Mauricio Kirchner… @dealgunamanera...

Mauricio Kirchner…

En apenas dos semanas de gestión, Macri ha mostrado algunos rasgos de procedimientos más parecidos al nestorismo. Pero el fin nunca justifica los medios.

© Escrito por Javier Calvo el martes 29/12/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La peor de las herencias de la década en que Carlos Menem gobernó el país, con el voto de los argentinos, no fue la corrupción, la impunidad o la exclusión. Todas ellas juntas construyeron un legado cultural político, económico y social que lleva años desandar, porque incorpora mecanismos de acción y pensamiento que se tornan normales pese a sus vicios de origen.

Por ejemplo, Menem nos enseñó a no escandalizarnos con el enriquecimiento en la función pública, el pago de coimas, la domesticación judicial, el capitalismo de amigos y la hechura de leyes a medida según la ocasión.

El tema es que ya empiezan a notarse los efectos de la herencia cultural kirchnerista, nada menos que en aquellos que se construyeron políticamente como lo opuesto. En apenas dos semanas de gestión, Macri ha mostrado algunos rasgos de procedimientos más parecidos al nestorismo pragmático que al republicanismo declamado.

El primer caso fue la decisión de promover con un decreto la llegada a la Corte Suprema de los  abogados Horacio Rosatti y Carlos Rosenkranz. Aunque la medida tuvo un retroceso elegante, mostró la hilacha (la misma que muestra el kirchnerismo cada vez que puede: la primera impugnación a Rosatti para que llegue a la Corte lleva la firma de Alessandra Minicelli, esposa de Julio De Vido, el funcionario por el que Rosatti renunció como ministro de Justicia K al no avalar sobreprecios en la construcción de una cárcel).

Una segunda muestra la dio la modificación por decreto de la reglamentación de la Oficina Anticorrupción, para que la politóloga Laura Alonso pudiera asumir como su jefa. Hasta ahora, uno de los requisitos era ser abogado. Institucionalmente hubiera sido más prolijo que el cambio se instrumentara para la próxima gestión.

La tercera, que no parece la vencida, ha sido la intervención por decreto de la Afsca y la Aftic. Ayer, Perfil adelantó que el Gobierno ya tiene planeado en enero otro DNU para eliminar ambos organismos y crear uno nuevo, lo que consagra la reforma de una ley (en este caso la de Servicios de Comunicación Audiovisual) a través de una medida del Poder Ejecutivo.

La presión oficial para que la procuradora Alejandra Gils Carbó deje su cargo amenaza con erigirse en otra posible prueba de “makrichmo”. Y esto recién empieza.

En algunos de estos episodios son atendibles las explicaciones y justificaciones gubernamentales. Que aún no pudieron construirse consensos legislativos. Que los funcionarios afectados no cumplieron con el rol que las leyes les habían asignado, etc. etc. Se toma nota.

También se toma nota del patetismo con el que el kirchnerismo (en su fase política y mediática) se indigna por estas iniciativas del Gobierno, cuando ellos hicieron de la arbitrariedad, el doble estándar y la moral reajustable un sello de fábrica.

Por eso, más allá de todo y de todos, debería aprenderse que el fin nunca justifica los medios. Nunca. Aunque lo tengamos inyectado en nuestro cuerpo social desde hace décadas.

AFSCA: una intervención de Macri a la medida de Clarín… @dealgunamanera...

AFSCA: una intervención de Macri a la medida de Clarín…

Con la intervención al organismo que debía aplicar la Ley de Medios y el desplazamiento de Sabbatella, el gobierno le devuelve los favores a Clarín. La izquierda rechazó la medida y exige que se discuta en el Congreso.

© Escrito por Daniel Satur el sábado 26/12/2015 y publicado por http://www.laizquierdadiario.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ayer por la mañana el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad anunció la intervención por 180 días de la AFSCA y la AFTIC, los organismos que tienen a su cargo la aplicación de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, respectivamente.

La decisión liquida, en los hechos, la autarquía de ambos entes y deja en manos del ministro radical el manejo de todo lo referente a regulación de medios, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información.

Por la tarde Aguad denunció penalmente a Martín Sabbatella por no querer abandonar su cargo al frente de la AFSCA, donde tiene mandato legal hasta 2017.

Según lo indica el Decreto 236/2015, a partir de ahora la AFSCA quedará en manos del interventor Agustín Garzón mientras que el titular de la AFTIC, Norberto Berner (con mandato legal hasta 2019), será reemplazado por el interventor Mario Frigerio.

“Abuso de poder”

Aguad no sólo intervino la AFSCA sino que denunció penalmente a Sabbatella por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder”. Según la denuncia presentada en Comodoro Py, el dirigente de Nuevo Encuentro no hizo su trabajo según lo estipula la propia Ley de Medios; y por otro lado, al ser intervenido el organismo caducan los mandatos de sus autoridades, por lo que Sabbatella debería abandonar el cargo.

El decreto firmado por Macri, Aguad y el jefe de Gabinete Marcos Peña apela a una provocadora ironía para justificar la denuncia contra Sabbatella. Según el texto, pese a que la ley está vigente desde 2009, “no se han logrado avances significativos en el desarrollo de mecanismos destinados al cumplimiento de la materia”.

