Mostrando las entradas con la etiqueta ANSES. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta ANSES. Mostrar todas las entradas

miércoles, 27 de diciembre de 2023

Sistema Provisional. De reforma en reforma… @dealgunamaneraok...

 Sistema Provisional. De reforma en reforma…

Sostenibilidad. Para lograrla debe haber 3 trabajadores activos formales por cada pasivo. ANSES reportó en marzo del año pasado, 1,8 por cada beneficiario. Fotografía: Rolando Andrade Stracuzzi. 

El régimen nacional cuenta con cerca de 6 millones de jubilados y pensionados que, según lo anunciado por el Gobierno, deberá enfrentar un recorte del 0,4%, que redundará en un nuevo ajuste de haberes. 

© Escrito por Mirta Quiles y publicado el miércoles 27/12/2023 por la Revista Acción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

«Con la fórmula anterior, lo que hubieran perdido los jubilados en los próximos cuatro meses hubiera significado, para el fisco, un ahorro de dos puntos de déficit. Si seguíamos con esa fórmula, los jubilados hubieran perdido poder adquisitivo, más o menos, en los próximos meses, en un 40%. Esa fórmula es muy mala. El Gobierno no está especulando, está protegiéndolos», afirmó el ministro de Economía Luis Caputo, al ser consultado acerca de si el paquete de ajuste incluía a los haberes previsionales. Sobre la fórmula futura, dijo: «La sacamos ahora y vamos a pensar una buena alternativa para no tener que lidiar con estos problemas». En síntesis, «vamos viendo», aunque ya deslizó que los aumentos podían ser vía decreto del Ejecutivo o con bonos. A pura discrecionalidad.  

En cada cambio de Gobierno, en particular durante los últimos años, los jubilados y pensionados son presentados como los menos beneficiados por la gestión saliente, pero en verdad, terminan siendo objeto de ajuste. En los últimos 6 años, trabajadores y jubilados enfrentaron una caída de ingresos cercana al 26%. Este tiempo no es ajeno y se encamina −en pleno contexto inflacionario− a una nueva reforma de la fórmula de ajuste −conocida como movilidad jubilatoria− de los haberes previsionales. 

Entre 2001 y 2005 el número de beneficios previsionales iba en descenso, consecuencia de la etapa neoliberal y la crisis de 2001. Sin embargo, desde 2005, y como consecuencia de la primera moratoria previsional, se registraron fuertes incrementos, llegando a un pico del 33,8% en 2007. «Entre 2003 y 2016 −sostiene el CELS− pudieron jubilarse 1.796.439 mujeres entre 60 y 65 años, más del 80% accedieron al beneficio del Plan de Inclusión Previsional, más conocido como “moratoria previsional”». 

En la actualidad hay 5.890.796 jubilados y pensionados en el régimen nacional, de acuerdo a datos de septiembre del Boletín Estadístico de la Seguridad Social que elabora la ANSES. Un 90,5% más que los 3 millones de beneficiarios que se registraban en 2001, primer año de la serie estadística oficial. De ese universo −2.066.461 hombres y 3.824.330 mujeres−, el 64,1% accedió al beneficio a través de una moratoria, ya que no contaban con los años de aportes necesarios. 

Esta ampliación, obviamente se refleja también en los recursos destinados a ítem previsional. En 2001 representaba el 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que 20 años más tarde llegó al 9,3%, incluyendo los gastos nacionales y las cajas provinciales. Aunque el déficit del sistema se mantiene desde 1998, de acuerdo a datos oficiales, en 2022 representó el 2,8% del PIB, la más baja desde 2016, cuando llegó a 2,7%. Para que el sistema sea sostenible, se autofinancie, de acuerdo a distintos especialistas, se debe contar con tres trabajadores activos formales por cada pasivo. Según los datos de la ANSES, a marzo 2021, había una relación de 1,8 trabajadores por cada persona que cobra un haber previsional: se registraban 10,5 millones de aportantes al sistema (trabajadores formales con descuento previsional) y 5,6 millones de jubilados y pensionados. Cabe recordar que durante los últimos años el mayor crecimiento de empleo estuvo sostenido por la creación de puestos de trabajo precarizados (monotributistas y trabajadores informales −sin aportes−).

