Movilidad jubilatoria: el “despojo histórico” a los jubilados con el cambio
de la regla del tope…
Tras su triunfo electoral, el Gobierno se
despachó con un proyecto de ley para cambiar la fórmula de movilidad
jubilatoria. La que además de una quita de entrada a los haberes, parecida a la
establecida con la ley de “déficit cero” de De la Rua y Cavallo, representa una
desmejora continua de sus haberes respecto al crecimiento del ingreso per
cápita que planea el Gobierno para el futuro. Lo cual representa un “despojo
histórico” a la clase pasiva actual y futura año a año, que conculca y revierte
largamente la supuesta “reparación histórica” dictada a su favor el año pasado.
En el que se ha hecho partícipe la oposición en el Senado, al proponer el
senador Miguel Angel Pichetto una eufemística fórmula alternativa, que en la
práctica convalida el despojo.
El art 14 bis de la Constitución Nacional
dice que “la ley establecerá
jubilaciones y pensiones móviles”. Esta cuestión ha sido
reiteradamente interpretada por la Corte Suprema en los últimos tiempos, con
los fallos Sanchez, Badaro, y Elliff, diciendo que esa movilidad debe cumplir
con los principios de solidaridad, proporcionalidad,
y sustitutividad.
La solidaridad intergeneracional implica
que con los aportes de los trabajadores de hoy, se sostiene a los trabajadores
del pasado que están hoy jubilados, hasta su deceso. Y esto otorga el derecho a
los trabajadores de hoy, a gozar de lo mismo cuando en un futuro sean
jubilados.
La imagen de esa solidaridad
intergeneracional es la de Eneas, cuyos descendientes
fundaron Roma segun la Eneida de Virgilio, huyendo de la destrucción de Troya.
Llevando a su anciano padre Anquines sobre sus hombros, y a su hijo niño
Anquises de la mano. Y aunque la carga es pesada, no lleva a su padre
arrastrando ni a los empellones, como parece intentar hacerlo ahora el Gobierno
con la complicidad del Congreso.
La proporcionalidad
implica que el haber jubilatorio debe guardar una adecuada proporción con los
salarios de los trabajadores activos, medida en un porcentaje específico (vgr.
82% o 70% móvil por ejemplo). Y la sustitutividad implica
que debe permitir al jubilado mantener el status de vida que tenía mientras se
encontraba en actividad.
O sea que la sustitutividad le pone un piso al haber, que
sería el ajuste inflacionario que propone actualmente el gobierno, para que su
poder adquisitivo se mantenga en el tiempo. Y la solidaridad y proporcionalidad
le ponen un techo, diciendo que el haber debería mejorar en la medida de la
mejora de los trabajadores activos y la economía en general.
La regla del tope propuesta por el Gobierno
El techo en la fórmula actualmente vigente de la
movilidad, se puede describir sintéticamente como el aumento de la recaudación
per cápita de los jubilados, más un 3 %. Y en reemplazo de ese tope el Gobierno
de Cambiemos propuso un piso consistente en el reconocimiento de la inflación,
para mantener el poder adquisitivo del haber, más un tope de un 5 % del
crecimiento del PBI.
Lo cual con el crecimiento anual del PBI pronosticado por
el gobierno para el futuro, de un 3 % anual, representa un tope de crecimiento
ridículo, del 0,15 % anual, una cifra 20 veces inferior a la existente en la
actual regla del tope. Que evidentemente es solo simbólica, a los efectos de
tratar de simular cumplir con el principio de proporcionalidad fijado por las
leyes y jurisprudencia.
En el gráfico de la portada se pueden los resultados que
aparejaría esta ridícula regla de piso y tope propuesta por el Gobierno. La que
por una elemental vergüenza, debería haberse abstenido de hacerla, al deparar
sus resultados una injuria no solo para la clase pasiva, sino para la clase
política.
Dicho grafico se construyó mediante un modelo matemático,
sin tener en cuenta el efecto de la inflación, que es neutro. Dado que también
incide en la actual formula basada en la recaudación, que crece al compás de
ella. Salvo momentáneos desajustes de la economía, que el actual Gobierno
promete que no existirán más.