A su vez el decreto dice que “tampoco se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones”, tal como lo fija la norma. Y afirma que, por otro lado, “se han verificado importantes decisiones adoptadas por la AFSCA y la AFTIC en el área de sus competencias que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”.

Así el macrismo se termina apoyando en la letra de la ley que combatió en el Congreso, en alianza con Clarín, para desplazar a Sabbatella y Berner de los puestos públicos que la propia ley creó.

Lo curioso (o no) es que Macri no hace más que ejercer un nuevo “abuso de poder”, ya que la intervención federal de un ente autárquico no es otra cosa que la aplicación forzada de la legalidad para satisfacer las necesidades del gobierno.

A pedido de Clarín

La intervención de la AFSCA y la AFTIC tienen el objetivo de concentrar el poder respecto a las comunicaciones y los medios en manos de un funcionario como Aguad, quien ostenta, más que un currículum, un verdadero prontuario, ligado estrechamente a genocidas y con una amplia experiencia represiva.

Sin dudas esta intervención por decreto y a los empujones busca beneficiar nada menos que al Grupo Clarín y sus aliados, quienes militaron todo el año en favor de Cambiemos y hoy están recibiendo la correspondiente compensación.

Y también la medida benefiará a las corporaciones telefónicas, que vienen reclamando modificaciones en la Ley Argentina Digital.

En ese sentido tanto la “adecuación” de Clarín a la Ley de Medios, así como todo cuestionamiento a su poder económico y mediático, nunca fueron llevadas adelante por el kirchnerismo. Incluso los artículos más ‘progresivos’ no se aplicaron o se violaron directamente. Todo esto, bajo el amparo de las autoridades de AFSCA”. Con estas medidas de Macri directamente quedarán en el olvido.

Antes y ahora, la democratización bien gracias...

En este diario se han analizado reiteradamente los límites objetivos que tiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en cuanto a la capacidad de “democratizar las comunicaciones” y acabar con la concentración mediática que hace décadas está en manos de un puñado de corporaciones.

Más allá de los discursos, el gobierno de Cristina Fernández se fue sin haber transformado sustancialmente el mapa de medios a nivel nacional y sin haberle arrebatado, mucho menos, el enorme poder a Clarín.

Por el contrario, el accionar del gobierno kirchnerista desde 2009 -cuando rompió su alianza con Magnetto- hasta su retirada, fue tendiente a fortalecer y sostener (con jugosos fondos públicos) a una caterva de empresas mediáticas aliadas, entre cuyos exponentes más visibles se encuentran Cristóbal López y Sergio Szpolsky.

Ni siquiera Cristina y Sabbatella hicieron efectiva la ocupación del 33 % del espectro radioeléctrico por parte de canales de TV y radios pertenecientes al sector “sin fines de lucro”, donde se agrupan cooperativas y organizaciones sociales que apoyaron con entusiasmo la Ley de Medios desde sus inicios.

Vale aclarar que la asignación de licencias para ese “tercio” del espectro como otras tantas medidas en favor de medios comunitarios y populares no estaba prohibida por ninguna medida cautelar. Fue una decisión política del kirchnerismo apostar a “combatir” a Clarín creando nuevas “corpos” con financiamiento estatal, dejando al mismo tiempo libradas a su suerte a infinidad de experiencias comunicacionales alternativas e independientes.

La izquierda rechaza la intervención

Apenas conocido el decreto por el cual se intervienen la AFSCA y la AFTIC, las voces de repudio se multiplicaron. Uno de los primeros en criticar la medida fue el investigador Martín Becerra, quien escribió que “la decisión anunciada por Aguad invoca la legitimidad y el consenso pero se realiza en ausencia de diálogo previo con fuerzas políticas y sociales (que no sean sólo los actores empresariales más grandes) y desemboca en una intervención parecida a la vendetta”.

En un sentido similar, desde el PTS y el Frente de Izquierda se hizo público el rechazo a la medida, por considerarla “arbitraria, hecha a pedido y a la medida de Clarín y las grandes corporaciones mediáticas que hoy apoyan a este Gobierno”.

Así se expresó el ex candidato presidencial del FIT Nicolás del Caño, quien aclaró sin embargo, que este rechazo no significa avalar lo hecho por el kirchnerismo en materia de medios de comunicación.

“Siempre hemos sido muy críticos de la llamada ‘Ley de Medios’ y hemos denunciado que el gobierno saliente creó un sistema de medios propios (ayudado por la pauta oficial), que no democratizó el acceso a la información, al margen de que nunca se dieron espacios a la izquierda. Además, mantuvo intactos el poder esencial de las grandes corporaciones (incluso los artículos más ‘progresivos’ de la ley no se aplicaron o se violaron). Todo esto, bajo el amparo de las autoridades de AFSCA”, sintetizó Del Caño.

A su vez la diputada nacional del PTS/FIT Myriam Bregman manifestó “en este caso, como en el conjunto de las medidas que viene tomando el nuevo gobierno, el método de Mauricio Macri es tomar todas las decisiones vía decretos de necesidad y urgencia (o resoluciones ministeriales) pasando por encima de cualquier mínima discusión democrática en el Congreso”.

“El gobierno que construyó un relato supuestamente ‘republicano’ del ‘diálogo y el consenso’ ahora suma intervenciones arbitrarias a la catarata de decretazos que viene aplicando”, enfatizó Bregman.

