Los que fallan… @dealgunamanera...

Los que fallan… 

Nicolás Dijovne. Dibujo: Pablo Temes.

Actitudes confusas de Dujovne y Servini. La eterna pelea de Carrió contra Lorenzetti.

© Escrito por Nelson Castro y publicado el domingo 15/05/2018 por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un poco de historia. 

El presupuesto de 2018 elaborado calculaba la inflación en 15,7%. Al mismo tiempo, el Banco Central daba una cifra que variaba del 8% al 12% anual. A esta altura, está claro que las dos proyecciones del Gobierno han fallado. Hoy, solo los más optimistas hablan del 18. El resto se va al 20 y a hasta al 23. A principios de marzo, Mauricio Macri recibió un informe reservado del Indec que le advertía que la inflación de marzo rondaría el 2,3%. En los últimos días de la semana que pasó, recibió otro que le indica que la de abril sería aún mayor.

El ajuste de los precios relativos como los que necesita nuestro país deriva en procesos inflacionarios. Sabido eso, lo que se espera de un gobierno es un plan sólido para enfrentar la contingencia con medidas que permitan acotar su efecto nocivo sobre el bolsillo de los ciudadanos. Y esto es lo que no se percibe.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, habla como si fuera un comentarista de la realidad, su anterior oficio. La tarea de un ministro es otra. Debe para ello tener solidez técnica y volumen político. De esto último carece absolutamente. Y mucho menos después de la investigación periodística publicada por Noticias –que no fue desmentida– en la que se denuncia la calidad de evasor del ministro hasta el blanqueo de 2016, dispuesto por el actual gobierno.

Es difícil que quien tiene la mayoría de sus fondos en el exterior y fue hasta ayer nomás un evasor pueda ser reconocido como una persona de jerarquía moral para ocupar un ministerio, y mucho menos para el de Hacienda, que es el que precisamente se encarga, en última instancia, de velar por la recaudación fiscal.

Gente de ley. 

Semanas atrás hablamos de la muerte de Montesquieu, el padre de la división de poderes. Dos semanas después, Montesquieu ha vuelto a morir. La intervención de la jueza electoral María Romilda Servini al Partido Justicialista traspasó de manera dantesca los límites de nuestra democracia. Con frases como “la historia del peronismo se encuentra plagada de traiciones” y “el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha” intervino el PJ, en un fallo de tono político y de notable inconsistencia judicial.

La jueza Servini es una jueza amiga del poder. De lazos fuertes con José Torello, apoderado del PRO y de Daniel Angelici, el operador de Macri en Comodoro Py, se mueve cómoda en las sendas del oficialismo. En 2016, propuesta por Juan Mahiques –representante del Poder Ejecutivo en el Consejo–, fue nombrada jueza subrogante electoral de la provincia de Buenos Aires, sumando así esta competencia a la nacional y a la de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el interior del PJ denuncian que existe un accionar conjunto entre el Gobierno y la jueza detrás de esta decisión. La designación de Luis Barrionuevo como interventor desinfla esa aseveración.

De todos modos, una oposición fragmentada sin la posibilidad de elegir un candidato en una gran interna es la clave que, según el oficialismo, necesitan para un Macri 2019. “Intervinieron para que estemos de cautelar en cautelar, mientras el PRO esté en plena campaña; y si logran que Barrionuevo se quede, buscan que el PJ no se presente a la unidad” –se quejan referentes opositores. Eso le serviría al Gobierno si ganase en primera vuelta, no es tan claro qué pasaría de haber segunda vuelta.

Elisa Carrió, uno de los eslabones más importantes de Cambiemos, arremetió otra vez contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. La relación (o no relación) de Lilita con el juez de la Corte comenzó alrededor de 2004 cuando Lorenzetti era candidato a presidirla, en un encuentro en el Instituto Hannah Arendt, en donde –aseguran desde el entorno del alfil de Cambiemos– no hubo una primera buena impresión. Desde ahí, Lilita denunció varios hechos que desembocaron en lo que es hoy: el pedido de juicio político del presidente del Máximo Tribunal.

Furia. 

El primer caso que enfureció a Lilita fue en 2013, cuando Cristina Kirchner lanzó la reforma judicial llamada “democratización de la Justicia” que buscaba modificar al Consejo de la Magistratura: se pretendía aumentar sus miembros, que fueran electos por elecciones populares y bajar las mayorías necesarias para remover jueces.

De haber prosperado, el kirchnerismo hubiera quedado con un exagerado dominio sobre el Consejo.

