Una semana de fallos…
¡SALE UNO!’
Cristóbal López. Dibujo: Pablo Temes
La Corte apartó al tribunal de CFK, Cristóbal López se fue a casa y Báez
quiere imitarlo. Los ojos sobre Cuccioli.
© Escrito por Nelson Castro el domingo 18/03/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los
hechos políticos de mayor impacto ocurridos en la semana han tenido como
escenario el ámbito judicial. La Corte Suprema de Justicia, en un
fallo sin precedentes, se negó a habilitar como tribunal con competencia
federal a aquel integrado por los jueces nacionales Alejandro Nocetti, Silvia
Mora y Alejandro Becerra, del Tribunal Oral Federal 9, que había quedado a
cargo de dos causas elevadas a juicio oral que involucran a la ex
presidenta Cristina Fernández de
Kirchner: el encubrimiento del
atentado contra la AMIA y el direccionamiento de la obra pública en favor
de Lázaro Báez, así como también del tramo elevado a juicio de la causa
llamada “Ruta del dinero K”. Dos años atrás, en 2016, el Gobierno había
convertido en federales a jueces del fuero ordinario, a través de la Ley de
Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los
Tribunales Orales en lo Penal Económico, publicada en el Boletín Oficial con
firmas de Federico Pinedo y Emilio Monzó.
La
decisión sobre el TOF 9 de la Corte se basó en considerar que la creación de
estos tribunales orales federales, debe realizarse –según la Constitución– a
través de lo que se llama un acto complejo federal, es decir, respetando
estrictamente el procedimiento constitucional de nombramiento de jueces
federales. Solo cumpliéndose ese procedimiento la CSJN estaría en condiciones
de habilitar un tribunal. Así contesta mediante el trámite de acordada al
reclamo enviado por la Cámara Federal de Casación Penal.
“La
habilitación de Tribunales es una atribución constitucional de la Corte Suprema de
Justicia y la ha ejercido sin interferencias de ninguna especie, antes y
después de la reforma constitucional de 1994”, señala el fallo. Nuestros
constituyentes de 1953 tomaron como base la Constitución de los Estados Unidos.
En ese país existió un fallo histórico que aún hoy se enseña como leading case
en las principales universidades del mundo. Se trata del caso Marbury contra
Madison, de 1803, los inicios del funcionamiento del Estado
norteamericano, cuando los poderes se disputaban entre sí qué rol iba a tener
cada uno. La Corte norteamericana con este caso asentó una doctrina que
empoderó al Poder Judicial como último intérprete de la Constitución. La Ley de
Fortalecimiento impulsada por el Gobierno, según el entender de la Corte,
alteró el sistema constitucional de nombramiento, y en esos términos es un
fallo histórico que vuelve a poner a la Corte y al Poder Judicial en el lugar
de garante de la Constitución. Ante el peso de la evidencia, sería milagroso
que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no fuera condenada por lo
que habría hecho, flaco favor al concepto de justicia que quien estuviera a
cargo de su juzgamiento fuese un tribunal cuestionado.
El
caso Báez.
Por
otro lado, estamos en vísperas de definiciones importantes en relación con la
posible prórroga de la prisión preventiva de Lázaro Báez, la que debe ser
definida por el tribunal oral –aún no designado– en la causa de lavado de
dinero. Esta decisión depende de dos factores: la complejidad de la causa –que
es extremadamente intrincada– y si la parte demandada –Báez– muestra, a través
de su conducta procesal, la intención de generar demoras en la causa. Para la
Justicia, esto quedó demostrado en la denuncia que el empresario realizó en
2015, cuando pidió recusar al juez de la causa, Sebastián Casanello, por parcialidad. Báez aseguraba a través de un
escrito que había visto al magistrado en la antesala del despacho de Cristina
Fernández de Kirchner en la quinta de Olivos. Hoy en día, los testigos
presentados por la defensa del empresario, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino,
fueron procesados y pidieron probation, es decir, asumieron la responsabilidad
del delito de “falso testimonio” y piden hacer tareas sociales en lugar de
encarcelamiento. Todo apunta a que la prisión preventiva se prorrogaría, y el
empresario de la construcción Lázaro Báez seguiría en Ezeiza.
Lectura veloz.
La
liberación de Cristóbal López es un hecho de alto impacto político no solo por la
liberación en sí –el tema de las prisiones preventivas es caliente y
controvertido– sino por el cambio de carátula. El fallo dividido de la Sala I
de la Cámara Federal produjo un cambio que beneficia notablemente la situación
procesal del empresario K al ordenar que sea investigado por delitos
tributarios, lo que le da la posibilidad de reclamar el cambio al fuero Penal
Económico. De todos modos, el fallo para la fiscalía no es vinculante. La
AFIP, todavía de la mano de Alberto Abad, lo apelará y llegará
inexorablemente a la Cámara de Casación que, entre otras cosas, podría revocar
la prisión preventiva –hecho poco probable–. Desde la fiscalía hubo críticas a
la decisión de la Cámara. “Es un fallo ilógico”, sostienen los que conocen la
trama del veredicto y no dejan de señalar con curiosidad que el doctor Eduardo
Farah haya leído en cuatro horas un expediente que llevó más de cuatro años de
investigación. La lógica jurídica indica que la causa no solo debería volver a
la calificación original, sino que existe la posibilidad de ampliar la causa a
lavado de dinero, ya que además de evadir impuestos se utilizó ese dinero para negocios
personales y compras de bienes, motivo por el cual el fiscal Gerardo Pollicita
tiene embargados los bienes del grupo.
Las
declaraciones de López en la puerta de su casa, el viernes por la noche, son
útiles para apreciar el razonamiento de un hombre que indiscutiblemente se
siente impune. Habrá que ver cómo se moverá el designado nuevo director de la
AFIP, Leandro Cuccioli, en relación al caso. Recuérdese que entre sus
antecedentes está haber trabajado durante algún tiempo con Ignacio Rosner, el empresario
que pretende quedar al frente del Grupo Indalo. En medio de tanta controversia,
un hecho de la historia sirve para darle a la causa por la cual es investigado
López –evasión fiscal– su real dimensión. El 17 de octubre de 1931, uno de los
personajes más nefastos de la historia del hampa de los Estados Unidos fue
condenado a once años de prisión por evasión impositiva. Su nombre lo dice
todo: Al Capone.
Producción
periodística: Lucía Lopreiato.
