Nueva denuncia: 403 periodistas espiados por la Agencia
Federal de Inteligencia macrista…
Macri y Arribas, durante el juramento de 2016. Fotografía: Archivo N.A.
Según el expediente judicial, el presunto espionaje
ilegal se habría realizado además sobre 28 académicos, 58 empresarios y
personalidades de la sociedad civil.
©
Escrito por Rosario Ayerdi el viernes 05/06/2020
y publicado por el Diario Perfil de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.
El espionaje
ilegal durante la gestión de Mauricio
Macri suma un capítulo con una nueva denuncia judicial que da
cuenta de la vigilancia que hacía la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)
sobre 403 periodistas,
28 académicos, 58 empresarios y personalidades de la sociedad civil,
y distintos dirigentes
del Partido de los
Trabajadores Socialistas. Estos nombres surgen del seguimiento
realizado a partir dos eventos que se llevaron a cabo en nuestro país como la
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio de 2017 y la
Cumbre del G20 de 2018.
En la AFI el
sistema de “escritorio
limpio” por el cual el personal no puede dejar papeles y
material de trabajo a la vista hace que cada oficina cuente con cajas fuertes.
El 24 de enero, personal de la actual intervención a cargo de Cristina Caamaño
realizó una inspección ocular en la oficina ocupada por el entonces director
operacional del Área de Contrainteligencia de la Agencia. Allí encontró tres
sobres con las leyendas “2017”,
“Periodistas G20'”
y “Varios”.
Se trataba de planillas que contienen fotografías, datos de las actividades en
redes sociales, y referencias sobre si los investigados tienen afinidades
políticas, sociales y culturales, participaciones societarias. En algunos casos
hasta hay información sobre su familia y empleadas domésticas.
Estos folios son
parte de una denuncia
presentada ayer por Caamaño por “producción de inteligencia ilegal” que
quedó a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11 de Marcelo
Martínez de Giorgi. Allí se solicita la declaración indagatoria de los agentes
involucrados (cuyos nombres se mantienen en reserva por la Ley de Nacional de
Inteligencia); del ex director general de la AFI Gustavo Arribas; de la ex
subdirectora, Silvia Majdalani, y del ex presidente Mauricio Macri, “en su
calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos
generales de la política de Inteligencia Nacional”.
“He tomado
conocimiento de la producción de inteligencia ilegal respecto a periodistas,
académicos, organizaciones sociales, partidos políticos, entre otros, ello
vulnerando manifiesta los términos contenidos en los artículos 4 inciso 2 de la
ley 25.520”, dice parte de la denuncia.
Cristina Caamaño, actual titular de la AFI, junto al jefe de Gabinete
Santiago Cafiero (Foto: NA)
Periodistas.
En el expediente
hay 403 fichas confeccionadas por la Dirección de Eventos Especiales y visadas
por el área de contrainteligencia que tendrían que ver con los trabajadores de
distintos medios acreditados para la Cumbre del G20 que se llevó a cabo en la
Argentina durante 2018. “Las fichas contienen información de todo tipo y color:
vinculaciones en los medios de comunicación, preferencias políticas,
publicaciones en redes sociales, simpatía respecto a grupos feministas o de
contenido político y/o cultural, entre otras cuestiones que nada tienen que ver
con el contenido del evento para el cuál supuestamente se estaban realizando
este tipo de tareas sin control ni orden jurisdiccional”, se detalla en la
denuncia. Entre ellos hay periodistas y fotógrafos de la editorial Perfil.
Esta información
registrada viola el artículo
4 inciso 2 de la ley 25.520 de Inteligencia que detalla que
ningún organismo de inteligencia podrá “obtener información, producir
inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe
religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a
organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas,
asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que
desarrollen en cualquier esfera de acción”.
En la denuncia,
Caamaño detalló: “Si un periodista es
o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo
respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado
nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20.
Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en
Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni
Una Menos’”.
Las descripciones incluyen
calificaciones
como "siempre con posturas contra el Gobierno", "Se opone
fuertemente al kirchnerismo", "Hay una foto con Estela de
Carlotto", "Utiliza las redes como herramienta de viralización de
contenido feminista", "Se destaca en FB la única página de políticos
a la que le dio "Me Gusta" es la de Laura Alonso", "En las
elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos".