Lo que vendrá.  

Con el ajuste económico en marcha los que lo pagarán íntegramente serán los trabajadores formales e informales y los jubilados y pensionados. Incluso en el Excel presentado por Caputo se proyecta una quita del 0,4% en estas últimas. Y su ejecutor directo será el nuevo titular de ANSES, Osvaldo Giordano, hasta hace días ministro de Finanzas de Córdoba y exsecretario de Previsión Social de la provincia. En plena pandemia, Giordano encabezó junto con el gobernador Juan Schiaretti una reforma jubilatoria provincial, con podas y armonización con Nación, que incluyeron rebajas que alcanzaron al 15% de los beneficiarios con los haberes más altos, incluyó un «aporte solidario» del 20% para dobles ingresos, y una armonización de criterios del sistema previsional provincial con el nacional, con impacto en reducciones para futuros jubilados y pensionados.

En el caso de los actuales activos, se introdujo una armonización con la Nación en tres puntos: el cálculo del haber inicial pasó de los 48 últimos haberes (4 años) a 120 (10 años); los nuevos pensionados pasarán a percibir el 70% de la jubilación del causante en lugar del 75%; y la ley eliminó además el beneficio de pagarle al pensionado el 100% del haber durante el primer año. En síntesis, la reforma acható la distribución, al reducir las jubilaciones más altas y tuvo como eje la revisión de los beneficios derivados de regímenes especiales (que en el caso de la ANSES representa el 4,2%).  

Franco Godino, economista del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES) de Córdoba analiza los alcances de la reforma provincial de 2020.

−La ley de jubilaciones y pensiones de Córdoba ¿beneficia a la masa de jubilados y pensionados de la provincia?
–Los sistemas previsionales como el argentino enfrentan dificultades importantes en materia de sustentabilidad. Estos sistemas son llamados «de reparto», es decir que las contribuciones de los activos financian los haberes de los pasivos. Si las primeras no alcanzan a cubrir los segundos tenemos el famoso déficit previsional. Tanto la Caja de Córdoba como ANSES tienen un déficit estructural, que exige al Estado cerrar esa brecha con ingresos de los impuestos. La reforma de Córdoba buscó reducir ese déficit reduciendo la masa de prestaciones de la Caja. En ese sentido fue exitosa. La pregunta es qué jubilados pagaron el costo, si solo aquellos que cobran jubilaciones altas o toda la masa de jubilados. La equidad de este tipo de reformas es compleja y no está claro aún cuál será el impacto de la reforma en Córdoba en ese sentido.

−¿Supones que Giordano aplicará la misma estrategia a nivel nacional?
–Para ANSES podemos esperar que Giordano intente reformas similares, que busquen reducir el déficit reduciendo dobles prestaciones, achatando la distribución de jubilaciones (recortando las más altas) e incluso modificando edades jubilatorias y tratando de unificar los diferentes regímenes a nivel nacional.




domingo, 7 de marzo de 2021

Apertura del año legislativo… @dealgunamaneraok...

 Apertura del año legislativo…


El pasado lunes, el presidente inauguró el período de sesiones ordinarias y brindó un discurso que comenzó repasando las principales respuestas del Estado ante la pandemia. Luego abordó en profundidad algunos de los temas que deberán encararse en el transcurso del año. En reiteradas ocasiones mencionó que el eje es el Presupuesto 2021 y la idea de que los salarios crezcan por encima de la inflación. 

© Escrito por Carlos Heller el domingo 07/03/2021 y publicado en Facebook, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos. 

El aparato mediático, como era previsible, estuvo más enfocado en tergiversar los dichos del presidente en torno de la reforma de la Justicia y al anuncio de que el Estado iniciará una querella para investigar el acuerdo con el FMI de 2018. Dos temas que es preciso revisar. 

