La extorsión… @dealgunamanera...

La extorsión…

La Procuraduría contra la violencia institucional dictaminó que la fiscal y los dos jueces jujeños privaron en forma ilegítima de su libertad a Milagro Sala. Una causa indecorosa donde no se dejó ilegalidad por cometer. El gobierno provincial controla a la justicia jujeña y el gobierno nacional a ambos. Dos enviados de Macrì visitaron a la parlamentaria detenida para proponerle que pidiera la detención domiciliaria. Sala no aceptó la extorsión. También apuntan contra Cristina.

© Escrito por Horacio Verbitsky el domingo 28/02/2016 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la audiencia con los organismos defensores de los Derechos Humanos, el presidente Mauricio Macri negó que Milagro Sala fuera una presa política y defendió la presunta imparcialidad de la justicia jujeña. Nada en las causas mal armadas en su contra respalda esta afirmación. Por el contrario, deja en evidencia la escandalosa manipulación judicial al servicio de un escarmiento a los movimientos sociales, que Macri convalidó en forma explícita en reiterados encuentros con el gobernador Gerardo Morales. 

El ministro de Justicia Germán Garavano dijo que el gobierno seguía el tema con preocupación y el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj informó a los visitantes que había enviado emisarios a entrevistarse con Sala. Lo que no dijo entonces es que llevaron una propuesta extorsiva a Jujuy: le sugirieron a la dirigente de la organización barrial Tupac Amaru que solicitara la detención domiciliaria, antes de que Macri viajara a Italia para su audiencia de ayer en el Vaticano. Esta es una implícita confesión del control que tiene el gobierno nacional sobre las decisiones de la justicia jujeña. 

La ofensiva oficial también se cierne sobre CFK, como claman los arietes mediáticos. El fiscal general Ricardo Sáenz dictaminó para ello que su colega Natalio Alberto Nisman fue asesinado, y el juez federal Claudio Bonadío citó a la ex presidente, a su ministro de Economía Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central Alejandro Vanoli. 

La intención del intrépido doctor Glock es penarlos por las pérdidas que la devaluación dispuesta por Macrì, Alfonso de Prat Gay y Federico Sturzeneger le produjo al Banco Central, en la operatoria con dólares a futuro. El caso de Sala ejemplifica los extremos a los que está dispuesta a llegar la nueva administración, con el beneplácito de los poderes fácticos que intentan hacer su propio Nunca Más.

La peor violencia

El fiscal federal de San Salvador, Federico Zurueta, recibió la denuncia por privación ilegal de la libertad realizada por varios diputados al Parlasur y la remitió a la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN). Su titular, el fiscal general Miguel Angel Palazzani, y su adjunto, el fiscal ad hoc José Nebbia dictaminaron que Milagro Sala es “víctima de la peor violencia: la violencia institucional, que proviene precisamente del último refugio que puede encontrar un ciudadano frente al poder estatal: los jueces y los fiscales.

Cuando es justamente ese poder estatal el que comete la ilegalidad y ejerce violencia el desamparo es absoluto”. La PROCUVIN constata que no se inició el proceso de desafuero ni se dictó la inconstitucionalidad del artículo 16 de la ley 27.120, por el cual los parlamentarios del Mercosur gozan de las mismas inmunidades que los diputados nacionales. Y según el artículo 69 de la Constitución, ningún legislador puede ser arrestado, desde el día de su elección, salvo si fuera “sorprendido in fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamante, u otra aflictiva”, cosa que ostensiblemente no ocurre en este caso. Como esta norma se aplica a Milagro Sala desde el día de su elección, el 25 de octubre de 2015, su privación de la libertad no es legítima. 

Los magistrados jujeños podían declarar inconstitucional la norma y recién entonces proceder contra Sala, o considerarla vigente e iniciar el procedimiento de desafuero. Palazzani y Nebbia concluyen que “ante la evidente ilegalidad e ilegitimidad de la detención de una diputada del Parlasur amparada por la inmunidad de arresto, se impone la urgente e inmediata resolución que ordene su libertad, para, entre otras cosas, hacer cesar los efectos de un delito que se está perpetrando mientras persista la situación actual” y esa es la única forma de regreso “a la legalidad constitucional y a la racionalidad jurídica”. 

