Dólar, soja y fuga… @dealgunamanera...

 Dólar, soja y fuga… 

 Fotografía: Pablo Anelli

Informe especial: Cómo opera el circuito del contrabando y la simulación de importaciones de la oleaginosa. En 2020 la Argentina perdió 1.900 millones de dólares por el rulo de importar soja para su procesamiento y exportación. Doscientos camiones semanales, sin embargo, llevan previamente los granos desde la Argentina a Paraguay y a Brasil para su reingreso posterior. Las sospechas de la UIF. Por qué no se sostienen los argumentos de productores y exportadores del complejo sojero sobre una maniobra que les reditúa fortunas y al país le provoca una sangría de divisas.  

© Escrito por Rubén Manasés Achdjian (*) y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

“En casa de herrero, cuchillo de palo” es un viejo refrán que alude a la paradoja de un bien que debería abundar en cierto lugar y que, muy por el contrario, escasea. Tal parece ser el caso de la economía argentina, considerada como la tercera productora mundial de porotos de soja pero que aun así debe importar desde terceros países esos mismos porotos que sus tierras producen en abundancia.  

Si esta paradoja ocurriera en nuestra economía solo de manera excepcional -por ejemplo, ante una disminución coyuntural de la producción agrícola por causas estacionales o por emergencias climáticas- o en contextos donde la existencia de importantes stocks de divisas disipara cualquier expectativa devaluatoria, no habría mayor motivo de preocupación. Sin embargo, la economía argentina no transita por ninguna de estas dos situaciones.  

Por el momento, el gobierno logró superar con éxito la tormenta cambiaria que se desató hacia fines de octubre cuando el dólar ilegal, el CCL y MEP iniciaron una escalada que parecía no tener techo. En esos días, los habituales voceros del establishment vaticinaban una inminente y brutal devaluación que, por otra parte, asumían como inevitable. Finalmente, ello felizmente no ocurrió y hoy la situación del mercado de divisas pareciera estar controlada.  

Claro que la estrategia de intervención para tranquilizar al mercado cambiario no fue gratuita y tuvo su trade off: el precio de esta tranquilidad se pagó con reservas del BCRA que, como ya todos sabemos, son escasas. El stock bruto de reservas al cierre de diciembre (39.216 millones de dólares) mostró que, durante la última turbulencia, el Central debió desprenderse de poco más de 2.100 millones en divisas para lograr que volviera cierta calma al mercado.  

Por su parte, el último balance cambiario publicado por la entidad señalaba que, al cierre de noviembre, se registró un nuevo déficit de 753 millones de dólares y que, a esa altura del año, la economía acumuló un “rojo” de 5.795 millones, lo que pone en relieve la clásica evidencia de que la economía argentina consume muchos más dólares que los que logra producir.  

La magnitud de déficit no es grave en sí -hablamos de un punto del PBI- sino que la gravedad que hoy representa se debe al contexto económico en el que tiene lugar. Por ejemplo, durante la gestión del macrismo en el Banco Central (2016-2019) se registró en el balance cambiario un déficit acumulado en cuatro años de 57.983 millones de dólares, a un ritmo promedio de casi 14.500 millones por año que fue cubierto a través de un gigantesco endeudamiento, de mayores liquidaciones de agrodólares y del ingreso masivo de capitales especulativos. Hoy, el actual directorio debe enfrentar una situación menos relevante en términos cuantitativos pero seriamente agravada por el hecho de no poder contar con ninguna de las alternativas mencionadas.  

La soja es hoy el “cuchillo de palo” del sector externo. Según datos del Indec, entre febrero y noviembre de 2020 se importaron poco más de 5 millones de toneladas de porotos de soja por un valor total de 1.900 millones de dólares, una cifra que tampoco sería relevante si no fuera por el contexto crítico que atraviesan las posiciones cambiarias. 

