Gustavo Vera: “No se puede combatir el narco sin investigar el financiamiento de campañas electorales”...
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Acá es como que hay tres factores que se están combinando.
Por un lado, el crecimiento de la pobreza, la vulnerabilidad,
la falta de horizonte laboral para la juventud y
particularmente para las mujeres. En segundo lugar, la mutación del
crimen organizado al ámbito virtual, que permite un contacto fluido con
sectores vulnerables de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y, por otro lado,
el crecimiento del narcomenudeo como microestados en la
periferia de los municipios, a consecuencia del derrumbe de las alternativas de
contención, por decir algún modo: clubes sociales,
comedores, merenderos. Más allá de que algunos tuvieran prácticas
clientelares o no, ahí había cierta contención organizada, que ahora
prácticamente ha sido desmantelada. Esto lo estamos constatando en todos los
municipios, sobre todo del interior; de alguna manera, es un estado que "se
retira”, y el narcomenudeo da pasos agigantados.
Narcomenudeo que no es más que un pequeño brazo del gran narco, que ya
está instalado fuertemente en nuestro país y hace que Argentina, hace muchos
años, sea uno de los principales exportadores de estupefacientes: el principal
de Sudamérica y uno de los principales de Latinoamérica. Esto, según datos de
Naciones Unidas y organismos multilaterales.
Anibal Fernández: "Hoy los narcos actúan como falsos Robin Hood en
los barrios"
Gustavo, me decías también que ni siquiera está legislado, por ejemplo,
otras formas de trata que produce la virtualidad, donde adolescentes que quedan
endeudados por juegos virtuales luego terminan vendiendo sus imágenes a grupos
de pedófilos y eso ni siquiera está legislado. La explotación sexual virtual a
distancia tampoco está legislada.
Sí, hay fallos que empezaron a producirse en el fuero federal, algunos
que están sentando jurisprudencia; hay uno en Capital, particularmente. Pero
esto todavía no está legislado. Tampoco está legislada la surrogación
de vientre; tampoco está legislada la tipificación de la compra y venta de bebés,
niños, niñas y adolescentes. Tenemos una sanción de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos desde el año 2012: uno de los pocos países de América
Latina que no tiene tipificado el delito de compra y venta de pibes, que
obviamente puede ser para adopción ilegal, pedofilia, pediatría o cualquier
cosa. Sesenta proyectos pasaron por el Congreso, que durmieron el sueño
de los justos. Esto indica que evidentemente hay presiones muy
fuertes por el negocio clandestino de las adopciones ilegales y,
además, ahora se le suman otros negocios un poco más macabros.
Y en el caso especial de este triple crimen, y nuevamente apoyando tu
experiencia y conocimiento, ¿qué conjetura tenés?
Nosotros aportamos al Ministerio de Seguridad porque, en el barrio donde
vivían las tres chicas, como en Flores, se sabía que había un vínculo entre
algunas de estas chicas y esta banda que regentea en Flores. Flores la conozco
bien, porque, como sabrás, en el pasado hicimos mapas del delito junto con los
vecinos; hicimos Anuncias Flores, Floresta, en Liniers, en Recoleta, un montón
de barrios donde armábamos mapas del delito, hacíamos movilizaciones y
llevábamos los casos a la justicia. También, en el barrio de Ciudad Evita, de
La Tablada, teníamos información de que se corría el rumor de que una de estas
chicas o alguna llegada de estas chicas había robado algo de alguno de los
capos narcos que andaban por la zona. Y de alguna manera, se esperaba una especie
de vendeta.
Yo esto lo avisé, obviamente, oportunamente, inmediatamente al
Ministerio de Seguridad, que lo tomó; a ellos también les llegaba la misma
versión porque en el barrio se hablaba del tema. Ellas no eran conscientes;
todo el barrio hablaba de que se esperaba una vendeta y ellas no se imaginaban que iban a
ser víctimas de esa vendeta. A veces se confunde la virtualidad con
la realidad; ahí es uno de los problemas que tienen hoy los jóvenes y los
niños, niñas y adolescentes. El mundo real y el mundo virtual se
parecen, pero no son iguales.
Más allá de esto, ha ocurrido un crimen atroz. Se sabía que podía haber
una vendeta. Yo no lo supe una semana antes; lo supe el lunes, cuando me puse a
averiguar a partir de la información de la desaparición; las fiscalías
ordinarias suelen tener cierta lentitud los fines de semana. Eso es un
problema grave, ya no es tanto responsabilidad de la policía de la provincia,
respecto al tema de las 24-48 horas, que no deberían existir. Las 24-48 horas
son clave, son el horario central donde hay que buscar, y si hay desaparición
de un menor, eso implica sistema de búsqueda de personas, alerta Sofía,
línea 145, intervención de Protex.
Bueno, todo esto lamentablemente se hizo a destiempo. Después,
cuando el fiscal dio instrucciones, se actuó rápidamente, pero hay un tema de
encuadramiento: esto es un delito federal. Estamos hablando de la desaparición
de una menor bajo engaño, que además será explotada sexualmente, donde está
implicado el narcotráfico; por eso
tendría que intervenir la Justicia Federal. El mismo día de la denuncia
tendría que haberse activado la alerta Sofía. Pero, bueno, ahora ya
estamos con este hecho.
¿Qué marca este hecho? Podría haber ocurrido tanto en la provincia de
Buenos Aires como en Córdoba, como en Capital, como en Rosario. No es un hecho
específico de una jurisdicción determinada; tiene que ver con la penetración
masiva del narcomenudeo en la periferia de los barrios. Además, cuando presidí
la Comisión Especial de Trata en la Legislatura porteña, presentamos un
laboratorio de cocaína en la 1 11 14, un informe muy extenso publicado incluso
en Perfil y otros medios, donde informábamos cómo operaban todas las
ramificaciones de la banda de Marcos Estrada, obviamente de la cual después
surgieron varias aristas.