En ese sentido, la ex candidata a vicepresidente del FIT exigió “que esta cuestión sea debatida en el Congreso. Los legisladores del PTS y el Frente de Izquierda, contamos con representación parlamentaria y un programa para terminar con los monopolios mediáticos, tanto estatales como privados. Exigimos el derecho democrático elemental a la discusión en el Congreso donde expresamos la voz que también desarrollamos en la movilización callejera, ante un tema que es de suma importancia para los trabajadores y las mayorías populares, como es el de los medios masivos de comunicación y el derecho a la información”.

Nostalgias

El ministro Aguad, tal como lo hiciera en 1999 en la ciudad de Corrientes, vuelve a hacerse cargo de una “intervención” desde el Estado nacional. Esta vez en materia de telecomunicaciones y nuevas tecnologías.

No caben dudas de que “el Milico” está en su salsa. Lejos de todo barniz “republicano” e “institucionalista”, su flamante gestión se propone brindarle un sentido homenaje a la vieja Ley de Radiodifusión 22.285 (dictada por Videla y Martínez de Hoz en 1980 y vigente hasta 2009), que durante décadas fue aplicada por sucesivos “interventores” del COMFER.

Esa misma “ley”, con sus modificaciones en democracia, permitió la conformación de un puñado de poderosos conglomerados mediáticos. Entre ellos, obviamente, el Grupo Clarín, el mismo que ahora festeja sin disimulo cada nueva intervención arbitraria del gobierno de Macri. Un gobierno que, como afirmó Myriam Bregman, arrancó a decreto limpio “pasando por encima de cualquier mínima discusión democrática en el Congreso”.

¿Te acordás hermano...?

Muy lejos quedaron los tiempos en que Martín Sabbatella y Oscar “el Milico” Aguad compartían proyecto político. En diciembre de 1999 ambos integraron la Alianza que llevó a De la Rúa a la presidencia. Por entonces el joven del PC asumía como intendente de Morón y el radical cordobés se sumaba a la intervención de la provincia de Corrientes (de donde se iría en 2001 con una denuncia por el robo de 60 millones de dólares).

Dieciseis años después Sabbatella y Aguad se encuentran enfrentados y en el centro de la tormenta. Mientras el ex intendente de Morón se niega a dejar su cargo al frente del organismo intervenido, el Ministro de Comunicaciones encara la intervención a cara de perro.

Modelo para armar… @dealgunamanera...

Modelo para armar…

Las dos semanas iniciales del presidente Mauricio Macrì permiten apreciar algunas características de la primera administración de la derecha argentina que no se inicia por la fuerza de las armas. Esta diferencia en la legitimidad de origen no prejuzga sobre la legitimidad de ejercicio, pero obliga a la mayor cautela a la hora de discernir de qué clase de gobierno se trata.

© Escrito por Horacio Verbitsky el domingo 27/12/2015 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La simultaneidad entre la eliminación o rebaja de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y la devaluación de la moneda, con la designación de Alberto Manguel como director de la Biblioteca Nacional describe los términos de una contradicción que no admite simplismos interpretativos. En la historia de las devaluaciones argentinas, las retenciones actuaron como moderador del vértigo distributivo, ejemplificado en la que dispuso Juan Carlos Onganía hace casi medio siglo. Si la apreciación del dólar mejoraba el resultado para los exportadores, la quita de una porción significativa por el Estado impedía que ese maná se concentrara en tan pocas manos y al mismo tiempo mejoraba la recaudación fiscal y con ella la capacidad regulatoria estatal. Alinear a ambos factores en la misma dirección no tiene precedentes. Y el nombramiento de Manguel, allí donde imperaron Moreno, Groussac, Borges y González, es una exquisitez de las que tampoco abundan en el pasado nacional, que trajinó más medianías.

Otro tanto podría decirse acerca de la decisión de volver a endeudar al país por un procedimiento de sofisticada ingeniería financiera, al mismo tiempo que se emitió la felicitación presidencial el día en que se creyó que había sido hallada Clara Anahí Mariani, cuya abuela Chicha, de 92 años, es uno de los grandes emblemas de la lucha por la reparación del daño causado por la última dictadura cívico militar. Esta discordia también se manifiesta entre la respetuosa escucha a un grupo de escritores y cientistas sociales, con bondadosas solicitudes de restaurar la armonía y el respeto entre quienes sustentan posiciones distintas, y las actitudes profanatorias de sitios y sentimientos ajenos, como el baile en el balcón de Perón y Evita y el paseo del perro presidencial en los patios desde los cuales la militancia juvenil escuchaba los mensajes de CFK. El colmo de esta duplicidad se expresó entre la argumentación en defensa de los opositores al presidente Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela y los disparos con postas de goma, apuntados por encima de la cintura, sin excluir el rostro, de los trabajadores de la fallida empresa Cresta Roja. Sólo el gobierno de la Alianza comenzó peor, con los asesinatos en el puente General Belgrano de Corrientes, presagio de su espantoso final con decenas de muertos en todo el país.

