Cómo y por qué zafó Cristina… @dealgunamanera...

Cómo y por qué zafó Cristina…

Casanello, el nuevo Oyarbide.

A fines de agosto de este año, la Sala II de la Cámara federal porteña ordenó a Sebastián Casanello llamar a indagatoria a Cristina Kirchner en el marco de la causa conocida como la Ruta del Dinero K.

© Escrito por Christian Sanz el sábado 10/11/2018 y publicado por el Sitio Periodístico Tribuna de Periodistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La decisión de los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens se dio después de una serie de pedidos de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la Oficina Anticorrupción (OA) y del fiscal federal Guillermo Marijuan.

Casanello venía siendo reticente a llamar a declarar a la expresidenta, a pesar de todos los pedidos que se fueron acumulando al paso de los meses por parte de esos y otros organismos.

La evidencia se impuso a sus deseos y, finalmente, llamó a Cristina el 4 de septiembre. Todo se resolvió con un escrito, en el cual la otrora mandataria aprovechó para hacer lo que mejor sabe hacer: victimizarse.

“El fenómeno que vivimos tiene un carácter regional en Latinoamérica y ha sido calificado por el profesor Luigi Ferrajoli, uno de los máximos exponentes a nivel mundial del iuspositivismo crítico, como ‘una agresión judicial a la democracia’”, puntualizó Cristina, entre otras cuestiones.

Esas palabras parecen haber convencido a Casanello, quien decidió, en las últimas horas, dejarla fuera de la trama que investiga al testaferro kirchnerista Lázaro Báez. Dicho sea de paso: ¿No es curioso que la ruta del dinero “K” ya no tenga a ningún K bajo su órbita?

En realidad, lo que hizo el magistrado fue dictar “falta de mérito”, una figura que permite a los jueces lavarse las manos, ya que les permite sostener que no hay elementos para “condenar”, pero tampoco para “sobreseer” al acusado en cuestión.

Más allá de la furia que provocó esa decisión, era lo esperable por parte del magistrado. ¿Qué otra actitud podría haber tenido alguien que fue bendecido al calor del cristinismo en el siempre corrupto fuero Federal?

Para los menos memoriosos, gracias a los oficios del kirchnerismo, con apenas 37 años y sin antecedentes que lo justificaran, Casanello fue nombrado en 2012 al frente del Juzgado Federal N° 7, el mismo que subrogaba Norberto Oyarbide. Ironías del destino.

Hay un detalle no menor a ese respecto: el magistrado quedó último en la lista del Consejo de la Magistratura a la hora de concursar. Así y todo, fue elegido como titular del juzgado de marras. A dedo, claro.

Bautizado “Tortuga” por parte de Jorge Lanata, por su lentitud a la hora de avanzar contra los exfuncionarios del kirchnerismo envueltos en caso de corrupción, Casanello pactó con el Gobierno su propia impunidad a cambio de cerrar un expediente que preocupaba a Mauricio Macri: el de las escuchas ilegales.

Lo mismo hizo con Daniel Angelici, solo que en una causa por tráfico de influencia. En este caso, el juez sobreactuó su obsecuencia: ni siquiera llamó a declarar al presidente de Boca Juniors.

“Es el nuevo Oyarbide”, suelen decir en Comodoro Py. Y no se equivocan. Lo ocurrido con Cristina en las últimas horas, es prueba de ello.

Una digresión: ¿Cuál fue el papel que jugó Manuel Ignacio Izura, operador de Garavano, para que Casanello beneficiara a CFK?

Cristina respira aliviada en estas horas. Está casi segura de que quedará excluida de la “Ruta del dinero K”. Pobre ilusa, no sabe que la Cámara Federal ha decidido a aguar su repentino júbilo.

“Tortuga” Casanello dictó falta de mérito de CFK en la causa de la ruta del dinero K… @dealgunamanera...

“Tortuga” Casanello dictó falta de mérito de CFK en la causa de la ruta del dinero K… 

Solo en Argenzuela.