En lo económico, Alberto Fernández señaló que "el sistema capitalista fracasa en el mismo instante en que los que consumen son expulsados del mercado", y que "ninguna sociedad crece empobreciendo a los que viven de un salario". Una definición conceptual que el gobierno acompaña con decisiones concretas. Entre ellas, "una mesa de concertación de precios y salarios junto al sector empresario y sindical". Sin embargo, aclaró que si bien "creemos en el diálogo (...), de ninguna manera significa que el Estado resigne sus potestades legales". Por su parte, se reafirmó que el gobierno sigue un abordaje integral para resolver el tema de la inflación. El mismo incluye el programa macroeconómico plasmado en el Presupuesto 2021, la coordinación de precios y salarios y los programas específicos como Precios Cuidados. Lo contrario del Estado canchero. 

En el discurso también se hizo énfasis en el rol del mercado interno, cuyo fortalecimiento es clave para "acelerar la recuperación de la producción y el empleo". A su vez, consideró la generación de trabajo como "la principal política social" y que "la recuperación de los ingresos reales constituye un elemento fundamental para el crecimiento. Esta recuperación es un objetivo prioritario para 2021". Los acuerdos paritarios que se van conociendo van claramente en esa dirección. 

Uno de los más recientes es el acuerdo nacional docente, con un incremento salarial del 34,55%, porcentaje que está por encima de la inflación proyectada en el Presupuesto 2021 (29%). Se pagará en tres cuotas durante el transcurso del año (en marzo, julio y septiembre) y tendrá vigencia hasta noviembre, cuando se convocará a una nueva paritaria para trabajar en la renegociación. Una noticia que está en consonancia con otros acuerdos que se van firmando, como el de los encargados de edificios. 

Los haberes jubilatorios a partir de marzo subirán un 8,07%, según lo estipulado por la nueva ley de movilidad (con la anterior fórmula, el aumento de marzo habría sido del 7,18%). Además, para los meses de abril y mayo, el gobierno decidió que a las jubilaciones y pensiones de hasta $ 30.856 (1,5 haberes mínimos) se les agregará un bono mensual de $ 1500. De esta forma, el haber mínimo actualizado ($ 20.571) pasará a ser de $ 22.071 en dichos meses. Según la Anses, "al considerar el aumento por movilidad y los bonos, una jubilación mínima aumentará un 16%, ganándole claramente a la inflación del trimestre (...) El 70% de los jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas de menores ingresos, que fueron quienes se vieron más afectados y afectadas en los últimos años, obtendrán este beneficio por dos meses hasta la aplicación de la nueva movilidad en el mes de junio". 

Volviendo al discurso, respecto de las tarifas, el presidente comentó que, de haber continuado el esquema del anterior gobierno, "el gas debería haber aumentado un 80% en octubre y debería aumentar un 130% en abril de este año. La electricidad, por su parte, debería aumentar un 168% en el próximo mes de abril". Sin embargo, mencionó que es hora de regularizar el sistema tarifario, que estuvo congelado todo este tiempo, con el objetivo de lograr "tarifas diferenciales según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio". Se trata de un concepto que comparto plenamente. Un servicio público es un derecho, y si es un derecho no es justo ni razonable que tenga el mismo precio para todos y todas y no esté vinculado a la capacidad de pago de cada usuario. Es una forma, también, de cuidar los ingresos de los sectores mayoritarios. 

A su vez, el Ejecutivo enviará al Congreso nacional un proyecto para declarar la "emergencia de servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizarlos definitivamente y adecuarlos a una economía en la que los ingresos son en pesos". Otro anuncio razonable desde el punto de vista de la formación de los precios y que, además, apunta a revertir la dolarización de facto que arrastra la economía argentina, producto de las políticas de anteriores gobiernos. Fue otro de los anuncios que el aparato mediático pasó por alto. 

Un capítulo central del discurso fue la cuestión de la renegociación del préstamo con el FMI: "Una deuda tomada por un gobierno irresponsable, que obtuvo un crédito otorgado en su favor por motivos absolutamente políticos, merece una revisión y un tratamiento adecuado a la hora de su renegociación", según el presidente. 

