Atentado contra Cristina Fernández. Justicia ausente…
Sin responsables. La débil investigación judicial no llegó a establecer
quién o quiénes estaban detrás del arma empuñada por Fernando Sabag Montiel. Fotografía:
NA
A un año del intento de asesinato,
quedan por investigar irregularidades en la causa y develar quiénes fueron los
autores intelectuales y los financistas del ataque.
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Escrito por Franco
Mizrahi el viernes 01/09/2023 y publicado por la Revista Acción
(*) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
El 1º de septiembre
se cumple el primer aniversario del intento de asesinato de la vicepresidenta
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, un suceso cuyo impacto debió
cambiar la inercia política de la Argentina y provocar una reacción contundente
del sistema político que no existió. Aún hoy hay dirigentes que no se
manifestaron en contra del ataque. La tentativa de homicidio de la expresidenta
terminó encapsulada como un hecho policial más, como si no hubiera estado en
juego la democracia.
La causa que se abrió por el atentado se elevó
parcialmente a juicio el pasado 12 de junio con tres detenidos: Fernando Sabag
Montiel (el joven que gatilló a centímetros de la cabeza de Cristina
Fernández), su novia Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, el jefe del
emprendimiento de venta de copos de azúcar que parece haberse usado como
pantalla para el ataque. A los primeros dos se los consideró coautores de
tentativa de homicidio. Al tercero, partícipe secundario del hecho.
No obstante la elevación de la causa, quedaron
pendientes de resolución distintas líneas investigativas sobre posibles autores
intelectuales y financistas del ataque, tramo que sigue abierto en instrucción.
Para los abogados de Cristina Fernández, Marcos Aldazabal y José Ubeira, la
investigación, que está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti y el
fiscal Carlos Rívolo (recientemente respaldado por las cámaras Federal porteña
y la de Casación), fue paupérrima. Pidieron apartar a la magistrada con
cuestionamientos muy duros. Y se opusieron a que el caso fuera enviado a debate
oral y público de forma fragmentada porque «daña el descubrimiento de la
verdad». Consideran que aún quedan muchas medidas probatorias por realizar y
que hay otros responsables detrás del atentado.
En esa línea, el pasado 26 de agosto pidieron
nuevas medidas, entre las que se destaca hacer foco en la panelista de Crónica
TV Delfina Wagner, a quien señalan como posible vínculo entre los distintos
sospechados de tener participación en el ataque: Wagner, de acuerdo con los
abogados de Fernández, es una activista de ultraderecha que podría ser quien
una a los ejecutores del atentado (dialogaba con Uliarte), integrantes de
Revolución Federal (intercambiaba mensajes con uno de sus fundadores), Gerardo
Milman (Wagner trabajaba en el mismo canal que la socia de una asesora clave
del diputado PRO), Hernán Carrol (referente de la agrupación Nueva Centro
Derecha) y la vecina de la vicepresidenta, Ximena Tezanos Pinto (Wagner contó
que vive en su departamento).
«Wagner es la única persona que parece conocer a
todos los actores sospechados. Las coincidencias son demasiadas y es necesario
investigarla inmediatamente», sostuvieron Aldazabal y Ubeira. Y añadieron: «Las
personas investigadas tienen una cantidad de puntos de contacto entre sí que
hacen muy difícil ver lo sucedido como una casualidad». En su último escrito
solicitaron medidas de prueba sobre Wagner, Carrol y la vecina de Cristina,
entre otros. Wagner dijo ser una perseguida política.
Los límites
de la pesquisa
El 1º de septiembre de 2022, Sabag Montiel,
infiltrado entre la militancia que saludaba a la vicepresidenta, gatilló en la
cabeza de la vicepresidenta, pero la bala no salió de la pistola Bersa que
había conseguido cinco meses antes. Apenas los militantes se percataron,
detuvieron al joven. Eran días de ebullición social porque el fiscal Diego
Luciani había pedido la condena a 12 años de prisión y la inhabilitación
perpetua para ejercer cargos públicos de Cristina Fernández en el caso de la
Obra Pública Vial y la militancia kirchnerista se congregaba en el domicilio de
la expresidenta en Recoleta para brindarle su respaldo.
