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domingo, 12 de noviembre de 2023

Operación corrupta y berreta... @dealgunamaneraok...

Operación corrupta y berreta...


Huyamos hacia la derecha. Dibujo: Pablo Temes 

Es un auténtico Watergate, fruto de una investigación judicial detallada que ha provocado un revuelo fenomenal en UxP.

“Vamos a terminar con los sótanos de la democracia¨, fue una de las recordadas frases de Alberto Fernández en los albores de su presidencia. Como tantas otras frases dichas por un hombre que, como pocos, desnudó su pusilanimidad no bien llegó al poder, todo quedó en vanas promesas que la realidad ha desmentido de manera brutal en estas horas con el resonante caso del espionaje organizado por personeros del poder y con utilización de fondos públicos. 


Este hecho, un verdadero Watergate que descubierto por una investigación judicial abundante en detalles que dejó expuesta una operatoria corrupta y berreta. Todo dentro del kirchnerismo es así y, si algo le faltaba al kirchnerismo para quedar expuesto en todo su fracaso y en toda su mentira, es esto. No es que sorprenda. Es la esencia de la concepción antirrepublicana que movió siempre a Néstor Kirchner y que compartió su esposa y heredó su hijo. Son abundantes los testimonios que narran la compulsión que tenía el ex-presidente para sentarse en el final del día a escuchar las grabaciones ilegales de las conversaciones privadas tanto de sus acólitos y de sus adversarios que le proveían “los servicios”. A los unos para conocer sus traiciones, y a los otros, sus debilidades. 


En ambos casos, la finalidad era la misma: someterlos a la extorsión. Es allí donde tiene su génesis el escándalo político de baja estofa al que estamos asistiendo en estos días. Claro que no son prácticas exclusivas del kirchnerismo: también las hubo en el macrismo. 


La gran diferencia de este caso es que el objetivo principal fue la Corte Suprema de Justicia. Esto responde a la necesidad de una sola persona: Cristina Fernández de Kirchner.

Debe siempre recordarse que, el motivo principalísimo por el cual batalló la expresidenta en funciones durante los cuatro años de este catastrófico gobierno, fue lograr la impunidad en las diversas causas que enfrenta por el delito de corrupción en sus diversas formas. ¨El principal problema que tiene Cristina en su contra en todos estos casos es el peso abrumador de las evidencias¨, suele señalar una voz que conoce al dedillo todo lo que sucede en el ámbito de los tribunales federales de la avenida Comodoro Py al 2000. Frente a esa realidad, la única alternativa que le quedó a CFK fue la de perseguir a los jueces a fin de presionarlos, amedrentarlos y vilipendiarlos. En ese afán investido de un creciente desasosiego motivado por el paso del tiempo y el temor a la pérdida de poder, el último y desesperado recurso fue el proyecto de juicio político a la Corte. Fruto de ese desasosiego, los operadores de la vicepresidenta y de su hijo Máximo cometieron dos errores garrafales: se metieron nada menos que con la Corte y lo hicieron con operadores de cuarta categoría. Hay un dicho que circula en los ámbitos de los servicios de inteligencia que dice así: “Para hacer lo peor, hay que hacerlo con los mejores”. Ni el expolicía retirado Ariel Zanchetta, ni Fabián “Conu” Rodríguez, número dos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), exdirector de la agencia oficial de noticias –y operaciones de prensa Télam y exfuncionario del gobierno de Axel Kicillof–, ni Rodolfo Tahilade, diputado nacional, integrante de la Comisión de Juicio. 


Político, exdirector de Contrainteligencia de la AFI durante la mala gestión de Oscar Parrili, pueden ser considerados como “mejores” en nada. Muy por el contrario, todo lo que emana de sus afiebradas mentes tiene el sello de lo definitivamente berreta. 

El escándalo por el espionaje responde a la necesidad de una sola persona: Cristina Kirchner.


El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, es un hombre del peronismo que conoce muy bien a la familia Kirchner. Los conoce desde los tiempos de las sesiones de la Comisión Constituyente que sesionó durante tres meses a partir del 25 de mayo de 1994 en la ciudad de Santa Fe y que estuvo a cargo de la redacción de la Constitución de 1994. 