Jueces y camaristas se reunieron con los tapones de punta y le presentaron a Lorenzetti una carta en donde enumeraron todas las inconstitucionalidades del proyecto, que tenía, sin embargo, un punto que era oportunista, pero constitucional: le devolvía al Consejo la administración del presupuesto judicial, que pertenecía a la Corte. Lo que denunció Lilita es que el magistrado negoció con el kirchnerismo no modificar el proyecto a cambio de mantener la facultad de administrar el presupuesto.

En 2014 Lilita comenzó a investigar corrupción en la obra pública del Poder Judicial, en donde denunció que Lorenzetti mantendría una estructura financiera paralela, manejada a través del comité de inversiones, un ente que se creó bajo la órbita del Consejo y la Corte Suprema encargado de licitar las obras del Poder Judicial. En su pedido de juicio político sostiene que el magistrado vive en un departamento de Puerto Madero que “no incluyó como propio en el apartado ‘bienes inmuebles en el país o en el extranjero’”. El tercer punto de inflexión en la relación fue el fallo de la CSJN apenas asumido Mauricio Macri como presidente, que instaba al Gobierno a devolver 45 mil millones de pesos a las provincias. Esto fue, para Lilita, un claro mensaje de poder de Lorenzetti para “marcar la cancha”.

Nadie del Gobierno ha salido a respaldar a Carrió, como tampoco fueron muchos los que la acompañaron cuando, en sus albores, denunció los hechos de corrupción ocurridos durante el kirchnerato ante la inacción de muchos jueces y fiscales temerosos, ineptos y/o corruptos.

Producción periodística: Lucía Lopreiato.     

Partidos difíciles… @dealgunamanera...

Partidos difíciles…

6-1 Mauricio Macri. Dibujo: Pablo Temes

El Gobierno se debate con la Justicia, se alivia con la baja de pobreza y teme que el Mundial no lo ayude.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 01/004/208 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los números revelados esta semana trajeron un enorme dolor de cabeza al Gobierno. Aun cuando en público fueron todas sonrisas, internamente un manto de preocupación invadió los despachos que en la Casa Rosada habitan conspicuos funcionarios, comenzando, naturalmente, por el de Mauricio Macri. En un año donde cada hilo se mueve en dirección a la reelección de 2019, que en los titulares de todos los diarios del país estuvieran esas cifras escalofriantes perturbó e inquietó. No estamos hablando de los datos publicados por el Indec; no estamos hablando de las 7.079.764 personas que se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, ni de las 1.323.747 que están por debajo de la línea de indigencia. Estamos hablando de dos números: 6-1. 

Fue la derrota por paliza sufrida por la selección argentina ante España, la que cayó como una bombamolotov dentro del oficialismo que, como los oficialismos de otros turnos, deposita enormes expectativas en el “pan y circo” que trae bajo el brazo el Mundial de Fútbol. Ni hablar del clima social chauvinista sobre el que surfearía el oficialismo la campaña electoral si Messi trajese una tercera copa, sueño cada vez más lejano en la era Sampaoli.

Vamos bien. 

El Gobierno cree que le fue mejor. Eso es lo que representó el anuncio sobre el descenso de la pobreza que, con bombos y platillos, el Presidente reveló el miércoles pasado. El nuevo índice –25,7%– significa que 1,9 millones de personas salieron de la pobreza. Gol. 

Sin embargo, en la calle la sensación es otra. Los curas villeros cuestionan la cifra, los referentes sociales a cargo de comedores aseguran que aumentó la cantidad de gente que los frecuenta, y una simple caminata por la calle nos muestra la cruda realidad de mucha gente sin techo. “Tenemos cifras porque recuperamos el Indec”, se defienden en el oficialismo. Eso es verdad. 

No obstante el Gobierno no debe equivocarse en la lectura que hace. Las cifras del Indec se miden sobre la base de la valorización de la canasta básica comparada con los ingresos de los hogares, metodología que muchos analistas respetables e independientes cuestionan, ya que el análisis no contempla los numerosos aumentos tarifarios que sucedieron en el último semestre: electricidad, trenes, colectivos, celulares y nafta; y se vienen los aumentos del agua y del gas –hasta del 40%–. En este contexto la negociación paritaria del 15% augura un segundo semestre con una pérdida adquisitiva que traerá aún más dificultades sociales.

“Montesquieu ha muerto”.  

Con esas palabras, en 1985, el diputado español Alfonso Guerra sepultó figurativamente a Charles Louis de Secondat –Barón de Montesquieu–, el filósofo de la Ilustración considerado padre de la división de poderes del sistema de gobierno, cuando el Partido Socialista aprovechó su mayoría parlamentaria para reformar la Ley de Poder Judicial. En nuestro país, desde el cambio de gobierno de Mauricio Macri, después de 12 años de kirchnerismo, somos testigos de la reestructuración de un organigrama que mueve a protagonistas inmersos en lo más profundo de un entramado de poder.

