el entonces director operacional del Área de Contrainteligencia de la Agencia. Allí encontró tres sobres con las leyendas “2017”, “Periodistas G20'” y “Varios”. Se trataba de planillas que contienen fotografías, datos de las actividades en redes sociales, y referencias sobre si los investigados tienen afinidades políticas, sociales y culturales, participaciones societarias. En algunos casos hasta hay información sobre su familia y empleadas domésticas.

Estos folios son parte de una denuncia presentada ayer por Caamaño por “producción de inteligencia ilegal” que quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 de Marcelo Martínez de Giorgi. Allí se solicita la declaración indagatoria de los agentes involucrados (cuyos nombres se mantienen en reserva por la Ley de Nacional de Inteligencia); del ex director general de la AFI Gustavo Arribas; de la ex subdirectora, Silvia Majdalani, y del ex presidente Mauricio Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”.

Exclusivo Perfil: Majul, Laura Alonso y Negri, entre los espiados en la era Macri

“He tomado conocimiento de la producción de inteligencia ilegal respecto a periodistas, académicos, organizaciones sociales, partidos políticos, entre otros, ello vulnerando manifiesta los términos contenidos en los artículos 4 inciso 2 de la ley 25.520”, dice parte de la denuncia. 

Cristina Caamaño, actual titular de la AFI, junto al jefe de Gabinete Santiago Cafiero (Foto: NA)

Periodistas.

En el expediente hay 403 fichas confeccionadas por la Dirección de Eventos Especiales y visadas por el área de contrainteligencia que tendrían que ver con los trabajadores de distintos medios acreditados para la Cumbre del G20 que se llevó a cabo en la Argentina durante 2018. “Las fichas contienen información de todo tipo y color: vinculaciones en los medios de comunicación, preferencias políticas, publicaciones en redes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de contenido político y/o cultural, entre otras cuestiones que nada tienen que ver con el contenido del evento para el cuál supuestamente se estaban realizando este tipo de tareas sin control ni orden jurisdiccional”, se detalla en la denuncia. Entre ellos hay periodistas y fotógrafos de la editorial Perfil.

Esta información registrada viola el artículo 4 inciso 2 de la ley 25.520 de Inteligencia que detalla que ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

En la denuncia, Caamaño detalló: “Si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20. Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni Una Menos’”.

Las descripciones incluyen calificaciones como "siempre con posturas contra el Gobierno", "Se opone fuertemente al kirchnerismo", "Hay una foto con Estela de Carlotto", "Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenido feminista", "Se destaca en FB la única página de políticos a la que le dio "Me Gusta" es la de Laura Alonso", "En las elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos".

El Congreso se activa por la denuncia de espionaje ilegal en la era Macri

Más espiados.

La lista de vigilados también tuvo que ver con la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 10 al 13 de diciembre de 2017. Allí figuran distintos empresarios y personalidades de la sociedad civil que participaron y otros a los que se les negó su participación. “Adjunto también a la presente, un informe elaborado titulado ‘Informe sobre inscriptos a la reunión ministerial de la OMC’, calificado como SECRETO, de donde se desprende el análisis de inteligencia ilegal efectuado en relación al Transnational Institute y del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio”, dice la denuncia.

Según consta allí, “respecto al Instituto del Mundo del Trabajo ‘Julio Godio’, el informe también reúne datos que dejan de llamarnos la atención. En este sentido, posee un párrafo especial titulado ‘Vinculación con la UNTREF’, ¿qué medidas de seguridad puede vulnerar un Instituto cuyo trabajo se enmarca en las tareas académicas llevadas a cabo en una casa de estudios? ¿Cómo es posible pensar que el trabajo académico llevado a cabo -e incluso publicado- por una universidad pública puede alterar el orden o la seguridad en un evento internacional? ¿Qué es lo que en definitiva motivó que se realizara o encomendara este tipo de tareas clandestinas e ilegales? Muchas preguntas, pocas respuestas”.