El 92 por ciento de la oleaginosa sin procesar proviene de Paraguay, el resto de Brasil y, en muy menor medida, de Uruguay. ¿Cuál es la razón que justificaría que Argentina les compre porotos de soja a los países vecinos cuando es capaz de producir 50 millones de toneladas al año? Los productores y exportadores del complejo sojero suelen recurrir a los siguientes argumentos.  

En primer lugar, destacan la necesidad del sector aceitero de cumplir en tiempo con sus compromisos de producción. Esto lo lleva a aprovisionarse en otros mercados de suficiente materia prima que ingresa al país en calidad de importaciones temporarias para, luego, procesarlo y exportarlo al mundo bajo la forma de aceite, harinas y pellets. Hasta aquí la respuesta parece más que atendible, si no fuera por algunas otras evidencias que la tornan inconsistente.  

Entre febrero y noviembre, mientras el sector aceitero importaba un promedio mensual de poco más de medio millón de toneladas de soja sin procesar, no se registraban faltantes que justificaran estas compras. Tampoco se interrumpió la exportación, lo que hubiese sido aconsejable para abastecer a la industria local en vez de importar.  

El ejemplo más claro para graficar esta situación tuvo lugar en agosto pasado: mientras los productores informaban la existencia de un stock de 14 millones de toneladas de porotos de soja, las aceiteras importaron 471.400 toneladas. Los agroexportadores, por su parte, declaraban ese mismo mes ventas al exterior por 250.150 toneladas que, de haber permanecido en el mercado local, hubiesen servido para absorber más de la mitad de los suministros externos demandados por las aceiteras. 

Estas operaciones cruzadas y aparentemente descoordinadas tienen, por cierto, nombre y apellido. En agosto, más de la mitad de las exportaciones de soja a granel (132.000 toneladas) fue realizada por la cerealera santafesina Díaz y Forti SA, firma que también exportó en el mismo mes 25.000 toneladas de aceite de soja. Recordemos al lector que hace un mes el BCRA suspendió las operaciones de cambio de Díaz y Forti SA, una módica empresa que creció exponencialmente gracias a vínculos bastante opacos -hoy minuciosamente investigados- con la intervenida aceitera Vicentin.  

Otra razón aducida por el complejo aceitero en favor de la importación es que la soja sin procesar de origen paraguayo posee un mayor contenido en proteínas que la que se cosecha en Argentina. Ello permite un proceso más eficiente de la molienda del poroto y, por ende, una mejor colocación del producto final en los mercados internacionales. Este problema planteado como una falta de aptitud de la naturaleza parecería no tener solución. 

Sin embargo, un estudio producido por Martha Cuniberti y Rosana Herrero, investigadoras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) muestra que, entre 1997 y 2018, la soja cultivada en la Zona Núcleo (conformada por los principales departamentos agrícolas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) perdió 5 puntos porcentuales de valor proteico y que esta pérdida podría haber sido corregida con una adecuada rotación de cultivos y combinando, durante el proceso de industrialización, cantidades adecuadas de soja de 1ª (que tiene mayor contenido de aceite) con soja de 2ª (con mayor contenido proteico). “Estas pérdidas -señala este interesante estudio que el sector sojero parece haber ignorado- se trasladan al productor que recibe un precio menor, a la industria que disminuye su capacidad de molienda y al país por disminución de las primas de harina argentina implicando una caída importante en los ingresos por exportación, como primer exportador mundial de harinas proteicas”. De modo que no se trataría, entonces, de la falta de una aptitud natural de nuestros suelos ya que, luego de leer el informe, queda bien claro que “lo que natura non da, el INTA sí presta”.  