Las pronunciaciones de la Corte Suprema de Justicia respecto de la designación del TOF9 en la causa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el cuestionamiento de la Corte a la participación del juez Eduardo Farah en la Sala I de la Cámara de Apelaciones por el fallo López y el cuestionamiento público del presidente Mauricio Macri por su liberación; el dardo de Lilita Carrió hacia la Justicia insinuando el cobro de coimas; las excarcelaciones de Zannini y D’Elía; el apartamiento del fiscal Stornelli en la causa de Julio De Vido son algunos de los mensajes directos entre bandos que pelean por legitimación y permanencia dentro de las instituciones.

“En Comodoro Py hay pocos jueces y fiscales que son autónomos, que ejercen como verdaderos jueces; hay un grupo grande que debe muchos favores por sus nombramientos y subsistencia, que pertenece a diversas estructuras. Las decisiones que toman dependen de eso”, dice una fuente conocedora de la interna judicial. La “guerra” que se vive dentro de Tribunales responde a los intereses de esos poderes y sus influencias, y aquellos que osan tomar el camino de la independencia son sometidos a escandalosas operaciones mediáticas con el objetivo de amedrentarlos. 

Existe un ala ligada a la vieja SIDE de Stiuso, en donde se encuentra el operador judicial Javier Fernández, amigo del juez Luis Rodríguez (a cargo de la causa de Julio De Vido); existe otra estructura vinculada a los grandes medios hegemónicos; otra vinculada a Lorenzetti y otra vinculada a lo que quedó de la SIDE radical.

El poder es finito, y Macri sabe que los funcionarios que hoy le conceden sonrisas y que también le sonrieron a Cristina son potenciales adversarios cuando termine el mandato amarillo. Tal es el caso de Julián Ercolini, el juez que elevó a juicio oral a la ex presidenta en la causa de asociación ilícita, es el mismo magistrado que cerró la causa de enriquecimiento ilícito de los Kirchner entre 1994 y 2006. Esta desconfianza fue la que llevó al presidente Macri –con el pragmatismo de un ingeniero– a proponer como procuradora general a Inés Weinberg de Roca, una persona completamente ajena a las internas de Py.

El pedido de explicaciones de la Corte Suprema a la Agencia Federal de Inteligencia, a cargo de Gustavo Arribas, por la filtración de las escuchas de Cristina Fernández de Kirchner, fue otro ejemplo. La CSJN buscó con este pedido tirarle la pelota al Gobierno y desligarse de la responsabilidad por la escandalosa filtración. Pero es esa misma Corte la que tenía a cargo la Oficina de Escuchas cuando efectivamente se filtraron los audios, y la misma que actuó en connivencia con el Gobierno, cuando a inicios de 2017 extendieron las facultades de la oficina dándole la potestad también de investigar delitos complejos.

La pelea que atraviesa hoy la Argentina entre la Justicia y el Gobierno no hace más que revelar la relación simbiótica y cómplice entre aquellos sistemas que deberían funcionar de manera independiente para garantizarnos un legítimo sistema democrático. Montesquieu ha muerto.

Producción periodística: Lucía Lopreiato.

El poder detiene al poder... De Alguna Manera...

El poder detiene al poder...

SANATELLA Martín Sabbatella DIBUJO: PABLO TEMES.

Se concretó para el Gobierno la peor de sus pesadillas. Visiones oficiales distorsionadas y patológicas. El rol clave de la Justicia.

El 7D terminó siendo para el Gobierno la concreción de su peor pesadilla. Nada de lo que la Presidenta soñó para ese día en que, según la fantasía del “relato” oficial debía refundarse la República, se concretó; en cambio, todo lo que ella temió, sí. Ello fue producto de que el día antes la Justicia, no sólo dictaminó la extensión de la cautelar que, ante la ausencia de un fallo, impide la aplicación de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios con los que el Gobierno busca el desguace y destrucción del Grupo Clarín sino que, además, le asestó un duro golpe al intento del Poder Ejecutivo de lograr la suma de los poderes públicos, una grave amenaza para el concepto republicano que consagra la Constitución Nacional que Cristina Fernández de Kirchner prometió observar y hacer observar de cuanto ella dependiera.

La evolución de los hechos acaecidos en la semana terminó transformando la disputa legal entre el Gobierno y Clarín en una fenomenal confrontación entre el Gobierno y el Poder Judicial. Y eso es lo que estuvo en juego el jueves hasta que, en un hecho inédito en la historia de la democracia argentina, todas las organizaciones judiciales del país emitieron el durísimo comunicado que puso freno a las acciones de avasallamiento que el Poder Ejecutivo intentó concretar en esas horas llenas de dramatismo. 