Un préstamo a todas luces insostenible. Según el cronograma acordado por el anterior gobierno, se deben estar pagando al FMI este año U$S 3826 millones, U$S 18.092 millones en 2022, U$S 19.186 millones en 2023 y U$S 4921 millones en 2024, cuando se cancela la deuda. Son dólares que no puede generar la economía argentina en cuatro años. Tampoco están disponibles ya que se fugaron. Según el BCRA, entre mayo de 2018 y octubre de 2019, cuando Macri estableció controles cambiarios más estrictos, la formación de activos externos alcanzó los U$S 45.100 millones. Un número parecido a los fondos que ingresaron del FMI. 

Por estos motivos, el Estado iniciará una querella criminal para "determinar quiénes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda", según afirmó el presidente. Son hechos a investigar, tanto por las responsabilidades legales que caben como para evitar que se repitan. De hecho, el mismo lunes del discurso, el BCRA, según aparece en su página web, "elevó a la Sigen y a la Oficina Anticorrupción toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el Fondo Monetario para determinar si generaron perjuicios al Estado. El Banco Central pidió la realización de una auditoría específica de la documentación para evaluar las responsabilidades de los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el Fondo en 2018 y determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público". Otra noticia que casi no apareció en los medios y que indica que el proceso está en marcha. 

En síntesis, el discurso presidencial de la 139ª Asamblea Legislativa fue coherente y trató muchos de los ejes que permanentemente sostengo. En lo económico, se reafirma la idea de que el Presupuesto 2021 votado por el Congreso es el verdadero programa de Estado y que hay un objetivo claro de que se vaya recuperando el salario real. Para lograrlo, se mencionó que se puede avanzar por acuerdo o por medio de las potestades de las que dispone el Estado. En casi dos horas de discurso quedó claro que hay plan, que no es de ajuste, y que existe una firme convicción para llevarlo a cabo. 





domingo, 24 de enero de 2021

La ética y los privilegios… @dealgunamanera...

 La ética y los privilegios…


Se necesita el aporte mensual de más de 400 empleados públicos para cubrir las pensiones que cobrará la Vicepresidenta. En esta nota se propone analizar desde la ética la validez de la actitud de CFK y de la clase dirigente que, pudiendo modificarlo, mantiene esas prerrogativas de privilegio. 

© Escrito por Américo Schvartzman (*) el lunes 11/01/2021 y publicado por el Periódico Digital La Vanguardia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.

Una trabajadora monotributista que integra una cooperativa en Concepción del Uruguay logró, después de trámites y diálogos interminables y derivas de un funcionario a otro, que le reconocieran un subsidio como parte de una cooperativa de trabajo en medio de la pandemia. El monto parecerá irrisorio, pero le venía muy bien ese complemento después de meses casi sin ingresos: 6 mil pesos por mes. La buena noticia se convirtió en indignación al mes siguiente: le dieron de baja la AUH por su único hijo. Por el subsidio de 6 mil pesos perdió los 3.717 que le correspondían. Desde entonces ha hecho incontables reclamos, hasta el momento sin éxito.

 

En 2017 la actual Vicepresidenta del Estado argentino litigó contra el propio Estado que ahora vicepreside para cobrar dos pensiones de privilegio, una propia como ex Presidenta, la otra de su marido muerto, ex Presidente. Suman, aproximadamente, dos millones de pesos por mes. Por supuesto, no fue ella quien inventó ese privilegio. Lo disfrutan varios ex presidentes vivos y también familiares de otros fallecidos. Lo que nunca había sucedido es que una ex Presidenta que cobra su pensión de privilegio, pretendiera cobrar también la de su ex marido. No hay otro caso similar, porque salvo María Estela Martínez de Perón, no hay otras parejas ex-presidenciales. Aun así, “Isabel” cobra la suya y, por su marido, una pensión militar de unos 100 mil pesos mensuales.

 

En una decisión administrativa del Gobierno anterior, a Cristina Fernández de Kirchner le indicaron que debía optar, que no podía cobrar ambas. Pero apeló la medida y ahora la justicia le dio la razón: no sólo podrá cobrar las dos, sino que se le deben abonar los retroactivos, cerca de 100 millones de pesos. Además, la Vicepresidenta tiene su sueldo mensual que asciende a 328.419,59 pesos (hasta septiembre de 2020, última cifra consignada en Datos.gob.ar, el sitio de Presidencia: ver aquí). 