Más espiados.
La lista de
vigilados también tuvo que ver con la XI Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial del Comercio que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires
entre los días 10 al 13 de diciembre de 2017. Allí figuran distintos
empresarios y personalidades de la sociedad civil que participaron y otros a
los que se les negó su participación. “Adjunto también a la presente, un
informe elaborado titulado ‘Informe sobre inscriptos a la reunión ministerial
de la OMC’, calificado como SECRETO,
de donde se desprende el análisis de inteligencia ilegal efectuado en relación
al Transnational Institute y del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio”,
dice la denuncia.
Según consta allí,
“respecto al Instituto del Mundo del Trabajo ‘Julio Godio’, el informe también
reúne datos que dejan de llamarnos la atención. En este sentido, posee un
párrafo especial titulado ‘Vinculación
con la UNTREF’, ¿qué medidas de seguridad puede vulnerar un
Instituto cuyo trabajo se enmarca en las tareas académicas llevadas a cabo en
una casa de estudios? ¿Cómo es posible pensar que el trabajo académico llevado
a cabo -e incluso publicado- por una universidad pública puede alterar el orden
o la seguridad en un evento internacional? ¿Qué es lo que en definitiva motivó
que se realizara o encomendara este tipo de tareas clandestinas e ilegales?
Muchas preguntas, pocas respuestas”.
Entre el
seguimiento también
aparecen dirigentes de distintas entidades como varios miembros
de la Sociedad Rural Argentina, de quienes se detallan información privada como
datos bancarios, vínculos familiares, propiedades y automóviles. Así como su
participación en sociedades y hasta el salario de empleadas domésticas.
“Tal como puede observarse
de las fichas acompañadas se desprende la cantidad de información reunida en
forma ilegal de personas del mundo académico: información básica, distintos
domicilios, grupos de pertenencia, redes sociales, vínculos importantes (sin
precisar a qué hacer referencia el término ‘importantes’), y al final -en
información adicional- todo tipo de información de inteligencia de corte
político como por ejemplo lo que surge de la ficha de Federico Wahlberg:
‘Actualmente se desempeña en la Secretaría de Medioambiente de la Nación. Grupo
de economistas de izquierda con fuerte presencia en medios de comunicación y de
corte kirchnerista como Página/12.
Asimismo, ha
realizado publicaciones en el portal de ‘Agencia Paco Urondo’, en las cuales se
ha manifestado en contra del libre comercio. Ha tenido participación activa en
las actividades previas a la OMC que organizó el colectivo Argentina Mejor sin
TLC. Pregonan presencia en la Universidad General Sarmiento, donde Luciana
Ghiotto expuso en sus jornadas de SEP17, en conjunto con otros miembros de la
SEC”, detalla la denuncia.
Las pruebas se
presentaran este lunes en el juzgado de Martínez de Giorgi cuando también se
exhiba un informe cuyo asunto reza “OMC”,
el cual contiene información de inteligencia vinculada al Partido de los
Trabajadores Socialistas por actividades contra los eventos de la OMC y el G20.
“A partir de la
producción de inteligencia
ilegal llevada a cabo por las áreas mencionadas, se negó el
acceso a los eventos internacionales mencionados a las personas que subjetiva y
arbitrariamente no cumplían con los requisitos políticos, sociales o incluso de
vínculos, que desde la Agencia entendían como los correctos para poder asistir
a este tipo de eventos. Ello, como V.S. recordará, trajo aparejado innumerables
reclamos judiciales por parte de quienes se veían restringidos en el acceso sin
entender cuál era el motivo real; incluso se presentaron también reclamos a
nivel internacional, generando de esta manera un conflicto diplomático entre
nuestro país y los distintos países participantes de estos eventos”, concluye
la denuncia.
Esta será la
segunda presentación judicial que hace la actual interventora ya que a
fines de mayo presentó una lista de 86 personas que habrían sido espiadas y que
derivó en la imputación de Macri, Arribas
y Majdalani.