Mientas eso no ocurra, el Estado Argentino está en riesgo de ser denunciado en los foros internacionales por la flagrante violación de normas constitucionales y convencionales”. En consecuencia, dictaminaron que los jueces provinciales Raúl Gutiérrez, Gastón Mercau y la fiscal provincial Liliana Fernández de Montiel habrían incurrido en los delitos de acción pública por prevaricato, privación ilegal de la libertad por más de un mes (artículos 269, 142 inciso 5 y 144 bis inciso 1 del Código Penal) por lo que corresponde impulsar la acción penal y formular requerimiento de instrucción en contra de los tres. Con ese dictamen, el requerimiento debe ser presentado por el fiscal Zurueta. Mercau acaba de rechazar una solicitud de cese de la detención presentado por los abogados de Sala, con los mismos fundamentos que el dictamen de la PROCUVIN.

Las ilegalidades

La privación ilegal de la libertad es inocultable en una causa judicial indecorosa de principio a fin. Estas son algunas de las ilegalidades que constan en el expediente, al que tuvo acceso el abogado de Milagro Sala, Luis Paz:

- El Código Procesal Penal indica que la investigación penal preparatoria debe ser practicada por el juez, y no por el fiscal, si uno de los imputados es legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero. Es el caso de Milagro Sala, legisladora del Parlasur, y de Mabel Balconte, diputada provincial. Sin embargo, durante todo enero la investigación estuvo en manos de la fiscal y recién se hizo cargo el juez el 29 de enero, luego de la detención de Sala y de los allanamientos.

- Aunque la denuncia por el acampe frente a la casa de gobierno, presentada al quinto día de instalado Morales, era por “instigación a cometer delitos y sedición”, las medidas practicadas por la inteligencia policial tendían a identificar a los acampantes y establecer qué cooperativas se habían acogido al reempadronamiento del “programa de regularización y transparencia” del gobierno provincial.

- La fiscal de Feria Liliana Fernández de Montiel presentó el pedido de detención de Milagro Sala y de otros dirigentes de la Tupac Amaru a las diez menos veinte de la noche del viernes 15 de enero.

- El Juez de control Raúl Gutiérrez lo aceptó pocas horas después, en la madrugada del sábado 16, y delegó su ejecución en el Ministro de Seguridad de Morales, Ekel Meyer. Con la satisfacción del deber cumplido, ese mismo sábado Gutiérrez pidió licencia “a partir de este momento”.

- En rotunda demostración de la laboriosidad de los colaboradores del nuevo gobierno, ese sábado estaban trabajando en su despacho el secretario del tribunal superior, Víctor Amado, y su Presidente, Clara Langhe de Falcone, ex diputada de la UCR.

- Antes de las cuatro de la tarde del sábado esta jueza designó para suplir a Gutiérrez al juez Gastón Mercau. Como la Acordada no explica por qué razón lo eligió descartando otras opciones, los piensa mal y acertarás entienden que fue porque es su yerno, para que todo quedara en familia política.

- A las cinco y media de la tarde, el Fiscal de Estado invocó instrucciones del gobernador Morales para solicitar orden de desalojo, no de un lugar sino de Milagro Sala, quien en ese momento ya estaba detenida en la Comisaría de la Mujer.

- También es asombrosa la capacidad de trabajo de la fiscal multitasking Liliana Fernández de Montiel, quien podría dar un curso para optimizar el rendimiento: el mismo viernes 15 de enero desde la tarde y hasta las 21.55 (es decir mientras escribía la solicitud de detención contra Milagro, que presentó a las 21.40) tomó tres declaraciones y asistió a nueve denunciantes para abrir una nueva causa contra la dirigente social.

- La razón de tanto apuro y las huellas del burdo procedimiento marcadas en cada foja del expediente están en la Acordada 213 del Superior Tribunal, del 23 de diciembre de 2015: el 15 de enero a medianoche terminaba el turno de feria de Liliana Fernández de Montiel, quien a partir del 16 sería reemplazada por el fiscal Aldo Lozano. Sin embargo, Lozano nunca intervino, sin que en el expediente se explicara por qué, y siguió actuando Fernández de Montiel, quien sólo tiene competencia en el fuero de Menores, por lo que no podía ser parte en esta causa.

- Tampoco surge de las actuaciones por qué el yerno siguió a cargo una vez vencida la licencia de cuatro días del juez Gutiérrez. Fernández de Montiel y Mercau constituyeron la fuerza judicial de tareas del gobernador Morales para escarmentar a los movimientos sociales.

