En el medio está la gente...
La sociedad sabe que hay crisis y que nada se logra
sin sacrificio. El Gobierno precisa lucidez.
El megadecreto anunciado por el presidente Javier Milei el miércoles a la noche debe ser analizado en su fondo, en su forma y en sus eventuales resultados. Respecto de la cuestión de fondo hay que señalar que su contenido le ha permitido a la sociedad argentina tener la noción clara y la dimensión exacta de la maraña de disposiciones regulatorias que afectan su vida cotidiana. Desde la muy mala ley de alquileres hasta la ley de góndolas y un largo etcétera que, además, han servido para crear una burocracia que alimentó la letal corrupción que se extiende por todo el país. Ejemplo de ello –entre tantos– es el registro automotor, muchos de cuyos titulares son personas vinculadas al poder de los diferentes turnos. Los gobernadores no están exentos de esta crítica. Esto no significa que el Estado no deba tener a su cargo un rol de regulación en situaciones bien puntuales en las cuales grupos dominantes quieran imponer sus condiciones para eliminar todo tipo de competencia. Eso no es lo que ha ocurrido con el Estado elefantiásico que el megadecreto expone. Ese Estado elefantiásico ha, paradojalmente, consolidado la fortaleza de esas posiciones dominantes y favorecido la corrupción.
En un sistema republicano las cuestiones de forma hacen a su esencia. La
división de poderes es un pilar fundamental sobre el que se asienta la
estructura institucional de la Argentina. El objetivo de tal condición es
claro: evitar que alguien tenga la suma del poder total. En el transcurso de la
historia, esa fue una aspiración que tuvieron varios líderes políticos: Juan
Manuel de Rosas, Julio Argentino Roca, Juan Domingo Perón, Carlos Menem y,
últimamente, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de
los Kirchner fue esa división de poderes la que evitó que el proyecto chavista
que encarnaban se concretara.
Algunos puntos del
decreto deben pasar por el Congreso inevitablemente
Los decretos de necesidad y urgencia (DNU) nacieron como un instrumento
que, bajo la justificación de una necesidad extrema y excepcional dieron pie a
una aberración que permitió al presidente de turno eludir la participación del
Congreso en la elaboración de instrumentos legislativos. Menem abusó de los
DNU, lo que llevó a que, con un intento de limitarlos, se reglamentara su uso
en la reformada Constitución de 1994.
Imaginemos por un momento que, en vez de Javier Milei, esto lo hubiese hecho la expresidenta. Desde
esta columna se estarían exponiendo las mismas críticas. De hecho, destacados
abogados profesores de Derecho Constitucional de afinidad ideológica declarada
con el actual gobierno no dudaron en calificar a alguno de los puntos del
megadecreto como inconstitucional. Por lo tanto, hay algunos puntos del decreto
que deben pasar por el Congreso inevitablemente. Si así no fuera, se exponen a
que en el futuro un gobierno de signo contrario elimine también de un plumazo
lo que hoy se quiere imponer del mismo modo.
Los resultados de todas medidas serán los que terminarán de darles su
vigencia. Si los prometidos beneficios se hacen realidad, las ideas de Milei
tendrán terreno fértil y cambiarán la cultura política de la sociedad. Si no,
retornará lo mismo que se acaba de ir, pero mucho peor. Es un riesgo demasiado
grande como para cometer errores de forma que condicionan todo el armado.
El Gobierno sabe que el
momento de acelerar con medidas antipáticas es ahora
“Si el Presidente hubiese enviado una parte del decreto como proyecto de
ley al Congreso de la Nación, no tengo dudas de que hubiese tenido mejor
recepción general y que habría tenido el apoyo de la mayoría en ambas Cámaras.
Estoy de acuerdo con el Fondo de las medidas, pero no puedo aceptar el camino
elegido para imponerlas”. La reflexión pertenece a una diputada nacional del
ala dialoguista de Juntos por el Cambio y demuestra claramente que las cosas
podrían haberse hecho mejor. Al fin y al cabo, parte del peronismo no
kirchnerista también habría apoyado las medidas en el Parlamento dejando en
soledad al kirchnerismo duro y los sectores más radicalizados de la izquierda.
Sin embargo, para el Presidente este DNU es algo más que una batería de medidas
políticas. Forma parte de su concepción del poder, y de su batalla contra la
burocracia de “la casta”. Victoria Villarruel, desde el Senado, y el presidente
de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya están tejiendo alianzas para intentar tomar
el control de la comisión bicameral permanente que controla los DNU. En el
Gobierno son optimistas y alegan que “en los 40 años desde el regreso de la
democracia nunca se rechazó un DNU”. El problema es que esto no termina aquí.
Apenas una parte de lo que viene es la ley de reforma tributaria. Son, al
menos, 10 capítulos con decenas de artículos que versan sobre el blanqueo,
retenciones, posibles moratorias, impuestos internos y la polémica vuelta de
ganancias. Quienes conocen el derrotero de leyes, decretos y normas para
desregular la economía y todos los aspectos que hacen a la vida en sociedad que
eran controlados por el Estado aseguran que el camino será áspero por lo menos
hasta fines del mes de mayo. En el Gobierno saben que el momento de acelerar
con medidas controvertidas o antipáticos es ahora. La pregunta sigue siendo la
misma: ¿podrá la gente de a pie soportar algunas de las consecuencias de estas
medidas de apertura? Es cierto que la liberación de precios es consecuencia
directa de los desastres del gobierno anterior. La inflación –que recrudecerá
al menos hasta marzo– es responsabilidad del gobierno de los Fernández y, en
especial, de la irresponsabilidad del exministro candidato Sergio Massa, pero las
consecuencias actuales las sufre la gente, y es una incógnita el tiempo que
podrán sostenerse en pie ante la llegada del sinceramiento de precios percibido
como un ajuste descomunal.
Argentina pelea por volver a ser un país normal. Los 20 años de kirchnerismo
hicieron estragos. Se libra una batalla cultural que tendrá en pie de guerra a
los Belliboni de la vida, los D’Elía y los Grabois. Lo peor que puede pasar es
quedarse a mitad de camino. El Gobierno deberá tener la lucidez suficiente para
administrar dos años de tragos amargos. Nada se logra sin sacrificios, pero en
el medio está la gente.