Ahora, esas bandas no son “banditas”; son desprendimientos de un gran
narcos, están íntimamente ligadas. Tratar de separar el narcomenudeo
del narcotráfico en la investigación judicial solo descuartiza la investigación
que tiene que ser integral, como lo es el crimen organizado. Y tenemos que
tener soluciones integrales, que no solo tengan que ver con la persecución
penal, sino también con oportunidades laborales y, de alguna manera, con la
creación de comunidad organizada de contención en cada barrio. Esto es lo que
tenemos que encarar con la mayor seriedad posible.
Ahora, es difícil encararlo cuando tenés un sistema de
financiamiento de la política oficial legal que es una mentira, es una
hipocresía. Nadie te lo va a decir, porque el que lo dice queda fuera
de toda lista. Pero bueno, nosotros teníamos un sistema muy sano: los partidos
políticos, cuando cae la dictadura, adoptan el sistema francés, puramente
estatal, con lo básico para intervenir en elecciones. Nuestras elecciones
fueron 83, 85, 87, 89, 91; nos hicieron bajo ese sistema y no tuvimos una sola
denuncia de corrupción vinculada a campañas electorales, porque era todo
financiamiento estatal.
En 1991-1992, en la época de Menem, deciden privatizar o
semiprivatizar el sistema de financiamiento de campañas; hacen un sistema
mixto, donde una parte es estatal y otra privada. En realidad, cualquier
partido va a reconocer que lo que da el Estado alcanza solo para una semana, y
el tope de recaudación privada alcanza para dos semanas. Nadie te va a decir,
salvo el Alconada Mon, que ser intendente de Rosario significa una campaña de 3
millones de dólares. ¿De dónde la sacás? Entonces, cuando la propia ley
es una invitación a delinquir o a financiarse con dinero negro, a lavar activos
o a tener relaciones promiscuas con el crimen organizado, esto complejiza la
cuestión porque genera lo que los italianos llamaban “mafiosidad”: esa
atmósfera que se crea entre mafia y Estado, concretamente cuando no
hay controles cruzados.
No hay un estallido social porque el narcotráfico generó un negocio
alternativo
Nuestro presidente dice que, entre Estado y mafia, prefiere la mafia.
Bueno, él tendrá que explicar de dónde sacó los 110 millones de dólares
que financiaron su campaña. Estamos en un problema grave porque además, descarnadamente
nuestro presidente ha desmantelado todas las políticas públicas de lucha contra
la trata: las que tenían que ver con acompañamiento terapéutico, patrocinio
jurídico gratuito, ayuda económica, capacitación y reinserción laboral, fondo
de reparación de víctimas, todo destruido.
Tal es así que Estados Unidos, que hace una evaluación anual a través
del Departamento de Estado, tiene una oficina de monitoreo contra la trata. Es
el primer año que no sale el informe, porque no saben cómo arreglar con sus
amigos un problema evidente: se ha derrumbado aquí todas las políticas de
contención y lucha contra la trata. Se ha planteado que la Afip no debe seguir
la ruta del dinero. Prácticamente se ha desalentado la división contra el
trabajo ilegal de la Afip; se ha desarmado el Comité Ejecutivo, el Consejo
Federal, y se lo ha puesto bajo la órbita de la policía, lo cual es volver a
los tiempos prehistóricos, donde el zorro cuidaba al gallinero. Las
consecuencias son absolutamente nefastas.
Cuando hay un allanamiento por trata laboral o sexual, las víctimas no
quieren retirarse del infierno, porque prefieren el infierno a la nada que les
ofrece el Estado. No hay ninguna política que genere reconstrucción de horizonte de
vida o esperanza, como la había en el gobierno anterior, que mantuvo
continuidad año tras año. Esto se reflejó en las calificaciones internacionales
de Naciones Unidas, etc. Ahora asistimos a un derrumbe generalizado.
Los asesores del presidente, los llamados “Jaimitos” —empezando con
Jaime Durán Barba, luego Santiago Caputo, llamaban en esa época a Macri y a su
jefe de gabinete, Marcos Peña, “comunista”. Así que podemos tener claro cuál es
la postura.
Además, hay que tener presente que estamos hablando del crecimiento del
narcotráfico y su penetración en los barrios, los microestados narcos,
generados al calor de la vulnerabilidad y la falta de financiamiento del Estado
y de políticas públicas. En el narco macro, el que exporta en gran escala al
exterior, hay una disputa por la hidrovía; los amigos de Santiago
Caputo quieren esa disputa. Hay una disputa fuerte, impugnada, entre
dos bandas, porque salen granos contrabandeados para Paraguay y viene marihuana
para los puertos de San Lorenzo. Lo sabe todo el mundo, cobran peaje.
Hay también disputa por el espacio aerocomercial, que se la queda un
señor que viene de los servicios de inteligencia y se hizo millonario de un día
para otro; nadie sabe de dónde sacó su fortuna. Por otro lado, está la disputa
por el correo, no ya por la causa del correo, sino por el correo mismo. Y, por
otro lado, ridículamente, el alambrado de 200 metros en la frontera de Bermejo,
Tartagal, Agua Blanca, que si conocoes el lugar territorialmente sabe que todo
el mundo se ríe a carcajadas. En un país con 9.000 km de frontera, y mucha
frontera porosa, se necesita multicontrol y funcionarios con autoridad moral y
sin condicionamientos previos. Cuando llegás con una campaña electoral
condicionada por sectores vinculados al narcotráfico, lavado de activos o
crimen organizado, después estás atado.
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