domingo, 5 de abril de 2026

Argumentos caídos - Un pacto se rompió… @elprofesorcapomasi

 Argumentos caídos - Un pacto se rompió…

Run, Manuel, run... Dibujo: Pablo Temes.

El Gobierno atraviesa su peor crisis de credibilidad, lo que le da una vida más a los diversos opositores.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 05/04/2026 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.


El presidente Javier Milei estableció “La moral como política de Estado” como el núcleo conceptual de su gestión durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el domingo 1° de marzo de 2026. Seguramente el líder libertario no tomó la dimensión exacta del enunciado que acababa de postular. Lo que sí quedó claro es que, para la mayoría de la ciudadanía, se trató de algo más que un enunciado meramente aspiracional: se trató de un compromiso. Según la Real Academia Española (RAE), un compromiso es una obligación contraída, una palabra dada, un acuerdo o pacto entre partes. Al menos por ahora, ese pacto se ha roto y difícilmente se pueda reconstruir.

El Gobierno está atravesando la mayor crisis de credibilidad desde que asumió el poder. El affaire Adorni ha sido, sin lugar a dudas, el punto de inflexión que desató una catarata de investigaciones sobre hechos que han comenzado a salir a la luz. El viaje del jefe de Gabinete con su esposa en el avión presidencial fue la punta del iceberg. Ya no se trata del uso personal o familiar de un bien público, hay además, cuentas poco claras, jubiladas que oficiaron de prestamistas y que –en principio– negaron conocer al exvocero, posibles omisiones en su declaración jurada y un blanco que no cierra. Por si esto fuera poco la escribana que certificó la compra de las propiedades del jefe de Gabinete, había trabajado para narcos que traficaban efedrina. La función pública es tan delicada que exige ser y parecer. ¿Es posible que un economista que trabajó en los medios y fue crítico del poder en tiempos de los Fernández haya podido pasar por alto tantas luces amarillas? La respuesta es sí. El poder nubla la visión.

La orquestada defensa del Gobierno para uno de los alfiles de Karina Milei se cumplió a regañadientes. “Ponele que es cierto que Manuel es un tipo querido puertas adentro. Muchos de los que tuvieron que salir a poner la carita en fotos y agendas de trabajo no tuvieron opción. Hay un punto en que lo soltás o te hundís. Y nosotros estamos pagando un costo político altísimo” –dijo una fuente libertaria que conoce cómo está el humor en Balcarce 50. La cosa no terminaría ahí. El fiscal federal Gerardo Pollicita está investigando un nuevo viaje del jefe de Gabinete junto a su familia –esta vez a Aruba– la isla caribeña a fines del 2024.

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A mitad de semana otra alarma comenzó a sonar. Parte de la oposición en el Congreso pidió investigar el pasado miércoles los millonarios créditos hipotecarios que se otorgaron a través del Banco de la Nación Argentina (BNA) a funcionarios y legisladores del gobierno libertario. Cabe aclarar que desde 2024 existe una línea diferencial de préstamos para empleados y funcionarios públicos, con beneficios que no tienen los clientes regulares. Miembros del equipo económico, directivos del Banco Central (BCRA) y hasta un tuitero oficialista obtuvieron créditos hipotecarios de hasta US$ 350 mil. La información se divulgó desde el sitio web “¿Cuánto deben?”, desarrollado por el programador Andrés Snitcofsky. Parece que es más fácil el acceso al crédito cuanto más cerquita se está del mostrador.

Otros tiempos. En octubre de 2024 la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello exigió la renuncia de una funcionaria de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ya que en su área se registró la compra de una cafetera por casi 2 millones de pesos. Es evidente que, con el correr del mandato, algunas buenas costumbres se fueron perdiendo.

Cuando estalló el caso de la criptomoneda $Libra, difundida por el Presidente en su cuenta de la red social X, un manto de duda tiñó el accionar del primer mandatario y de su hermana Karina. Para ser más claros: en los primeros días y por el desconocimiento de lo que para muchos son los vericuetos del mundo cripto, se les otorgó el “beneficio de la duda”. Ha transcurrido más de un año desde aquel 14 de febrero en que todo comenzó y la investigación periodística y judicial –que incluyó la apertura de celulares de los principales implicados– arrojó una cantidad abrumadora de datos que compromete seriamente al Presidente y su entorno y que terminó derribando de un plumazo todas las explicaciones oficiales. La Justicia tendrá la última palabra pero, a esta altura, la supuesta transparencia en la que creyeron millones de argentinos se aleja del capital político del Gobierno. Cuando la vara se pone alta, hay que ir con pie de plomo.

Asoma –también– un problema de política electoral. Si Adorni no da un paso al costado, o recibe asilo político en algún rincón del Gobierno con menos exposición, ya poco importa en términos de imagen. Una encuesta realizada por la consultora Zuban Córdoba reveló que el 70% cree que debería renunciar. Su supuesta candidatura a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pende de un hilo y, pese al disgusto que pudiera generarle a Karina, los porteños ven con muy buenos ojos a Patricia Bullrich. Las internas siguen a la orden del día y nadie está dispuesto a ceder.