 

Lo que nunca había sucedido es que una ex Presidenta que cobra su pensión de privilegio, pretendiera cobrar también la de su ex marido. No hay otro caso similar, porque salvo María Estela Martínez de Perón, no hay otras parejas ex-presidenciales.

 

Mientras tanto, también en Concepción del Uruguay, un jubilado municipal se encadena en la plaza porque no puede llegar a fin de mes: cobra menos de 20 mil pesos. Y el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, calificó la decisión judicial como «pornográfica«. Señaló que cuatro millones de jubilados y jubiladas (más de la mitad del total) cobran, como el encadenado, la mínima: 19 mil pesos mensuales. Pero además, indicó que a una persona que cobra una pensión por discapacidad (14 mil pesos) se la cancelan si fallecen sus padres y quiere cobrar sus beneficios previsionales.

 

Para mayor pornografía, la información de la decisión judicial se conoció el mismo día que se aprobó la nueva reforma previsional, reforma gracias a la cual los millones de jubilados y jubiladas que cobran una miseria… seguirán cobrando esa miseria.

 

DERECHOS Y PRIVILEGIOS

 

La decisión judicial no fue automática o de oficio: se requirió que la Vicepresidenta litigara, se presentara ante la justicia y demandara al Estado para que le reconozcan ese “derecho”. ¿Qué digo “derecho”?: la prerrogativa que posee la Vicepresidenta es claramente un privilegio, no un derecho.

 

Privilegio que comparte con sus colegas ex presidentes, como lo recordaron en las redes sus adláteres: Aníbal Fernández (el acomodaticio funcionario de Menem, Duhalde y los Kirchner que fue, en 2002, coautor ideológico del asesinato de Kosteki y Santillán) la justificó recordando que ese mismo privilegio lo tienen Menem, Duhalde, Rodríguez Saá, la viuda de De la Rúa y Macri, “el mamerto que apoyaste”, porque supone que quien cuestiona la decisión de CFK es macrista (en sus anteojeras mentales, nadie que no sea macrista podría cuestionar nada de lo que haga la Vicepresidenta). En suma: para Aníbal Fernández (y muchos seguidores de CFK) el privilegio injustificable se justifica porque hay otros privilegiados injustificables.

 

No se informó con exactitud cuánto cobrará por mes la Vicepresidenta, pero parece que será alrededor de 2,4 millones entre ambas pensiones y su sueldo. Equivale a algo más de lo que ganan 126 jubilados sumados.

 

La decisión de la Vicepresidenta (y de la justicia) vuelven a mostrar que en la Argentina conviven mundos diferentes. El de los poderosos, sus privilegios y prerrogativas inmorales, y el de trabajadores y trabajadoras de a pie, para los cuales el servicio de justicia sigue siendo más parecido a un laberinto kafkiano que a lo que su nombre designa.

 

Hace casi un año, en otro artículo, analizamos el caso del ex vicegobernador entrerriano Adán Bahl, quien con 52 años y apenas cuatro como vicegobernador, tiene el absurdo “derecho” de jubilarse por ese cargo, con una remuneración cercana a los 200.000 pesos. Cuestionamos no solo el monto y el hecho de que equivalga a más de 10 jubilaciones mínimas, sino la paradoja de que el mismo Bahl había salido a reclamar una reforma del sistema jubilatorio porque, aseguraba, “no es sustentable”. Sacamos la cuenta en ese momento: ¿cuántos docentes en actividad se necesitan que aporten para que la Provincia le pague la jubilación privilegiada a Bahl? Respuesta: veintiséis docentes y medio. Ese es el aporte de Bahl a la sustentabilidad del sistema.

 

La decisión de la Vicepresidenta (y de la justicia) vuelven a mostrar que en la Argentina conviven mundos diferentes. El de los poderosos, sus privilegios y prerrogativas inmorales, y el de trabajadores y trabajadoras de a pie, para los cuales el servicio de justicia sigue siendo más parecido a un laberinto kafkiano que a lo que su nombre designa.