Este viernes, el juez federal K Sebastián Casanello dictó falta de mérito de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la cual se investiga por lavado de activos y asociación ilícita al empresario santacruceño Lázaro Báez, en un caso denominado como la Ruta del dinero K, informaron hoy fuentes judiciales.

© Escrito por Mónica Filippi el viernes 09/11/2018 y publicado por el Sitio Periodístico Tribuna de Periodistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Asimismo, el juez le solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) que aporte más información para determinar si hubo un vínculo entre el titular de Austral Construcciones y la ex mandataria.

Para el juez Correccional y Criminal 7, “no existe mérito suficiente como para procesar o sobreseer a Cristina Elisabet Fernández por los hechos por los que fuera intimada en la presente causa”, añadieron los informantes en base a su resolución.

Asimismo, Casanello solicitó la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) a los fines de que se recabe toda la información relacionada a las firmas vinculadas con Báez, en especial la empresa Aldyne.

La investigación comenzó en abril de 2013, y la ex presidenta fue imputada por el fiscal federal Guillermo Marijuan después de la declaración brindada por Leonardo Fariña el 8 de abril de 2016 en carácter de imputado colaborador.

En abril de 2017, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó la convocatoria a prestar declaración indagatoria de Cristina Fernández, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner y Nelson Periotti (los ex funcionarios involucrados en la causa conocida como Vialidad.

En su fallo, Casanello sostiene que existen elementos sobre el lavado de dinero por parte de firmas vinculas a Baez, y advierte que la investigación sobre la ex presidenta no está clausurada, pero advierte que “debe profundizarse para acreditar la hipótesis introducida” de que Cristina Kirchner estaba implicada en estas maniobras.

“Por eso ordenaré medidas de prueba orientadas en ese sentido, que se sumarán a las que se encuentran en pleno curso”, reafirmó el magistrado en su resolución, no casualmente dada a conocer un viernes a última hora.

Una semana de fallos… @dealgunamanera...

Una semana de fallos…

¡SALE UNO!’ Cristóbal López. Dibujo: Pablo Temes

La Corte apartó al tribunal de CFK, Cristóbal López se fue a casa y Báez quiere imitarlo. Los ojos sobre Cuccioli.

 

© Escrito por Nelson Castro el domingo 18/03/2018 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los hechos políticos de mayor impacto ocurridos en la semana han tenido como escenario el ámbito judicial. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo sin precedentes, se negó a habilitar como tribunal con competencia federal a aquel integrado por los jueces nacionales Alejandro Nocetti, Silvia Mora y Alejandro Becerra, del Tribunal Oral Federal 9, que había quedado a cargo de dos causas elevadas a juicio oral que involucran a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: el encubrimiento del atentado contra la AMIA y el direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez, así como también del tramo elevado a juicio de la causa llamada “Ruta del dinero K”. Dos años atrás, en 2016, el Gobierno había convertido en federales a jueces del fuero ordinario, a través de la Ley de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal y de los Tribunales Orales en lo Penal Económico, publicada en el Boletín Oficial con firmas de Federico Pinedo y Emilio Monzó.

La decisión sobre el TOF 9 de la Corte se basó en considerar que la creación de estos tribunales orales federales, debe realizarse –según la Constitución– a través de lo que se llama un acto complejo federal, es decir, respetando estrictamente el procedimiento constitucional de nombramiento de jueces federales. Solo cumpliéndose ese procedimiento la CSJN estaría en condiciones de habilitar un tribunal. Así contesta mediante el trámite de acordada al reclamo enviado por la Cámara Federal de Casación Penal.

