Carrera de obstáculos… @dealgunamanera...

Carrera de obstáculos…

‘Sparring’ Florencio Randazzo. Dibujo: Pablo Temes

Cristina, más atenta a borrar a Randazzo que a la elección. A Macri le cayó la ficha.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 11/06/2017 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La fecha de cierre de las listas para las elecciones legislativas de octubre se acerca en forma inexorable. Es un tiempo de tensiones internas dentro de todos los partidos y agrupaciones políticas. El punto máximo se da dentro del justicialismo. Nada que sorprenda. Se mezclan allí diferentes factores, en un contexto que le era desconocido al peronismo desde hace 15 años: el estar en el llano.

En el año y medio transcurrido desde la asunción de Mauricio Macri, el peronismo ha ahondado sus divisiones. Y una persona determinante para esas divisiones ha sido, es y será Cristina Fernández de Kirchner. La ex presidenta es alguien que divide, siempre divide. Es la consecuencia de una personalidad narcisista que, como tal, cree que el mundo gira alrededor de sí. A eso se le deben agregar sus contradicciones, que afloran por doquier.

He ahí lo que está sucediendo con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), que fueron creadas por ella durante su primera presidencia y a las que ahora desespera por evitar. En esta semana, lo definió muy bien Felipe Solá cuando dijo que “Cristina en vez de una ex presidenta se cree que es una reina”. Esto explica la increíble historia que se ha generado alrededor de la precandidatura de Florencio Randazzo.

Veamos. ¿Cómo es la jugada del cristinismo para intentar dejar afuera de la competencia a Florencio Randazzo y qué posibilidades hay de concretarla?

Cerrar filas.

Hasta el día de hoy todo es una especulación electoral que no asegura la supremacía de un candidato sobre otro, sino que responde exclusivamente al deseo –a la necesidad– de la ex presidenta de evitar un cruce en las PASO. Sucede que el PJ es uno de los componentes principales de un frente electoral más amplio que incluye variantes cristinistas como Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella; Miles de Luis D’Elía, el Movimiento Kolina y otras agrupaciones menores.

Recuérdese que hay tiempo para inscribir los frentes hasta el 14 de junio y que el cierre de listas será el sábado 24 de este mes. Los apoderados de Randazzo ya tienen los papeles y avales para cumplir el formalismo de incorporar su partido, que se llamará Hacer por el Progreso Social (HPS) al frente electoral que, hasta ahora encabezará el PJ. Esta formalidad se concretará mañana.

La movida del FpV para intentar dejar fuera de la competencia a su rival consiste en borrar al PJ del frente electoral ya que, como el ex ministro juntó avales de afiliados peronistas, si el peronismo no integra el frente, sus avales no sirven para nada. Parece increíble, pero es así.

Fuentes allegadas a ambos contendientes aseguran que “la jugada es arriesgada porque –de concretarse– implicaría que termine siendo CFK la que vaya por afuera con los partidos que queden formando el frente ciudadano. En ese caso Randazzo se quedaría con el PJ y con los fondos, los recursos de campaña y los espacios de publicidad, lo que terminaría siendo un perjuicio para el Frente para la Victoria (FpV). Además, los intendentes no querrán perder el sello del PJ”.

Ni un PASO atrás.

Florencio Randazzo no cederá un centímetro. Su decisión de competir es irreversible. La tarde del jueves le dijo a un intendente de su grupo que: “No importan las especulaciones que hagan los demás. Voy a ir a fondo, y si ellos van por afuera nosotros nos quedaremos con el sello del Partido Justicialista, y ahí veremos quién se sube y quién se baja del barco”, desafió con seguridad. En el entorno del ex ministro aseguran que “allegados a CFK están buscando vericuetos para burlar la ley. El espíritu de la ley de las PASO es de ampliación de la participación y no de restricción”.

¿Cuál sería el último intento del cristinismo si la idea de ir por fuera del PJ no prospera? Los seguidores del hombre de Chivilcoy creen que la ex presidenta baraja la posibilidad de que si el PJ llega a quedar dentro de los partidos que formen parte del frente, se dicte un nuevo reglamento en donde quede establecido que para inscribir un nuevo candidato sea necesario contar con avales de al menos, tres agrupaciones políticas. Sin embargo, eso iría en contra de lo que establece la propia ley de primarias que dice que para que una candidatura sea válida se necesita el aval de un solo partido. Un reglamento no puede ir en contra de una ley.

“En el fondo lo que la ex presidenta busca con esta jugada es una herramienta para acorralar a Randazzo y hacerlo quedar como el culpable de una ruptura que genere enojo en los votantes del FpV a los que Randazzo quiere interpelar y cooptar. Es decir un perjuicio electoral”, señala una fuente del PJ que conoce el pensamiento de CFK.

Cuenta regresiva. Mientras tanto el Gobierno va tomando conciencia de la verdadera dimensión de las elecciones de octubre: le preocupa la demora en la mayoría de las inversiones de fuste que necesita para reactivar la economía. De estas cosas habló con la canciller Angela Merkel cuyo corta estadía en Buenos Aires significó un claro gesto de apoyo a Macri.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, trajo de Washington alguna información confidencial referida al escándalo del caso Odebrecht que no cubrió las expectativas suyas ni las del Presidente.