La vicepresidenta, su esposo y el ministro de la Corte fueron miembros de la Comisión, y todos los que fueron protagonistas y testigos de esas sesiones recuerdan la intrascendencia de Néstor Kirchner y la verborragia muchas veces vacua de su esposa, algo propio de abogados mediocres. Por si esto fuese poco, Rosatti fue ministro de Justicia del gobierno del Dr. Kirchner. Fue nombrado en julio de 2004, reemplazando a Gustavo Béliz. Duró en el cargo un año, al cabo del cual presentó su dimisión argumentando “razones personales”. Todos los que sabían lo que en verdad había sucedido tenían un cabal conocimiento de que la razón de esa renuncia tuvo que ver con un desacuerdo con el modo de manejo del dinero de la obra pública que hacía el secretario de Obra Pública, José López. El caso concreto que motivó ese desacuerdo fue una licitación para la construcción de cárceles que Rosatti se negó a convalidar al advertir los sobreprecios que se habían presupuestado.  


Es decir: el presidente de la Corte conoce las mañas, las trampas, las mentiras y la corrupción del kirchnerismo. Lo constató una vez más cuando, ante el comienzo del juicio político a él y los otros miembros del cuerpo, advirtió, a partir del descubrimiento de cuentas de celulares falsas que figuraban a su nombre y de otros de sus colegas, que toda la acusación estaba montada sobre pruebas ilegalmente obtenidas. Fue entonces cuando actuó. Hubo un fiscal de indiscutible probidad y decisión, Gerardo Pollicita, que con rapidez y sagacidad pudo llegar a investigar esta red de espionaje que conducen CFK y su hijo Máximo.  


El revuelo que esto está produciendo dentro del peronismo a una semana de la elección es fenomenal. 


Las broncas contra Máximo Kirchner se multiplican. El panorama electoral de repente se ha complicado. 


Al núcleo duro del kirchnerismo y a una parte importante de la sociedad estos temas no les mueven la aguja. Pero a un porcentaje alto de los ciudadanos que votaron por Patricia Bullrich, sí. Para el votante de No Tan Juntos por el Cambio, la corrupción y el espionaje son temas sensibles que están en su radar político.  


Sergio Massa, que no bien conocido el caso de Julio “Chocolate” Rigau y el yategate que comprometen seriamente a Martín Insaurralde, salió a pedir que lo echen, no ha tenido la misma premura para exigir y/o decretar la renuncia de Fabián “Conu” Rodríguez, que con fondos públicos pagó varias de las operaciones berretas de Zanchetta. Para quienes no lo sepan, Rodríguez responde directamente a Máximo Kirchner. 


Y Rodolfo Tahilade, a Cristina Fernández de Kirchner. ¿hace falta agregar algo más?.



   






domingo, 5 de noviembre de 2023

Elecciones: es lo que hay… @dealgunamaneraok...

 Elecciones: es lo que hay…


Reino salvaje: Dibujo: Pablo Temes.

Las campañas de ambos candidatos muestran la pobreza de la oferta electoral de la clase política.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 04/11/2023 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

“¿Votamos a Frankenstein o a Drácula?”, reza uno de los memes que más circulan en las redes en alusión a la segunda vuelta del próximo domingo 19 de noviembre. La expresión refleja a la perfección la encrucijada electoral en que quedó atrapado el país tras el resultado de los comicios del 22 de octubre pasado. Explica, a su vez, la falta de esperanza de una parte significativa de la ciudadanía, que ve a la Argentina como un país sin otro rumbo que el del desencanto y la frustración.

La campaña de Sergio Massa es absolutamente desvergonzada. No solo eso sino que, además, en muchos casos, es violatoria del Código Nacional Electoral que, en su artículo 64, establece que no se pueden hacer anuncios de gestión a partir de los 25 días previos a los comicios. Nada que sorprenda viniendo de un dirigente peronista para el que el valor de la ley es escaso o nulo. Las dos únicas propuestas del candidato oficialista son el “plan platita” y el miedo a su rival, a quien, en general, no nombra. Una muestra de esa falta de límites fue la foto de campaña que el ministro-candidato se sacó con actores y actrices afines usando de fondo el Festival Internacional de Mar del Plata. Un verdadero gesto de apropiación de un acontecimiento cultural que debe ser respetado en su pluralidad. Así es el peronismo.