- Este es un modus operandi de la justicia jujeña. En 2011, el juez de feria de San Pedro, Jorge Samman ordenó el desalojo de las familias asentadas pacíficamente en terrenos del ingenio Ledesma, lo cual produjo tres muertes. La ley orgánica del poder judicial de Jujuy define que la competencia de los juzgados de feria es de excepción y sólo para asuntos urgentes, dentro de los cuales no caben los acampes pacíficos de entonces ni el de la Plaza de San Salvador ahora.

- El 29 de enero, se notificó a Milagro el cese de su detención por el acampe, pero no recuperó su libertad. Según la Acordada de feria el juez Mercau debía iniciar su licencia el 1 de febrero “sin excepción de ninguna naturaleza”, para ser reemplazado en el expediente por alguno de los dos restantes jueces de control. Pero con el entusiasmo que la administración esperaba de él, Mercau siguió en funciones para dictar una nueva orden de detención contra Milagro.

- Esta nueva causa se había iniciado el 15 de enero con la presentación espontánea ante la fiscal Fernández de Montiel de nueve personas, que entre las 18.30 y las 21.55 denunciaron hechos ocurridos en 2012, 2013, 2014 y 2015, es decir sin la urgencia requerida para habilitar la feria judicial de enero.

- La acordada 213 fijó además que los asuntos de feria sólo se despachan de lunes a viernes, de 8,30 a 12,30. Ninguno de esos requisitos se cumplió, porque la orden política de perseguir a Milagro Sala no respetó leyes, convenciones, competencias ni formalidades.

- El 14 de enero Morales dijo que se había reunido con los dirigentes de distintas cooperativas a quienes “para llevar tranquilidad” les dijo que a los acampantes se les suspendería la personería y se les impondría una multa de 100 mil pesos. Identificó entre sus interlocutores a los dirigentes de las cooperativas Organización Barrial Mariano Vera (Cristian Chorolque), Fuerza Jujeña (Julia Gutiérrez), Argentina Grande Disidente (Jorge David Lamas), Pan y Trabajo (Américo Celestino Romay) y 8 de Octubre (José Daniel Orellana).

- ¡Oh, casualidad!, al día siguiente los cinco se presentaron ante la superfiscal y denunciaron bajo juramento haber cobrado dinero por obras que no hicieron. Es ostensible la extorsión a la que fueron sometidos. ¿Alguien les avisó que de este modo se autoincriminaban?

- El Fiscal de Estado y el hermano de Gerardo Morales, designado como Presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo jujeño (IVUJ), eligieron para presentar nuevas denuncias a Fernández de Montiel, pese a que según la Acordada 213 su turno había terminado el 15 de enero.

- Estas nuevas denuncias se acumularon a las anteriores, sin fundamento. Una vez más se presentaron fuera del horario de tribunales, como si se tratara de una cuestión urgente, cuando los hechos denunciados ocurrieron un año antes.

- Estas denuncias abarcaron 14 convenios firmados entre el IVUJ y distintas cooperativas y un convenio de tres cooperativas por el Plan Federal “Mejor Vivir II”. La única vinculación con Milagro Sala es que varias de esas cooperativas “tienen domicilio en la propia sede central de la Tupac Amaru”. La identidad de domicilio aún no es un tipo penal.

- La última de esas denuncias es la que ganó abusiva difusión en la televisión oficial: por el convenio del Mejor Vivir, en diciembre los cooperativistas cobraron un anticipo por obras que, en enero no se habrían iniciado.

- Ese fue el único fundamento por el cual la fiscal Fernández de Montiel pidió y el juez Mercau ordenó, ambos el 26 de enero, la detención de Milagro Sala y de tres de los cooperativistas autoincriminados.

- No hay otro cargo contra Milagro Sala que los dichos difusos, sin indicaciones temporales, ni testigos, de aquellos primeros irregulares denunciantes y la sede social compartida con algunas cooperativas denunciadas por la firma de convenios con irregularidades administrativas.

- En todo el expediente no hay una sola prueba de la intervención de Milagro en aquellos hechos, ni elementos que puedan justificar las figuras delictivas elegidas por el gobierno de Morales: defraudación contra la administración pública, extorsión y asociación ilícita.

La sugerencia extorsiva a Milagro, para que se resigne al atropello y se encierre en su casa, es la frutilla sobre este postre de arbitrariedades e ilegalidad.

Callejeros… De Alguna Manera...