“La habilitación de Tribunales es una atribución constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la ha ejercido sin interferencias de ninguna especie, antes y después de la reforma constitucional de 1994”, señala el fallo. Nuestros constituyentes de 1953 tomaron como base la Constitución de los Estados Unidos. En ese país existió un fallo histórico que aún hoy se enseña como leading case en las principales universidades del mundo. Se trata del caso Marbury contra Madison, de 1803,  los inicios del funcionamiento del Estado norteamericano, cuando los poderes se disputaban entre sí qué rol iba a tener cada uno. La Corte norteamericana con este caso asentó una doctrina que empoderó al Poder Judicial como último intérprete de la Constitución. La Ley de Fortalecimiento impulsada por el Gobierno, según el entender de la Corte, alteró el sistema constitucional de nombramiento, y en esos términos es un fallo histórico que vuelve a poner a la Corte y al Poder Judicial en el lugar de garante de la Constitución. Ante el peso de la evidencia, sería milagroso que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no fuera condenada por lo que habría hecho, flaco favor al concepto de justicia que quien estuviera a cargo de su juzgamiento fuese un tribunal cuestionado.

El caso Báez. 

Por otro lado, estamos en vísperas de definiciones importantes en relación con la posible prórroga de la prisión preventiva de Lázaro Báez, la que debe ser definida por el tribunal oral –aún no designado– en la causa de lavado de dinero. Esta decisión depende de dos factores: la complejidad de la causa –que es extremadamente intrincada– y si la parte demandada –Báez– muestra, a través de su conducta procesal, la intención de generar demoras en la causa. Para la Justicia, esto quedó demostrado en la denuncia que el empresario realizó en 2015, cuando pidió recusar al juez de la causa, Sebastián Casanello, por parcialidad. Báez aseguraba a través de un escrito que había visto al magistrado en la antesala del despacho de Cristina Fernández de Kirchner en la quinta de Olivos. Hoy en día, los testigos presentados por la defensa del empresario, Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, fueron procesados y pidieron probation, es decir, asumieron la responsabilidad del delito de “falso testimonio” y piden hacer tareas sociales en lugar de encarcelamiento. Todo apunta a que la prisión preventiva se prorrogaría, y el empresario de la construcción Lázaro Báez seguiría en Ezeiza.

Lectura veloz. 

La liberación de Cristóbal López es un hecho de alto impacto político no solo por la liberación en sí –el tema de las prisiones preventivas es caliente y controvertido– sino por el cambio de carátula. El fallo dividido de la Sala I de la Cámara Federal produjo un cambio que beneficia notablemente la situación procesal del empresario K al ordenar que sea investigado por delitos tributarios, lo que le da la posibilidad de reclamar el cambio al fuero Penal Económico. De todos modos, el fallo para la fiscalía no es vinculante. La AFIP, todavía de la mano de Alberto Abad, lo apelará y llegará inexorablemente a la Cámara de Casación que, entre otras cosas, podría revocar la prisión preventiva –hecho poco probable–. Desde la fiscalía hubo críticas a la decisión de la Cámara. “Es un fallo ilógico”, sostienen los que conocen la trama del veredicto y no dejan de señalar con curiosidad que el doctor Eduardo Farah haya leído en cuatro horas un expediente que llevó más de cuatro años de investigación. La lógica jurídica indica que la causa no solo debería volver a la calificación original, sino que existe la posibilidad de ampliar la causa a lavado de dinero, ya que además de evadir impuestos se utilizó ese dinero para negocios personales y compras de bienes, motivo por el cual el fiscal Gerardo Pollicita tiene embargados los bienes del grupo.

Las declaraciones de López en la puerta de su casa, el viernes por la noche, son útiles para apreciar el razonamiento de un hombre que indiscutiblemente se siente impune. Habrá que ver cómo se moverá el designado nuevo director de la AFIP, Leandro Cuccioli, en relación al caso. Recuérdese que entre sus antecedentes está haber trabajado durante algún tiempo con Ignacio Rosner, el empresario que pretende quedar al frente del Grupo Indalo. En medio de tanta controversia, un hecho de la historia sirve para darle a la causa por la cual es investigado López –evasión fiscal– su real dimensión. El 17 de octubre de 1931, uno de los personajes más nefastos de la historia del hampa de los Estados Unidos fue condenado a once años de prisión por evasión impositiva. Su nombre lo dice todo: Al Capone.

Producción periodística: Lucía Lopreiato.

Deshonestidad brutal… @dealgunamanera...