Desde el sábado hasta el martes hubo en el entorno de Massa una mezcla de desasosiego y enojo por la falta de combustible que se extendió a todo el país. El destinatario especial de ese enojo fue el presidente de YPF, Pablo González. Hay que recordar que YPF es una compañía manejada por La Cámpora. Es una parte más de la totalidad de las cajas del Estado que quedaron en manos de la agrupación que lidera el hijo de los Kirchner. En esa administración, junto con el afán por gerenciar el dinero que mueve la firma con intencionalidades político-partidarias, abunda –como no podía ser de otra manera– la ineptitud que derivó en este inconveniente que paralizó por varias jornadas a todo el país. Eso enojó a Massa, quien, de todas maneras, nada puede hacer para modificar la situación. ¿Podrá hacerlo en caso de ser electo presidente?

En la reunión con los empresarios en la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA), el ministro- candidato vivió algunos momentos incómodos. El reclamo principal de los industriales pasa por los dólares que las empresas necesitan para importar los insumos que precisan para seguir operando. Las respuestas dadas no fueron satisfactorias. Hubo cruces picantes entre Massa y algunos de los allí presentes. El ex intendente de Tigre intentó zanjar esa tensión ofreciendo cargos a empresarios en su idea de un gobierno de unidad nacional. Entre las vacantes en danza está la presidencia del Banco de la Nación.

Parte de la gente ve un país sin otro rumbo que el desencanto y la frustración.

Uno de los problemas que tiene Massa para contrarrestar su falta de credibilidad es la presencia activa del kirchnerismo que, claramente, no ceja en su intento de imponer su agenda, la que, como es bien sabido, está vinculada directamente a las necesidades de Cristina Fernández de Kirchner. Su prioridad es el Poder Judicial.

En ese ámbito, la condenada vicepresidenta busca descabezar a la Corte Suprema y, además, designar a decenas de jueces afines. Ese intento fracasó con Alberto Fernández. La presión la tiene ahora Massa. Y si llegara a ser elegido presidente, la tendrá mucho más aún. Una muestra de ello ocurrió esta semana con el cruce de alta tensión entre los dos miembros de la Corte Suprema de Justicia –su presidente, Horacio Rosatti, y Carlos Rosenkranz–, que rechazaron de cuajo y en duros términos el juicio político que les quieren promover desde el kirchnerismo. El dictamen de la Comisión de Juicio Político ya está listo para elevar la acusación que pasará, entonces, a la Cámara de Diputados. El oficialismo está esperando la palabra de Massa para ver si aprueba ese paso que, de concretarse, será juzgado por un Congreso con otra integración en el que el kirchnerismo no tiene mayoría pero en el que está la mano de CFK, con su hijo Máximo y Eduardo “Wado” de Pedro como verdaderos comisarios políticos.

Esta movida impulsada por la vicepresidenta generó la protesta inmediata y enérgica nada menos que del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien acusó directamente al ministro-candidato de estar apoyando esta maniobra. Es lo peor que podría haber esperado Massa, que estaba planeando algún movimiento de seducción hacia el gobernador, cuyo apoyo necesita para captar algunos de sus votos, que son cruciales para allanarle el camino hacia la Casa Rosada.