Por eso las negociaciones con la empresa son duras y difíciles. El lunes habrá una reunión entre los representantes de la empresa y funcionarios del Gobierno. Las filtraciones de los nombres de los integrantes del anterior gobierno circulan por todos lados. Ahí están los nombres de los funcionarios de los gobiernos del kirchnerato que recibieron coimas. Entre esos nombres figurarían, entre varios, los de Julio De Vido, José Francisco López y Ricardo Jaime.

En verdad, nada que sorprenda. El otro dato es que el monto de los sobornos superaría los 35 millones de dólares. Lo que falta es la documentación respaldatoria. Ese es el problema. La falta de una legislación que reduzca significativamente las penas para los arrepentidos como la existente en Brasil –la ley de leniencia– es lo que lleva a Odebrecht a guardar un silencio que representa un pasaporte a la impunidad.

Producción periodística: Santiago Serra.

Los 100 días… @dealgunamanera

  Los 100 días…

El PRO no se preparó para ganar y el Frente para la Victoria ni se imaginaba que iba a perder. El resultado es malo para el país. Aunque las encuestas verdaderas ya permitían vislumbrar el resultado, las dos fuerzas estaban instaladas en su rol de oficialismo y oposición. Sus estrategias y políticas se estructuraban en esos roles. Los que estaban en la Rosada presuponían que su plan de gobierno se podía trasladar en forma automática en el remoto caso de que pasaran a la oposición. Desde la oposición, el PRO pensaba lo mismo pero al revés. Pero no es tan fácil en ambos casos.

© Escrito por Luis Bruschtein el sábado 19/03/2016 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Parece un chiste la forma en que ahora los macristas defienden lo que antes bombardearon, como el secreto del acuerdo con Chevron, o ver las visitas a regañadientes de Macri a la ex ESMA o las críticas sin convicción al sector empresario por los aumentos en los precios. Ninguno tenía plan B y los problemas se van resolviendo sobre la marcha. Un resultado de esta situación de improvisación inevitable fue la negociación apresurada con los fondos buitre y sus malos resultados. Y la oposición quedó presa de las situaciones de hecho que va creando el oficialismo. No hay agenda opositora más allá de lo que dejan entrever los forcejeos y reacomodos de una interna donde los melones no terminan de acomodarse.

Es el momento de mayor fuerza del macrismo y el de mayor debilidad para el FpV. 49 a 51 fue el resultado, pero en la realidad esa proporción no duró ni un día. El triunfo fortalece y la derrota debilita, aunque la diferencia haya sido mínima. Así es la ley. Una parte importante de ese 49 por ciento que votó a Daniel Scioli, tras la derrota abrió una expectativa a favor del nuevo gobierno. Pese a la escasa diferencia del resultado electoral, a la semana el gobierno de Macri llegaba hasta casi el 70 por ciento de imagen positiva. Inmediatamente empezó a descender.

Al cumplirse los primeros cien días de gobierno –se toman como un simbólico período de gracia por experiencia histórica–, esa proporción es más o menos la misma que la del resultado electoral, pero con una carga diferente. Cada vez menos los problemas se identifican con la administración anterior, como sucedía en el resultado electoral y cada vez más comienzan a estructurarse con Macri como responsable. El horizonte no es bueno para el macrismo que perdió en estos cien días casi todo el plus que le había concedido el triunfo electoral.

Para la oposición, el balance tampoco ha sido positivo porque en estos cien días no ha podido encontrar un eje que la ordene en su nuevo lugar y quedó entrampada en la aceptación o el rechazo de lo que genera el gobierno. Para la característica volcánica del peronismo, esta podría considerarse una transición en calma hacia la oposición. Después de una derrota ha podido preservar el debate en su interior sin volcarlo al escenario general. Pero permanece en un clima de desconfianza, pases de factura y detonación de viejas inquinas al que se suma la necesidad de gobernar para los que tienen una gestión a su cargo, ya sean gobernadores o intendentes. En esta situación de desconcierto mutuo sale favorecido el macrismo, que encuentra en el gobierno más herramientas para la acción, desde la famosa caja con la que aprieta a los gobernadores, hasta la capacidad de una mayor iniciativa política.

El proceso que culminó en el acuerdo con los fondos buitre puso de manifiesto que el macrismo había tomado como prioridad este tema, pero sin diseñar una estrategia de negociación. El planteo se reducía a cerrar el diferendo. No a negociar. Los representantes argentinos simplemente aceptaron pagar lo que estipulaba el fallo del juez Thomas Griesa. Pero lo hicieron con tal impericia que no pudieron reaccionar cuando los buitres les corrieron el arco como habían hecho en las negociaciones anteriores. Fue una actitud ideologizada porque este gobierno tiende a pensar como lo hacen los ejecutivos de las financieras cuando negocian con los Estados, (son despreciativos y desconfiados de los funcionarios, no de los buitres) no piensan como debería hacerlo un Estado cuando negocia con estos fondos.

Por ideologizar de esta manera fueron incautos y nunca pensaron que esos fondos iban a aumentar sus reclamos y condiciones cuando vieran flaqueza del otro lado. Y la impericia fue mostrarse dispuestos y urgidos, vulnerables. Se la dejaron picando. Fue una mala negociación porque no pensaban negociar y fueron forzados a hacerlo sin tiempo porque estaban apurados por cerrar. Con este acuerdo se les paga más, incluso, de lo que ellos esperaban, y queda abierta la posibilidad de que esos mismos fondos pleiteen contra el país en base a los bonos ya reestructurados que ellos también poseen.