No sólo por la vía de acceso al poder, esto difiere del 66, con la aversión a cualquier forma de pluralismo y diversidad y la policía de las costumbres que extraía maridos infieles de los hoteles alojamiento y los entregaba abochornados al hogar, medía el largo de las faldas de las mujeres y recortaba la melena de los hombres, como le ocurrió al pintor y abogado Ernesto Deira. Tampoco hay punto de comparación con el 76, donde las peores atrocidades se cometieron en nombre del Occidente cristiano, con sables decorativos bendecidos por el Vicariato Castrense que invisibilizaban el arma de elección de la guerra sucia, que era la picana eléctrica. Tiene, sí, algunos ecos del 55, con la declaración de que no habría vencedores ni vencidos del austero general Eduardo Lonardi que cuarenta días después fue desplazado por el general Pedro Aramburu y sus veleidades de modernidad liberal. Las visiones sobre aquel periodo expresadas por Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche son incompatibles con las consignadas en obras más recientes por Rosendo Fraga y Rodolfo Pandolfi. Cada uno vio una parte de la ecuación y ninguno faltó a la verdad. Aquellos fueron años de intolerancia absoluta ante la otredad política, prohibida aún en sus manifestaciones más ingenuas, como el nombre de sus líderes y sus símbolos ceremoniales, por no hablar de la represión despiadada y sin ley contra trabajadores fusilados en un basural. Todo ello al servicio de un plan económico que volvió a uncir al país a la rueda del interés compuesto (como escribió Scalabrini al referirse al primer empréstito con la banca inglesa de los hermanos Baring) y lo sometió a las reglas del Fondo Monetario Internacional. Pero también florecieron la cultura y la ciencia, el cine conoció su época de oro, Buenos Aires se llenó de teatros, lo cual con los años la llevaría a ser un fenómeno mundial sólo equiparable con Berlín y Nueva York, y hasta el jazz despuntó en los escenarios y las grabaciones, con grandes figuras, como el Mono Villegas y El Gato Barbieri. 

De regreso al presente, la fusilada contra los trabajadores de Cresta Roja coexiste con la negociación encaminada por el ministro de Trabajo Jorge Triaca (h) para preservar el empleo y brindar un alivio de fin de año a los trabajadores y con la designación como secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires de Santiago Cantón, ex secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La flamante gobernadora María Eugenia Vidal declaró la emergencia penitenciaria pero confirmó al máximo responsable de la situación calamitosa de las cárceles bonaerenses, César Albarracín, viceministro durante la inolvidable gestión del alcaide mayor Ricardo Casal. La emergencia es el preámbulo a un festival de compras y contrataciones sin control. También fue confirmado el Subsecretario de Planificación del Ministerio de Seguridad, Fernando Jantus de Estrada, de quien depende la Oficina Provincial para la Gestión de Seguridad Privada, un tesoro recaudatorio por derecha y por izquierda. Los amarillos han dejado en sus puestos a muchos funcionarios designados por el ex gobernador Daniel Scioli, salvo en las áreas de administración y personal. Tanta amabilidad provoca suspicacias. A un Subsecretario le pueden caer bien seis directores, pero no todos. Habrá que esperar a marzo para entender si esto sólo refleja la carencia de gente propia para cubrir en forma simultánea tantas posiciones o si sólo aprovecha el conocimiento de los antecesores para hacer pie en terreno desconocido, antes de ocuparlo con propia tropa.

La herencia

Ningún gobierno recibió el país en mejores condiciones socioeconómicas y de mayor fragilidad institucional. Nunca en dos siglos de historia independiente la deuda en divisas con acreedores privados extranjeros había equivalido apenas a la producción bruta del país en un mes. Esto brinda al macrismo condiciones excepcionales para obtener financiamiento externo, que el ministro Alfonso De Prat-Gay está decidido a explotar al máximo. Un cuestionamiento que se formuló a la política seguida desde 2005 fue el reemplazo de una deuda por otra. El ejemplo es la letra por 10.000 millones de dólares que el Tesoro entregó en 2006 al Banco Central, a cambio de las divisas con las que se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ese documento, intransferible según su propia denominación, será objeto de la creatividad financiera del nuevo gobierno. A su vencimiento no será reemplazado por otra letra sino por nuevas emisiones de bonos, que a su vez serán ofrecidos como garantía para un crédito externo. Este pase de magia permitirá convertir deuda intrasector público, renovable por la mera voluntad, en potencial deuda externa. El crédito, en principio de 6000 millones de dólares pero ampliable en tramos sucesivos provendrá de un consorcio de bancos internacionales encabezado por el HSBC, aún bajo investigación judicial por el delito de lavado de dinero, igual que el ministro. De Prat-Gay también anunció que esa prestidigitación se aplicaría al total de las letras intransferibles que atesora el Banco Central, y que decuplican el monto de la primera etapa del inminente nuevo endeudamiento. Algo similar puede decirse de la situación social, con los niveles de desempleo más bajos en tres décadas y la cobertura previsional más extensa que se recuerde. Esto blinda al gobierno y difiere para mucho más adelante las peores consecuencias para la ocupación y el salario de una política destinada a beneficiar al sector financiero, la construcción (en la que basan su fortuna el presidente, su familia y sus amigos) y la agroindustria. Muy por el contrario, el oficialismo padece una situación de extrema debilidad en el Congreso de la Nación, lo cual explica la decisión de circunvalarlo y gobernar por decreto, al menos hasta que explore la posibilidad de entendimientos con otras fuerzas como paliativo a tanto desmedro, a favor de la luna de miel con la sociedad en sus primeros cien días de gracia.