Entre el seguimiento también aparecen dirigentes de distintas entidades como varios miembros de la Sociedad Rural Argentina, de quienes se detallan información privada como datos bancarios, vínculos familiares, propiedades y automóviles. Así como su participación en sociedades y hasta el salario de empleadas domésticas.

“Tal como puede observarse de las fichas acompañadas se desprende la cantidad de información reunida en forma ilegal de personas del mundo académico: información básica, distintos domicilios, grupos de pertenencia, redes sociales, vínculos importantes (sin precisar a qué hacer referencia el término ‘importantes’), y al final -en información adicional- todo tipo de información de inteligencia de corte político como por ejemplo lo que surge de la ficha de Federico Wahlberg: ‘Actualmente se desempeña en la Secretaría de Medioambiente de la Nación. Grupo de economistas de izquierda con fuerte presencia en medios de comunicación y de corte kirchnerista como Página/12.

Asimismo, ha realizado publicaciones en el portal de ‘Agencia Paco Urondo’, en las cuales se ha manifestado en contra del libre comercio. Ha tenido participación activa en las actividades previas a la OMC que organizó el colectivo Argentina Mejor sin TLC. Pregonan presencia en la Universidad General Sarmiento, donde Luciana Ghiotto expuso en sus jornadas de SEP17, en conjunto con otros miembros de la SEC”, detalla la denuncia.

Las pruebas se presentaran este lunes en el juzgado de Martínez de Giorgi cuando también se exhiba un informe cuyo asunto reza “OMC”, el cual contiene información de inteligencia vinculada al Partido de los Trabajadores Socialistas por actividades contra los eventos de la OMC y el G20.

“A partir de la producción de inteligencia ilegal llevada a cabo por las áreas mencionadas, se negó el acceso a los eventos internacionales mencionados a las personas que subjetiva y arbitrariamente no cumplían con los requisitos políticos, sociales o incluso de vínculos, que desde la Agencia entendían como los correctos para poder asistir a este tipo de eventos. Ello, como V.S. recordará, trajo aparejado innumerables reclamos judiciales por parte de quienes se veían restringidos en el acceso sin entender cuál era el motivo real; incluso se presentaron también reclamos a nivel internacional, generando de esta manera un conflicto diplomático entre nuestro país y los distintos países participantes de estos eventos”, concluye la denuncia.

Esta será la segunda presentación judicial que hace la actual interventora ya que a fines de mayo presentó una lista de 86 personas que habrían sido espiadas y que derivó en la imputación de Macri, Arribas y Majdalani.

Partidos difíciles… @dealgunamanera...

Partidos difíciles…

6-1 Mauricio Macri. Dibujo: Pablo Temes

El Gobierno se debate con la Justicia, se alivia con la baja de pobreza y teme que el Mundial no lo ayude.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 01/004/208 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los números revelados esta semana trajeron un enorme dolor de cabeza al Gobierno. Aun cuando en público fueron todas sonrisas, internamente un manto de preocupación invadió los despachos que en la Casa Rosada habitan conspicuos funcionarios, comenzando, naturalmente, por el de Mauricio Macri. En un año donde cada hilo se mueve en dirección a la reelección de 2019, que en los titulares de todos los diarios del país estuvieran esas cifras escalofriantes perturbó e inquietó. No estamos hablando de los datos publicados por el Indec; no estamos hablando de las 7.079.764 personas que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, ni de las 1.323.747 que están por debajo de la línea de indigencia. Estamos hablando de dos números: 6-1. 

Fue la derrota por paliza sufrida por la selección argentina ante España, la que cayó como una bombamolotov dentro del oficialismo que, como los oficialismos de otros turnos, deposita enormes expectativas en el “pan y circo” que trae bajo el brazo el Mundial de Fútbol. Ni hablar del clima social chauvinista sobre el que surfearía el oficialismo la campaña electoral si Messi trajese una tercera copa, sueño cada vez más lejano en la era Sampaoli.

Vamos bien. 

El Gobierno cree que le fue mejor. Eso es lo que representó el anuncio sobre el descenso de la pobreza que, con bombos y platillos, el Presidente reveló el miércoles pasado. El nuevo índice –25,7%– significa que 1,9 millones de personas salieron de la pobreza. Gol. 