La razón del apuro fue la urgencia por reendeudarse. Ya se tomaron cinco mil millones de deuda y ahora se tomarán otros doce mil millones más. Esa enorme cifra es nada más que para pagar deuda. Ni un solo peso para reactivar a una economía que tras las medidas del gobierno se lanzó en picada al abismo de la recesión. En forma inminente tendrá que tomar más deuda. Los gobernadores han demostrado que respaldarán cualquier acuerdo que les permita endeudarse rápidamente para zafar del cepo que les pone el gobierno de Macri con la canilla del financiamiento.

Aunque el FpV no ve con buenos ojos esta decisión, los gobernadores de esta filiación asumen la posibilidad de endeudarse y la devolución del 15 por ciento de la coparticipación, como una vía que los independiza del gobierno central. En el caso de los gobernadores están entre la espada y la espada: pierden en lo inmediato si se oponen y pierden también si respaldan el acuerdo con los buitres.

Desde el kirchnerismo se pensó que el pago a los buitres establecería una línea divisoria, pero la realidad es más compleja y plantea sus urgencias. Por el otro lado, lo real es que el endeudamiento indiscriminado termina siendo un gol en contra. Con todas las restricciones que tenían en los mercados financieros, los gobiernos kirchneristas sumaron ahorro propio y alguna deuda, pero con organismos internacionales, y realizaron la mayor cantidad de obra pública de los últimos cincuenta años. Ese megaplan de obra pública se hizo con muy poca deuda.

Es paradójico, pero al macrismo le ha ido mejor en la política que en la economía: a pesar de ser minoría en el Congreso, consigue respaldo para medidas económicas que después no funcionan como esperaban. Pasaron los tres meses de gobierno y no han llegado las inversiones masivas del exterior, sacaron las retenciones y los productores rurales igual especularon para rendir sus dólares, devaluaron y los formadores de precios llevaron los precios a las nubes.

De la inesperada hiperactividad macrista de estos cien días no hubo una sola medida que favoreciera a los sectores de menor poder adquisitivo. La imagen de “gobierno de los ricos” –sin sentido peyorativo sino puramente descriptivo– empieza a circular en la sociedad como una síntesis que define al macrismo.

Al peronismo y al kirchnerismo les está resultando difícil encontrar el eje que los estructure en la oposición, aunque no hubo dispersión ni grandes divisiones. La salida de los 14 diputados del Bloque Justicialista resultó finalmente una sangría mínima que sirvió más para favorecer al macrismo que para debilitar al FpV. Hasta ahora predominaron el desconcierto y las recriminaciones o la búsqueda de chivos expiatorios de la derrota. Algunos intendentes aprovechan sus litigios territoriales para apuntarle a un Martín Sabbatella también hiperactivo. Otros apuntan a La Cámpora, que a su vez atraviesa una situación interna de inquietud.

Pero todas estas expresiones se asemejan más a los reacomodos lógicos en las nuevas relaciones de fuerza que a divisiones internas. Por esa característica el debate interno es pobre y no surgen de allí lineamientos que los ordenen. Kirchneristas y no kirchneristas están condenados a convivir si quieren generar una alternativa de poder en una situación económica muy deprimida que a mediano plazo se los va a reclamar. En vez de líneas divisorias tienen que encontrar un encuadre de reglas de juego y circulación de las decisiones para esa convivencia y recoger los nuevos reclamos de la sociedad para construir desde allí el rol de oposición política.

AFSCA: una intervención de Macri a la medida de Clarín… @dealgunamanera...

AFSCA: una intervención de Macri a la medida de Clarín…

Con la intervención al organismo que debía aplicar la Ley de Medios y el desplazamiento de Sabbatella, el gobierno le devuelve los favores a Clarín. La izquierda rechazó la medida y exige que se discuta en el Congreso.

© Escrito por Daniel Satur el sábado 26/12/2015 y publicado por http://www.laizquierdadiario.com de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ayer por la mañana el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad anunció la intervención por 180 días de la AFSCA y la AFTIC, los organismos que tienen a su cargo la aplicación de las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital, respectivamente.

La decisión liquida, en los hechos, la autarquía de ambos entes y deja en manos del ministro radical el manejo de todo lo referente a regulación de medios, telecomunicaciones y nuevas tecnologías de la información.

Por la tarde Aguad denunció penalmente a Martín Sabbatella por no querer abandonar su cargo al frente de la AFSCA, donde tiene mandato legal hasta 2017.

Según lo indica el Decreto 236/2015, a partir de ahora la AFSCA quedará en manos del interventor Agustín Garzón mientras que el titular de la AFTIC, Norberto Berner (con mandato legal hasta 2019), será reemplazado por el interventor Mario Frigerio.

“Abuso de poder”

Aguad no sólo intervino la AFSCA sino que denunció penalmente a Sabbatella por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder”. Según la denuncia presentada en Comodoro Py, el dirigente de Nuevo Encuentro no hizo su trabajo según lo estipula la propia Ley de Medios; y por otro lado, al ser intervenido el organismo caducan los mandatos de sus autoridades, por lo que Sabbatella debería abandonar el cargo.