Es justo mencionar que muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras y señalan al Gobierno no tienen la más mínima autoridad moral para hacerlo. El kirchnerismo tiene a su conductora condenada y con tobillera. Si hurgamos tan sólo un poco en el pasado reciente –y no tanto– del peronismo no alcanzaría el espacio en esta columna para enumerar sus fechorías. El problema, sin embargo, sigue siendo del actual gobierno que, con su conducta, le ha dado una vida más a quienes pretende combatir. “Kukas”; “zurdos”; “comunistas” y muchos otros aplauden desde la tribuna.

Ni siquiera el Indec le dio un respiro al Gobierno. El anuncio de que la pobreza bajó al 28,2% en el segundo semestre de 2025 –el nivel más bajo desde 2018– no alcanzó para tapar los escándalos y, por otra parte, en el Ministerio de Economía saben que el dato no debería tomarse sólo cuantitativamente. La actividad, tal como reconoció el propio Luis Caputo, no se está reactivando a la velocidad deseada y los sueldos siguen siendo una de las preocupaciones principales de millones de argentinos. Familias con dos trabajos en blanco no llegan a fin de mes. El multiempleo –para quien tiene la suerte de alcanzarlo– es la regla entre quienes pueden llenar la heladera entrada la segunda quincena en el calendario.

En un país en donde los períodos entre elecciones son cortos, es una incógnita si el oficialismo podrá afrontar el 2027 sin sobresaltos.





Juicio por la Reestatización de YPF - Revés en Nueva York... @elprofesorcapomasi...

Revés en Nueva York: se desploma el negocio de Burford y crece el misterio sobre los socios ocultos del litigio…


YPF free.
 Dibujo: Pablo Temes.

Más allá del lucro cesante del estudio que litigó contra nuestro país, los grandes derrotados del fallo de la Cámara neoyorquina son los inversores que compraron parte del juicio en el que la jueza Loretta Preska formuló su fallo en primera instancia. Pese a la derrota inesperada, lobistas del grupo norteamericano ya habían iniciado negociaciones con autoridades argentinas del Ministerio de Economía y la propia presidencia de la Nación. La historia de un juicio que aún tiene muchos misterios, que solo la magistrada estadounidense podrá dilucidar.

© Escrito por Carlos Burgueño, Periodista. Lic. en Ciencia Política. Máster en Economía y Sociología y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Burford ganó unos 221 millones de dólares con el juicio por la manera en que se reestatizó YPF en 2012. Es la diferencia entre los 15 millones de dólares invertidos en la compra de la causa a la sindicatura del Tribunal Número 3 en la Justicia Civil y Comercial de Madrid, a donde fue a adquirir vía licitación los papeles necesarios para litigar; y la venta en tres momentos diferentes del 35% de la causa en unos 236 millones a diferentes inversores interesados en cobrar al final del juicio, en una situación que todos presuponían más que favorable a los demandantes.

Casi un caso definido a su favor con un solo riesgo: que Argentina, al final de la historia y con un inevitable fallo final de la Justicia norteamericana a su favor, no pagara y prefiriera entrar en default antes que pagar los US$ 16 mil millones que dictó en primera instancia la jueza Loretta Preska. 

En el momento de vender estas acciones, ese era el único riesgo. Por lo demás, solo restaba esperar un negocio seguro. Easy Money, como se dice en Wall Street. Pero algo pasó camino al cielo.  La Cámara de Apelaciones de Nueva York falló el mes pasado dos a uno a favor de la Argentina, y demolió el negocio. Quizá, para siempre.

Para Burford, la consecuencia fue una pérdida de ganancia de casi 10 mil millones de dólares, habiendo invertido originalmente US$ 15 millones. De ahí el hundimiento de sus acciones en el New York Stock Exchange (NYSE) en un 50%. En definitiva, un “Costo de Oportunidad”. O “Una Ganancia No Realizada”. Un “Lucro Cesante”, en términos más contables. O, como se dice en los floors de la Bolsa de Comercio de Nueva York, “Left The Money on The Table”, no haber ejecutado una ganancia cuando convenía. Habrá que decir, como se contó en estas líneas la semana pasada, que hacia agosto y septiembre de 2025 los lobistas de Burford Capital lo intentaron. Buscaron de todas las maneras posibles (y fueron muchas) de tomar contacto con Javier Milei o con Luis “Toto” Caputo y el secretario de Finanzas Pablo Quirno para que accedan a una mesa de negociación para investigar alternativas de pago bajo el paraguas de un acuerdo extrajudicial amparado y apañado por Loreta Preska. Sin embargo, no hubo caso.

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El gran misterio de este megajuicio es quiénes son los socios de Burford Capital.