Una tercera respuesta al fenómeno de la importación de soja es la que el propio sector evita comentar. Recientemente, las autoridades policiales y tributarias misioneras detuvieron y decomisaron en la localidad de San Vicente una decena de camiones cargados con soja (aproximadamente 250 toneladas) que se dirigían a Colonia Alicia, en la frontera con Brasil. La fuga de soja argentina desde Misiones al Paraguay y Brasil para eludir el pago de derechos de exportación es una modalidad recurrente del contrabando y, según algunas fuentes, moviliza cerca de 200 camiones semanales que se desplazan desde Chaco, Santa Fe e, incluso, de Buenos Aires hacia la frontera noreste.  

En torno a este problema, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, señaló que “cuando los granos no se liquidan oportunamente, no es sólo que quedan en el silo, sino que son objeto de contrabando”. Precisamente, parte de la soja que se fuga por la canaleta del contrabando es la misma que vuelve a ingresar al país bajo la modalidad de importación temporaria para ser procesada en las plantas de molienda locales.  

Es importante recordar, además, que el régimen de importación temporaria permite que el industrial aceitero pueda deducir el valor de la importación de la materia prima de la base imponible sobre la que se aplican los derechos de exportación que debe pagarle al fisco argentino, de modo tal que solo debe abonar el gravamen por el valor agregado del procesamiento industrial. Ahora bien: ¿qué sucede en términos tributarios si una empresa lograra pasar de contrabando soja a granel a través de alguna de nuestras fronteras con destino a una filial o empresa asociada, por ejemplo, en Brasil o Paraguay para, luego, importar legalmente esa misma soja, en carácter temporario, para producir aceite, venderlo al exterior y pagar derechos de exportación solo por la diferencia de precios existentes entre el aceite y la materia prima? La respuesta es bien sencilla. Tan sencilla, que obliga a mencionarla en voz baja.  

En muchos meses consecutivos de esta larga pandemia y sus consecuencias más evidentes (retracción económica, caída de reservas y restricción cambiaria), las miradas del gobierno y de los principales medios estuvieron puestas en el goteo incesante de reservas para satisfacer el deseo de atesoramiento de los pequeños ahorristas, habilitados a comprar de a 200 dólares por mes con el fin de preservar sus ingresos o para obtener una pequeña renta diferencial haciéndolos puré en el mercado ilegal. No intento minimizar este fenómeno sino señalar apenas que, mientras esto ocurría, también sucedían estas otras fugas más relevantes y sofisticadas, sin duda. Fugas sobre las que se habla muy poco y distorsionadas con operaciones mediáticas e infundadas denuncias sobre un supuesto avance del gobierno sobre la propiedad privada. 

Una decidida estrategia de intervención pública en el mercado de granos, que no se agote en su aspecto exclusivamente cambiario y que se proponga coordinar la demanda y la oferta, evitando faltantes para el proceso industrial y, al mismo tiempo, combatiendo el contrabando y otras operaciones más complejas de evasión o elusión impositiva, aconsejan a todas luces que la cuestión un lugar de primer orden en la agenda pública. Sin estridencias ni anuncios oficiales que luego deben ser retrotraídos.  

En nuestra economía el complejo agroexportador en general -y el complejo sojero en particular- es, tradicionalmente, el principal generador de divisas. Es razonable pensar entonces que el control, la regulación y la transparencia en todas estas actividades merecen una acción coordinada y efectiva de numerosas agencias gubernamentales, y no solo de la cartera económica o del Banco Central de manera aislada.  

Por lo pronto, el esfuerzo público por frenar el drenaje de más de 1.900 millones de dólares anuales que van a parar a otras economías en vez de reinvertirse en el país bien vale la pena.  

(*) Politólogo (UBA). Director de la consultora Tramas & Tendencias.  

CLAVES: contrabando dólares 

* El 92 por ciento de la soja sin procesar proviene de Paraguay, el resto de Brasil y, en muy menor medida, de Uruguay. 

*  La fuga de soja para eludir el pago de derechos de exportación es una modalidad recurrente del contrabando. 