En las huestes de Javier Milei tampoco reina el sosiego. La sociedad con Mauricio Macri ha producido un profundo impacto –no siempre positivo– puertas adentro del espacio libertario. Tal es la fuerza de ese impacto que el candidato debió salir a ratificar los ejes principales de su propuesta de gobierno: la dolarización y el cierre del Banco Central. Pero, más allá de esos ruidos internos, Milei necesita esa asociación no solo por los votos sino también por los fiscales. Ya terminado el idilio con Luis Barrionuevo –un sapo que Milei se deglutió con una fenomenal ingenuidad–, la necesidad de tener fiscales que actúen con firmeza y conocimiento de la mecánica electoral hace que la colaboración con el PRO sea imprescindible. Eso para empezar porque, si llegara a la presidencia de la Nación, va a necesitar el apoyo del equipo amarillo y de otros sectores de No Tan Juntos por el Cambio para aspirar a que se aprueben algunos de sus proyectos legislativos. Uno de los hechos que generaron los mencionados recelos fue, en estas horas, la aparición del nombre de Federico Sturzenegger como un posible convocado para desempeñar funciones dentro de un posible gobierno libertario. La verdad es que Sturzenegger tuvo un opaco papel como presidente del Banco Central. Su gestión fue –y sigue siendo– blanco de críticas muy duras, muchas de las cuales vienen desde las mismísimas filas de JxC. Resultaría paradójico, además, que Milei, que denuesta al Banco Central, convocara a su gobierno a uno de sus expresidentes.

Al candidato libertario tampoco lo ayudan las disparatadas declaraciones públicas de algunos de sus dirigentes. El caso más resonante de estos días ha sido el de Diana Mondino, una destacada economista que, vaya a saber por qué razón, ha puesto en la agenda de la campaña temas tan delicados como el de los trasplantes, con posturas muy criticables como la de la venta de órganos, o la comparación del matrimonio igualitario con los piojos.

Massa o Milei. Es lo que hay.



   

lunes, 24 de diciembre de 2018

Claves para entender el fallo de la Corte sobre jubilados… @dealgunamanera...

Claves para entender el fallo de la Corte sobre jubilados…


El tribunal rechazó la aplicación de un índice que proponía el Gobierno para calcular los haberes iniciales. A cuántos beneficiarios alcanza, cuál es el costo fiscal y cuánto repercute en el haber de los jubilados.

© Escrito por el martes 18/12/2018 y publicado por el Sitio Chequeado.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) rechazó el índice que utiliza la ANSES para el cálculo inicial de las jubilaciones y avaló el uso de un indicador que es más beneficioso para jubilados y pensionados. Por cuatro votos contra uno, el máximo tribunal declaró inconstitucionales dos resoluciones emitidas por el actual gobierno y solicitó al Congreso que a través de una ley determine cuál es el índice que debe utilizarse. Datos para entender el fallo.

Qué resolvió la Corte.

El tribunal falló sobre un período específico: las personas que se jubilaron entre 1995 y 2008. El problema a resolver era cómo debía calcularse la jubilación inicial de los jubilados en ese período, ya que la ANSES en esos años no tenía reglamentado cómo ajustar el cálculo del primer haber. “Entre 1995 y 2001 regía la Ley de Convertibilidad, que prohibía las actualizaciones. Y a partir de 2002 se hizo alguna actualización, aunque insuficiente y sin marco jurídico”, explicó a Chequeado Claudia Danani, especialista en Seguridad Social e investigadora de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS).

Por eso, en 2009 la Corte dictó el fallo “Elliff”, en el que ordenó el uso del Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) para actualizar la jubilación inicial de los jubilados del período 1995-2008.

En junio de 2016, el Congreso aprobó la Ley de Reparación Histórica y la ANSES reconoció que las jubilaciones de ese período estaban mal calculadas. Aquellas personas que aceptaban mediante un acuerdo formar parte del programa debían renunciar a cualquier demanda en contra del Estado y aceptar otro índice diferente al ISBIC para calcular su haber inicial: el de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que toma como referencia el incremento promedio de los salarios en actividad.

Sin embargo, en 2018 la ANSES estableció a través de una resolución que este índice también se le debía aplicar a las personas que no habían adherido a la Reparación Histórica, entre ellas las personas que se jubilaron entre 1995 y 2008. Esto fue lo que la Corte, con los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton (y la disidencia del presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz), declaró inconstitucional, por considerar que se trata de una potestad del Congreso y no del Poder Ejecutivo.