Lo cual simplifica el cálculo, que está basado en el
supuesto que la recaudación impositiva crecerá al compás del crecimiento del
PBI por habitante. Que implica una rebaja de la presión impositiva absoluta,
dado el paulatino crecimiento vegetativo de la población, calculado conforme
los datos del INDEC en el 1,1 % anual, recayendo así menos impuestos sobre más
personas.
Los resultados de ese modelo en base un
crecimiento del PBI del 3 % anual que propone el Gobierno, se pueden ver
en el gráfico adjunto. En donde se destaca la curva de crecimiento del PBI
(línea roja), seguida por la del crecimiento casi igual del ingreso por
habitante (línea azul) y la de la regla del tope jubilatorio actual (línea
violeta). Apareciendo en el fondo de la tabla el crecimiento casi nulo de la fórmula
propuesta por el Gobierno.
En consecuencia el cambio del tope entre la fórmula
actual y la propuesta por el oficialismo, arroja una diferencia en contra de
los jubilados a los cinco años de su vigencia, del 13 %; a los 10 años, del 24
%; los 15 años del 35 %; a los 20 años del 48 %, a los 25 años del 62 %, y a
los 30 años del 78 %.
Esa merma se hará aún más notable, si el crecimiento del
PBI trepara al módico 4 % anual, que sería indispensable obtener para que
Argentina comience a tratar de pagar sus deudas sociales internas. En tal caso
la diferencia entre ambas reglas del tope sería a los cinco años, del 20 %; a
los 10 años, del 37 %; a los 15 años, del 58 %, a los 20 años del 81 %, a los
25 años del 109 %, y a los 30 años del 141 %.
O sea que cuando más crezca Argentina, mayor será la
exclusión de los jubilados respecto ese crecimiento, violándose así
flagrantemente en la práctica los principios de solidaridad y proporcionalidad.
La propuesta de elevar del 5 % al 15 % el porcentaje
sobre el PBI, no cambia gran cosa la situación. Tal como se puede ver en el
gráfico de la portada, donde se exhibe una familia de curvas con la quita
futura a efectuarse a los jubilados, en base al crecimiento del PBI del 2 %, 3
%, y 4 %, y porcentajes de participación sobre estos del 5 y 15 %.
En él se aprecia que las menores quitas en los haberes
corresponden a bajos niveles de crecimiento del PBI, elevándose raudamente
ellas, con solo el aumento de uno o dos puntos del mismo. Conforme se resume en
el siguiente cuadro, con la participación del 5 % sobre el PBI, la quita a los
haberes de los jubilados producto del cambio de la regla del tope, inicialmente
en el año 2018 será de entre el 10 % y 12 % en todas las alternativas o
escenarios.
Pero a los quince años, en el 2033, con la
participación del 5 %, la quita en los haberes pasa al 21 %, con un crecimiento
del 2 % del PBI; al 32 %, con un crecimiento del 3 %; y al 41 % con un
crecimiento del 4 %. Y si la participación se elevara al 15 %, solo
representaría una menor quita de entre 3 y 4 puntos.
A los 30 años con la participación del 5 % del PBI, la
quita en los haberes llegaría a un 29 % para un crecimiento del PBI del 2 %; a
un 47 %, para un crecimiento del 3 %, y a un 60 % para un crecimiento del 4 %.
Y la mejora con la participación de un 15 % sobre el crecimiento del PBI, solo
mejoraría 5 puntos en todas las alternativas.
La
variante engaña pichanga de Pichetto.
Al debatirse velozmente el cambio de las reglas de la
movilidad en las comisiones del Senado, el senador Miguel Angel Pichetto
propuso una fórmula alternativa. Consistente en ajustar el 70 % del haber con
el índice inflacionario, o sea manteniendo congelado su poder adquisitivo en
esa proporción, y ajustar el resto por la Remuneración
imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE)
que calcula el ministerio de Trabajo.
De tal manera solo el 30 % del haber gozará de la
movilidad jubilatoria, dado que el resto se mantiene fijo en su poder poder
adquisitivo. Alzándose así el senador Pichetto contra la jurisprudencia de la
Corte Suprema, que ordenó actualizar el 100 % de los haberes y no una exigua
proporción de ellos. Y con el índice ISBIC (Indice de Salario Básico de la
Industria y la Construcción) que da valores superiores al RIPTE. Razón por lo
cual la formula de Pichetto resulta ser también un inusitado despojo a los
jubilados, solo que un poquito menor que el propuesto por el Gobierno.