Sin embargo, en la calle la sensación es otra. Los curas villeros cuestionan la cifra, los referentes sociales a cargo de comedores aseguran que aumentó la cantidad de gente que los frecuenta, y una simple caminata por la calle nos muestra la cruda realidad de mucha gente sin techo. “Tenemos cifras porque recuperamos el Indec”, se defienden en el oficialismo. Eso es verdad. 

No obstante el Gobierno no debe equivocarse en la lectura que hace. Las cifras del Indec se miden sobre la base de la valorización de la canasta básica comparada con los ingresos de los hogares, metodología que muchos analistas respetables e independientes cuestionan, ya que el análisis no contempla los numerosos aumentos tarifarios que sucedieron en el último semestre: electricidad, trenes, colectivos, celulares y nafta; y se vienen los aumentos del agua y del gas –hasta del 40%–. En este contexto la negociación paritaria del 15% augura un segundo semestre con una pérdida adquisitiva que traerá aún más dificultades sociales.

“Montesquieu ha muerto”.  

Con esas palabras, en 1985, el diputado español Alfonso Guerra sepultó figurativamente a Charles Louis de Secondat –Barón de Montesquieu–, el filósofo de la Ilustración considerado padre de la división de poderes del sistema de gobierno, cuando el Partido Socialista aprovechó su mayoría parlamentaria para reformar la Ley de Poder Judicial. En nuestro país, desde el cambio de gobierno de Mauricio Macri, después de 12 años de kirchnerismo, somos testigos de la reestructuración de un organigrama que mueve a protagonistas inmersos en lo más profundo de un entramado de poder.

Las pronunciaciones de la Corte Suprema de Justicia respecto de la designación del TOF9 en la causa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el cuestionamiento de la Corte a la participación del juez Eduardo Farah en la Sala I de la Cámara de Apelaciones por el fallo López y el cuestionamiento público del presidente Mauricio Macri por su liberación; el dardo de Lilita Carrió hacia la Justicia insinuando el cobro de coimas; las excarcelaciones de Zannini y D’Elía; el apartamiento del fiscal Stornelli en la causa de Julio De Vido son algunos de los mensajes directos entre bandos que pelean por legitimación y permanencia dentro de las instituciones.

“En Comodoro Py hay pocos jueces y fiscales que son autónomos, que ejercen como verdaderos jueces; hay un grupo grande que debe muchos favores por sus nombramientos y subsistencia, que pertenece a diversas estructuras. Las decisiones que toman dependen de eso”, dice una fuente conocedora de la interna judicial. La “guerra” que se vive dentro de Tribunales responde a los intereses de esos poderes y sus influencias, y aquellos que osan tomar el camino de la independencia son sometidos a escandalosas operaciones mediáticas con el objetivo de amedrentarlos. 

Existe un ala ligada a la vieja SIDE de Stiuso, en donde se encuentra el operador judicial Javier Fernández, amigo del juez Luis Rodríguez (a cargo de la causa de Julio De Vido); existe otra estructura vinculada a los grandes medios hegemónicos; otra vinculada a Lorenzetti y otra vinculada a lo que quedó de la SIDE radical.

El poder es finito, y Macri sabe que los funcionarios que hoy le conceden sonrisas y que también le sonrieron a Cristina son potenciales adversarios cuando termine el mandato amarillo. Tal es el caso de Julián Ercolini, el juez que elevó a juicio oral a la ex presidenta en la causa de asociación ilícita, es el mismo magistrado que cerró la causa de enriquecimiento ilícito de los Kirchner entre 1994 y 2006. Esta desconfianza fue la que llevó al presidente Macri –con el pragmatismo de un ingeniero– a proponer como procuradora general a Inés Weinberg de Roca, una persona completamente ajena a las internas de Py.