En la práctica, al utilizar este índice que proponía la ANSES, los jubilados que ingresaron en el programa tuvieron un índice de actualización más bajo que aquellos que no adhirieron y siguieron litigando. En el fallo, la Corte le pidió al Congreso que sancione una ley que establezca cómo calcular ese período, y le ordenó a la ANSES que mientras no exista ley aplique el ISBIC.

A cuántos jubilados alcanza.

La Corte falló sobre un caso concreto, el de Luis Blanco, un camionero de 73 años que se jubiló en 2003 y en 2012 inició un reclamo judicial para que su jubilación (entre 2003 y 2009) fuera calculada según el criterio establecido por la Corte en el fallo “Elliff”.

Según informó la ANSES a Chequeadoexisten otros 150 mil casos que se encuentran en la misma situación: son jubilados que tienen causas en trámite, obtuvieron el beneficio entre 1995 y 2008 y no adhirieron al Programa de Reparación Histórica que fue aprobado por el Congreso en junio de 2016. Estos litigantes están en condiciones de reclamar que se les aplique el mismo criterio que a Blanco.

Sin embargo, este grupo representa un porcentaje menor. Hoy en la Argentina hay más de 6,8 millones de jubilados y pensionados, de los cuales casi 4,5 millones reciben la mínima, de acuerdo con los datos oficiales. Por lo tanto, los 150 mil que podrían recibir el beneficio de cobrar su jubilación de acuerdo con el índice de la industria y la construcción como estableció la Corte representan sólo el 2% del total.

Qué impacto tiene en el haber de esos 150 mil jubilados…

El indicador que hoy avaló la Corte, el ISBIC, suele evolucionar por encima del que propone el Gobierno, el RIPTESegún la ANSESentre 2002 y 2008 el RIPTE registró una suba del 176%, mientras que la del ISBIC fue de más del doble: creció un 362 por ciento.

El Estudio Troccolli, especializado en Seguridad Social, realizó un cálculo sobre la diferencia entre ambos índices. Según esta estimación, un haber jubilatorio en julio de 2007 calculado por ANSES en $1.800 pasa a $2.490 calculado por RIPTE y a $3.435 calculado por ISBIC. El mismo informe suma otro ejemplo: un haber calculado por ANSES en $32.800 en octubre de 2018, asciende a $40.500 con el reajuste por RIPTE y a $55.900 por ISBIC.

¿…Y en el Estado?

En cuanto a la afectación a las cuentas públicas, la ANSES estima que el nuevo fallo de la Corte implicará “un gasto anual adicional de $72.600 millones”. Si se considera el presupuesto ejecutado en 2018 por el organismo encargado de las jubilaciones, pensiones y asignaciones, esta suma representa un 5%, mientras que al tomar el presupuesto asignado a la ANSES para 2019 el porcentaje cae al 3 por ciento.

Según Rafael Flores, especialista en política fiscal y ex director de la ASAP, el Presupuesto 2019 ya tiene estimado un gasto de $34.500 millones para el pago de juicios. “Si se suma este adicional, en porcentaje de los fondos de la ANSES el costo es menor. Pero estamos hablando de un presupuesto con una meta de déficit cero donde sí se invierte más en jubilaciones se debe gastar menos en otros rubros o aumentar más los impuestos”, advirtió a este medio.


domingo, 23 de diciembre de 2018

El joven Frankenstein… @dealgunamanera...

El joven Frankenstein…

Cría cuervos… Andrés Larroque. Dibujo: Pablo Temes.

Tanto la Corte Suprema como el kirchnerismo de Buenos Aires ocultan a sus propios monstruos.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 23/12/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Solo si se acepta la tendencia a la entropía de las dirigencias, es posible percibir la sorprendente empatía de La Cámpora y la Suprema Corte. En la estrategia para defender a uno de sus máximos exponentes de un supuesto intento de abuso y con el excepcional modelo de gestión resuelto por el más alto tribunal, la urgencia de darles prioridad a los equilibrios internos de sus cúpulas prevalece sobre el interés de la ciudadanía al que deberían reflejar con sus acciones.