Deshonestidad brutal…

Naufrago. Julio De Vido. Foto: Pablo Temes

La Justicia avanza y se suman revelaciones de cómo la obra pública era un botín. Los negocios de CFK.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 03/07/2016 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La Sala II de la Cámara Federal, integrada por los doctores Martín Irurzun Horacio Cattani y Eduardo Farah, tuvo una semana intensa. Primero confirmó el procesamiento con prisión preventiva del empresario Lázaro Báez y luego le ordenó al juez federal Sebastián Casanello afinar la investigación y, de ser necesario, llegar hasta la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la “cuantiosa adjudicación de obra pública”.

Es la tercera vez que la Cámara llama la atención del juez. En esta oportunidad, lo hizo de manera directa y sin eufemismos: “Sin perjuicio de lo que pudiera resultar de otros procesos, es de la lógica más elemental sospechar acerca de la íntima relación existente entre la cuantiosa adjudicación de obra pública a Báez (y su grupo económico) y las referidas relaciones del nombrado con los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández”.

El silencio cómplice que durante el kirchnerato mantuvieron empresarios, intendentes y dirigentes políticos de las más altas esferas debería quebrarse para que los testimonios de primera mano sean suficientes para romper el pacto tácito que se sostuvo desde el comienzo de la así llamada “década ganada”. Parece difícil pero sobran los indicios para la investigación.

Basta poner la lupa en algunas localidades pequeñas –y no tanto– del interior del país que tuvieron un crecimiento desmesurado como resultado de la asignación de obra pública, que dejaba retornos al poder central por la vía de la adjudicación directa a empresas amigas. En algunas localidades del Sur y en más del 80% de las obras realizadas en la provincia de Córdoba en los últimos diez años, por tomar dos extremos de la geografía de nuestro país, tuvo participación Electroingeniería, empresa del riñón K.

Julio De Vido y su secretario de Obras Públicas José López, se ocupaban de visitar personalmente a los intendentes elegidos para las grandes construcciones y reportaban de manera directa a Néstor Kirchner. Una anécdota narrada y corroborada por Luis Juez ante el fiscal federal Federico Delgado no deja lugar a dudas sobre esta práctica. El hoy embajador en Ecuador narró con lujo de detalles un episodio sucedido en 2005 –del cual ya había dado cuenta– cuando se desempeñaba como intendente de la ciudad de Córdoba. En aquel entonces, desde el gobierno nacional se le prometió la construcción de 2.500 viviendas sociales. Cuando todo estaba a punto de concretarse, De Vido y López le señalaron que la obra la debía realizar Electroingeniería. Juez se negó a convalidar esa contratación directa y pidió hablar con Kirchner quien, para su decepción y sorpresa, le dijo que “debía ser más flexible y aceptar esa práctica”.  

La construcción de viviendas sociales fue el pivot sobre el que giró la maquinaria de corrupción del anterior gobierno. Otro ejemplo lo configuró la persecución y el intento por sacar de la cancha a las cooperativas dedicadas al diseño y ejecución de estas viviendas que no se alineaban a los pedidos del Ministerio de Planificación o que le quitaban “mercado” en la competencia mencionada. Un documento fechado en agosto de 2010, firmado por el señor Ayala Genaro y otros, llegó al centro de documentación presidencial de la Casa Rosada solicitando una audiencia con “la señora Presidenta” para ponerla en autos acerca de la persecución de la que estaban siendo víctimas por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que había dispuesto la intervención de la cooperativa ocasionándole un perjuicio económico cercano a los $ 300 millones. El motivo –según consta en la propia carta– fue “la enorme distancia entre los precios de la cooperativa y los que paga el Estado nacional por metro cuadrado de construcción, que jamás nadie podría justificar”. La lista de casos promete ser interminable en la medida en que se pierdan los miedos y sean más voces las que se atrevan a denunciar estas prácticas deshonestas.

Defensa. 