El decreto firmado por Macri, Aguad y el jefe de Gabinete Marcos Peña apela a una provocadora ironía para justificar la denuncia contra Sabbatella. Según el texto, pese a que la ley está vigente desde 2009, “no se han logrado avances significativos en el desarrollo de mecanismos destinados al cumplimiento de la materia”.

A su vez el decreto dice que “tampoco se ha cumplido satisfactoriamente el objetivo de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la información y las comunicaciones”, tal como lo fija la norma. Y afirma que, por otro lado, “se han verificado importantes decisiones adoptadas por la AFSCA y la AFTIC en el área de sus competencias que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”.

Así el macrismo se termina apoyando en la letra de la ley que combatió en el Congreso, en alianza con Clarín, para desplazar a Sabbatella y Berner de los puestos públicos que la propia ley creó.

Lo curioso (o no) es que Macri no hace más que ejercer un nuevo “abuso de poder”, ya que la intervención federal de un ente autárquico no es otra cosa que la aplicación forzada de la legalidad para satisfacer las necesidades del gobierno.

A pedido de Clarín

La intervención de la AFSCA y la AFTIC tienen el objetivo de concentrar el poder respecto a las comunicaciones y los medios en manos de un funcionario como Aguad, quien ostenta, más que un currículum, un verdadero prontuario, ligado estrechamente a genocidas y con una amplia experiencia represiva.

Sin dudas esta intervención por decreto y a los empujones busca beneficiar nada menos que al Grupo Clarín y sus aliados, quienes militaron todo el año en favor de Cambiemos y hoy están recibiendo la correspondiente compensación.

Y también la medida benefiará a las corporaciones telefónicas, que vienen reclamando modificaciones en la Ley Argentina Digital.

En ese sentido tanto la “adecuación” de Clarín a la Ley de Medios, así como todo cuestionamiento a su poder económico y mediático, nunca fueron llevadas adelante por el kirchnerismo. Incluso los artículos más ‘progresivos’ no se aplicaron o se violaron directamente. Todo esto, bajo el amparo de las autoridades de AFSCA”. Con estas medidas de Macri directamente quedarán en el olvido.

Antes y ahora, la democratización bien gracias...

En este diario se han analizado reiteradamente los límites objetivos que tiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en cuanto a la capacidad de “democratizar las comunicaciones” y acabar con la concentración mediática que hace décadas está en manos de un puñado de corporaciones.

Más allá de los discursos, el gobierno de Cristina Fernández se fue sin haber transformado sustancialmente el mapa de medios a nivel nacional y sin haberle arrebatado, mucho menos, el enorme poder a Clarín.

Por el contrario, el accionar del gobierno kirchnerista desde 2009 -cuando rompió su alianza con Magnetto- hasta su retirada, fue tendiente a fortalecer y sostener (con jugosos fondos públicos) a una caterva de empresas mediáticas aliadas, entre cuyos exponentes más visibles se encuentran Cristóbal López y Sergio Szpolsky.

Ni siquiera Cristina y Sabbatella hicieron efectiva la ocupación del 33 % del espectro radioeléctrico por parte de canales de TV y radios pertenecientes al sector “sin fines de lucro”, donde se agrupan cooperativas y organizaciones sociales que apoyaron con entusiasmo la Ley de Medios desde sus inicios.

Vale aclarar que la asignación de licencias para ese “tercio” del espectro como otras tantas medidas en favor de medios comunitarios y populares no estaba prohibida por ninguna medida cautelar. Fue una decisión política del kirchnerismo apostar a “combatir” a Clarín creando nuevas “corpos” con financiamiento estatal, dejando al mismo tiempo libradas a su suerte a infinidad de experiencias comunicacionales alternativas e independientes.

La izquierda rechaza la intervención

Apenas conocido el decreto por el cual se intervienen la AFSCA y la AFTIC, las voces de repudio se multiplicaron. Uno de los primeros en criticar la medida fue el investigador Martín Becerra, quien escribió que “la decisión anunciada por Aguad invoca la legitimidad y el consenso pero se realiza en ausencia de diálogo previo con fuerzas políticas y sociales (que no sean sólo los actores empresariales más grandes) y desemboca en una intervención parecida a la vendetta”.

En un sentido similar, desde el PTS y el Frente de Izquierda se hizo público el rechazo a la medida, por considerarla “arbitraria, hecha a pedido y a la medida de Clarín y las grandes corporaciones mediáticas que hoy apoyan a este Gobierno”.

Así se expresó el ex candidato presidencial del FIT Nicolás del Caño, quien aclaró sin embargo, que este rechazo no significa avalar lo hecho por el kirchnerismo en materia de medios de comunicación.

“Siempre hemos sido muy críticos de la llamada ‘Ley de Medios’ y hemos denunciado que el gobierno saliente creó un sistema de medios propios (ayudado por la pauta oficial), que no democratizó el acceso a la información, al margen de que nunca se dieron espacios a la izquierda. Además, mantuvo intactos el poder esencial de las grandes corporaciones (incluso los artículos más ‘progresivos’ de la ley no se aplicaron o se violaron). Todo esto, bajo el amparo de las autoridades de AFSCA”, sintetizó Del Caño.