Ni necesidad ni urgencia

Hasta ahora se las ha ingeniado para eludir la reiteración de decretos de necesidad y urgencia, explorando resquicios de la interpretación constitucional, para lo cual cuenta con expertos en la escuela más tradicional del derecho administrativo, aquella que se enseña en la Universidad Austral, del Opus Dei, con el manual de Miguel Marienhoff, uno de los intelectuales que hace un cuarto de siglo fundamentó las leyes de excepción que utilizó el menemismo para desguazar el Estado. Buenos ejemplos fueron los dos decretos simples con los que Macrì intentó colar por la ventana de la Corte Suprema de Justicia a dos jueces y dejar de lado las leyes audiovisual y digital. De necesidad y urgencia fue el decreto que modificó la ley de ministerios, subordinando al ministerio de Comunicación ambas autoridades regulatorias. Pero la intervención de la Afsca y la paralización de sus actividades se realizaron por un decreto simple. La explicación pública del ministro Oscar Aguad fue tan brutal como corresponde a un conservador radical de Córdoba: dijo que ninguna ley podía limitar la libertad de acción presidencial. El propio Macrì dejó saber que no reconoce límites, cuando dijo que no asignaba valor a la medida cautelar del juez Alejo Ramos Padilla contra el nombramiento de los jueces en comisión. Aguad señaló al desplazado Martín Sabbatella como un militante político. Pero en su lugar no envió a un técnico sino a uno de los más belicosos militantes del PRO, quien se destacó como autor de algunos de los tweets más soeces contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. El decreto 236/15 no sólo desplazó a Sabbatella sin seguir el mecanismo legal para su remoción que requiere una mayoría calificada en el Consejo Federal y garantiza el derecho de defensa. La misma suerte corrieron el directorio, con representación de las tres fuerzas políticas con mayor representación parlamentaria y el propio Consejo Federal, integrado por representantes de los gobiernos provinciales, los medios públicos, privados y sin fines de lucro, las universidades, las gestoras de derechos, los trabajadores organizados del sector y los pueblos originarios. El miércoles el edificio amaneció rodeado de policías, sin que hubiera orden o causa, dado que el decreto no fue publicado en el Boletín Oficial ni hubo notificación alguna a la Afsca hasta las 10.30 de la mañana. Vías de hecho y abuso de la fuerza pública, que Aguad hizo explícitos en su desatinada conferencia de prensa.

A confesión de parte

La decisión del juez federal Julián Ercolini que ordenó el desplazamiento de todas esas autoridades asombra por su pobreza argumental. Luego de narrar que Agustín Garzón se presentó para denunciar que Sabbatella desconocía el decreto y que había manifestantes en la puerta del organismo, confiesa que “no posee jurisdicción para realizar una evaluación del contenido jurídico-político del decreto mencionado, ni decidir sobre ello”, cuestión que se está tratando en un juzgado contencioso administrativo federal. Luego de esta lisa y llana admisión, se arroga el imperio que no tiene y decide el desalojo. En ningún lado describe cuál sería el delito investigado, exclusiva causa que justificaría la intervención de un juez con competencia penal. Su única fundamentación para ordenar el allanamiento y desalojo del edificio de la calle Suipacha fue “asegurar y preservar” los bienes muebles e inmuebles y la documentación del organismo. Ni siquiera pudo explicar por qué estarían en riesgo bajo la autoridad de quienes fueron designados siguiendo los mecanismos legales vigentes. Que el gobierno nacional pretenda modificarlos no lo autoriza a decidir como si ya lo hubiera hecho, sobre todo cuando es ostensible que no cuenta con las fuerzas legislativas necesarias para tal mutación. Durante el allanamiento, a instancias de la abogada Graciana Peñafort, el comisario a cargo del operativo consultó con el juzgado quién se hacía responsable de las actividades ordenadas por la ley, entre ellas las urgencias derivadas de interferencias aeroportuarias. La respuesta judicial fue que quedaba suspendida de hecho la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cosa que no formaba parte de la denuncia.

El coronel Luis César Perlinger, quien en 1966 desalojó con una compañía de gases al presidente Arturo Illia de la Casa Rosada, tuvo media vida para arrepentirse. Illia le advirtió que sus hijos se lo reprocharían. “¡Tenía tanta razón! Hace tiempo que yo me lo reprocho”, le escribió avergonzado de sí mismo diez años después.

Larga vida al juez Julián Ercolini.

Comerse al caníbal… @dealgunamanera...

Comerse al caníbal…

KKREO, Martín Sabbatella. Dibujo: Pablo Temes

El mamarracho de la Ley de Medios no justifica el decretazo a Sabbatella, como Cristina con Redrado.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 27/12/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ocurrió en enero de 2010. Cristina Fernández de Kirchner se había enojado profundamente con el presidente del Banco Central, Martín Redrado, quien se había negado a autorizar el uso de reservas federales para hacer frente a uno de los tantos pagos de la deuda externa que debía realizar el Gobierno. Ante la actitud del hoy referente económico del Frente Renovador, la entonces presidenta no dudó en echarlo a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Ello dio origen a una gran controversia y le valió a CFK una fuerte crítica desde todos los sectores de la oposición. Luego de una batalla que incluyó recursos de amparo, Redrado fue desplazado de su cargo y reemplazado por Mercedes Marcó del Pont.