El pedido de explicaciones de la Corte Suprema a la Agencia Federal de Inteligencia, a cargo de Gustavo Arribas, por la filtración de las escuchas de Cristina Fernández de Kirchner, fue otro ejemplo. La CSJN buscó con este pedido tirarle la pelota al Gobierno y desligarse de la responsabilidad por la escandalosa filtración. Pero es esa misma Corte la que tenía a cargo la Oficina de Escuchas cuando efectivamente se filtraron los audios, y la misma que actuó en connivencia con el Gobierno, cuando a inicios de 2017 extendieron las facultades de la oficina dándole la potestad también de investigar delitos complejos.

La pelea que atraviesa hoy la Argentina entre la Justicia y el Gobierno no hace más que revelar la relación simbiótica y cómplice entre aquellos sistemas que deberían funcionar de manera independiente para garantizarnos un legítimo sistema democrático. Montesquieu ha muerto.

Producción periodística: Lucía Lopreiato.

Causas pendientes…

2x1= -3 Elena Highton de Nolasco. Foto: Pablo Temes

La Corte debe atender sus cuentas internas, además del 2x1. Denuncias made in Brasil.

Hacía mucho tiempo que el Congreso no era protagonista central de la vida institucional del país. Ese rol lo retomó en la semana que pasó cuando, con conciencia política, apuró la sanción de un instrumento legal que clausura definitivamente la posibilidad de aplicar el 2x1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad.

La marcha del miércoles fue un hecho contundente. El repudio social terminó de legitimar las críticas a la aplicación del 2x1 que ya habían sido expresadas por la mayoría del arco político y por muchos de los integrantes del Poder Judicial. La aprobación en forma unánime por parte del Congreso de la norma mencionada en el párrafo anterior sirvió para bajarle el volumen político al documento que en la Plaza de Mayo leyeron Tati Almeida, Nora Cortiñas, Lita Boitano y Estela de Carlotto.

Un experimentado juez acostumbrado al diálogo y a la generación de consensos expresó lo que está en la mente de muchos miembros de la Justicia: “El fallo fue desastroso, innecesario e incomprensible. Para ser juez supremo, además de un conocimiento técnico sostenido, hay que tener cintura política. El prestigio de esta Corte se acabó por los tres que votaron de forma extraña”.

En los pasillos de muchos tribunales se piensa que Elena Highton de Nolasco –la ministra que junto a sus pares Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz votaron a favor de otorgar el beneficio del 2X1 al condenado Luis Muiña– deberá hacer malabarismos para permanecer en su cargo porque ahora tiene puesta sobre sí la lupa del bloque peronista del Senado. La especulación política sobre el porqué del fallo y su oportunidad estuvo a la orden del día.

¿Tuvo Mauricio Macri algo que ver con el fallo? Tres fuentes distintas que conocen al dedillo lo que pasa en el seno de la Corte coincidieron en una respuesta: “No”. De todas maneras, el Presidente reaccionó tardíamente. Su rechazo al fallo debió haber sido inmediato. En el interior de la Corte se vive un estado de revuelo como hacía mucho tiempo no se veía. Sobre sus miembros también recae la sospecha de maniobras con trasfondo político. Del lado del presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti –cuyo voto, que terminó siendo el más razonable en cuanto a los argumentos lo dejó, junto con Juan Carlos Maqueda, mejor parado ante la opinión pública–, parecería demasiado rebuscado pensar el fallo como una jugada para conservar el poder.

El día de acuerdo de la Corte, los secretarios letrados acercan a la sala las fojas con las decisiones para su revisión y firma final. No es usual que un juez deje firmado de antemano un fallo de esta envergadura, es decir que todos pudieron revisarlo y firmarlo. Por lo tanto, si algún ministro advirtiera o sospechara una maniobra conspirativa tendría la oportunidad de discutirla con sus pares. Además, los jueces del voto mayoritario no son tan ingenuos.

“Del lado de los tres jueces que conformaron la mayoría –asegura otra fuente de vasto conocimiento de los pasillos de Talcahuano 550– sería un costo muy alto para una maniobra política. Aunque hay quienes miran de reojo su insistencia para tratar el expediente, cuando no había apuro para hacerlo”. En esa línea dos de los tres ministros que firmaron fueron Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Uno fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de Kirchner entre 2004 y 2005, la otra, nombrada por el mismo presidente en 2004.