Ese desentendimiento de otra realidad que no sea la propia es casi un rasgo constitutivo de la cultura con impacto decisivo en el universo de los inversores internacionales, donde se desconfía que para modificarla alcance con la voluntad del gobierno de Mauricio Macri.  Es el valor representativo de estos casos como ejemplo de esa larga tradición. Y otra forma de ver el riesgo país y la inseguridad jurídica: una derivación del retraso para una apertura racional al mundo.

Parece improbable que Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti desconocieran ese efecto con la limitación al mínimo de las atribuciones de Carlos Rosenkrantz en la presidencia de la Corte. El de Rosatti es el caso que llama la atención. Su designación fue impulsada por Cambiemos con recomendación de Elisa Carrió. Rosatti no renunció a la aspiración de presidir la Corte, que mantiene intacta desde que Rosenkrantz ocupa el cargo.

Que la experiencia de 1961 sea el antecedente para socializar la conducción del cuerpo es una alambicada ironía. Ocurrió en el tramo final del tambaleante gobierno de Arturo Frondizi. A su figura apela el círculo rojo para ensañarse con Macri por la supuesta promesa incumplida de emularlo. Sin embargo, no es la única. Se señala a Lorenzetti como el mentor de ponerle fin al personalismo que ejerció cuando fue su turno.

Jorge “el Loco” Romero le debe la notoriedad reciente al estar incluido entre denuncias periodísticas y versiones en las redes contra dirigentes de La Cámpora por aparentes casos de abusos de mujeres que llegan en un momento de inflexión para la agrupación alineada incondicionalmente con Cristina Fernández de Kirchner. Máximo pretende remozarla con una renovación de autoridades.

Cuervo. 

O, por lo menos, la exclusión de Andrés “el Cuervo” Larroque, a cargo de la provincia de Buenos Aires, por la que el hijo de la ex presidenta será reelegido diputado nacional. A Larroque se lo acusa de expresar las posiciones más rígidas sobre la convivencia institucional. Con la llegada de Wado De Pedro al Consejo de la Magistratura de la Nación y Juliana Di Tullio al directorio del Bapro, Cristina procura adelantar un cambio de imagen del kirchnerismo que no es fácil disociar de una candidatura presidencial.

Lo mismo que Máximo, De Pedro y Mayra Mendoza, Larroque precisa renovar su banca en 2019. Objetivo en riesgo si María Eugenia Vidal desdoblara las elecciones de gobernador y presidente. Dependerían para eso mucho más de los intendentes que de Cristina. Romero es miembro fundacional de La Cámpora, reporta directamente a Larroque y es el dirigente más importante en territorio bonaerense después de él.

Accedió a la banca de senador provincial con la renuncia de Noemí Sierra, elegida diputada nacional en 2017. Sierra es la esposa del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Máximo quiere a Facundo Tignanelli en los roles de Larroque y  Romero. El diputado provincial negoció por Unidad Ciudadana el Presupuesto y la autorización de tomar deuda al gobierno bonaerense. Tignanelli pertenece al espacio de Larroque.

Lo mismo que su antigua asistente, Lucía Porto, compañera de bancada con Tignanelli.  Porto es asesorada por la locuaz abogada de la actriz Thelma Fardin en la denuncia contra Juan Darthés, Sabrina Cartabia. Una virtud para la oratoria y la literatura en la que nunca se destacó Romero. De allí la sorpresa para Máximo con el escrito publicado en Facebook por el senador provincial con el presunto aval de Larroque. ¿Lo habrá auxiliado Cartabia?

Es una especulación del hermético debate que inquieta a Cambiemos en el Senado bonaerense. El jefe de bloque, Roberto Costa, negoció con su par de Unidad Ciudadana, Teresa García, el pedido de licencia sin goce de sueldo que todavía no hizo efectivo Romero. Es la salida imaginada ante la ausencia de denuncias judiciales, policiales o actuación de oficio de algún fiscal en un caso con pocas pruebas materiales hasta ahora, como le confirmó anteayer Gustavo Ferrari a Federico Salvai.

Loco. 