El episodio que acaba de culminar con el desplazamiento del titular de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, tiene demasiadas similitudes con el que protagonizó Redrado. Lo delicado del tema no pasa por las críticas que tal proceder originó en un grupo reducido al núcleo del kirchnerismo duro, sino en su significado republicano.

Vayamos por partes. La Ley de Medios es un engendro nacido de las afiebradas mentes del matrimonio Kirchner a partir del enfrentamiento contra el grupo Clarín nacido durante la crisis con el campo en 2008 a raíz de la Resolución 125. Los objetivos de la ley eran no sólo la destrucción de Clarín y la desaparición de TN, sino también la creación de una red de medios públicos y privados afines al kirchnerismo. Toda esa maniobra tenía un solo objetivo: la permanencia en el poder por veinte años. Ese sueño, que tuvo un primer golpe con el fallecimiento de Néstor Kirchner, se terminó de pulverizar con el ballottage del 22 de noviembre pasado que ganó Mauricio Macri. Las arbitrariedades cometidas en la Afsca han sido groseras y cuantiosas.

Sabbattella, hombre no querido en el seno del peronismo, convirtió al organismo en un nicho para colocar militantes de su partido –Nuevo Encuentro–, y de militantes kirchneristas. Las decisiones se regían por el manual de procedimientos K, es decir, la imposición por sobre los consensos. En el fragor de los días previos a decretarse la intervención, hubo negociaciones en las que participó Miguel de Godoy, que se encontró con la posición irreductible del hoy desplazado funcionario.

Dicho esto, el procedimiento utilizado fue malo. El Gobierno eliminará la Afsca y la Aftic (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) basándose en un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Desde el punto de vista conceptual y republicano, es un procedimiento reprochable ya que ambos organismos han sido creados por sendas leyes aprobadas por el Congreso. Por lo tanto sólo pueden ser eliminados a través de una nueva ley o de un DNU convalidado por el Parlamento, circunstancia que aún no ha ocurrido. De haberlo hecho CFK, quienes hoy promueven esta medida hubieran sido los primeros en haberla criticado.

Como lo dijo el gran constitucionalista Germán Bidart Campos, “... es la manía del ‘decretismo’ síntoma de una tendencia autoritaria que refuerza con desmesura al sistema presidencialista, y frustra los intentos que con la reforma se hicieron para modelarlo y matizarlo”.

El saneamiento de la economía representa el gran desafío a enfrentar por el Gobierno. Hasta aquí las cosas le van saliendo bien.

La eliminación del cepo ha representado un test del cual ha emergido airoso. El valor del dólar quedó lejos de los 20 pesos que presagiaban los agoreros del kirchnerismo y la cotización a 13,40 que hubo al cierre de las operaciones el jueves pasado lo ubica por debajo de lo que se pagaba en el mercado paralelo el último día de la gestión de CFK. Es claro, además, que las autoridades económicas entienden que enamorarse de un dólar bajo con tasa de interés que los bancos ofrecen por los plazos fijos del 30% al 40% constituiría un error grave y grosero. Eso ya pasó en la Argentina y sus consecuencias fueron catastróficas para todos.

Si con el correr de los meses esta situación se mantuviese, la economía se encaminará hacia una inexorable recesión. La solución al problema de la inflación exige el desarrollo de un plan integral. Eso es lo que todavía no hay o, al menos, no se conoce. Se sabe que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, está trabajando intensamente en ello. Otro de los funcionarios que también está involucrado en el asunto es el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

El combate contra la inflación exige la reducción y eliminación del déficit fiscal. Lo cierto es que las medidas adoptadas hasta aquí por el flamante gobierno, lejos de reducirlo, lo han aumentado. Eso es lo que representan la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, girasol y carne, la reducción del 5% a las retenciones de la soja, junto con la exención del mínimo no imponible al medio aguinaldo de los salarios que alcancen hasta los 30 mil pesos.

Un párrafo aparte merecen los nichos de corrupción que el nuevo gobierno va encontrando a medida que va adentrándose en el conocimiento del funcionamiento de los distintos estamentos de la administración pública. El copamiento del Estado que llevó adelante el kirchnerismo durante los 12 años de permanencia en el poder ha sido de una vastedad y una complejidad que impactan.

Dependencias superpobladas de empleados y empleados que asisten de vez en cuando a sus lugares de trabajo son parte de la pesada herencia recibida por el nuevo gobierno. “Nadie piensa, donde todos lucran; nadie sueña, donde todos tragan” (José Ingenieros).

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

La ridícula “Resistencia” de Sabbatella… @dealgunamanera...

La ridícula “Resistencia” de Sabbatella…

Hipocresía sin límite del verdugo de los medios independientes. Martín Sabbatella le está dando una valiosa lección al pueblo argentino, relativa al nivel de descaro e incoherencia al que puede llevar el fanatismo. El funcionario cristinista ha aceptado escenificar la pretendida “resistencia” del FPV, intentando mostrarse como una víctima de las prácticas de persecución que él lideró durante años.