Cuando parecía que el fin de la semana traería alivio para el Gobierno, se reabrió el caso que compromete a Gustavo Arribas.

Repasémoslo brevemente. La causa se inicia por una denuncia de la diputada Elisa Carrió, a raíz de una publicación del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, en la que se manifiesta que el actual jefe de inteligencia argentino recibió en cuentas suyas en Suiza por lo menos cinco transferencias por US$ 600 mil de parte de Leonardo Meirelles, operador financiero condenado en Brasil por el escandaloso Lava Jato.

La causa cayó en manos del fiscal Federico Delgado y del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Para demostrar efectivamente dichas transferencias era necesario por lo menos tomar dos medidas de prueba: por un lado, pedir al banco suizo los movimientos bancarios de Arribas y por otro, pedir la declaración del arrepentido Meirelles como testigo. El fiscal Delgado impulsó la investigación y le pidió al juez que se realizaran estas medidas que, sin embargo, no fueron efectuadas. Dos meses después de iniciada la causa, el juez Canicoba Corral sobreseyó a Arribas. ¿Cuáles fueron sus fundamentos? Sostuvo que el fiscal había propuesto “una investigación abierta”, con lo cual faltaba un delito concreto para imputarle a Arribas.

Todo se da en el marco de múltiples investigaciones relacionadas al posible pago de coimas por parte de la constructora brasileña Odebrecht en la Argentina. La causa mayor es la del presunto pago de coimas por parte de la constructora brasileña a funcionarios de nuestro país en el marco del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, a cargo del juez Martínez de Giorgi y el fiscal Franco Picardi.

El contrato del soterramiento lo ganó una unión transitoria de empresas que, además de Odebrecht, integraron Iecsa (en ese momento empresa de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), Ghella y Comsa-EMTE. Es curioso que la declaración de Meirelles se dé en la causa que parece ser la menos trascendente de todas, la de Aysa. Por eso será que cuando les preguntaron a los arrepentidos si conocían a Carlos Ben (presidente de Aysa) o si recordaban algo de la planta de Aysa dijeron que no.

Pero lo más llamativo es que no recordaban ningún nombre salvo el de Gustavo Arribas. Es decir, al ser consultados por Julio De Vido, por Ricardo Jaime o por José López (los investigados en la causa a cargo de Martínez de Giorgi) ninguno reconoció conocerlos ni recordar sus nombres. De todos modos, no cerraron la puerta respecto de la participación de ellos; sostuvieron que van a chequear la documentación y ver los nombres.

Todas estas incógnitas deberán ser esclarecidas por la Justicia. Mientras tanto, la situación de Arribas es complicada. La reapertura de la investigación ha sido ordenada por la Sala I de la Cámara Federal en lo Penal y Correccional integrada por el cuestionado juez Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y el subrogante Leopoldo Bruglio. También Elisa Carrió y Graciela Ocaña, flamante incorporación de Cambiemos, pidieron lo mismo. El Presidente está en problemas.

Producción periodística: Santiago Serra, con la contribución de Lucía Lopreiato. 

Zigzag entre España y Brasil… @dealgunamanera...

Zigzag entre España y Brasil…

Jefe espía. Gustavo Arribas. Foto: Pablo Temes.

Macri se ilusiona con empresarios europeos y sufre con los coletazos de juicios vecinos.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 26/02/2016 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El trío que forman Marcos Peña, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui constituye una barrera inexpugnable que complica la comunicación con Mauricio”, reconoce con expresión de fastidio un dirigente que pertenece a la génesis del PRO, y agrega: “Recién después del sacudón producido por el asunto del Correo, lo observé (a Macri) con actitud de escucharnos a todos”.

El Correogate le ha pegado duro al Gobierno. Más allá de las explicaciones hasta aquí dadas, una encuesta que maneja el entorno del Presidente le muestra una caída de su imagen que rondaría los nueve puntos junto a un efecto colateral que agrava la preocupación: también la imagen de María Eugenia Vidal se ve perjudicada por el affaire.

Por eso, el lunes pasado, antes de partir hacia España, Macri se reunió con una mesa chica para realizar un análisis político del nuevo escenario que ha generado el escándalo del Correo, que se vio aun peor por el caso de Avianca, la low cost que comenzará a operar en el mercado aerocomercial argentino, en el que aparece involucrado otra vez Franco Macri.

Participaron de ese núcleo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, la gobernadora de Buenos Aires y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Como ocurre en todo gobierno, a éste también lo atraviesan las inevitables alternativas de las internas. La puja de egos de la actual administración es mucha.

Como lo describe el testimonio con que abre esta columna, el trío Peña-Quintana-Lopetegui genera la tirria y el enojo de la mayoría de los miembros del gabinete. “Les falta calle y, encima, son soberbios”, se quejaba días pasados un encumbrado ministro. Quienes han hablado con el titular de la cartera de Trabajo, Jorge Triaca, le han escuchado adjudicar el innecesario conflicto con la Asociación Bancaria a la miopía de Gustavo Lopetegui.

El viaje a Madrid puso a Macri frente a una realidad compleja: relanzó la relación bilateral severamente dañada durante los doce años del kirchnerato y cosechó la aprobación de la crema empresarial española. Sin embargo, no hubo ninguna concreción significativa ni atisbo de que la vaya a haber en el futuro inmediato. La razón es muy simple: la incertidumbre política. El de Macri es un gobierno débil desde el punto de vista de su poder institucional. Es el primero que, desde la recuperación de la democracia, en 1983, no domina ninguna de las dos cámaras del Congreso y que enfrenta la necesidad de asegurar una perspectiva de permanencia en el poder para concretar los cambios estructurales a los que aspira. 

Para eso debería contar con una cuota de poder mayor –no para imponer sino para negociar acuerdos con las fuerzas de la oposición– sobre los planes que tiene para la Argentina después de doce años de un gobierno populista. Esta incertidumbre política es la que está frenando las inversiones que requiere el país para reactivar una economía que no termina de arrancar. Para el oficialismo, las elecciones legislativas de octubre venidero serán claves. Si no gana, la gobernabilidad de sus dos últimos años de gestión será muy difícil.

Los indicadores económicos no le sonríen ni al Gobierno ni a la gente. La actividad industrial en enero cayó un 1,1%, el costo de los alimentos no para de subir. En muchos casos, el plan de precios transparentes no ha servido ni para hacer los precios transparentes ni para que bajen. Muy por el contrario, hasta aquí los más favorecidos son los que más tienen. A todo esto hay que sumar los despidos y los aumentos de las tarifas, frente a los que algunos funcionarios se colocan como si fueran simples comentaristas de la realidad.

En el diálogo que Macri mantuvo con Mario Vargas Llosa en Madrid, mencionó el caso Odebrecht. “Nada contribuyó tanto a conocer la corrupción como el caso Odebrecht”, dijo. Las novedades judiciales en la Argentina en las que ya están implicados Ricardo Jaime y su testaferro Manuel Vázquez tienen como uno de los funcionarios bajo sospecha al titular de la Agencia Federal de investigaciones (AFI), Gustavo Arribas. En la causa que lleva el fiscal federal Federico Delgado, se espera mayor celeridad de parte del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

El Lava Jato avanza en toda América Latina menos en la Argentina. Hay falta de acción de todos los costados. En lo judicial pareciera ser el único lugar donde no hay grieta.

Los arrepentidos están contando todo en Brasil, uno de los que hablan es el CEO para Argentina, lo que debería hacer Canicoba Corral es pedir al país vecino interrogarlo. Pero en la Argentina los jueces no pueden hacer pedidos al exterior directamente: como son relaciones de Estado a Estado, se hace a través del Poder Ejecutivo, vía Cancillería. El acuerdo que se firmó en Brasil sostiene que los arrepentidos van a colaborar con todos los países que se vieron involucrados. Dicho acuerdo es de colaboración recíproca hasta junio; si alguien quisiera demorar las cosas, sólo lo lograría hasta esa fecha. De todos modos, antes, la Argentina podría pedir el interrogatorio y automáticamente se lo darían. Hay que comparar con Panamá y Colombia, en donde hubo avances que aquí brillan por su ausencia.