Tras unos minutos de cabildeo, el oficialismo acepto esa
contemporarizadora propuesta de Pichetto, expresando el ministro de Trabajo
Jorge Triaca que ella, “va en línea con los mismos
objetivos de nuestra propuesta”, y “no
era un cambio muy significativo”.
Dado que en realidad lo que claramente le interesa al
Gobierno, ayudado por Pichetto, es dar el zarpazo sobre los haberes
jubilatorios el año que viene, para disminuir sustancialmente su déficit fiscal
a costa de la clase pasiva, como ya es una larga tradición en nuestro país.
Siendo realmente lo importante el año 2018, ya que en el largo plazo todos
estaremos muertos, y en todo caso habrá tiempo suficiente para concretar otro
contubernio para el cambio de fórmula.
El que en el caso actual, está basado en el temor por
parte de los gobernadores de provincia, que la Corte Suprema falle a
favor de la provincia de Buenos, en la demanda que esta interpuso contra ellos
por el congelamiento del Fondo del Conurbano tras la salida de la
convertibilidad. Razón por la que el resultado para ellos es neutro, y el
ganancioso es el presidente Macri, que se quedará con más de 100 mil millones
de pesos en el año 2018 y sucesivos, a costa de los jubilados. Y la gobernadora
María Eugenia Vidal, a quien Macri transferirá como parte del botín, 20 mil
millones en el 2018, y 40 mil millones en el 2019. Como para que disponga de
generosos fondos en ese decisivo año electoral.
Foto de los gobernadores y representantes
provinciales que avalaron en el Congreso el despojo histórico a los jubilados:
María Eugenia Vidal (Buenos Aires); Horacio Rodríguez Larreta (Capital
Federal); Gerardo Morales (Jujuy) Laura Montero (Mendoza), Juan Manuel Urtubey
(Salta), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan Schiaretti (Córdoba), Rosana Bertone
(Tierra del Fuego), Osvaldo Jaldo (Tucuman); Hugo Passalacqua (Misiones),
Alberto Weretilneck (Río Negro); y Gerardo Zamora (Santiago del Estero)
Los gobernadores peronistas estaban liderados
por el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, quién desde los tiempos de Sevel
y su paso como secretario de Industria de la Nación en los tiempos de Menem y
Cavallo, tiene una estrecha relación con el presidente Mauricio Macri. Y por
eso, como si fuera parte del oficialismo en la fotografía se lo puede ver al
lado de la Gobernadores de Buenos Aires María Eugencia Vidal, y el jefe de la
CABA Horacio Rodríguez Larreta.
Macri y
Schiaretti: unidos por el contrabando
Tanto Schiaretti como los restantes gobernadores
presentes, recibieron la burla de los hermanos Rodríguez Saa, Adolfo y Alberto,
senador y gobernador de San Luis respectivamente. Quienes entre otras
invectivas contra ellos, narraron un episodio de la película El padrino, donde
a un sujeto le ponen una pistola en la cabeza para que firme el escrito de
acuerdo que tenía adelante, y sinó iba a quedar en ese papel la marca de sus
sesos. Lo que muestra el grado de cortoplacismo con el que se mueven los
gobernadores siempre famélicos de dinero, y/o pringados de relaciones espurias,
como Schiaretti.
La quita inicial en los haberes de los jubilados para
marzo del 2018 sería de algo más del 8 %, si al 13,32 % del aumento de haber
del semestre anterior, se le resta la inflación del 5,2 % propuesta por el
Gobierno. Y poco menos de 8, si se le resta el 5,6 de la fórmula de Pichetto.
Siendo muy probable que se repita con la anterior fórmula, un porcentaje de
aumento parecido al del primer semestre, dado que corresponde a la comparación
entre el segundo semestre de este año, en el que se registró un sustancial
aumento de la recaudación, en relación con el deprimido nivel del segundo
semestre del 2016. Implicando así este cambio de la fórmula un efecto
retroactivo de la ley, que algunos especialistas dicen que provocará una
catarata de juicios.