A su vez la diputada nacional del PTS/FIT Myriam Bregman manifestó “en este caso, como en el conjunto de las medidas que viene tomando el nuevo gobierno, el método de Mauricio Macri es tomar todas las decisiones vía decretos de necesidad y urgencia (o resoluciones ministeriales) pasando por encima de cualquier mínima discusión democrática en el Congreso”.

“El gobierno que construyó un relato supuestamente ‘republicano’ del ‘diálogo y el consenso’ ahora suma intervenciones arbitrarias a la catarata de decretazos que viene aplicando”, enfatizó Bregman.

En ese sentido, la ex candidata a vicepresidente del FIT exigió “que esta cuestión sea debatida en el Congreso. Los legisladores del PTS y el Frente de Izquierda, contamos con representación parlamentaria y un programa para terminar con los monopolios mediáticos, tanto estatales como privados. Exigimos el derecho democrático elemental a la discusión en el Congreso donde expresamos la voz que también desarrollamos en la movilización callejera, ante un tema que es de suma importancia para los trabajadores y las mayorías populares, como es el de los medios masivos de comunicación y el derecho a la información”.

Nostalgias

El ministro Aguad, tal como lo hiciera en 1999 en la ciudad de Corrientes, vuelve a hacerse cargo de una “intervención” desde el Estado nacional. Esta vez en materia de telecomunicaciones y nuevas tecnologías.

No caben dudas de que “el Milico” está en su salsa. Lejos de todo barniz “republicano” e “institucionalista”, su flamante gestión se propone brindarle un sentido homenaje a la vieja Ley de Radiodifusión 22.285 (dictada por Videla y Martínez de Hoz en 1980 y vigente hasta 2009), que durante décadas fue aplicada por sucesivos “interventores” del COMFER.

Esa misma “ley”, con sus modificaciones en democracia, permitió la conformación de un puñado de poderosos conglomerados mediáticos. Entre ellos, obviamente, el Grupo Clarín, el mismo que ahora festeja sin disimulo cada nueva intervención arbitraria del gobierno de Macri. Un gobierno que, como afirmó Myriam Bregman, arrancó a decreto limpio “pasando por encima de cualquier mínima discusión democrática en el Congreso”.

¿Te acordás hermano...?

Muy lejos quedaron los tiempos en que Martín Sabbatella y Oscar “el Milico” Aguad compartían proyecto político. En diciembre de 1999 ambos integraron la Alianza que llevó a De la Rúa a la presidencia. Por entonces el joven del PC asumía como intendente de Morón y el radical cordobés se sumaba a la intervención de la provincia de Corrientes (de donde se iría en 2001 con una denuncia por el robo de 60 millones de dólares).

Dieciseis años después Sabbatella y Aguad se encuentran enfrentados y en el centro de la tormenta. Mientras el ex intendente de Morón se niega a dejar su cargo al frente del organismo intervenido, el Ministro de Comunicaciones encara la intervención a cara de perro.

Modelo para armar… @dealgunamanera...

Modelo para armar…

Las dos semanas iniciales del presidente Mauricio Macrì permiten apreciar algunas características de la primera administración de la derecha argentina que no se inicia por la fuerza de las armas. Esta diferencia en la legitimidad de origen no prejuzga sobre la legitimidad de ejercicio, pero obliga a la mayor cautela a la hora de discernir de qué clase de gobierno se trata.

© Escrito por Horacio Verbitsky el domingo 27/12/2015 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La simultaneidad entre la eliminación o rebaja de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y la devaluación de la moneda, con la designación de Alberto Manguel como director de la Biblioteca Nacional describe los términos de una contradicción que no admite simplismos interpretativos. En la historia de las devaluaciones argentinas, las retenciones actuaron como moderador del vértigo distributivo, ejemplificado en la que dispuso Juan Carlos Onganía hace casi medio siglo. Si la apreciación del dólar mejoraba el resultado para los exportadores, la quita de una porción significativa por el Estado impedía que ese maná se concentrara en tan pocas manos y al mismo tiempo mejoraba la recaudación fiscal y con ella la capacidad regulatoria estatal. Alinear a ambos factores en la misma dirección no tiene precedentes. Y el nombramiento de Manguel, allí donde imperaron Moreno, Groussac, Borges y González, es una exquisitez de las que tampoco abundan en el pasado nacional, que trajinó más medianías.

Otro tanto podría decirse acerca de la decisión de volver a endeudar al país por un procedimiento de sofisticada ingeniería financiera, al mismo tiempo que se emitió la felicitación presidencial el día en que se creyó que había sido hallada Clara Anahí Mariani, cuya abuela Chicha, de 92 años, es uno de los grandes emblemas de la lucha por la reparación del daño causado por la última dictadura cívico militar. Esta discordia también se manifiesta entre la respetuosa escucha a un grupo de escritores y cientistas sociales, con bondadosas solicitudes de restaurar la armonía y el respeto entre quienes sustentan posiciones distintas, y las actitudes profanatorias de sitios y sentimientos ajenos, como el baile en el balcón de Perón y Evita y el paseo del perro presidencial en los patios desde los cuales la militancia juvenil escuchaba los mensajes de CFK. El colmo de esta duplicidad se expresó entre la argumentación en defensa de los opositores al presidente Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela y los disparos con postas de goma, apuntados por encima de la cintura, sin excluir el rostro, de los trabajadores de la fallida empresa Cresta Roja. Sólo el gobierno de la Alianza comenzó peor, con los asesinatos en el puente General Belgrano de Corrientes, presagio de su espantoso final con decenas de muertos en todo el país.