Leonardo Meirelles, el operador cambiario “arrepentido”, declaró haber transferido US$ 594.518 mediante cinco transferencias a la cuenta de Arribas en el Credit Suisse, utilizando para hacer el depósito una empresa que la Justicia brasileña ya dictaminó como “fantasma” constituida solamente para pagar sobornos. Lo único que habría que linkear es si esas transferencias tienen vínculo o no con el soterramiento del Sarmiento. Hay que recordar que uno de los socios de la obra es Angelo Calcaterra, primo de Macri. El enlace no es difícil de hacer. Si la plata de Suiza no hubiese llegado a la Argentina, el delito no se juzgaría acá, pero sí en Brasil.

Envalentonados por estos avatares judiciales que complican al Gobierno, un grupo de 15 diputados del Frente para la Victoria decidió pedir el juicio político de Macri por “responsabilidad en el mal desempeño y la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones”. Resulta curiosa esta iniciativa visto lo que fueron los doce años del kirchnerato, plagados de delitos de corrupción frente a los que ninguno de los firmantes nada hizo. Es, una vez más, la evidencia contundente de la doble moral del kirchnerismo.

Producción periodística: Santiago Serra.

Desacuerdos y reproches… @dealgunamanera...

Desacuerdos y reproches…

PARI-TARIA, Jorge Triaca. Dibujo: Pablo Temes

La ruptura entre sindicalistas y oficialismo tiene una cadena de responsabilidades. Extraño triunfalismo.

El 23 de noviembre pasado el Gobierno, la Unión Industrial Argentina, algunas cámaras empresariales, y algunos sindicatos hablaron de un pacto por medio del cual se comprometían a no despedir personal hasta el 1° de marzo. Además, lanzaron el Diálogo-Acuerdo por la Producción y el Trabajo. Sin embargo, algo falló y, en consecuencia, la CGT se retiró abruptamente de esa entente a mediados de esta semana.

“No se cumplió el ‘pacto anti despidos’ y el costo siempre queda del lado del movimiento obrero. No fue un portazo inesperado; ya la semana pasada en el asado convocado por Barrionuevo en Mar del Plata se habló de endurecer posiciones con el Gobierno. El ánimo cambió desde el proyecto de reforma laboral hasta la salida por decreto de las modificaciones en el tema ART. Los despidos en verano fueron el detonante”, señala un dirigente de peso en la actual conducción cegetista. Según los números que se manejan en ese ámbito, la industria lidera ese triste ranking con más de 4.500 despedidos, seguido por el sector de servicios y un goteo permanente en otras áreas.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo el jueves en una entrevista radial que “se ha perdido la confianza con algunos sectores empresarios que tienen que dar respuesta porque había un acuerdo político de cuidar el nivel de empleo”. Entre los hombres de negocios algunos prefieren mirar para el costado mientras que otros entrecruzan reproches mutuos. Hay quienes dicen que los dichos del ministro fueron un tiro por elevación destinado a los industriales; otros, en cambio, creen que los señalados son los sectores de cadenas alimentarias. A pesar de la proclamada lucha contra la inflación de la que habla el Gobierno, alimentos, artículos de higiene personal y productos de primera necesidad no dejan de aumentar.

“Los gremios prefieren cargar las tintas contra las empresas, pero saben que el verdadero enojo es con los acuerdos vacíos que genera el Gobierno” –asegura un industrial de larga experiencia en estas lides–. En un crudo análisis la misma fuente hizo hincapié en las divisiones dentro del movimiento obrero: “De la boca para afuera la CGT en general y ‘los gordos’ del sindicalismo vociferan que este gobierno les dio mucho más de lo que lograron con el kirchnerismo, mientras que el moyanismo y algunos sectores de la CTA sostienen que este gobierno se cae solo”. En este contexto la presión de las bases en los gremios industriales por los últimos despidos determinó la salida de la CGT del acuerdo con los empresarios y el Gobierno.