Al momento de la detención, a Sabag Montiel se le
secuestró un celular que la Policía Federal no pudo desbloquear y terminó reseteado.
Según denunció la querella, el confuso episodio ocurrió luego de que se
produjera la ruptura de la cadena de custodia por parte del juzgado sobre el
teléfono. El contenido de ese aparato aún no logró rescatarse.
No fue el único hecho irregular que hubo en la
pesquisa. Los abogados de Fernández resaltan que hay pistas que no fueron
investigadas, como la línea que conduce al diputado Gerardo Milman o la que
apunta al dirigente de derecha Hernán Carrol, a quien Sabag Montiel pidió en
una carta desde la cárcel que le pague un abogado. También consideran que el
caso del atentado debe investigarse de forma conjunta con el que se centra en
los ataques que realizó la violenta organización Revolución Federal, que
tramita en otro juzgado.
La querella quería que se profundice en la
vinculación que podría existir entre los integrantes de esa organización que
atacaba dirigentes y los imputados por el intento de magnicidio. Brenda
Uliarte, por ejemplo, participó de una de las manifestaciones de esa
asociación. En el caso de Revolución Federal también se investigan llamativos
pagos millonarios por parte de la empresa Caputo Hermanos S. A. –vinculada a
exfuncionarios de Macri– a Jonathan Morel, uno de los fundadores de la
organización, procesado por incitar a la violencia. En teoría esos pagos fueron
por trabajos de carpintería.
Ante la creciente tensión entre la querella y
Capuchetti, la jueza delegó la investigación en el fiscal, pero lo hizo con la
pesquisa avanzada, algo poco habitual.
El desencadenante de este cambio de mando en la
pesquisa fue la forma en que Capuchetti abordó la pista que vincula a Milman,
exfuncionario de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad de la Nación,
con la trama del atentado. Luego de que un testigo dijera que dos días antes
del ataque escuchó al legislador decir en el bar Casablanca «cuando la
maten yo voy a estar en la costa», la querella pidió que se lo investigara.
Fueron citadas a declarar como testigos las dos asesoras con las que estaba
reunido Milman en el bar ese 30 de agosto del año pasado: Ivana Bohdziewicz y
Carolina Gómez Mónaco. Ambas entraron en contradicciones y la querella pidió
que se les secuestre los celulares. El 26 de octubre pasado, la jueza rechazó
la medida, que finalmente fue corregida por la Cámara Federal porteña. Cuando
volvieron a ser citadas, Gómez Mónaco dijo que había cambiado de celular y
Bohdziewicz que había borrado todo el contenido de su aparato.
Pero Bohdziewicz provocó un giro en el caso cuando
el 5 de mayo pasado se presentó nuevamente en la Justicia, de forma espontánea,
y relató que había ido por indicación de Milman (y pedido de Bullrich) a borrar
su celular a las oficinas de una ONG que preside la candidata a presidenta.
Bajo juramento de decir la verdad, narró que su aparato fue manipulado por un
perito informático antes de presentarse a declarar por primera vez. Tras este
episodio, Rívolo solicitó que se analice el celular de Milman.
Este 23 de agosto, a casi un año del atentado, el
Congreso habilitó que se abra el teléfono del diputado, quien lo había acercado
a la Justicia un día antes. Un elemento más que puede comprometer al legislador
PRO: este 27 de agosto, Página/12 publicó que Carlos Telleldín, abogado de Uliarte,
afirmó que su defendida ampliará su indagatoria para manifestar que una persona
allegada a Milman «pagaba para concentrar gente frente a la casa de Cristina
Kirchner».
(*) Acción, en defensa del cooperativismo y del país es una publicación del Instituto Movilizador de Fondos
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Comunicaciones y Residencias Cooperativas de Turismo, entre otras. El IMFC creó
el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, situado en Avenida
Corrientes 1543, Buenos Aires, que desarrolla una intensa actividad artística y
de investigación en ciencias sociales.