Callejeros…

Reconocidos fiscales convocaron ayer desde el frente del edificio de los Tribunales porteños. DyN

El control de la calle ha sido clave para la permanencia de los gobiernos hasta la conclusión de su mandato. Todos los intentos para empujar a Cristina hacia la puerta de salida han fracasado porque a diferencia de Alfonsín, De la Rúa y el ex senador Duhalde, la presidente conserva niveles de adhesión en su propia base social que actúan como estabilizadores contra aquellos embates. Para anularlos, la histeria instalada en el último mes, con fuerte eco internacional, debería complementarse con la movilización de los indignados porteños.

La muerte de Nisman conseguiría así lo que no pudieron la crisis económica y su reflejo social, atenuado por las políticas oficiales. Este es el sentido de la marcha convocada por los fiscales, cuyos líderes son Ricardo Sáenz, Germán Moldes y Raúl Plee. Todos ellos tienen tremendos agravios contra la presidente y la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Cuando asumió su cargo, Gils Carbó recibió la visita de Moldes, el jefe de la célula de Comodoro Py, donde lo comisionó la SIDE pocos días después del atentado a la DAIA. Antes había sido el viceministro del Interior de José Luis Manzano e intervino en el irregular ingreso al país de los traficantes de armas y primos políticos de Menem, Monzer y Ghazan Al-Kassar. Sin alzar nunca la voz, Moldes le informó a la Procuradora: “Recuerde que Gustavo Beliz quiso fusionar el fuero federal con el de instrucción y tuvo que irse a vivir a otro país”.

A Sáenz, Gils Carbó le abrió un expediente disciplinario a raíz de las grabaciones ordenadas por el juez Juan Ramos Padilla sobre el teléfono de un comisario corrupto, en el que se recibieron numerosas llamadas del fiscal, quien le sugirió cómo aliviar su situación, con ayuda de uno de los tantos jueces federales que giran en la órbita de la Secretaría de Inteligencia, Luis Osvaldo Rodríguez, quien cumplió con la protección prometida, de modo que el procedimiento no avanzó. Como fiscal de Cámara, Sáenz tiene acceso al expediente por la muerte de Nisman que instruye Viviana Fein y es la más probable fuente de las filtraciones que abastecen las primicias de Clarín.

El episodio Capitanich muestra, entre otras cosas, que el gobierno vuela a ciegas. Coleccionista de souvenirs del nazismo, Rodríguez instruye la causa abierta por la denuncia de la exposa de Nisman a raíz de la marca en su frente en un ejemplar de la revista Noticias. En la Cámara Federal, Gils Carbó designó otros dos fiscales, que podrían moderar el poder absoluto de Moldes sobre los tribunales federales, pero una cautelar impidió que asumieran. A Plee, lo relevó de la ineficaz Unidad Fiscal para la Investigación del Lavado de Dinero (Ufilavdin), y lo reemplazó por Carlos Gonella, a cargo de la nueva Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que en los primeros meses de actividad solicitó más embargos, secuestró más vehículos, inmuebles y dinero que Plee en años. Esa es también la razón de la ofensiva contra Gonella del juez Claudio Bonadío, cuya prohibición para salir del país ya fue revocada por la Cámara Federal. Moldes y Bonadío formaban parte del mismo grupo político que Manzano, Corach y Anzorreguy.

También es irónico que la marcha de los fiscales callejeros se escude en Nisman: tanto Plee como Moldes obstruyeron la investigación de los encubrimientos en la causa AMIA. En septiembre de 2012, el juez Ariel Lijo sobreseyó a Corach y Carlos Rückauf, a varios funcionarios del juzgado de Galeano y a policías federales y bonaerenses. Memoria Activa apeló, pero el fiscal Patricio Evers consintió esas decisiones. Cuando las víctimas recurrieron a Nisman, el fiscal especial les dijo que no podía hacer nada porque Moldes sostenía el sobreseimiento consentido por Evers. Por supuesto, Evers es otro de los convocantes a tomar las calles, igual que su colega Gerardo Pollicita, quien ahora está a cargo de investigar la denuncia de Nisman contra Cristina. Pollicita es el fiscal que cerró la causa abierta por la denuncia de Gustavo Beliz contra Antonio Stiusso, en una resolución en la que no se privó de llamar irresponsable al ex ministro. Otro vocero de la marcha de los fiscales es Guillermo Marijuan, el candidato de Sergio Massa a la Procuración General.