 

UN ANÁLISIS DESDE LA ÉTICA 


Creo, sin embargo, que dejando la bronca de lado (inevitable para cualquiera que vive de ingresos fijos cada vez más estragados por la inflación y la desigualdad), como ciudadanas y ciudadanos, como comunidad, podemos y debemos analizar la cuestión desde una perspectiva ética. Y en ese sentido podemos preguntarnos, más allá de cualquier preferencia partidaria: ¿Cuáles son los estándares éticos que debemos exigir a nuestros gobernantes? Y en especial ¿tenemos elementos para establecer un juicio ético en este caso?

 

En ética hay diferentes perspectivas para analizar las acciones humanas, siempre en torno de una perspectiva más amplia que supone que las acciones individuales no deben ser incompatibles con el bien común. Esas perspectivas son la del deber (deontológico), la que jerarquiza las consecuencias de las acciones (utilitarismo) y la de la virtud (la ética “aristotélica”: ¿qué tipo de personas queremos ser? Las acciones se analizan en función de esa pregunta).

 

Desde la perspectiva general del bien común, parece claro que la actitud de la Vicepresidenta, al decidir litigar contra el Estado para poder cobrar ambas pensiones, sostiene una posición que va en contra de los valores que dice defender, ya que al priorizar su beneficio personal antes que el bien colectivo, contribuye a desfinanciar el sistema previsional. ¿Por qué? El sueldo promedio de los empleados públicos del Estado nacional ronda los 50 mil pesos. Y su aporte jubilatorio es del 11% de su remuneración. No es difícil sacar la cuenta: se requiere el aporte mensual de 418 trabajadores del Estado para cubrir la suma total que percibirá la Vicepresidenta cada mes.

 

La Vicepresidenta tuvo dos períodos en los que pudo haber impulsado la supresión de ese privilegio, para ella y para la posteridad. No lo hizo (tampoco lo impulsó su sucesor Mauricio Macri, vale decirlo). Podría haber no litigado, ahorrarle un millón de pesos por mes al Estado. La pregunta deontológica es: un mundo (o un país, o una provincia) donde todos actuaran como ella ¿sería deseable o indeseable?

 

Desde un punto de vista deontológico, ¿cuál sería su deber? Quienes la justifican dicen que no es la única que posee ese privilegio. Citan a cada ex Presidente reciente o a sus deudos. No obstante, la decisión de hacer uso de ese privilegio o de rechazarlo es de la Vicepresidenta. No es una obligación, sino una decisión. La historia argentina exhibe casos (pocos, pero los hay) en donde funcionarios renunciaron a esa prerrogativa por considerarla inmoral. Elpidio González (vicepresidente de Alvear), Arturo Illia, y más cerca en el tiempo, Raúl Alfonsín, quien renunció al 50% de la suya solicitando que se destinara al PAMI de Chascomús


Además Alfonsín –que fue legislador después de ser Presidente– declinó cobrar sus dietas. En 2018 María Eugenia Vidal eliminó la jubilación de privilegio de que gozaban los gobernadores y vice bonaerenses, y por tanto, que hubiera gozado ella al concluir su mandato. La Vicepresidenta tuvo dos períodos en los que pudo haber impulsado la supresión de ese privilegio, para ella y para la posteridad. No lo hizo (tampoco lo impulsó su sucesor Mauricio Macri, vale decirlo). Podría haber no litigado, ahorrarle un millón de pesos por mes al Estado. La pregunta deontológica es: un mundo (o un país, o una provincia) donde todos actuaran como ella ¿sería deseable o indeseable?

 

Desde la perspectiva que pone el énfasis en las consecuencias de los actos de las personas: las pensiones de Cristina ¿afectan a la sostenibilidad de la ANSES? Si se precisan aportes de casi 420 trabajadores para cubrirlas ¿reducen las posibilidades de que el Estado argentino supere sus problemas de déficit o contribuyen a agravarlas?

 

Por último, desde la perspectiva de la virtud, la persona virtuosa es quien no sólo sabe juzgar lo que es bueno para ella sino para todas. ¿Puede ser considerado virtuoso desde algún punto de vista el aceptar ese privilegio, pero además, demandar al propio Estado que se presidió, para efectivizar el cobro también del de su marido?