* En agosto, más de la mitad de las exportaciones de soja a granel fue realizada por la santafesina Díaz y Forti SA, vinculada a la intervenida Vicentin. 

* El control, la regulación y la transparencia del complejo sojero merece una acción coordinada de las agencias gubernamentales.

Corrupción pública y privada. Nunca Más... @dealgunamanera...

Corrupción pública y privada… Nunca Más

Sin destino. El Presidente recibió a los conductores de Vicentin para intentar arreglar algo que parece de muy difícil arreglo. Fotografía: Presidencia

No es necesario pensar que el capitalismo es siempre un irredimible sistema corrupto, porque tal evaluación pasaría por alto su funcionamiento en naciones como Alemania, donde en 2012 el presidente Christian Wulff tuvo que renunciar bajo la acusación de tráfico de influencias. En algunos países, las transgresiones se pagan y los castigos se cumplen.

© Escrito el domingo 21/06/2020 por Beatriz Sarlo y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos.

Un pesimista o un escéptico podría sonreír al leer lo que arriba queda escrito. Y dirá: acá existe Vicentin, y su historia de favores recibidos durante diferentes gobiernos prueba que el empresariado y el Estado establecieron alianzas financieras más allá de todas las normas. De acuerdo. La historia de Vicentin fue publicada, entre otros medios, por un matutino al que difícilmente puede acusársele de izquierdismo.

Del lado de los políticos, las cosas no son más santas que del costado empresarial. La ex presidenta y hoy vicepresidenta Cristina Kirchner fue y seguirá siendo objeto de sospechas fundadas que pueden avalar un juicio y posible condena, si su amigo Alberto no interviene con alguna maniobra de esas que conocen los abogados penalistas.

¿Por qué usar a Cristina Kirchner como caso ejemplar, si hay tantos otros? Porque es una política de primera línea, que aspira a seguir ejerciendo su imperio sobre el Presidente a través de la troupe de secretarios, ministros y representantes que consideran más conveniente seguirla a ella que a Alberto Fernández. Porque sería un milagro y el comienzo de algo nuevo.

Juicio y castigo. Somos como somos y, sin una respuesta ejemplar, persistiremos. En 1986, el Juicio a las Juntas Militares y las condenas impartidas por el tribunal sobre los actos de sus integrantes, la cárcel que siguió a esas condenas, el repudio y el desprecio que merecieron los culpables trazaron una línea. El título del famoso informe sobre muertos y desaparecidos fue una orden: Nunca Más.

Del Juicio a las Juntas parece imposible volver hacia atrás. No hay retroceso salvo que se quiera negar la barbarie que el juicio demostró con testigos y pruebas. Los que no sabían o no se quisieron enterar durante la dictadura ya no tuvieron la escapatoria de declarar, con mirada ingenua como disfraz del cinismo, que no se sabía nada. Todo el juicio fue un revelador que actuó sobre una película que parecía velada para siempre. Mostró las caras, los lugares, los instrumentos de tortura, las fosas donde se tiraban restos humanos.

Como sí se hizo con el terrorismo de Estado, parece imposible un juicio que castigue a políticos y empresarios

En Argentina todavía no tenemos un Nunca Más de la corrupción. Y hoy parece una ilusión que algo así podría producirse. No existe un político que comprometa su nombre, su honor, su palabra, su futuro, y convenza a su propio partido de que, caiga quien caiga en ese juicio, se lo llevará adelante. No existe un Raúl Alfonsín, que le ganó las elecciones al justicialismo porque tenía fuerza moral, convicción y coraje.

Por el camino que vamos, será difícil que lleguemos a tener un político de esa cepa. La democracia que ganamos en 1983 nos acostumbró a sus virtudes y a sus defectos. Entre sus virtudes figura la justicia. Pero el trapicheo es uno de los defectos de nuestra democracia actual, que llega incluso a anular sus virtudes.

Nombres como el de Padoan, zar de Vicentin, en los cuadernos de las coimas que recopiló un chofer obsesivo, se encuentran en noticias que, si la Argentina no fuera un país acostumbrado a la corrupción, serían excepcionales. Pero no lo son. Con el mismo semblante austero que conocemos por las fotos de prensa, Javier González Fraga firmó créditos en serie para Vicentin, en una secuencia diaria que despierta todas las sospechas.

El Banco Nación fue dispendioso con esa empresa, sin pensar quiénes iban a terminar pagando la cuenta. La pagarán los argentinos, que no participaron ni en las sumas millonarias que se han fugado a paraísos fiscales, ni en el bienestar del que seguramente disfrutan los dueños y testaferros de Vicentin.

Sin un juicio a la corrupción, como hubo un juicio al terrorismo de Estado, este camino de barro seguirá siendo una pista asfaltada para los que formen parte de un grupo que, en nombre de los sueldos que pagan o del comercio exterior que dinamizan, obtienen los beneficios que son esquivos, si no imposibles, para el dueño de una empresa pequeña o mediana. Se podrá decir que el capitalismo es así en todas partes.

Pero no lo es. Los bancos públicos no reparten créditos sin las garantías debidas. Los gerentes que hicieran ese reparto saben que no solo eventualmente perderán su puesto sino que podrán terminar en la Justicia. Los políticos no están comprometidos en esas maniobras. El actual funcionario del Banco Nación, Claudio Lozano, afirmó que Vicentin recibió un trato privilegiado, y superó todos los límites de endeudamiento. Si Vicentin es un caso testigo, ¿habrá llegado el momento de cambiar las cosas?

Investigar la trama del delito. Estado y empresarios firmaron una alianza que les resulta provechosa a los que pueden ser aceptados en ella como participantes de los beneficios, si antes han colaborado en la estafa.

Imagino la indignación de un empresario que necesita créditos y, para conseguirlos, sube una cuesta empinada si no tiene los contactos, los amigos, la capacidad de suspender juicios morales, el temple para dialogar con delincuentes. Seis meses antes de entrar en cesación de pagos, según informa la agencia Télam, el Banco Nación le prestó a Vicentin 6 millones de dólares. Cualquier suspicaz se preguntará la razón que llevó a González Fraga a autorizarlo.

La responsabilidad es tanto de los que manejaron Vicentin, como de los directivos del Banco Nación

La trama debe ser investigada. ¿Qué tenía, prometía o repartía Vicentin para lograr esos préstamos diarios? Afirmar que se realizaban para que siguiera pagando 4 mil salarios despierta todas las sospechas sobre el modo en que el argumento salarial es usado en beneficio de los empleadores. Hay depositadas decenas de miles de salarios no en el bolsillo de los trabajadores, sino en los paraísos fiscales. Estados Unidos ya comenzó una investigación. Un juez de Nueva York, en respuesta a la solicitud de los acreedores bancarios de Vicentin, examinará el destino de las transferencias de fondos realizadas por la empresa en los últimos tres años. Son varios cientos de millones de dólares que descansan en paraísos fiscales. Que dios ilumine al juez, porque es difícil que esas cosas podamos llegar a saberlas por el accionar de los magistrados argentinos.

La ausencia de responsabilidad moral es el límite que han traspasado estos manejos corruptos del capitalismo. Un caso como el de Vicentin obliga a juzgar duramente la ética pública de los sujetos intervinientes y de quienes sabían y callaron. Como dice el sentido común: la fiesta de Vicentin la pagamos todos.  

Hasta que no se destruya la trama corrupta del capitalismo local, como se destruyó la de las Juntas Militares, no habrá Nunca Más de la corrupción. Alguien tiene que ir preso.

El fiscal Pollicita ha pedido hace meses que se investigue a González Fraga. Los ingenuos suponían que su seriedad y sus modales distinguidos no podían sino trasmitir virtudes patricias. Se equivocaron.