El Presidente y sus funcionarios del quinto piso del Palacio de Hacienda dinamitaron todos los puentes aclarando que todo se dirimiría en la Justicia norteamericana. Y que solo al final de esta historia, luego de una intervención de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos con fallo eventualmente adverso, se podría hablar. No antes. Al final de la película, esta actitud pétrea del oficialismo libertario sería la adecuada. Burford, entonces, solo podrá contar como ganancias (al menos hasta aquí) esos 221 millones de dólares de diferencia, entre lo que se pagó por la causa al síndico madrileño y el 35% vendido en el caso. En definitiva, Casualities of War. Nada que un fondo de altísima especulación no tenga en su cartera de eventualidades.

El problema entonces es la pérdida absoluta de los inversores de ese 35%. Los que le compraron a Burford parte del juicio en una apuesta casi segura. Pero que falló. Son los integrantes de la famosa “Lista de Preska”. La jueza del segundo Distrito Sur de Nueva York que falló en contra de la Argentina tiene en sus manos uno de los grandes misterios de la democracia recuperada desde el 83. El gran misterio de este megajuicio es quiénes son los socios de Burford Capital. Esta persona, personas, sociedades o fondos de inversión le compraron parte de la causa al demandante, dinero que se utilizó para costear, supuestamente, los gastos de la presentación. Y quizá, para cubrir favores varios. La principal operación de este tipo se dio el 16 de junio de 2017, cuando luego de la presentación oficial y pública de la demanda ante la jueza de Nueva York, vendió el 15% del litigio a un grupo de inversores por unos US$ 66 millones; tres años después de haber adquirido en 2014 la causa total por unos US$ 15 millones al Tribunal N° 3 en la Justicia Civil y Comercial de Madrid; sede de la trifulca judicial original de Petersen Energía y Petersen Inversora, el nombre de fantasía legalista de todo el conflicto.

En aquella primera operación, el fondo de capitales ingleses especializado en adquirir por el mundo causas judiciales semimuertas para luego inyectarles capital y argumentos penales y comerciales para revivirlas y accionar en consecuencia; había valuado la totalidad de la causa por la renacionalización de YPF en unos US$ 440 millones; mientras le declaraba a Preska por un reclamo general de más de US$ 3 mil millones. Con esos 66 millones de dólares de venta original del 15% de la causa a los misteriosos accionistas, Burford Capital pudo solventar todos los gastos, tanto su adquisición en Madrid, como las acciones judiciales en el Segundo Distrito Sur de Nueva York que maneja Preska. La apuesta era enorme y entusiasta. Si se hubiera mantenido la sentencia de Preska, la ganancia final hubiera superado el 45 mil%. Superando incluso al más de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa iniciada en 2006 y finalizada en 2016. No pudo ser.

Pero menos para los “inversores” del juicio que entraron a un negocio casi seguro.

El gran misterio que continúa latente en este juicio es saber con nombre y apellido quiénes son los socios de este juicio. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Profesionalmente es imposible que desde Burford o cualquier tribunal de los Estados Unidos dé los nombres de esos socios del fondo litigante, ya que hay un resguardo absoluto de parte de la jurisprudencia norteamericana de mantener a los accionistas en secreto. Solo por voluntad propia de Preska al considerarla información necesaria, o por un pedido expreso de algún juez local, algún colega norteamericano accedería a entregar esa información. También hubiera podido eventualmente ser un reclamo del Congreso Nacional, al momento de aprobar una hipotética ley para autorizar al Gobierno al que le caiga en suerte la liquidación de la deuda. En definitiva, es un derecho argentino saber a quién se le hubiera pagado semejante fortuna. Con el juicio a favor, paradójicamente, aparece este dato en contra. No se podrá pedir el listado desde el país.

Es un derecho argentino saber a quién se le hubiera pagado semejante fortuna. Depende de Preska.

El reclamo original del fondo es por los daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se les hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford les había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU, el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio de ese año, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016. Petersen Energía y Petersen Inversora fueron las empresas se habían presentado en concurso en mayo de 2012, solo semanas después de la renacionalización y cuando desde el directorio de la petrolera reestatizada se prohibieron las distribuciones de dividendos. Sucedía que la forma de pago a los acreedores de Petersen que habían facilitado los dólares para que tomara el aproximadamente 26% de las acciones de la petrolera en tiempos de Néstor Kirchner, era con los ingresos por dividendos. Sin dividendos, no había posibilidad de pago. La solución fue la presentación del concurso en Madrid. Luego, la sindicatura del tribunal comercial lanzó la licitación del caso a la que se presentaron cinco candidatos. El triunfador fue Burford Capital, quien pagó los 15 millones originales. Lo demás es historia.

Habrá que ver ahora la voluntad de Preska de dilucidar el gran misterio que queda de esta causa. Quienes son los poseedores de ese 35% de las acciones del juicio contra Argentina; hoy por hoy, los grandes perdedores del caso. Podría ser cualquiera. Empresarios, políticos, fondos de inversión, interesados varios. Cualquiera. Y, de conocerse los nombres, podría provocar un maremoto jurídico, político, económico y financiero en el país. Depende de Preska. Quien no debe estar de buen humor en estos tiempos. Al menos con Argentina.