 

PREGUNTITAS 

 

El único argumento que se esgrime para defender la actitud de la Vicepresidenta es exhibir que otras personas gozan de ese privilegio inmoral. Y es tan débil que merece la respuesta que todas las personas alguna vez recibimos de nuestras madres: “Si tus amigos se tiran a un pozo ¿vos también te tirás?”.

 

No he visto argumento en su defensa que encuadre en alguna perspectiva ética. Tal vez, con algo de cinismo, podría decirse que la política (y la vida, y la convivencia) son solamente lucha de poder y entonces la única virtud real consiste en obtener todo el beneficio posible mientras sea legal (algunas personas, como hemos visto en estos años ante casos como el de Amado Boudou, también están dispuestas a sostenerlo aún si no es legal).


Pero lo cierto es que esa justificación no se puede defender desde ninguna mirada ética. Sería apenas una versión justificatoria y levemente sofisticada de la brutal competencia que desarrolla cualquier mamífero superior macho por prevalecer en la alimentación y la reproducción, o si se quiere, de la versión neoliberal que considera que la sociedad es una jungla y se impone el más hábil para sacar provecho. Sí, es la noción que suelen evidenciar muchas personas en diálogos de brutal honestidad. Pero ¿es una perspectiva deseable para nuestra comunidad? ¿Tiene algo que ver con los ideales que se defienden en público?

 

El racismo, la meritocracia, el sexismo, la falta de empatía, el egoísmo, el neoliberalismo como código de conducta, no son rasgos exclusivos de nuestras clases dirigentes. Pero, y ésta es la buena noticia, si somos mejores, seguramente serán mejores también quienes nos gobiernan.

 

Estas preguntas –presentadas sin esperanza de que se las plantee la Vicepresidenta, o el resto de quienes integran nuestras clases dirigentes– son válidas para que nos las formulemos todas las demás personas. Ya sea como experimento mental (“¿Qué haría yo si estuviera en el lugar de Cristina?”) o en relación a nuestros propios dilemas éticos cotidianos. Porque no creo que nuestros gobernantes sean muy diferentes de la sociedad que somos. El racismo, la meritocracia, el sexismo, la falta de empatía, el egoísmo, el neoliberalismo como código de conducta, no son rasgos exclusivos de nuestras clases dirigentes. Pero, y ésta es la buena noticia, si somos mejores, seguramente serán mejores también quienes nos gobiernan.

 

Mientras tanto, o quizás para lograrlo, ejerzamos el derecho y el privilegio de dar estas discusiones. Porque lo más grave que tienen episodios como éstos es que no seamos capaces de visualizar su gravedad. Y porque es fundamental que nos eduquemos para parecernos a gobernantes diferentes. Solo así llegarán. Aunque eso no mitigue, ni por asomo, la bronca de la trabajadora monotributista a la que le cancelaron la AUH ni la de Juan José, el jubilado encadenado que no llega a 20 mil pesos mensuales.

 

(*) Américo Schvartzman.

Licenciado en Filosofía y Periodista. Integra la Cooperativa Periodístico Cultural “El Miércoles”, en la provincia de Entre Ríos. Autor de “Deliberación o Dependencia Ambiente, Licencia Social y Democracia Deliberativa” de Editorial Prometeo. Ex Director del Periódico La Vanguardia.


 



 

sábado, 9 de enero de 2021

Jubilaciones y pensiones… @dealgunamanera...

 Jubilaciones y pensiones. Cristina Kirchner cobrará cerca de 1,7 millones de pesos mensuales.


Semejante beneficio no solo demuestra la ausencia del más mínimo escrúpulo de parte de la beneficiada, sino que viola el marco jurídico vigente en la materia.

© Escrito por Daniel Sabsay (*) el viernes 08/01/2020 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

El mismo día que se sancionó la nueva fórmula previsional que no toma en cuenta la inflación para el cálculo de las jubilaciones y por lo tanto importa una seria merma de los haberes de los adultos mayores, una sentencia por lo menos insólita, le concedió a la vicepresidenta el cobro de dos jubilaciones no contributivas, de privilegio, sin pagar impuesto a las ganancias.