Por estas horas, los allanamientos en las propiedades de la ex presidenta motivaron su descargo a través de las redes sociales. Verborrágica como de costumbre, expresó: “Conmigo no podrán”. Fuentes cercanas a las causas más sensibles que tocan de cerca a la familia Kirchner aseguran que Cristina no caerá por la venta de dólar futuro, ni siquiera por el bochorno de López o los desmanejos de De Vido sino por los negocios familiares. La ex presidenta tenía un acuerdo explícito con su marido que el propio Néstor Kirchner reveló a algunos ex funcionarios allá por el año 2004. “Ella se encarga de los negocios familiares junto a Máximo, y yo de la política”, repetía el ex presidente dentro de ese círculo.

Está claro que esos negocios son –entre otros– Hotesur y Los Sauces. Como se escribió en esta columna muchas veces, éste era, y es, el principal problema que deberá afrontar CFK. Su nivel de enriquecimiento es imposible de justificar y su asociación con Lázaro Báez suma evidencias tras cada nuevo allanamiento dispuesto por la Justicia.

En medio de su irrealidad, la ex presidenta creyó que con su catarata de tuits o sus cartas publicadas en Facebook podría hacer frente al accionar de la Justicia. En la semana que pasó parece haber tomado conciencia de que con eso no le alcanzará. De ahí su inesperado viaje a Buenos Aires. El cerco de la Justicia se cierne sobre ella y su denuncia de ser víctima de una persecución política se debilita día a día ante los bolsos de López y cada nueva propiedad que se le descubre a Báez, muestras de la corrupción sin límites imperante a lo largo del kirchnerato.

   

Producción periodística: Santiago Serra.

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Lázaro Báez, detenido. Foto: Telam

Ocaña y Garrido le habían entregado copias de un fallo de la Justicia de ese país. Recién el jueves, con más detalles, citaron a los hijos de Báez.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 26/06/2016 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La maniobra por la que el juez federal Sebastián Daniel Casanello y el fiscal federal Guillermo Marijuan han llamado a indagatoria a los cuatro hijos de Lázaro Báez –Martín, Leandro, Luciana y Melina– ha sido perfectamente esclarecida. Todo comenzó con la apertura en Panamá de una empresa offshore a la que se llamó Kinsky Foundation. En 2011, esta empresa extendió un poder a Helvetic Service Group –la firma cuyo propietario, Marcelo Ramos, está prófugo y con pedido de captura internacional– para que sirviera de conducto a través del cual se buscó hacer circular la plata negra que pertenecía a la familia Báez.

Una vez completada esta autorización, Kinsky Foundation procedió a abrir una cuenta en el Banco Safra de Ginebra, a través de la cual se movieron alrededor de 20 millones de dólares pertenecientes a Austral Construcciones, la empresa madre del Grupo Báez. Pero eso no fue todo. Hubo 5 millones de dólares más atribuidos a la firma Epsur, que es la compañía del grupo que se dedica a la actividad petrolera. Ahora se sabe que los titulares de esa cuenta bancaria son Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez, quienes, además, son los beneficiarios de la Kinsky Foundation.

Por otra parte, cabe consignar que el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín eran, a su vez, los directores de la Kinsky Foundation y de la Tyndall Limited Inc., empresa que fue abierta en Panamá con una cuenta que funcionaba desde 2011 en el Banco Lombard Odier, con sede en Ginebra. Este banco, con antecedentes floridos en maniobras de lavado de dinero, fue mencionado por Leonardo Fariña en su declaración ante el juez Casanello. Por si alguien lo olvidó, hay que recordar que tanto Chueco como Pérez Gadín están procesados y presos por estar acusados de lavar dinero.

En los últimos meses del año 2011, Tyndall Limited recibió tres transferencias por un monto total de unos 700 mil dólares provenientes de la empresa Teegan Inc., que también había sido abierta en Panamá y estaba a nombre de Martín Báez. Hubo una transferencia más originada en la firma Worldwide Investments Properties LTD, poruna suma de 299.970 dólares.

Tanto para el juez Casanello como para el fiscal Marijuan, la maniobra se completa con la transferencia de dinero que se hizo desde la Kinsky Foundation y la compañía Wodson Internacional SA hacia Helvetic Service Group, con la finalidad de comprar bonos de la deuda pública, instrumento que se utilizó para hacer reingresar al país ese dinero ya “lavado” y “blanqueado”.