En una nota dirigida en mayo de 2013 a Gils Carbó, Memoria Activa señaló “como desaprensiva” la actuación de Plee, quien “no hizo nada durante tantos años para acelerar el trámite del expediente”. También reclamó ante la CIDH, porque los secretarios de la fiscalía no estaban presentes en las audiencias por el encubrimiento. Nisman les dijo que no contaban con la autorización de Moldes, a quien Hugo Anzorreguy designó en julio de 1994 fiscal ad hoc para el caso AMIA.

Ya entonces, Moldes instaló la pista iraní sugerida por la CIA y el Mosad y adoptada con entusiasmo por la SIDE. Moldes fue quien mostró ante las cámaras de televisión un fragmento de la supuesta Trafic bomba, cuya existencia está más que en duda. En mayo de 2013, Memoria Activa denunció a Gils Carbó que Nisman, Moldes, Plee y Evers no cumplían con el deber constitucional de promover la acción penal y defender los intereses de la sociedad. En el último aniversario del atentado, el 18 de julio de 2014, Diana Malamud dijo frente a la sede de la Corte Suprema que Nisman “ha demostrado su total incapacidad para investigar en esta causa” y que se desentendió del “encubrimiento porque ahí están procesados sus ex compañeros de trabajo”. En cambio prefirió limitarse a los acusados iraníes que “están a 13.778 kilómetros de distancia”.

En diciembre, cuando Nisman presentó su denuncia contra CFK y Timerman, Memoria Activa repudió “el uso y abuso que se ha hecho de la causa AMIA en estos 20 años, para dirimir cuestiones políticas que nada tienen que ver con la búsqueda de verdad y Justicia” y en forma categórica afirmó: “Al fiscal Nisman, responsable de las investigaciones, no le creemos nada. Hemos pedido en los últimos años, en reiteradas oportunidades, su remoción con claros y rotundos argumentos y nada ha sucedido.

Es público y notorio que ha utilizado los enormes recursos que ha tenido su fiscalía para fines que nada tienen que ver con el esclarecimiento de la masacre de nuestros familiares y amigos. Su presentación del día de ayer ante la justicia claramente refiere a una interna dentro de los servicios de inteligencia, a la que aparentemente le ha dedicado los últimos años”. Luego de la muerte del fiscal la entidad solicitó a la Procuradora que sancionara a Moldes y Plee. Cuando CFK relevó a Juan Félix Marteau como representante argentino ante el GAFI, este especialista en lavado de dinero pasó a colaborar con el Grupo Clarín, al que asesora en las causas que se le abrieron por ese delito. En su estudio trabaja María Celeste Plee, la hija del ex fiscal antilavado. La idea de que todos los problemas se resuelven con el apartamiento y la denuncia de Antonio Horacio Stiuso desdeña esta compleja trama que sólo puede conjurarse con una profunda reforma institucional.

© Escrito por Horacio Verbitsky el domingo 08/02/2015 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ley, no personas... De Alguna Manera...

Ley, no personas...

Desorientado, el Gobierno sigue ensayando cortinas de humo que no logran sus objetivos.

“La muerte de Nisman fue la primera, pero podría no ser la última”. Esta frase, pronunciada el viernes por el fiscal federal Carlos Stornelli a las puertas de los tribunales federales de Comodoro Py, marca el estado de ánimo con el que se convive en ese ámbito en estos días de tragedia republicana. La geografía no es casual: es allí donde se ventilan todas las causas que involucran a los funcionarios públicos. Es decir, es el ámbito de la Justicia donde se investiga al poder. Y como si el trágico fin de Nisman fuese poco, a ello se ha agregado la amenaza de muerte que recibió Claudio Bonadio, el juez federal que investiga el caso Hotesur, que involucra a la Presidenta, a sus hijos y a Lázaro Báez.

La estrategia del Gobierno destinada a enfrentar los efectos negativos causados por la muerte del fiscal pasa por tres ejes principales. Primero, colocarse como víctima. Segundo, continuar con la tarea de desprestigiar la figura de Nisman. Y tercero, llenar la agenda política con los Aló Presidenta que desvíen la atención de la opinión pública hacia otras temáticas menos urticantes para el oficialismo.

Nada de ello ha dado los resultados que el kirchnerismo busca. Por el contrario, a medida que esta estrategia diseñada desde el “Ministerio del Humo” y estimulada por la jefa de Estado se ha desplegado, los errores groseros cometidos por ella y el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, no han hecho otra cosa que complicar al Gobierno y preocupar a muchos de sus funcionarios, que no entienden hacia dónde se va. La repudiable actitud de Capitanich –un hombre de creciente pequeñez que cada mañana hace del ridículo una rutina– en la conferencia de prensa en la que rompió las páginas de Clarín con los artículos de Daniel Santoro, Nicolás Wiñazki y Eduardo van der Kooy demostró no sólo su intolerancia, sino también su absoluta falta de información.

