Atropello y obstinación...
El oficialismo debe asimilar que no todo vale más allá de la legitimidad que le dieron las urnas.
© Escrito por Nelson Castro el sábado 06/01/2024 y publicado por el
Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No ha pasado aún un mes desde que Javier Milei asumió la Presidencia. Habitualmente son los días que corresponden a la así llamada “Luna de Miel”, de la que suele gozar cualquier nuevo gobierno. Nada de esto aplica al presente de la Argentina. Dos son las razones para esta circunstancia: la primera, la profunda crisis económica por la que atraviesa el país; la segunda, las profundas medidas de shock emanadas del flamante gobierno.
La combinación de una y otra son caldo de cultivo, para una situación de
conflictividad que sacude a la sociedad.
Desde el momento mismo en que las posibilidades de Milei de ganar las
elecciones tuvieron visos de concreción, hubo una pregunta –una sola– que se
instaló no sólo en los ámbitos de la política, sino también en la calle: ¿podrá
plasmar en los hechos todos sus proyectos sin mayorías en el Congreso y sin
ningún poder territorial?
Las respuestas comenzaron a aparecer esta semana cuando una Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo dio curso al amparo presentado por la CGT
primero, y la CTA después, para suspender la vigencia del DNU en el ámbito del
Derecho Laboral. A esta altura ya hay más de cuarenta amparos presentados ante
la Justicia, para frenarlo en su totalidad.
Y respecto del proyecto de ley enviado al Congreso –denominado
“Bases para el Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos”– nada
permite suponer que los deseos del oficialismo de tenerlo aprobado a fines de
enero, cuando termine el período de sesiones ordinarias se vean complacidos.
Hay en los sectores duros del gobierno una disociación marcada entre los
deseos y la realidad. Una política de shock, sin concesiones, sólo puede ser
llevada adelante cuando un gobierno tiene la suma del poder público. Fue eso lo
que pasó con Carlos Menem en los años 90. La mayoría amplia que tenía en ambas
Cámaras del Congreso, entre los gobernadores y la influencia que tuvo en el
Poder Judicial, posibilitaron que sus proyectos se concretaran. Esa suma del
poder absoluto lo hizo posible. Recuérdese, como ejemplo, el famoso “Per
Saltum” instrumentado por la Suprema Corte de Justicia de entonces, de mayoría
menemista, que permitió destrabar la privatización de Aerolíneas Argentinas que
había sido suspendida por el juez federal del fuero Contencioso Administrativo
Oscar Garzón Funes, ante la presentación del exdiputado Moisés Fontenla,
del Grupo de los Ocho.
Hoy la situación es otra: la Corte Suprema es claramente independiente
del gobierno y, en caso de tomar la decisión de aplicar el recurso del “Per
Saltum”, sería una sorpresa que su fallo lo favoreciera.
El panorama en el Poder Legislativo es bastante similar. El proyecto de
“Ley de las Bases” ha ingresado ya en el Congreso, pero las comisiones que
deben tratarlo no están aún conformadas, con lo cual, las chances de ser
tratado y aprobado a fin de enero tiene, a esta hora, la categoría de la
ilusión.
Nadie sabe a ciencia cierta cómo es que el Presidente apostó a esta
especie de todo o nada con un proyecto que, por su complejidad, debe ser
tratado y aprobado por numerosas comisiones antes de llegar al plenario. La
lógica aconsejaba una fragmentación para que pudiera tener un trayecto más
simple, que le hubiese hecho posible ir alcanzando sus objetivos paso a paso.
Este es un razonamiento que comparten funcionarios importantes del gobierno que
chocan contra la obstinación de un hombre que ha adquirido un sorpresivo poder:
Federico Sturzenegger. Muchas de estas cosas, el expresidente del Banco Central
durante la primera mitad de la presidencia de Mauricio Macri, las había trabajado
para Patricia Bullrich. Sturzenegger se ha convertido en un halcón que da la
sensación de estar viviendo un tiempo de revancha después de haber sido
eyectado de sus funciones por Macri y reemplazado, casualmente, por el actual
ministro de Economía, Luis Caputo. Tan envalentonado se lo ve que se enfrascó en una
serie de declaraciones poco prudentes y desafiantes que motivaron que alguien
dentro del gobierno le pidiera que redujera su exposición pública.
Una muestra de la falta de contacto con la realidad del proyecto de ley
es lo que pasó con la pesca. El proyecto, en su texto original, quitaba la
obligatoriedad de que los buques descarguen sus productos en puertos
argentinos, proponía la libre competencia entre empresas argentinas y
extranjeras –lo cual generaría condiciones desiguales de operación– y quitaba
la obligatoriedad de que el 75% del personal embarcado sea de nacionalidad
argentina. Eso generó la reacción de todos los gobernadores de las provincias
con costa sobre el litoral marítimo a los que se les sumó el intendente de Mar
del Plata, Guillermo Montenegro. Debió intervenir pues el ministro del
Interior, Guillermo Francos, que se reunió el mediodía del jueves con
Montenegro y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para modificar esos
puntos de controversia. Intentando disimular lo evidente, Francos señaló que
“habrá temas que serán clarificados en la redacción del artículo de la ley”
(sic).
Más allá de cualquier subsanación en los textos definitivos, el error de
base radica en la lógica de creer que, con algo de voluntarismo y mucho de
prepotencia, se alcanzarían los objetivos planteados. En resumen: falta
experiencia política.
Entre los principales empresarios argentinos existe la “voluntad de
colaborar”, pero persiste el temor por el tiempo que pueda demandar la tan
ansiada “luz al final del túnel”. Vale la pena mencionar que en rubros como el
alimenticio y el textil esos mismos empresarios están demostrando su falta de
mesura y su codicia. También depende de ellos el sacrificio y la carga que
pueda soportar la gente. Deben entender que la Argentina no tiene muchas más
oportunidades de salir del pozo en el cual está estancada desde hace décadas.
En este contexto, la ingenuidad del gobierno llegó a tal punto, que
volvió a sobrevolar la idea de convocar a una consulta popular para satisfacer
sus necesidades. Los principales constitucionalistas coinciden en que el
Presidente no puede convocar a consulta popular respecto del DNU, simplemente
porque no se tratan allí temas de su competencia. El oficialismo debe asimilar
que –más allá de la legitimidad que le dio el resultado electoral–, no puede
valerse del atropello y la obstinación para conseguir resultados. Su suerte y
la de todos los argentinos, dependerá en gran medida, del retorno al camino del
diálogo y la construcción política.
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