No sólo por la vía de acceso al poder, esto difiere del 66, con la aversión a cualquier forma de pluralismo y diversidad y la policía de las costumbres que extraía maridos infieles de los hoteles alojamiento y los entregaba abochornados al hogar, medía el largo de las faldas de las mujeres y recortaba la melena de los hombres, como le ocurrió al pintor y abogado Ernesto Deira. Tampoco hay punto de comparación con el 76, donde las peores atrocidades se cometieron en nombre del Occidente cristiano, con sables decorativos bendecidos por el Vicariato Castrense que invisibilizaban el arma de elección de la guerra sucia, que era la picana eléctrica. Tiene, sí, algunos ecos del 55, con la declaración de que no habría vencedores ni vencidos del austero general Eduardo Lonardi que cuarenta días después fue desplazado por el general Pedro Aramburu y sus veleidades de modernidad liberal. Las visiones sobre aquel periodo expresadas por Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche son incompatibles con las consignadas en obras más recientes por Rosendo Fraga y Rodolfo Pandolfi. Cada uno vio una parte de la ecuación y ninguno faltó a la verdad. Aquellos fueron años de intolerancia absoluta ante la otredad política, prohibida aún en sus manifestaciones más ingenuas, como el nombre de sus líderes y sus símbolos ceremoniales, por no hablar de la represión despiadada y sin ley contra trabajadores fusilados en un basural. Todo ello al servicio de un plan económico que volvió a uncir al país a la rueda del interés compuesto (como escribió Scalabrini al referirse al primer empréstito con la banca inglesa de los hermanos Baring) y lo sometió a las reglas del Fondo Monetario Internacional. Pero también florecieron la cultura y la ciencia, el cine conoció su época de oro, Buenos Aires se llenó de teatros, lo cual con los años la llevaría a ser un fenómeno mundial sólo equiparable con Berlín y Nueva York, y hasta el jazz despuntó en los escenarios y las grabaciones, con grandes figuras, como el Mono Villegas y El Gato Barbieri. 

De regreso al presente, la fusilada contra los trabajadores de Cresta Roja coexiste con la negociación encaminada por el ministro de Trabajo Jorge Triaca (h) para preservar el empleo y brindar un alivio de fin de año a los trabajadores y con la designación como secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires de Santiago Cantón, ex secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La flamante gobernadora María Eugenia Vidal declaró la emergencia penitenciaria pero confirmó al máximo responsable de la situación calamitosa de las cárceles bonaerenses, César Albarracín, viceministro durante la inolvidable gestión del alcaide mayor Ricardo Casal. La emergencia es el preámbulo a un festival de compras y contrataciones sin control. También fue confirmado el Subsecretario de Planificación del Ministerio de Seguridad, Fernando Jantus de Estrada, de quien depende la Oficina Provincial para la Gestión de Seguridad Privada, un tesoro recaudatorio por derecha y por izquierda. Los amarillos han dejado en sus puestos a muchos funcionarios designados por el ex gobernador Daniel Scioli, salvo en las áreas de administración y personal. Tanta amabilidad provoca suspicacias. A un Subsecretario le pueden caer bien seis directores, pero no todos. Habrá que esperar a marzo para entender si esto sólo refleja la carencia de gente propia para cubrir en forma simultánea tantas posiciones o si sólo aprovecha el conocimiento de los antecesores para hacer pie en terreno desconocido, antes de ocuparlo con propia tropa.

La herencia

Ningún gobierno recibió el país en mejores condiciones socioeconómicas y de mayor fragilidad institucional. Nunca en dos siglos de historia independiente la deuda en divisas con acreedores privados extranjeros había equivalido apenas a la producción bruta del país en un mes. Esto brinda al macrismo condiciones excepcionales para obtener financiamiento externo, que el ministro Alfonso De Prat-Gay está decidido a explotar al máximo. Un cuestionamiento que se formuló a la política seguida desde 2005 fue el reemplazo de una deuda por otra. El ejemplo es la letra por 10.000 millones de dólares que el Tesoro entregó en 2006 al Banco Central, a cambio de las divisas con las que se canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Ese documento, intransferible según su propia denominación, será objeto de la creatividad financiera del nuevo gobierno. A su vencimiento no será reemplazado por otra letra sino por nuevas emisiones de bonos, que a su vez serán ofrecidos como garantía para un crédito externo. Este pase de magia permitirá convertir deuda intrasector público, renovable por la mera voluntad, en potencial deuda externa. El crédito, en principio de 6000 millones de dólares pero ampliable en tramos sucesivos provendrá de un consorcio de bancos internacionales encabezado por el HSBC, aún bajo investigación judicial por el delito de lavado de dinero, igual que el ministro. De Prat-Gay también anunció que esa prestidigitación se aplicaría al total de las letras intransferibles que atesora el Banco Central, y que decuplican el monto de la primera etapa del inminente nuevo endeudamiento. Algo similar puede decirse de la situación social, con los niveles de desempleo más bajos en tres décadas y la cobertura previsional más extensa que se recuerde. Esto blinda al gobierno y difiere para mucho más adelante las peores consecuencias para la ocupación y el salario de una política destinada a beneficiar al sector financiero, la construcción (en la que basan su fortuna el presidente, su familia y sus amigos) y la agroindustria. Muy por el contrario, el oficialismo padece una situación de extrema debilidad en el Congreso de la Nación, lo cual explica la decisión de circunvalarlo y gobernar por decreto, al menos hasta que explore la posibilidad de entendimientos con otras fuerzas como paliativo a tanto desmedro, a favor de la luna de miel con la sociedad en sus primeros cien días de gracia.