Esto último es la confirmación de la confusión que se vive en el centro del poder. Si nadie le advirtió al Gobierno del hallazgo del borrador escrito por Nisman encontrado en su departamento con la acusación a la Presidenta, ¿qué cabe esperar para otros objetos o datos de más compleja averiguación?

Ante semejante zafarrancho, el proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que impulsa el kirchnerismo no representa más que otra cortina de humo.

Nisman sabía que iban a desplazarlo de su cargo. El fiscal había comentado esta novedad que lo indignaba con varios de sus colegas. El convencimiento sobre la concreción de esta alternativa se había acrecentado cuando vio cómo escalaba el conflicto entre la procuradora general, Agencia Federal de Inteligencia  y el fiscal Guillermo Marijuan, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones para los delitos de la Seguridad Social (Ufises), que culminó con su remoción a fines del año pasado y el nombramiento en su lugar de los fiscales Diego Iglesias, del fuero federal, y Gabriel de Vedia, de la Seguridad Social y miembro de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.

Gils Carbó ha transformado la Procuraduría General de la Nación en un antro de militancia partidaria. Por ello buscó coparle la fiscalía a Viviana Fein, que enfrenta en el final de su carrera judicial el caso más importante de su vida. El tema del comunicado de prensa que negaba la existencia del borrador redactado por Nisman convenció a Fein de que, en adelante, debía estar ella misma a cargo de esa tarea y no delegarla más en el equipo de prensa asignado por la Procuración. De hecho, el último comunicado lleva su firma.

Otro costado de este magnicidio institucional es la guerra que el Gobierno lleva adelante contra los fiscales y los jueces que no le responden. Allí vienen cobrando protagonismo el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, y el presidente de la Asociación de Fiscales, Ricardo Sáenz, quien es el fiscal de Cámara que deberá opinar sobre el caso Nisman cuando éste llegue a la instancia de apelación. La estrategia de Fernández es provocar al fiscal para hacerle “pisar el palito”, a fin de generar una reacción que pueda dar pie a una recusación y/o sanción de Sáenz. Tan intenso es el accionar provocador del secretario general de la Presidencia que entre la 1 y las 5 de la madrugada del viernes le dedicó una andanada de tuits al fiscal, que éste respondió a partir de las 7 de la mañana.

Otra de las claves del caso pasa por las pericias. Ante la ausencia de testigos, la muerte de Nisman sólo puede esclarecerse –¿ocurrirá eso?– a través de ellas. La posición del arma, a dos centímetros del cráneo y detrás de la oreja, es extraña. El rumor creciente por estas horas del supuesto hallazgo de sustancias tóxicas también. A ello hay que agregar la declaración de la persona que limpiaba el departamento que habitaba el fiscal, quien afirmó que, cuando estaba solo, trababa la puerta de servicio por dentro, cosa que sugestivamente no ocurrió el día de su muerte.

Estamos frente a dos causas judiciales emparentadas: una es la muerte del fiscal, sobre la que es muy poco probable que se llegue a saber la verdad. Los agujeros que dejaba su sistema de custodia hacían de Nisman una persona vulnerable. Por otra parte, las desprolijidades de la investigación no hacen más que sembrar nuevas dudas. La otra causa es la del encubrimiento del atentado contra la AMIA que motivó la denuncia del fiscal. ¿Quién o quiénes se harán cargo de ella? ¿Con qué voluntad y con qué ánimo trabajarán? ¿Se animarán a sostener las acusaciones de Nisman contra la Presidenta, el canciller Timerman y Larroque?

La repercusión internacional que tiene la muerte de Nisman da idea de la dimensión del hecho. Cuando el fiscal especial del caso Watergate, Archibald Cox, le ordenó a Richard Nixon entregar las grabaciones de sus conversaciones en la Casa Blanca, Nixon lo echó. Ese episodio, conocido como la “Masacre del Sábado a la Noche”, dio pie a una frase pronunciada por Cox que devino célebre: “Dependerá del Congreso y del pueblo norteamericano que el nuestro siga siendo un gobierno de la ley y no de las personas”. Al igual que Cox, Nisman estaba investigando al poder. Nisman está muerto, y la frase de Cox resume los desafíos de la Argentina del presente y del futuro.