© Escrito por Rafael Eduardo Micheletti el miércoles 23/12/2015 y publicado por Tribuna de Periodistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El dirigente de Nuevo Encuentro saltó a la fama cuando ganó la intendencia de Morón y se perfiló como un joven exponente de la “nueva política” en medio de los anquilosados caudillos del conurbano. Sin embargo, en algún momento decidió adherir a la ideología totalitaria del neomarxismo populista y subordinarse incondicional y sesgadamente a la voluntad de la líder del FPV, Cristina Fernández.

Esta nueva situación psicológica y política lo fue corrompiendo cada vez más. Una a una, sus banderas de honestidad, republicanismo y renovación política fueron disgregándose en sus manos. Hoy en día ha quedado expuesto ante la opinión pública como un funcionario “militante”, sin prácticamente ninguna credibilidad, que discriminó y hostigó sistemáticamente a los medios de comunicación que no se subordinaban al gobierno de turno. Tanto es así que no pudo consagrarse vicegobernador de Buenos Aires junto a Aníbal Fernández y su espacio político perdió el bastión que lo vio nacer, el municipio de Morón. En esa localidad, ya desde 2011 se empezaron a escuchar fuertes denuncias de sobreprecios, aumentos injustificados del presupuesto para viáticos y publicidad y uso partidario del aparato estatal. La nueva política había mutado a la vieja.

Según ha trascendido, el propio Sabbatella reconoció en una reunión con funcionarios del nuevo gobierno que sólo renunciará si se lo pide Cristina. Claro, podría tratarse de un noble gesto de lealtad pero, dados sus antecedentes, su comportamiento al frente del AFSCA y su aceptación de una candidatura suicida junto a “La Morsa”, se trata en realidad de la expresión de una patología fanática de alguien que ha renunciado cobardemente a pensar y a actuar por sí mismo.

El personaje en cuestión no se cansó de embanderarse en el discurso de la democracia y el pluralismo, cuando sabía claramente que la llamada “ley de medios” no era más que una imitación de un sofisticado y tramposo artilugio legal que el modelo a seguir del FPV, el gobierno chavista de Venezuela, había logrado utilizar con éxito para acallar de a poco, pero sin descanso, a cada uno de los medios que osaran criticarlo.

Desde el inicio, el matrimonio Kirchner decidió replicar a nivel nacional el mecanismo de control de los medios de comunicación exitosamente implementado en Santa Cruz. El mismo involucraba extender la corrupción de Estado al mercado de medios, cooptando a los empresarios del sector con prebendas e instalando a testaferros amigos, así como también extorsionar con la pauta oficial y amenazas varias. Pero el Grupo Clarín, al principio socio del gobierno, se mostró demasiado fuerte y entonces la ley de medios fue pensada para desguazarlo. Se pretendió fragmentar y debilitar a los medios de comunicación para volverlos más vulnerables y manipulables mientras se le confería a un Estado discrecional y abusivo mayor poder de regulación y sanción.

Sabbatella fue plenamente consciente de todo esto durante su campaña a favor de la ley de medios y su gestión al frente del AFSCA. Es decir, nos mintió a todos descaradamente. Además, ejecutó la ley referida de manera discriminatoria, siendo parte activa de una acción de persecución estatal contra medios independientes que, como mínimo, implicó abuso de poder y mal desempeño de la función pública. El ultrakirchnerista nunca pudo explicar por qué decidió postergar indefinidamente el análisis de los planes de adecuación de los medios afines al gobierno y avanzar injustificadamente, sin respetar el derecho de defensa, con la adecuación de oficio del Grupo Clarín. Este proceder arbitrario motivó nada menos que una medida cautelar de la Justicia argentina avalada por la Corte Suprema y una abierta condena de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El planteo de que la autoridad de aplicación de la ley de medios no puede ser intervenida por decreto puede ser muy atendible. Igual que en el caso de las designaciones de jueces independientes para la Corte Suprema por decreto, aunque las intenciones puedan ser buenas, y sin negar el obstruccionismo deliberado y sistemático en el que se enfrascó el FPV incluso antes del traspaso, se estaría sentando un mal precedente desde el punto de vista institucional que podría prestarse a abusos en el futuro.

Sin embargo, la discusión sobre el procedimiento empleado no debe hacernos perder de vista que Sabbatella y el FPV carecen de la más elemental autoridad moral para hablar de “libertad de expresión” cuando durante su gobierno estuvieron muy cerca de concretar el malicioso objetivo de destruirla, tal como lo hiciera Hugo Chávez en el “paraíso” bolivariano.

El dirigente de Morón les haría mucho bien a la libertad de expresión, al AFSCA y a la ley de medios si renunciara a su cargo pero, en vez de eso, ha decidido hasta ahora seguir obedeciendo sin objeciones las órdenes impartidas por Cristina Fernández. Más aún, ha pretendido teatralizar una supuesta “resistencia” nada creíble contra el autoritarismo que él implementó desde el Estado.

El fanatismo suele llevar a las incoherencias más absurdas.

El pimer sobreprecio K... @dealgunamanera...

El hilo que une Afsca y Rosatti…

Los vínculos entre el rol del periodismo en el primer caso de sobreprecio K, la intervención de la Autoridad de medios y el candidato de Macri en la Corte. El triste caso de Sabbatella.

© Escrito por Jorge Fontevecchia el sábado 26/12/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al comienzo, a Néstor Kirchner le costó tener un ministro de Justicia que se adaptara a su estilo. Gustavo Beliz le duró 14 meses (tras ser el primero en denunciar a Stiuso) y su sucesor, Horacio Rosatti, sólo 12 meses (tras no firmar un sobreprecio en la construcción de cárceles decidida por De Vido).