En concreto la variante Pichetto, al movilizar solo un 30
% del haber, y congelar el poder adquisitivo del 70 % restante en contra del
principio de proporcionalidad y solidaridad, también brinda un despojo inicial,
luego continuado año a año a la clase pasiva, respecto la actual fórmula del
tope de la movilidad. El que resulta menos perceptible con bajas tasas de
crecimiento del PBI, pero se va haciendo notable con el crecimiento del mismo,
como se puede ver en el siguiente gráfico.
Igual que el análisis
anterior, este está confeccionado bajo el supuesto que la inflación no existe,
ya que es neutra porque también modifica el RIPTE. Y que este evoluciona en
términos reales a la par del ingreso per cápita, lo cual es un supuesto
razonable. A continuación se tabulan los resultados del gráfico en forma
quinquenal a partir del 2018, para facilitar su comparación.
Se observa que la propuesta de Pichetto,
consistente en movilizar el poder adquisitivo de solo el 30 % del haber
jubilatorio, con un crecimiento del 2 % del PBI representa para el 2018 una quita
del 10 %. Que sube al 11 % con un crecimiento del PBI del 3 %, agregándose
seguidamente un punto de quita, para los crecimientos del PBI del 4 % y 5 %.
Quince años después, para el 2033, la quita con el
crecimiento del PBI del 2 % anual, trepa al 18 %. Pero con un crecimiento del 3
% anual, sube al 26 %; y luego en este año se agregan 6 puntos más de quita,
por cada punto de crecimiento del PBI, llegando al 38 % con un crecimiento del
5%. Para el 2048 la quita con el crecimiento del 2 % pasa al 25 %. Pero con un
crecimiento del 3 % del PBI sube al 37 %; con el 4 % al 46 %; y con el 5 % del
PBI, al 52 %.
Mostrando esto la permanente erosión de los haberes que
se dará en un futuro en relación con la actual fórmula, acentuado en proporción
directa al crecimiento del PBI. Concretándose así en 30 años un despojo a los
jubilados que va de una cuarta parte del haber, hasta más de la mitad del
mismo, según la evolución del PBI.
Los números expuestos señalan que la propuesta de
Pichetto es un engaña pichanga, ya que para el año 2018 -que es el que desvela
al Gobierno para erradicar el déficit fiscal- arroja valores iguales a la
propuesta alternativa del Gobierno, de subir la participación al 15 % del
aumento del PBI. Luego para el año 2033, no hay diferencias con esta, si el
crecimiento es del 2 % del PBI; y solo rebaja la quita 2 puntos, si el
crecimiento es del 3 % del PBI; y 5 puntos, si el crecimiento es del 4 %.
Para el año 2048, la diferencia solo es un punto para un
crecimiento del 2 %, de 5 puntos para un crecimiento del 3 %, y 9 puntos para
un crecimiento del 4 %. Que sigue representando en esencia, un recorte de
haberes jubilatorios entre un cuarto y hasta casi la mitad de los existentes
inicialmente.
A lo largo de la reciente campaña electoral el gobierno
se jactaba de la ley de “reparación histórica” que había sancionado a favor de
los jubilados. La que fue una tortuosa manera para consagrar una amnistía y blanqueo
a favor de los súper ricos, que benefició hasta la misma familia presidencial.
Y permitir la recompra de las acciones de la ANSES, por parte de
megaempresarios amigos del poder, con las utilidades no distribuidas que
correspondían a la ANSES.
Ahora a esas medidas tortuosas y ambivalentes, se le suma
este inusitado despojo a los jubilados, que además del zarpazo inicial,
tendrá efectos que se prolongaran largamente en el tiempo. Y lo menos que
debería haber hecho un Gobierno y un Congreso responsable, es pedir un informe
de actuarios, que brinden una proyección de cómo será la evolución de los
haberes futuros en relación con los existentes. Y la opinion de las
organizaciones sindicales, cuyos representados son los aportantes de hoy y los
jubilados del mañana, ademas de las organizaciones que representan a estos
últimos. Razones todas por la cual la política previsional del actual Gobierno,
convalidada por la oposición, sería digna de figurar en la Historia Universal
de la Infamia de Jorge Luis Borges.-
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también:
