Vergonzoso caso OPV "Offshore Patrol Vessel"... @dealgunamaneraok...

 Vergonzoso caso OPV -Offshore Patrol Vessel-

Buque patrullero A.R.A. Bouchard (P-51) (Ex L´Adroit P -725)

El ingeniero naval Raúl E. Podetti brinda precisiones sobre la compra, por parte de la Armada Argentina, de los patrulleros franceses (Offshore Patrol Vessel), un modelo muy básico, de baja velocidad, mínimo armamento y sin historial de éxito. Adquiridos en 2019, hasta el momento llegaron tres al país, uno usado y dos nuevos.  

© Escrito por el Ingeniero Raúl E. Podetti el martes 21/12/2021 y publicado por el Sitio Revista Puerto de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, República de los Argentinos. 

Con estas palabras y a los gritos, un desencajado y agresivo oficial de marina interrumpió el final de la presentación de mi informe sobre la importación de los patrulleros OPV (Offshore Patrol Vessel) franceses, que la Armada impulsaba como única solución posible y altamente conveniente, en la reunión que se estaba llevando a cabo en la Casa Rosada a fines del 2016.

 

Más tarde, mientras cruzábamos el Patio de las Palmeras, un almirante se me acercó a disculparse en nombre de su colega de armas. Pensando en lo que acababa de ocurrir, le contesté:

 

— “El problema es que ustedes sólo piensan en Ustedes y nadie se preocupa por el resto de la gente”.

 

Dicho lo cual, extrañamente sentí que el ofuscado oficial tenía razón en algo. Yo era Nadie.

 

—Ingeniero Podetti, ¿Cuánto vale un OPV?

 

Con esta pregunta se había iniciado, en octubre de 2016, en Casa Rosada, la reunión del equipo asesor de Presidencia en relación al proyecto de patrulleros OPV. Un mes antes, me habían pedido sumarme a ese equipo para ayudarlos en esos temas navales.

 

Como respuesta, presenté un documento completo con las referencias internacionales del caso, que recopilaba información de unos 400 OPV contratados en los últimos años en todo el mundo. Basado en este estudio, se me pedía estimar el rango del valor de mercado del OPV francés elegido por la Armada.

 

Mi respuesta los sorprendió.

 

— ¿Por qué el OPV francés seleccionado por la Armada cuesta un 60% más que el valor internacional?

 

La información adicional que me suministraron no aportó ninguna explicación para semejante desfasaje; al contrario, el del astillero estatal francés era un modelo de OPV muy básico, de baja velocidad, mínimo armamento y sin historial de éxito; ninguna Armada del mundo lo había querido comprar (ni siquiera la de Francia).

 

— ¿Cómo se explica? —Preguntaron— Ésta fue la decidida recomendación de la Armada, aclarándonos que no había otras alternativas posibles a considerar.

 

—No lo sé. —Les respondí— Pregúntenle a la Armada. Sería interesante que además averigüen por qué no se le pidió cotización a la industria nacional.

 

—No lo entiendo. ¿Acaso estos barcos se pueden construir en el país? —indagó con preocupación el jefe del equipo asesor.

 

—Claro que sí.

 

A la semana estábamos reunidos nuevamente para que les diera mi opinión sobre cómo podría ser el proyecto de construcción nacional de estos barcos.

 

Comencé a contarles brevemente sobre la industria naval argentina, su historia, realizaciones y capacidades actuales. Para poner el tema en contexto regional, presenté las varias experiencias muy exitosas de construcción de sus propios OPV en los astilleros de Chile, Perú, Ecuador, México, Brasil, Colombia y Venezuela.

Uno de los cinco OPV construidos en Chile, por chilenos, en Astillero Asmar. 

También expliqué que en los países de la región con menor capacidad, la mayoría de los barcos se hacen en astilleros estatales, pero que en Brasil y en la Argentina, con industrias navales más desarrolladas, los astilleros privados son mucho más productivos y competitivos que los estatales, sobre todo en las últimas décadas.

 

Aclaré que nuestra industria naval es, en particular, adecuada para el rango de buques medios (en tamaño y complejidad), como son justamente los OPV, embarcaciones “militares”, que no son buques “de guerra”, lo cual es una gran diferencia simplificadora.

 

Convencidos de que podría haber otra alternativa para presentar al Presidente, me preguntaron:

 

—Todo bien ingeniero, pero ¿Cuánto costarían los OPV nacionales?

 

Respondí que, con la intervención de astilleros privados, el costo y plazo de entrega nacional sería muy similar al europeo. Sin embargo, propuse que atendiéramos otras cuestiones, tanto o más importantes que el costo, como son el factor multiplicador de esta industria y su capacidad de ahorrar divisas y de generar desarrollo tecnológico, empleo de calidad e impuestos.

 

Al cuantificar juntos estos impactos sobre la construcción local de los OPV, el equipo asesor reaccionó con gran entusiasmo. Definitivamente, había una buena noticia para elevarle al Presidente. Tratando ahora de avanzar con formas de implementación, la siguiente pregunta fue más concreta.

 

—Raúl, ¿Qué astilleros podrían participar? ¿Dónde se harían? ¿Cómo sería el financiamiento?

 

Mi primera respuesta fue aclarar que, si bien este camino era el mejor, iba a estar lleno de dificultades, algunas reales y muchas inventadas (o exageradas) ya que los fuertes intereses detrás de la importación directa y sobrevaluada tienen amplios recursos para obstaculizar el proceso virtuoso del desarrollo nacional.

 

Les propuse entonces que se llamara a una licitación internacional para construir los OPV en el país, y que cada oferente internacional eligiera libremente los astilleros locales donde hacerlos (hay 14 astilleros privados y 2 estatales). Idealmente el Estado podría ofrecer en alquiler temporal para este proyecto, parte de sus espléndidas y subutilizadas instalaciones en el Astillero Storni (ex Dome García). Así, cumpliendo con las características técnicas estipuladas, los principales grupos navales internacionales competirían por precio, diseño, experiencia, plazo, contenido local, garantías y financiamiento. La mejor de estas ofertas se podría comparar con la propuesta francesa que impulsa la Armada, y así contratar la más conveniente.

 

Con entusiasmo propusieron elevar el planteo al Presidente y organizar una próxima reunión con la Dirección de Material Naval de la Armada, a cargo del proyecto OPV.

 

Luego de un par de semanas, finalmente, se produjo la reunión conjunta en la que me pidieron presentar los casos de construcciones de OPV regionales, las ventajas de la construcción nacional y la propuesta de la licitación internacional.

 

A medida que se iba detallando esta nueva alternativa nacional superadora, algunos oficiales de la Armada comenzaron a incomodarse y a desarrollar una actitud obstruccionista. Los argumentos principales fueron; 

* La construcción nacional es un “sueño”, pero no es viable.

* Nunca hemos estado tan cerca de llegar a los OPV. El camino de la industria nacional sería más difícil, laborioso y largo, por lo que decidimos evitarlo. 

Luego de varios meses de trabajo, hemos elegido al astillero estatal francés que ofrece el mejor diseño y menor precio internacional. 

No vamos a poner en peligro la negociación con Francia para considerar esta nueva alternativa. Ya estamos avanzados con los borradores de contrato con los franceses. 

Sorprendidos ante esta actitud, el equipo asesor de Presidencia me pidió continuar con el informe. Fue entonces que el exaltado oficial naval protagonizó la escena descripta al inicio de estas líneas, que impidió que la reunión prosiguiera.

 

Días después se me informó que el Presidente había ordenado congelar esta negociación con Francia, y avanzar con el proyecto de construcción nacional con apoyo internacional, tanto para estos OPV como para otros barcos necesarios para el país, como ser las dragas que se requerirían para la futura concesión de dragado.

 

Me solicitaron entonces, demostrarle al Presidente que ese camino de construcción nacional con apoyo tecnológico y financiero internacional era realmente posible.

 

Cuatro meses después, el 28 de marzo 2017, en el marco de la visita presidencial a los Países Bajos, en representación de la Federación de la Industria Naval Argentina, firmé un convenio con la industria naval holandesa, encabezada por su mayor astillero, que ofrecía construir los barcos en la Argentina con tecnología holandesa y 100% de financiamiento blando a largo plazo.

 

Al día siguiente, en Rotterdam,  los líderes de la industria naval holandesa le confirmaron personalmente al Presidente su interés en este proyecto junto con el reconocimiento de la calidad, capacidad y competitividad industrial naval privada argentina para ese tipo de barcos.

 

Terminada la reunión, el Presidente me agradeció la gestión. Entonces le dije:

 

—Señor, si salimos al mundo a comprar barcos, competirán por vendernos barcos, como si fuésemos industrialmente subdesarrollados. Pero si confiamos en nuestras capacidades y les dejamos claro que los construiremos nosotros mismos, competirán por vendernos el 50% del valor de los barcos que son los equipos más sofisticados que aún no fabricamos.

 

Unos meses después, me citó el ministro de Defensa por indicación presidencial para pedirme colaboración con la selección de invitados y diseño del pliego de la licitación internacional para la construcción nacional de los OPV.

 

En noviembre de 2017, cuando pido la reunión para presentar la propuesta de pliego al ministro, se desata la crisis por la desaparición del A.R.A. San Juan (S-42), que suspende el interés por todo otro tema en el ámbito de la Armada y Defensa.

 

En el 2018, dado que hacían ya varios meses que no tenía respuesta al pedido de reunión con el ministro, empiezo a desconfiar. Me contacto entonces con un conocido del equipo de asesores presidenciales, quien con vergüenza me cuenta que por los pasillos de Casa de Gobierno, nuevamente desfilaban entusiasmados oficiales navales pero ahora con borradores del contrato para los OPV franceses.

 

Me cuenta que, aprovechando la extrema crisis financiera nacional, esta inconveniente compra naval a Francia habría aparecido como una de las condiciones informales para la aprobación de una línea extra del FMI y además sería condición para liberar el veto de Francia al ingreso de biodiesel argentino a Europa.

 

Finalmente, en 2019 se firmó el escandaloso contrato de los OPV con Francia, de forma ilegal ya que nunca tuvo la aprobación de la Comisión de Industria (que lo hubiese rechazado seguramente), exigida para este tipo de contrataciones por la reciente Ley de Industria Naval.

 

En los meses previos a la firma, en la prensa internacional surgieron una serie de denuncias de sobornos contra el astillero francés elegido por la Armada. Las coimas indicadas superaban los mil millones de dólares y varios casos ya habían sido comprobados por la justicia de los países involucrados. Esto se detalló en el libro Armes de Corrupción Masiva y se mostró en el ranking del Compendian of Armas Trade Corrupción (Tufos Universito), donde el astillero francés ocupaba el máximo lugar en el podio internacional.

 

A esto se agregó el reconocimiento por parte de Odebrecht-Brasil del pago de sobornos a oficiales de marina por parte de su socio, el astillero estatal francés, para asegurarse el negocio de construcción de los submarinos nucleares.

 

Ni la ilegalidad, ni el sobreprecio, ni la marcada inconveniencia, ni los antecedentes de probada corrupción en casos similares fueron suficientes para detener este vergonzoso proceder impulsado por un grupo de oficiales de nuestra Armada.

 

En estos tres años ya ha llegado parte de la flota de estos OPV importados (uno viejo y dos nuevos).

 

Recientemente, un oficial de marina comentó que en estos años, aun no se logró poner los OPV en operación, y agregó que tampoco operaron nunca los aviones Super Étendard comprados en 2018 para la Armada. Este marino reconoció con vergüenza que ambas compras a Francia las realizó el mismo equipo de oficiales de la Dirección de Material Naval de la Armada, y que planean otro escándalo aún mayor. 

Usando el mismo modus operandi, intentan ahora la megacompra de un rompehielos en el exterior, simulando que se construirá en el país, desoyendo alternativas superadoras e ignorando la opinión de expertos navales y antárticos nacionales que intentan, en vano, expresar sus fundadas dudas sobre semejante despropósito polar.

 

El “Caso OPV” debe enseñarnos que los intereses de un pequeño grupo de oficiales de la Armada no pueden estar por encima del de los argentinos. Es la misma Marina quien debe encargarse de la depuración necesaria, evitando que estos pequeños grupos mantengan posiciones de poder e influencia aun ya retirados de la Armada, refugiados en otras áreas de Defensa o astilleros estatales.

 

Necesitamos una Armada alineada con los intereses de los argentinos como la que dio el impulso inicial a una vigorosa industria naval argentina en el siglo pasado, entre tantas otras demostraciones de su glorioso desempeño patriótico.

 

Notas del autor: 

Mayores detalles del Caso OPV y otros casos similares se desarrollan en el libro “Industria Naval Argentina, 100 Años (1937-2036)”, disponible en industrianaval.com.ar 

Estas líneas son un adelanto del próximo libro “L’Affaire Argentine” que, basado en una rigurosa investigación naval, tiene formato de novela ficción, por lo cual, en estas líneas, toda semejanza con la realidad es mera coincidencia.

Corrupción pública y privada. Nunca Más... @dealgunamanera...

Corrupción pública y privada… Nunca Más

Sin destino. El Presidente recibió a los conductores de Vicentin para intentar arreglar algo que parece de muy difícil arreglo. Fotografía: Presidencia

No es necesario pensar que el capitalismo es siempre un irredimible sistema corrupto, porque tal evaluación pasaría por alto su funcionamiento en naciones como Alemania, donde en 2012 el presidente Christian Wulff tuvo que renunciar bajo la acusación de tráfico de influencias. En algunos países, las transgresiones se pagan y los castigos se cumplen.

© Escrito el domingo 21/06/2020 por Beatriz Sarlo y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.

Un pesimista o un escéptico podría sonreír al leer lo que arriba queda escrito. Y dirá: acá existe Vicentin, y su historia de favores recibidos durante diferentes gobiernos prueba que el empresariado y el Estado establecieron alianzas financieras más allá de todas las normas. De acuerdo. La historia de Vicentin fue publicada, entre otros medios, por un matutino al que difícilmente puede acusársele de izquierdismo.

Del lado de los políticos, las cosas no son más santas que del costado empresarial. La ex presidenta y hoy vicepresidenta Cristina Kirchner fue y seguirá siendo objeto de sospechas fundadas que pueden avalar un juicio y posible condena, si su amigo Alberto no interviene con alguna maniobra de esas que conocen los abogados penalistas.

¿Por qué usar a Cristina Kirchner como caso ejemplar, si hay tantos otros? Porque es una política de primera línea, que aspira a seguir ejerciendo su imperio sobre el Presidente a través de la troupe de secretarios, ministros y representantes que consideran más conveniente seguirla a ella que a Alberto Fernández. Porque sería un milagro y el comienzo de algo nuevo.

Juicio y castigo. Somos como somos y, sin una respuesta ejemplar, persistiremos. En 1986, el Juicio a las Juntas Militares y las condenas impartidas por el tribunal sobre los actos de sus integrantes, la cárcel que siguió a esas condenas, el repudio y el desprecio que merecieron los culpables trazaron una línea. El título del famoso informe sobre muertos y desaparecidos fue una orden: Nunca Más.

Del Juicio a las Juntas parece imposible volver hacia atrás. No hay retroceso salvo que se quiera negar la barbarie que el juicio demostró con testigos y pruebas. Los que no sabían o no se quisieron enterar durante la dictadura ya no tuvieron la escapatoria de declarar, con mirada ingenua como disfraz del cinismo, que no se sabía nada. Todo el juicio fue un revelador que actuó sobre una película que parecía velada para siempre. Mostró las caras, los lugares, los instrumentos de tortura, las fosas donde se tiraban restos humanos.

Como sí se hizo con el terrorismo de Estado, parece imposible un juicio que castigue a políticos y empresarios

En Argentina todavía no tenemos un Nunca Más de la corrupción. Y hoy parece una ilusión que algo así podría producirse. No existe un político que comprometa su nombre, su honor, su palabra, su futuro, y convenza a su propio partido de que, caiga quien caiga en ese juicio, se lo llevará adelante. No existe un Raúl Alfonsín, que le ganó las elecciones al justicialismo porque tenía fuerza moral, convicción y coraje.

Por el camino que vamos, será difícil que lleguemos a tener un político de esa cepa. La democracia que ganamos en 1983 nos acostumbró a sus virtudes y a sus defectos. Entre sus virtudes figura la justicia. Pero el trapicheo es uno de los defectos de nuestra democracia actual, que llega incluso a anular sus virtudes.

Nombres como el de Padoan, zar de Vicentin, en los cuadernos de las coimas que recopiló un chofer obsesivo, se encuentran en noticias que, si la Argentina no fuera un país acostumbrado a la corrupción, serían excepcionales. Pero no lo son. Con el mismo semblante austero que conocemos por las fotos de prensa, Javier González Fraga firmó créditos en serie para Vicentin, en una secuencia diaria que despierta todas las sospechas.

El Banco Nación fue dispendioso con esa empresa, sin pensar quiénes iban a terminar pagando la cuenta. La pagarán los argentinos, que no participaron ni en las sumas millonarias que se han fugado a paraísos fiscales, ni en el bienestar del que seguramente disfrutan los dueños y testaferros de Vicentin.

Sin un juicio a la corrupción, como hubo un juicio al terrorismo de Estado, este camino de barro seguirá siendo una pista asfaltada para los que formen parte de un grupo que, en nombre de los sueldos que pagan o del comercio exterior que dinamizan, obtienen los beneficios que son esquivos, si no imposibles, para el dueño de una empresa pequeña o mediana. Se podrá decir que el capitalismo es así en todas partes.

Pero no lo es. Los bancos públicos no reparten créditos sin las garantías debidas. Los gerentes que hicieran ese reparto saben que no solo eventualmente perderán su puesto sino que podrán terminar en la Justicia. Los políticos no están comprometidos en esas maniobras. El actual funcionario del Banco Nación, Claudio Lozano, afirmó que Vicentin recibió un trato privilegiado, y superó todos los límites de endeudamiento. Si Vicentin es un caso testigo, ¿habrá llegado el momento de cambiar las cosas?

Investigar la trama del delito. Estado y empresarios firmaron una alianza que les resulta provechosa a los que pueden ser aceptados en ella como participantes de los beneficios, si antes han colaborado en la estafa.

Imagino la indignación de un empresario que necesita créditos y, para conseguirlos, sube una cuesta empinada si no tiene los contactos, los amigos, la capacidad de suspender juicios morales, el temple para dialogar con delincuentes. Seis meses antes de entrar en cesación de pagos, según informa la agencia Télam, el Banco Nación le prestó a Vicentin 6 millones de dólares. Cualquier suspicaz se preguntará la razón que llevó a González Fraga a autorizarlo.

La responsabilidad es tanto de los que manejaron Vicentin, como de los directivos del Banco Nación

La trama debe ser investigada. ¿Qué tenía, prometía o repartía Vicentin para lograr esos préstamos diarios? Afirmar que se realizaban para que siguiera pagando 4 mil salarios despierta todas las sospechas sobre el modo en que el argumento salarial es usado en beneficio de los empleadores. Hay depositadas decenas de miles de salarios no en el bolsillo de los trabajadores, sino en los paraísos fiscales. Estados Unidos ya comenzó una investigación. Un juez de Nueva York, en respuesta a la solicitud de los acreedores bancarios de Vicentin, examinará el destino de las transferencias de fondos realizadas por la empresa en los últimos tres años. Son varios cientos de millones de dólares que descansan en paraísos fiscales. Que dios ilumine al juez, porque es difícil que esas cosas podamos llegar a saberlas por el accionar de los magistrados argentinos.

La ausencia de responsabilidad moral es el límite que han traspasado estos manejos corruptos del capitalismo. Un caso como el de Vicentin obliga a juzgar duramente la ética pública de los sujetos intervinientes y de quienes sabían y callaron. Como dice el sentido común: la fiesta de Vicentin la pagamos todos.  

Hasta que no se destruya la trama corrupta del capitalismo local, como se destruyó la de las Juntas Militares, no habrá Nunca Más de la corrupción. Alguien tiene que ir preso.

El fiscal Pollicita ha pedido hace meses que se investigue a González Fraga. Los ingenuos suponían que su seriedad y sus modales distinguidos no podían sino trasmitir virtudes patricias. Se equivocaron.

Es la economía, estúpido… @dealgunamanera...

Es la economía, estúpido… 

Gráfico: Centro de Entrenamiento Ontológico y Profesional

El tema volvió largamente al tope de las preocupaciones. “Un viejo desafío ha regresado –sostiene Roberto Bacman– otra vez la maldita economía”. Es que si se mira la tabla de preocupaciones de los argentinos, la economía volvió a trepar, lejos, al primer puesto. Nada menos que el 71,3 por ciento de los encuestados afirma que es su principal preocupación.

© Publicado el domingo 31/12/2017 por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Desde mediados de diciembre se fue reinstalando como el gran problema de los argentinos –redondea el titular del CEOP–, con un crecimiento impactante mes tras mes. Y al menos, a la luz de estos resultados parece imparable. No debe sorprender a nadie que algo más de siete de cada diez argentinos terminan el año preocupados por la economía. 

Una mirada más profunda nos permite detectar que específicamente lo que más los desvela son tres factores: una percepción importante apunta a concluir que lo que se gana no alcanza para llegar a fin de mes, la inflación (otra vez la tan temida inflación) con fuerte tendencia al crecimiento y además una sensación de que la marcha de economía posee un rumbo impredecible. En síntesis, se han encendido todas las luces de alerta con respecto a la economía”.

Si se mira la tabla de preocupaciones, hoy la inseguridad está más de 30 puntos por debajo de la economía, cuando en épocas del kirchnerismo solía estar 20 puntos por arriba. Lo llamativo es que los índices delictivos no parecen haber cambiado para mejor, sino más bien lo contrario. Según los datos oficiales de la procuración bonaerense el delito subió cuatro por ciento en 2016.

Aún así, la economía está en el centro de la escena, sobre todo en base a lo señalado por Bacman, las dificultades para llegar a fin de mes. El brutal aumento en las tarifas y los aumentos de sueldos por debajo de la inflación son los ingredientes fundamentales. Pero, además, los jubilados (parte sustantiva en cualquier encuesta) terminan el año con gravísimas preocupaciones económicas, no sólo por el recorte que se avecina, sino por los aumentos desproporcionados en los medicamentos y la reducción en las prestaciones del PAMI. En ese marco, no es casualidad que la economía se haya disparado como principal problema.