El ministro de Justicia rastreó y no halló en el Poder Judicial antecedentes de esas características contra Romero. Hasta que esté esclarecido el asunto, la licencia es la medida que el jefe del Gabinete conversó con el vicegobernador Daniel Salvador. Si se activase, debería haber una sesión extraordinaria que la confirme y disponga la asunción de su suplente, Graciela Gianettassio, ligada a Julio Pereyra.

El ex intendente de Florencio Varela preside el bloque de diputados de los intendentes del PJ.

Los Kirchner y La Cámpora lo repudian por la participación de Gabriel Favale en el asesinato del estudiante Mariano Ferreyra que asocian a la muerte de Néstor Kirchner, el 27 de octubre de 2010. Desde entonces y mientras fue presidenta, Cristina prohibió su ingreso a la Casa de Gobierno. Favale pertenecía a la barra de Defensa y Justicia, vinculada a Pereyra.

Con Gianetassio, la bancada de los intendentes tendría cinco miembros en el Senado. Solo el desdoblamiento electoral que inquieta a Martín Insaurralde podría ponerlo en crisis.

Con ellos y sus 29 delegados, Cambiemos tendría garantizada la mayoría especial de dos tercios en esa Cámara. Al intendente de Lomas de Zamora lo desvela que Vidal adopte esa medida. Debería competir electoralmente contra ella y sin Cristina.

El último ensayo de Rosatti es revelador de todo lo que pondrían en juego los que  adhieren a la entropía política. En Frankenstein o el rechazo a lo diferente postula que “el monstruo siempre será un espejo que refleja no solo lo que se ve. También lo que no se percibe a simple vista. Lo que está escondido dentro de nosotros”.


(Fuente: www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o directamente comparta la URL. Por cualquier duda por favor escribir a: perfilcom@perfil.com

domingo, 14 de mayo de 2017

Causas pendientes…

2x1= -3 Elena Highton de Nolasco. Foto: Pablo Temes

La Corte debe atender sus cuentas internas, además del 2x1. Denuncias made in Brasil.

Hacía mucho tiempo que el Congreso no era protagonista central de la vida institucional del país. Ese rol lo retomó en la semana que pasó cuando, con conciencia política, apuró la sanción de un instrumento legal que clausura definitivamente la posibilidad de aplicar el 2x1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad.

La marcha del miércoles fue un hecho contundente. El repudio social terminó de legitimar las críticas a la aplicación del 2x1 que ya habían sido expresadas por la mayoría del arco político y por muchos de los integrantes del Poder Judicial. La aprobación en forma unánime por parte del Congreso de la norma mencionada en el párrafo anterior sirvió para bajarle el volumen político al documento que en la Plaza de Mayo leyeron Tati Almeida, Nora Cortiñas, Lita Boitano y Estela de Carlotto.

Un experimentado juez acostumbrado al diálogo y a la generación de consensos expresó lo que está en la mente de muchos miembros de la Justicia: “El fallo fue desastroso, innecesario e incomprensible. Para ser juez supremo, además de un conocimiento técnico sostenido, hay que tener cintura política. El prestigio de esta Corte se acabó por los tres que votaron de forma extraña”.

En los pasillos de muchos tribunales se piensa que Elena Highton de Nolasco –la ministra que junto a sus pares Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz votaron a favor de otorgar el beneficio del 2X1 al condenado Luis Muiña– deberá hacer malabarismos para permanecer en su cargo porque ahora tiene puesta sobre sí la lupa del bloque peronista del Senado. La especulación política sobre el porqué del fallo y su oportunidad estuvo a la orden del día.

¿Tuvo Mauricio Macri algo que ver con el fallo? Tres fuentes distintas que conocen al dedillo lo que pasa en el seno de la Corte coincidieron en una respuesta: “No”. De todas maneras, el Presidente reaccionó tardíamente. Su rechazo al fallo debió haber sido inmediato. En el interior de la Corte se vive un estado de revuelo como hacía mucho tiempo no se veía. Sobre sus miembros también recae la sospecha de maniobras con trasfondo político. Del lado del presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti –cuyo voto, que terminó siendo el más razonable en cuanto a los argumentos lo dejó, junto con Juan Carlos Maqueda, mejor parado ante la opinión pública–, parecería demasiado rebuscado pensar el fallo como una jugada para conservar el poder.