Las cosas que, respecto del Poder Judicial, se dijeron desde el oficialismo fueron terribles e incompatibles con el concepto de la división de poderes sobre el que descansa la estructura institucional del país. En ese marco lo que consagra la Constitución es una relación de una interdependencia de los tres poderes. A cada uno de ellos le corresponde una tarea: en lo concerniente al Poder Judicial, lo que le está asignado es no sólo velar por el cumplimiento de las leyes sino también ejercer el control de constitucionalidad de las normas legales que aprueba el Congreso. 

Esta última función que le compete a la Justicia de ninguna manera significa menoscabar al Poder Legislativo. Lo que sucede es que en ocasiones, presionado por razones políticas que se ejercen desde el Poder Ejecutivo, sanciona leyes que violan el espíritu de la Constitución. Un solo ejemplo basta para ilustrar la importancia de esta potestad que tiene el Poder Judicial. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron dos leyes horribles aprobadas por el Congreso de la Nación. Eran dos normas que contrariaban claramente el espíritu de la Constitución Nacional ya que consagraban la impunidad, al impedirle acceder a la Justicia a familiares de la víctimas del terrorismo de Estado impuesto durante la última dictadura militar y buena parte del Gobierno de María Estela Martínez de Perón. 

En el año 2002, el entonces juez federal Gabriel Cavallo dictaminó la inconstitucionalidad de esas leyes, fallo que fue fundamental para que luego, en el Gobierno de Néstor Kirchner, el Congreso aprobara la derogación de esas dos normas. A nadie se le ocurrió en esos días decir que, al declarar inconstitucional una ley votada por el Congreso, el juez Cavallo se estaba alzando contra la institucionalidad del país o que, por fallar contra el Estado debería haber sido sometido a juicio político.

Es ese tema –el de la constitucionalidad o no de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios– sobre el que gira el reclamo hecho por Clarín y que ha dado origen a esta controversia que el Gobierno vive como si se tratara de la guerra del fin del mundo. Sólo esa visión distorsionada y patológica de la realidad ha llevado a darle a esa disputa la dimensión que hoy tiene y según la cual, la extensión de la cautelar, equivale, al estar de las disparatadas expresiones del ministro de Justicia Julio Alak, a un alzamiento contra el Gobierno. 

A esas expresiones hay que sumarles las pronunciadas por el senador ultra K por Corrientes Marcelo Fuentes –quien señaló que los jueces que fallaran en contra del Estado podrían ser sometidos a juicio político– y las del titular de la Anses, Diego Bossio, –que al referirse al fallo de la Corte Suprema que ordena el pago de los reajustes correspondientes a diez mil jubilados dijo que, a pesar del fallo, “vamos a seguir actuando igual”– encendieron las luces rojas en la Justicia. En el Poder Judicial todos –aun aquellos que tienen una legítima afinidad con el kirchnerismo– fueron conscientes de que, si tales expresiones se dejaban pasar, el sistema republicano que rige en el país entraba en zona de riesgo. 

De ahí al durísimo documento que al mediodía del jueves produjo la Comisión de Protección de la Independencia del Poder Judicial y al que apoyaron todas las organizaciones de jueces del país, hubo sólo un paso. Hasta ese momento, hay que decirlo, el Gobierno venía siendo exitoso en su tarea sistemática orientada a intervenir el quehacer de la Justicia a través de recusaciones, de denuncias mal fundamentadas y de meter miedo a los magistrados que, por su independencia, pusieran en riesgo los intentos de dominación –el vamos por todo y por todos– que despliega el Gobierno en forma permanente.

Si alguien esperaba que la Presidenta tomara nota de la real significación de este pronunciamiento, se equivocó. Por el contrario, ordenó a sus funcionarios no sólo criticar el fallo de la Cámara Civil y Comercial que extendió la cautelar hasta que no haya una “sentencia definitiva” –la crítica de un fallo es algo absolutamente legítimo que hace a la definición de cualquier contienda judicial; el que pierde siempre está disconforme– sino también usar la parafernalia de medios oficiales y paraoficiales con el objetivo de descalificar y degradar a los jueces que firmaron el veredicto. Ya le había pasado algo similar a la jueza María José Sarmiento cuando en marzo de 2010 había impedido, a través de una cautelar, que por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia se usaran reservas del Banco Central para hacer frente a los pagos de la deuda externa.

Una célebre frase de Montesquieu dice que “Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que el poder detenga al poder”. Eso es lo que, para bien de la República, la Justicia argentina ha hecho realidad en estas horas.

Producción periodística: Guido Baistrocchi

© Escrito por Nelson Castro y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sábado 8 de Diciembre de 2012.