Producción periodística: Guido Baistrocchi con la contribución de Santiago Serra.

© Escrito por Nelson Castro el domingo 08/02/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Peligros... De Alguna Manera...

Peligros... 

Aunque la investigación concluyera de manera terminante que el fiscal Nisman se suicidó, muchos no lo creerían. Es una muerte que se prestará siempre para la especulación y el juego político. La manera en que el fiscal Ricardo Sáenz o su colega Carlos Rívolo usaron este suceso trágico para influir en su interna profesional es apenas una demostración. ¿Qué es más importante: dilucidar esa muerte o utilizarla para saldar cuentas con la procuradora Alejandra Gils Carbó y desgastar la figura presidencial?

La “amenaza” que recibió el polémico juez Claudio Bonadio subraya el sentido que se les quiere dar a estos hechos: “La yegua ya dio la orden de tu muerte”, dice el mensaje, escrito novelescamente con letras de diario recortadas. Este juez es el que lleva una investigación de la empresa Hotesur, de las que una de las propietarias es Cristina Kirchner. Justamente por esa razón, Cristina Kirchner es la más interesada en que no le pase nada. La misma situación se planteaba con Alberto Nisman, que había presentado una denuncia contra ella.

Las dos acusaciones tienen poca consistencia y forman parte de la ofensiva judicial contra el Gobierno en un año electoral. Sobre todo es endeble jurídicamente y sin pruebas la denuncia que presentó el fiscal Nisman. Por esa debilidad de la denuncia, el oficialismo necesitaba que el fiscal se presentara en el Congreso para ponerlo en evidencia. La falta de pruebas es tan obvia que su posición hubiera sido pulverizada en la reunión parlamentaria que se había convocado para el lunes posterior al hallazgo de su cuerpo. Con sus años como fiscal, Nisman tenía que saber el desastre al que se dirigía. El borrador que se encontró es todavía más flojo. Su muerte en esas circunstancias fue la peor noticia para el oficialismo, que ya consideraba que la reunión del lunes sería un paseo. Nadie fue más afectado por la muerte de Nisman en ese contexto que el Gobierno.

La situación es tan extrema y compleja que induce al temor y a una fuerte inquietud, tanto porque se afecta la suerte de la República y sus instituciones como porque en ese cuadro destemplado pesa ahora la vida de una persona. ¿Cualquier fiscal puede deponer a un presidente con una acusación sin sustento? ¿Cualquier fiscal puede intervenir en el proceso electoral ciudadano con acusaciones insustentables que puedan incluir pedidos de allanamientos, de detención o de indagatorias? ¿Puede hacerlo si una buena parte de los funcionarios judiciales que intervendrían respalda esas acusaciones porque está contra de ese gobierno? Los mensajes de odio en Facebook contra Cristina Kirchner, por parte de la jueza Fabiana Palmaghini, producen escalofríos por sus augurios de parcialidad, y son apenas otra muestra de la actitud politizada y tan embanderada de gran parte de los miembros del Poder Judicial, como quedará demostrado también en el acto que se convocó para el próximo jueves. El peligro más grande de la investigación son estas presiones.

Toda la investigación que realizó Nisman del atentado a la AMIA fue alimentada por el director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio “Jaime” Stiuso, quien, a su vez, recibía los aportes de la CIA y el Mossad. Los Servicios de Inteligencia descartaron otras pistas y eligieron la llamada pista iraní. Fue así durante la investigación del juez Juan José Galeano y se mantuvo después con la del fiscal Nisman. Pero hacía varios años que Nisman no aportaba nuevas pruebas. Como sucedió con el ex embajador de Irán en la Argentina, Hadi Soleimanpour, que fue detenido en Londres por Interpol y liberado por falta de pruebas, si otros acusados hubieran sido detenidos, habría sido muy difícil condenarlos con las pruebas que había reunido Nisman. ¿Por qué los Servicios de Inteligencia (SIDE, CIA, Mossad) no aportaron más pruebas a la investigación de Nisman? ¿Por qué lo dejaron solo con su acusación?