A Cristina le fue más fácil: nombró al comienzo de su mandato como ministro de Justicia directamente a Aníbal Fernández. Pero Néstor Kirchner fue mucho más peligroso y sinuoso que su esposa. El hacía esfuerzos por parecer algo distinto de lo que era y quería ministros de Justicia (y una Corte Suprema) que le irradiara el prestigio del que carecía y no podía construir. Cristina siempre fue más obvia y fácil de decodificar. La sinuosidad de Néstor Kirchner les hizo creer a algunos diarios (y autojustificar a otros) que no había que criticar al gobierno (de reconstrucción nacional) durante esos primeros años.

Perfil aparece allí llenando ese vacío en su edición de relanzamiento al debutar justamente como el único en informar que la corrupción era el motivo de la salida de Rosatti del Ministerio de Justicia: “El primer sobreprecio K” fue el título del panorama político del primer ejemplar de Perfil, escrito por entonces por Jorge Lanata, y el título principal de la tapa del diario decía: “El ex ministro de Justicia de Kirchner renunció para no firmar una licitación con sobreprecios”.

Sabbatella no supo decirle “no” a la Presidenta como sí hizo Rosatti en 2005 con Néstor Kirchner

Fue necesario que Néstor Kirchner cambiara tres ministros de Justicia (mientras De Vido continuaba incólume) y que le pasara el bastón de mando a su mujer para que la mayoría del periodismo profesional comenzara a criticar al gobierno. Ese punto de inflexión dio origen a la nueva Ley de Medios y a la creación de la Afsca como su organismo de aplicación.

No es casual que nuevamente el nombre de Horacio Rosatti, ahora como designado para integrar la Corte Suprema de Justicia, y la interverción de la Afsca vuelvan a ser hoy noticia casi simultáneamente. Justicia y periodismo son los dos factores de equilibrio del sistema de división de poderes, al punto que al periodismo se lo ha considerado muy exageradamente como un cuarto poder y más acertadamente como un auxiliar de la Justicia.

La Corte Suprema, al declarar constitucional la Ley de Medios, dejó expresa constancia de que debía ser aplicada con ecuanimidad y no utilizada como herramienta para castigar a medios no afines, como se había hecho con la publicidad oficial, tema que citó en ese propio fallo.

Y tampoco es casual que comienzo y fin de la historia construyan un epílogo casi de novela entre la inicial discriminación con la publicidad oficial y el último acto de la Afsca, que fue el intento de conceder licencias de televisión digital en el que nuevamente Editorial Perfil fue discriminada a favor de Szpolski y Cristóbal López. Para hacer la parábola más simple, diez años después se repite hasta el mismo actor: Szpolski (entonces López no tenía medios) en 2005 con publicidad oficial y en 2015 con licencias de televisión digital.

Así como el juicio por discriminación con la publicidad oficial que Perfil inició hace diez años sirvió para construir la evidencia sobre el uso político de la publicidad, la presentación en 2015 de Perfil en la licitación de televisión digital compitiendo con Szpolski y Cristóbal López  vuelve a servir como evidencia, en este caso de que la Afsca no aplicaba la Ley de Medios para generar pluralidad de voces.

Anteayer, al ser echado de la Afsca, y en un típico discurso de arenga, Martín Sabbatella sostuvo que el desalojo que lo arrancó de la oficina donde se había atrincherado impediría que se siguiera cumpliendo la Ley de Medios (puso el ejemplo del monitoreo de la interferencia de las ondas radiales con los radares de los aeropuertos), cuando no cumplió la principal y declamada función de promover la pluralidad de voces.

Sabbatella hoy es un político que en sólo tres años pasó de tener un gran futuro a poder perderlo todo

Sabbatella es un triste caso de destrucción de un capital político.

Cuando en 2012 asumió al frente de la Afsca, Cristina Kirchner dijo: “Nadie lo puede tildar [a Sabbatella] de oficialista. Encabezaba una lista en contra de Néstor Kirchner en 2009”. En 1999 había sido electo intendente de Morón por la Alianza, años antes había integrado el grupo que fundó el Frepaso. En 2003 volvió a ganar las elecciones para intendente de Morón ya con su propio partido, Nuevo Morón. En 2007 volvió a ganar las elecciones para intendente  de Morón con su partido Nuevo Encuentro, con el que buscó expandirse a toda la provincia de Buenos Aires. Mientras fue intendente cosechó elogios variados: The Wall Street Journal lo consideró como un político latinoamericano transparente por su “lucha en solitario contra la corrupción en Argentina”, en 2008 obtuvo el Premio Konex en Administración Pública, y en 2010 Poder Ciudadano lo distinguió como ejemplo de “transparencia” y “lucha contra la corrupción”.

En 2015 Sabbatella perdió Morón después de 16 años de controlar su intendencia. No supo, como Rosatti sí hizo con Kirchner, decirle que no a Cristina y aplicar verdaderamente la Ley de Medios. Prefirió ser candidato a vicegobernador bonaerense integrando la fórmula de Aníbal Fernández. Perdió casi todo, esencialmente su credibilidad, al dejar demostrado que la Ley de Medios no era para ampliar la pluralidad.

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