En 2016 –siguiendo los datos del Indec– desaparecieron 5 mil pymes y se perdieron 120 mil empleos formales. En este marco, algunos industriales remarcaron la necesidad de haber debido convocar un Consejo Económico y Social (de carácter permanente) y no sentar las partes en una mesa para la foto. Un empresario lo describió con dureza: “El Gobierno quema los instrumentos de diálogo, los malgasta. El Diálogo por la Producción y el Trabajo fue una especie de pantomima que sólo sirvió para la foto. No había propuestas de fondo”.

En la misma línea un influyente hombre del interior se preguntó: “¿Qué está pasando con el timing del Gobierno para instrumentar medidas?”. Hacía referencia a que la UIA había hablado con Nicolás Dujovne sobre una serie de medidas orientadas a bajar la presión tributaria –lo que podría traducirse en baja de precios y más producción–, pero el viernes, en una entrevista en el programa de Jorge Lanata, el ministro declaró que el año electoral no sería un buen momento para hacerlo. “¿Cuándo, entonces?”, insistió la fuente.

Los empresarios aseguran además que hay capacidad ociosa; la industria está operando al 65%. La suba de tarifas de electricidad es comprensible, pero si a cambio del aumento de costos no se da ningún beneficio, la producción no aumentará. Los analistas ven un primer trimestre “planchado”. Con el repunte del campo y sectores de la construcción no va a alcanzar para torcer el rumbo de la economía y generar verdadero crecimiento.

En vista de esta realidad, resulta poco entendible el clima de cierta euforia que, comenzando por el Presidente, se vive en la cúpula del Gobierno. Se habla allí de una recuperación de la economía que, más allá de lo observable en sectores puntuales como el automotor, no se condice con lo que refleja mayoritariamente la calle. En el oficialismo están convencidos de que ganarán la elección legislativa de octubre venidero. Con esa misma convicción se habla de la elección presidencial de 2019: “Estaremos ocho años en el poder”, se escucha decir en los despachos de la Casa Rosada.

De los avatares de una economía que no termina de arrancar intenta valerse Cristina Fernández de Kirchner para darle a su comprometida situación judicial un cariz de persecución política. “Buscan tapar el desastre económico”, escribió en la catarata tuitera del viernes pasado. En verdad, ante el peso de las evidencias que dejan al descubierto la matriz de corrupción imperante durante el kirchnerato, ésa es la única alternativa con la que cuenta como defensa. No hay estrategia judicial para parar el avance de las causas ante las pruebas que las sustentan. El agregado de esta semana, en relación con la declaración indagatoria a la que la ha citado el juez Claudio Bonadio, está dado por la inclusión de los dos hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia.

CFK habrá de ser candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Las encuestas –al día de hoy– le dan bien. Es la única posibilidad que tiene de atemperar la adversidad que le augura en los ámbitos tribunalicios. Esa candidatura, además, es la única chance que tiene el kirchnerismo de no difuminarse en las procelosas aguas de la interna justicialista.

El caso Odebrecht será otra complicación para la ex presidenta y sus funcionarios del área de obras públicas. También lo será para algunos funcionarios de este gobierno. Hasta ahora el único salpicado por el escándalo de las coimas es el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Gustavo Arribas. Sus explicaciones ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia fueron poco satisfactorias. Los papeles que exhibió –incluyendo una escritura– aportaron escasa claridad. Se habla, además, de dos propiedades de su pertenencia que no aparecen en su declaración de impuestos. Con todo, lo más complicado para Arribas es la denuncia que en su contra interpuso Elisa Carrió.

El episodio de la utilización del helicóptero presidencial para trasladar a la esposa de Macri, Juliana Awada, y a su hija Antonia, de Punta del Este a Buenos Aires, merece un párrafo de reproche. Los Kirchner fueron intensamente criticados por la utilización de las aeronaves de la flota presidencial en menesteres similares. Entre las promesas de campaña del actual gobierno, estaba la de suprimir esa conducta. Parece que el Presidente lo ha olvidado.

Producción periodística: Santiago Serra.