La denuncia del memorándum de acuerdo con Irán se produjo cuando el gobierno de Israel se manifestó en su contra. Dos periodistas argentinos dijeron bajo juramento que les habían mostrado una comunicación interna de la Cancillería iraní donde se afirmaba que el gobierno argentino podía dejar de perseguir a los acusados por el atentado a la AMIA a cambio de acuerdos económicos. Nadie más que algún funcionario de la embajada israelí o del Mossad podría haber mostrado un documento de esas características. Ese documento, que estaba escrito en inglés, cuando en Irán se habla el idioma farsi, fue una piedra basal de la denuncia contra el memorándum.

De ese documento, lo único que hay es la palabra de los dos periodistas, uno de los cuales reveló que supo de él por “fuentes oficiosas de la Cancillería de Israel que ni siquiera hubieran podido asegurar que no era falso. Nadie más lo vio. En todo caso, el Mossad nunca se lo facilitó a Nisman. Aunque nada de lo supuestamente acordado se verificó en la realidad, Nisman formuló su denuncia contra la Presidenta y el canciller sobre esa hipótesis. Está comprobado que nada de lo que dice es cierto. Los jefes de Interpol aclararon que el gobierno argentino insistió en que no se levantaran las alertas rojas, está demostrado que el comercio con Irán disminuyó en vez de aumentar y que el famoso petróleo iraní –que según Nisman fue el motivo de esta supuesta traición– no se puede refinar en la Argentina por su alto contenido de azufre.

La razón por la que Nisman creyó más en los Servicios de Inteligencia que en los hechos crudos todavía es una incógnita. Sobre esas patrañas pretendía acciones legales contra una presidenta de la República y un canciller. Pero los Servicios de Inteligencia no le proveyeron de prueba concreta, también lo dejaron solo, más interesados en las repercusiones políticas de la denuncia que en el esclarecimiento de las mismas. Es probable que el fiscal también persiguiera un efecto político, pero sin pruebas quedaba muy expuesto desde el punto de vista legal, y su trabajo como fiscal en las dos investigaciones –AMIA y memorándum– quedaba marcado por el fracaso, como sucedió. Entre las miles de versiones sobre estos sucesos, se habló de que al fiscal le habían prometido dos testigos para apuntalar su denuncia, y que a último momento le avisaron que no los tendría.

Toda la guerra contra el gobierno argentino por el memorándum de acuerdo con Irán partió de los Servicios de Inteligencia, en especial el israelí, que aportó ese famoso documento interno de la Cancillería iraní, nunca presentado en la causa y cuyo contenido se demostró que era falso. Una operación del servicio secreto de un país extranjero pudo movilizar a la oposición interna contra el memorándum. Todas las instancias por las que transitan estos gravísimos hechos –el atentado a la AMIA y la muerte del fiscal que lo investigaba– están conmocionadas a su vez por problemáticas concretas de los que tratan de usarlos en provecho propio: los sectores más conservadores del estamento judicial se resisten a introducir los cambios propuestos por el oficialismo; la corporación mediática se resiste a la desmonopolización que requiere la nueva ley de medios; los Servicios de Inteligencia buscan venganza por los desplazamientos internos y la reorganización que se impulsa desde el Congreso; y la oposición está en un año electoral. Para todos ellos, el Gobierno es el único responsable de todos sus males. No es la mejor combinación para esclarecer ninguno de los hechos investigados.

Los Servicios de Inteligencia y la corporación de medios están tan mezclados con estos hechos, que es inevitable que el acto que se anuncia para el próximo jueves en homenaje al fiscal sea usado políticamente como se hizo con la ceremonia de su entierro. No por la actitud de la familia, que en todo momento trató de preservar el sentido de ese acto en un marco respetuoso, sino por la intervención de grupos de activistas que provocaron los desmanes. Desde el punto de vista granmediático, estos desmanes constituyeron lo más trascendente de la ceremonia. Y a los activistas los pusieron los servicios.

El jueves también estarán los que, al igual que en el entierro, tratarán de usar en provecho propio la muerte del fiscal. Estarán los dirigentes de la oposición como Elisa Carrió, que ya trató de opacar al fiscal Nisman con su propia denuncia contra la Presidenta. A cada quien le interesa su parte del botín sin que les importen mucho los 85 asesinados en la AMIA o el mismo fiscal homenajeado. La demagogia es más visible y ruidosa que la discreción de los que están más preocupados por el esclarecimiento de esas muertes. Son situaciones en las que la política muestra su costado más oscuro, donde la vida de las personas se convierte en meras fichas de un juego de poder que circula por rincones que nunca salen a la luz.

© Escrito por Luis Bruschtein el sábado 07/02/2015 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.