Hasta aquí, todo lo referente a la operatoria para llevar adelante la maniobra. Pero en lo referente a la investigación y sus tiempos, ¿qué hay detrás del anuncio del viernes realizado de manera espectacular entre bombos y platillos por el doctor Casanello? Lo primero que hay que señalar es que fue el fiscal José Campagnoli junto a su equipo al frente de la Secretaría de Investigaciones Penales quien, a partir de los dichos del financista Federico Elaskar –que manejaba La Rosadita– y Leonardo Fariña, promovió la investigación de la maniobra y en menos de 48 horas corroboró parte de las declaraciones y referencias manifestadas por “los arrepentidos”. Al cabo de veinte días, el equipo de Campagnoli ya tenía el mapa del origen del dinero y gran parte de la ruta. 

La causa terminó en el juez Casanello con los detalles del trabajo realizado por el fiscal. Vale decir que transcurrieron más de dos años con la investigación prácticamente dormida en algún cajón de los tribunales. José Campagnoli fue desplazado por la procuradora Gils Carbó y la Secretaría de Investigaciones Penales disuelta y condenada al olvido.

Pero todavía hay más. La Justicia suiza emitió dos fallos entre marzo y junio de 2014 que, de haber sido tenidos en cuenta por Casanello, hubieran sido vitales para el avance de la investigación sobre lavado que involucra a Báez y las más altas esferas del poder. La legisladora Graciela Ocaña y el diputado nacional (MC) Manuel Garrido se involucraron en el caso y le enviaron al juez apodado “tortuga” copias del fallo dictado por los tribunales suizos y la correspondiente traducción para evitar dilaciones.

Para sorpresa de todos, la investigación de los jueces de la Confederación Helvética ya había bloqueado hacía dos años las cuentas vinculadas a los hijos de Báez. Casanello no podía desconocer esta información y, como prueba de ello, obra el escrito presentado por Ocaña al propio juez:

“Acompaño una traducción no oficial de los fallos, para facilitar la comprensión de algunos datos interesantes que allí aparecen, como por ejemplo:

a) El Ministerio Público de la Confederación logró que se dispusiera el secuestro e inmovilización de una suma muy significativa de dinero depositada en cuentas bancarias, ya que podría tratarse de activos provenientes de actos de corrupción;

b) Se hace mención a 15 millones de dólares enviados en pequeñas cantidades y colectados en una cuenta (típica operación de lavado desagregado e integración);

c) El cierre de cuenta en un banco, ante la imposibilidad de explicar el origen de la operación que fue génesis de los fondos depositados; c) envío de su saldo a otro banco, a cuenta de una ignota y sospechosa fundación”.

En otras palabras, parte de lo anunciado por el juez como una novedad podría haber sido develado mucho antes. El único descubrimiento fue aportado por la Unidad de Información Financiera (UIF) –ahora en manos de profesionales sin comisarios políticos–, que confirmó que aquellas cuentas suizas pertenecen a los hijos de Báez.

Toda esta serie de hechos que conmueven al país han dejado al Frente para la Victoria en estado de shock. La diáspora que había comenzado a principios de año no tiene otra alternativa que profundizarse. “Lo de López marca un antes y un después”, señaló un dirigente clave del kirchnerismo bonaerense. Pero no son sólo las valijas llenas de millones de dólares de López o las cuentas no declaradas de los hijos de Báez lo que está en la génesis de esta hecatombe; también están las cartas de CFK, que desde su irrealidad trata de convencer a los suyos de que todo este escándalo le es ajeno. 

López es Kirchner; Báez es Kirchner; De Vido es Kirchner; Jaime es Kirchner. “Uno aprende, cuando se hace viejo, que ninguna ficción puede ser tan extraña ni parecer tan improbable como lo sería la simple verdad”. (Emily Dickinson). Es lo que muestra esta historia de bolsos, billetes, bóvedas y valijas.

Producción periodística: Santiago Serra.

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