El día de acuerdo de la Corte, los secretarios letrados acercan a la sala las fojas con las decisiones para su revisión y firma final. No es usual que un juez deje firmado de antemano un fallo de esta envergadura, es decir que todos pudieron revisarlo y firmarlo. Por lo tanto, si algún ministro advirtiera o sospechara una maniobra conspirativa tendría la oportunidad de discutirla con sus pares. Además, los jueces del voto mayoritario no son tan ingenuos.

“Del lado de los tres jueces que conformaron la mayoría –asegura otra fuente de vasto conocimiento de los pasillos de Talcahuano 550– sería un costo muy alto para una maniobra política. Aunque hay quienes miran de reojo su insistencia para tratar el expediente, cuando no había apuro para hacerlo”. En esa línea dos de los tres ministros que firmaron fueron Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. Uno fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de Kirchner entre 2004 y 2005, la otra, nombrada por el mismo presidente en 2004.

Cuando parecía que el fin de la semana traería alivio para el Gobierno, se reabrió el caso que compromete a Gustavo Arribas.

Repasémoslo brevemente. La causa se inicia por una denuncia de la diputada Elisa Carrió, a raíz de una publicación del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, en la que se manifiesta que el actual jefe de inteligencia argentino recibió en cuentas suyas en Suiza por lo menos cinco transferencias por US$ 600 mil de parte de Leonardo Meirelles, operador financiero condenado en Brasil por el escandaloso Lava Jato.

La causa cayó en manos del fiscal Federico Delgado y del juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Para demostrar efectivamente dichas transferencias era necesario por lo menos tomar dos medidas de prueba: por un lado, pedir al banco suizo los movimientos bancarios de Arribas y por otro, pedir la declaración del arrepentido Meirelles como testigo. El fiscal Delgado impulsó la investigación y le pidió al juez que se realizaran estas medidas que, sin embargo, no fueron efectuadas. Dos meses después de iniciada la causa, el juez Canicoba Corral sobreseyó a Arribas. ¿Cuáles fueron sus fundamentos? Sostuvo que el fiscal había propuesto “una investigación abierta”, con lo cual faltaba un delito concreto para imputarle a Arribas.

Todo se da en el marco de múltiples investigaciones relacionadas al posible pago de coimas por parte de la constructora brasileña Odebrecht en la Argentina. La causa mayor es la del presunto pago de coimas por parte de la constructora brasileña a funcionarios de nuestro país en el marco del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, a cargo del juez Martínez de Giorgi y el fiscal Franco Picardi.

El contrato del soterramiento lo ganó una unión transitoria de empresas que, además de Odebrecht, integraron Iecsa (en ese momento empresa de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri), Ghella y Comsa-EMTE. Es curioso que la declaración de Meirelles se dé en la causa que parece ser la menos trascendente de todas, la de Aysa. Por eso será que cuando les preguntaron a los arrepentidos si conocían a Carlos Ben (presidente de Aysa) o si recordaban algo de la planta de Aysa dijeron que no.

Pero lo más llamativo es que no recordaban ningún nombre salvo el de Gustavo Arribas. Es decir, al ser consultados por Julio De Vido, por Ricardo Jaime o por José López (los investigados en la causa a cargo de Martínez de Giorgi) ninguno reconoció conocerlos ni recordar sus nombres. De todos modos, no cerraron la puerta respecto de la participación de ellos; sostuvieron que van a chequear la documentación y ver los nombres.

Todas estas incógnitas deberán ser esclarecidas por la Justicia. Mientras tanto, la situación de Arribas es complicada. La reapertura de la investigación ha sido ordenada por la Sala I de la Cámara Federal en lo Penal y Correccional integrada por el cuestionado juez Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y el subrogante Leopoldo Bruglio. También Elisa Carrió y Graciela Ocaña, flamante incorporación de Cambiemos, pidieron lo mismo. El Presidente está en problemas.

Producción periodística: Santiago Serra, con la contribución de Lucía Lopreiato.