Mauricio
Kirchner…
En apenas dos semanas de gestión, Macri ha mostrado
algunos rasgos de procedimientos más parecidos al nestorismo. Pero el fin nunca justifica los medios.
© Escrito por
Javier Calvo el martes 29/12/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La peor de las herencias de la década en que Carlos Menem
gobernó el país, con el voto de los argentinos, no fue la corrupción, la
impunidad o la exclusión. Todas ellas juntas construyeron un legado cultural
político, económico y social que lleva años desandar, porque incorpora
mecanismos de acción y pensamiento que se tornan normales pese a sus vicios de origen.
Por ejemplo, Menem nos enseñó a no escandalizarnos
con el enriquecimiento en la función pública, el pago de
coimas, la domesticación judicial, el capitalismo de amigos y la hechura de
leyes a medida según la ocasión.
El tema es que ya empiezan a notarse los efectos de la
herencia cultural kirchnerista, nada menos que en aquellos que se construyeron
políticamente como lo opuesto. En apenas dos semanas de gestión, Macri ha mostrado algunos rasgos de
procedimientos más parecidos al nestorismo pragmático que al republicanismo declamado.
El primer caso fue la decisión de promover con un decreto
la llegada a la Corte Suprema de los abogados Horacio Rosatti y Carlos
Rosenkranz. Aunque la
medida tuvo un retroceso elegante, mostró la hilacha (la misma que muestra el
kirchnerismo cada vez que puede: la primera impugnación a Rosatti para que
llegue a la Corte lleva la firma de Alessandra Minicelli,
esposa de Julio De Vido, el funcionario por el que Rosatti
renunció como ministro de Justicia K al no avalar sobreprecios en la
construcción de una cárcel).
Una segunda muestra la dio la modificación por decreto de
la reglamentación de la Oficina Anticorrupción, para que la politóloga Laura Alonso pudiera
asumir como su jefa.
Hasta ahora, uno de los requisitos era ser abogado. Institucionalmente hubiera
sido más prolijo que el cambio se instrumentara para la próxima gestión.
La tercera, que no parece la vencida, ha sido la intervención por decreto de la
Afsca y la Aftic.
Ayer, Perfil adelantó que el Gobierno ya tiene planeado en enero otro DNU para
eliminar ambos organismos y crear uno nuevo, lo que consagra la
reforma de una ley (en
este caso la de Servicios de Comunicación Audiovisual) a
través de una medida del Poder Ejecutivo.
La presión oficial para que la procuradora Alejandra
Gils Carbó deje
su cargo amenaza con erigirse en otra posible prueba de “makrichmo”. Y esto
recién empieza.
En algunos de estos episodios son atendibles las
explicaciones y justificaciones gubernamentales. Que aún no pudieron
construirse consensos legislativos. Que los funcionarios afectados no
cumplieron con el rol que las leyes les habían asignado, etc. etc. Se toma
nota.
También se toma nota del patetismo con el que el kirchnerismo
(en su fase política y mediática) se indigna por estas iniciativas del Gobierno,
cuando ellos hicieron de la arbitrariedad, el doble estándar y la moral
reajustable un sello de fábrica.
Por eso, más allá de todo y de todos, debería aprenderse
que el fin nunca justifica los medios.
Nunca. Aunque
lo tengamos inyectado en nuestro cuerpo social desde hace décadas.