Ni necesidad ni urgencia

Hasta ahora se las ha ingeniado para eludir la reiteración de decretos de necesidad y urgencia, explorando resquicios de la interpretación constitucional, para lo cual cuenta con expertos en la escuela más tradicional del derecho administrativo, aquella que se enseña en la Universidad Austral, del Opus Dei, con el manual de Miguel Marienhoff, uno de los intelectuales que hace un cuarto de siglo fundamentó las leyes de excepción que utilizó el menemismo para desguazar el Estado. Buenos ejemplos fueron los dos decretos simples con los que Macrì intentó colar por la ventana de la Corte Suprema de Justicia a dos jueces y dejar de lado las leyes audiovisual y digital. De necesidad y urgencia fue el decreto que modificó la ley de ministerios, subordinando al ministerio de Comunicación ambas autoridades regulatorias. Pero la intervención de la Afsca y la paralización de sus actividades se realizaron por un decreto simple. La explicación pública del ministro Oscar Aguad fue tan brutal como corresponde a un conservador radical de Córdoba: dijo que ninguna ley podía limitar la libertad de acción presidencial. El propio Macrì dejó saber que no reconoce límites, cuando dijo que no asignaba valor a la medida cautelar del juez Alejo Ramos Padilla contra el nombramiento de los jueces en comisión. Aguad señaló al desplazado Martín Sabbatella como un militante político. Pero en su lugar no envió a un técnico sino a uno de los más belicosos militantes del PRO, quien se destacó como autor de algunos de los tweets más soeces contra la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. El decreto 236/15 no sólo desplazó a Sabbatella sin seguir el mecanismo legal para su remoción que requiere una mayoría calificada en el Consejo Federal y garantiza el derecho de defensa. La misma suerte corrieron el directorio, con representación de las tres fuerzas políticas con mayor representación parlamentaria y el propio Consejo Federal, integrado por representantes de los gobiernos provinciales, los medios públicos, privados y sin fines de lucro, las universidades, las gestoras de derechos, los trabajadores organizados del sector y los pueblos originarios. El miércoles el edificio amaneció rodeado de policías, sin que hubiera orden o causa, dado que el decreto no fue publicado en el Boletín Oficial ni hubo notificación alguna a la Afsca hasta las 10.30 de la mañana. Vías de hecho y abuso de la fuerza pública, que Aguad hizo explícitos en su desatinada conferencia de prensa.

A confesión de parte

La decisión del juez federal Julián Ercolini que ordenó el desplazamiento de todas esas autoridades asombra por su pobreza argumental. Luego de narrar que Agustín Garzón se presentó para denunciar que Sabbatella desconocía el decreto y que había manifestantes en la puerta del organismo, confiesa que “no posee jurisdicción para realizar una evaluación del contenido jurídico-político del decreto mencionado, ni decidir sobre ello”, cuestión que se está tratando en un juzgado contencioso administrativo federal. Luego de esta lisa y llana admisión, se arroga el imperio que no tiene y decide el desalojo. En ningún lado describe cuál sería el delito investigado, exclusiva causa que justificaría la intervención de un juez con competencia penal. Su única fundamentación para ordenar el allanamiento y desalojo del edificio de la calle Suipacha fue “asegurar y preservar” los bienes muebles e inmuebles y la documentación del organismo. Ni siquiera pudo explicar por qué estarían en riesgo bajo la autoridad de quienes fueron designados siguiendo los mecanismos legales vigentes. Que el gobierno nacional pretenda modificarlos no lo autoriza a decidir como si ya lo hubiera hecho, sobre todo cuando es ostensible que no cuenta con las fuerzas legislativas necesarias para tal mutación. Durante el allanamiento, a instancias de la abogada Graciana Peñafort, el comisario a cargo del operativo consultó con el juzgado quién se hacía responsable de las actividades ordenadas por la ley, entre ellas las urgencias derivadas de interferencias aeroportuarias. La respuesta judicial fue que quedaba suspendida de hecho la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cosa que no formaba parte de la denuncia.

El coronel Luis César Perlinger, quien en 1966 desalojó con una compañía de gases al presidente Arturo Illia de la Casa Rosada, tuvo media vida para arrepentirse. Illia le advirtió que sus hijos se lo reprocharían. “¡Tenía tanta razón! Hace tiempo que yo me lo reprocho”, le escribió avergonzado de sí mismo diez años después.

Larga vida al juez Julián Ercolini.

Comerse al caníbal… @dealgunamanera...

Comerse al caníbal…

KKREO, Martín Sabbatella. Dibujo: Pablo Temes

El mamarracho de la Ley de Medios no justifica el decretazo a Sabbatella, como Cristina con Redrado.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 27/12/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ocurrió en enero de 2010. Cristina Fernández de Kirchner se había enojado profundamente con el presidente del Banco Central, Martín Redrado, quien se había negado a autorizar el uso de reservas federales para hacer frente a uno de los tantos pagos de la deuda externa que debía realizar el Gobierno. Ante la actitud del hoy referente económico del Frente Renovador, la entonces presidenta no dudó en echarlo a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). Ello dio origen a una gran controversia y le valió a CFK una fuerte crítica desde todos los sectores de la oposición. Luego de una batalla que incluyó recursos de amparo, Redrado fue desplazado de su cargo y reemplazado por Mercedes Marcó del Pont.

El episodio que acaba de culminar con el desplazamiento del titular de la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, tiene demasiadas similitudes con el que protagonizó Redrado. Lo delicado del tema no pasa por las críticas que tal proceder originó en un grupo reducido al núcleo del kirchnerismo duro, sino en su significado republicano.

Vayamos por partes. La Ley de Medios es un engendro nacido de las afiebradas mentes del matrimonio Kirchner a partir del enfrentamiento contra el grupo Clarín nacido durante la crisis con el campo en 2008 a raíz de la Resolución 125. Los objetivos de la ley eran no sólo la destrucción de Clarín y la desaparición de TN, sino también la creación de una red de medios públicos y privados afines al kirchnerismo. Toda esa maniobra tenía un solo objetivo: la permanencia en el poder por veinte años. Ese sueño, que tuvo un primer golpe con el fallecimiento de Néstor Kirchner, se terminó de pulverizar con el ballottage del 22 de noviembre pasado que ganó Mauricio Macri. Las arbitrariedades cometidas en la Afsca han sido groseras y cuantiosas.

Sabbattella, hombre no querido en el seno del peronismo, convirtió al organismo en un nicho para colocar militantes de su partido –Nuevo Encuentro–, y de militantes kirchneristas. Las decisiones se regían por el manual de procedimientos K, es decir, la imposición por sobre los consensos. En el fragor de los días previos a decretarse la intervención, hubo negociaciones en las que participó Miguel de Godoy, que se encontró con la posición irreductible del hoy desplazado funcionario.

Dicho esto, el procedimiento utilizado fue malo. El Gobierno eliminará la Afsca y la Aftic (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) basándose en un decreto de necesidad y urgencia (DNU).

Desde el punto de vista conceptual y republicano, es un procedimiento reprochable ya que ambos organismos han sido creados por sendas leyes aprobadas por el Congreso. Por lo tanto sólo pueden ser eliminados a través de una nueva ley o de un DNU convalidado por el Parlamento, circunstancia que aún no ha ocurrido. De haberlo hecho CFK, quienes hoy promueven esta medida hubieran sido los primeros en haberla criticado.

Como lo dijo el gran constitucionalista Germán Bidart Campos, “... es la manía del ‘decretismo’ síntoma de una tendencia autoritaria que refuerza con desmesura al sistema presidencialista, y frustra los intentos que con la reforma se hicieron para modelarlo y matizarlo”.

El saneamiento de la economía representa el gran desafío a enfrentar por el Gobierno. Hasta aquí las cosas le van saliendo bien.

La eliminación del cepo ha representado un test del cual ha emergido airoso. El valor del dólar quedó lejos de los 20 pesos que presagiaban los agoreros del kirchnerismo y la cotización a 13,40 que hubo al cierre de las operaciones el jueves pasado lo ubica por debajo de lo que se pagaba en el mercado paralelo el último día de la gestión de CFK. Es claro, además, que las autoridades económicas entienden que enamorarse de un dólar bajo con tasa de interés que los bancos ofrecen por los plazos fijos del 30% al 40% constituiría un error grave y grosero. Eso ya pasó en la Argentina y sus consecuencias fueron catastróficas para todos.

Si con el correr de los meses esta situación se mantuviese, la economía se encaminará hacia una inexorable recesión. La solución al problema de la inflación exige el desarrollo de un plan integral. Eso es lo que todavía no hay o, al menos, no se conoce. Se sabe que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, está trabajando intensamente en ello. Otro de los funcionarios que también está involucrado en el asunto es el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

El combate contra la inflación exige la reducción y eliminación del déficit fiscal. Lo cierto es que las medidas adoptadas hasta aquí por el flamante gobierno, lejos de reducirlo, lo han aumentado. Eso es lo que representan la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, girasol y carne, la reducción del 5% a las retenciones de la soja, junto con la exención del mínimo no imponible al medio aguinaldo de los salarios que alcancen hasta los 30 mil pesos.

Un párrafo aparte merecen los nichos de corrupción que el nuevo gobierno va encontrando a medida que va adentrándose en el conocimiento del funcionamiento de los distintos estamentos de la administración pública. El copamiento del Estado que llevó adelante el kirchnerismo durante los 12 años de permanencia en el poder ha sido de una vastedad y una complejidad que impactan.

Dependencias superpobladas de empleados y empleados que asisten de vez en cuando a sus lugares de trabajo son parte de la pesada herencia recibida por el nuevo gobierno. “Nadie piensa, donde todos lucran; nadie sueña, donde todos tragan” (José Ingenieros).

Producción periodística: Guido Baistrocchi.