 

De resultas de lo cual, Cristina cobrará alrededor de 1,7 millones de pesos mensuales. Importe que resulta de la suma de las dos pensiones más el sueldo de Vicepresidenta. Pero parece que a la ex Presidenta no le alcanza, pues le ha pedido al juez el cobro de un 40% más por zona desfavorable ya que mantuvo su domicilio en El Calafate. Además el magistrado le concedió un retroactivo equivalente a cien millones de pesos.

 

Semejante beneficio no solo demuestra la ausencia del más mínimo escrúpulo de parte de la beneficiada, sino la violación de las más esenciales reglas éticas. Más allá de este tipo de razonamiento, el problema se centra en la violación del marco jurídico vigente en la materia.

 

CFK se sirve de una Argentina sin Ley

 

Del análisis de los antecedentes de la decisión surge que en 2015, cuando Cristina era presidenta le solicitó los beneficios a su cuñada Alicia Kirchner, a la sazón ministra de Desarrollo Social, quien se los concedió de inmediato con el asesoramiento de Carlos Zannini, que se desempeñaba como Secretario Legal y Técnico de la Presidencia. Luego se reformó la ley 24.018 y determinó que el ANSES fuese la autoridad de aplicación. Cabe recordar que bajo la presidencia de Macri se resolvió, por aplicación del art. 5 de la ley, que ella debía elegir entre una de las dos pensiones.

 

Entre otras irregularidades, el juez subrogante Ezequiel Pérez Nami sostuvo que Isabel Perón cobra dos pensiones. Sin embargo, esto no es así, la viuda de Perón cobra una y paga ganancias. El magistrado formalmente es secretario de juzgado, miembro de la lista celeste, la más afín al kirchnerismo. Lamentablemente los K han hecho de las subrogancias un vehículo para la permanencia de meros funcionarios judiciales afines.

 

Recordemos que por el contrario movió todas las piezas contra los traslados de jueces federales dentro de la misma jurisdicción, grado y competencia y logró que la Corte decidiera en el caso Bruglia que los traslados siempre son transitorios.

 

Curioso los subrogantes muchas veces ni siquiera son jueces, como es el caso del sentenciante en el caso que estamos analizando, sin embargo, cuando conviene se los perpetua. Una vez más el doble rasero en función de las circunstancias. También sucede que se los premie como ocurrió con Alejo Ramos Padilla. Pero sorprendentemente Pérez Nami no ganó ninguno de los concursos en los que se presentó.

 

La pensión doble de Cristina: un episodio más de la Argentina inentendible

 

Esta aberrante sentencia (creemos que es el adjetivo que le cabe) ya que no resiste el más mínimo examen a la luz de los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, debería ser apelada por la titular del ANSES o por el inefable Zannini, hoy Procurador del Tesoro de la Nación. Si no lo hicieran, nos preguntamos si es posible aceptar que quede firme, cuando se opone a los más elementales contenidos del Estado de Derecho. Si así ocurriese, se consagraría la desigualdad ante la ley, el abuso de poder, la malversación de caudales públicos, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros posibles delitos.

 

Debe abrirse el acceso a la Justicia, de modo que ante la omisión de los funcionarios, seamos los gobernados quienes defendamos el erario público y en definitiva nuestros derechos derivados de una decisión injusta y contraria a las normas. No tengo dudas de que de quedar firme este fallo, estaríamos frente a cosa juzgada írrita o fraudulenta, como califica a este tipo de decisiones jurisdiccionales Federico Morgenstern en su ya célebre libro.

 

La Corte Suprema ha dicho desde hace varias décadas a partir del  caso “Siri” (Fallos: 239:459, 1957) que consagró el amparo como vía judicial para la protección de los derechos que: “las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el sólo hecho de estar consagradas en la Constitución Nacional”.

 

Ahora, frente a tamaño atropello y ante la mirada complaciente del poder deberá aplicar nuevamente este criterio para proteger el Estado de Derecho.

 

(*) Daniel Sabsay. Profesor titular y Director de la Carrera de Posgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires.