El antídoto…
CUENTA. De la Policía de Córdoba en Twitter
(Captura de la cuenta).
La inclusión social y el control político de las fuerzas
de seguridad son el antídoto prescripto por el gobierno nacional para la
descomposición de las policías provinciales. El Estado Nacional está limitado
por las autonomías provinciales, pero aun así tiene un amplio campo de
actuación para confrontar con el modelo vertical y jerárquico y el modo de
relación con la sociedad, como fuerzas de ocupación. El rol de la Justicia para
desbaratar las redes de ilegalidad con participación policial.
Inclusión
social y control político de las fuerzas de seguridad para incorporarlas a los
procesos democráticos en cada una de las jurisdicciones, como ya se hizo con
las Fuerzas Armadas. Ese fue el antídoto contra la extorsión policial que la
presidente CFK prescribió en su discurso del 10 de diciembre. Pero mientras las
Fuerzas Armadas y las intermedias, como la Gendarmería y la Prefectura, son
estructuras nacionales, las policías están en la jurisdicción de cada
provincia. Una cultura institucional anquilosada se amalgama con el mensaje
represivo y autoritario con que los sectores beneficiarios del statu quo
económico y social responden a la preocupación por la denominada inseguridad.
El
gobierno nacional detecta la raíz del problema, pero cuando habla del control
civil sólo percibe a la justicia como un estorbo para la conducción política de
las fuerzas. Esta no es una contradicción menor. Que una de las provincias
castigadas por la sedición y la muerte haya sido el Chaco (donde el flamante
jefe de gabinete, Jorge Capitanich, había comenzado la reforma de su policía y puesto
en marcha el mecanismo local que contempla la Convención contra la Tortura de
las Naciones Unidas) también manifiesta la magnitud de las resistencias que el
cambio provoca. Una de las víctimas fue el subcomisario Christian Vera, de 36
años. Su familia tenía una íntima relación de amistad con Capitanich, quien
pocos días antes había asistido al velorio de la madre del oficial. Vera no se
plegó a sus colegas acuartelados e intentó contener un saqueo. Vestía su
chaleco antibalas, pero el proyectil ingresó por la ingle y lo mató. ¿Fue por
casualidad, o el disparo partió de otro profesional que conocía dónde termina
la protección del chaleco?
Otra
pregunta, que escuché con insistencia en Córdoba, ¿cómo pudo haber sólo un
muerto si durante toda la noche se escucharon disparos en forma incesante? En
cualquier caso, es imposible exagerar la gravedad de los hechos degradantes
sucedidos, que tendrán consecuencias económicas y sociales, al adelantar las
negociaciones paritarias previstas para el año próximo en las que todos los
trabajadores de la órbita del Estado Nacional, las provincias y los municipios
reclamarán con estricta justicia igual trato. También afectarán el vínculo
entre la Nación y las provincias, que no pueden hacer frente a los compromisos
arrancados a sus gobernadores. Los alzamientos carapintada, la hiperinflación y
los saqueos, la crisis de fin de siglo con todo lo que implicó (descomposición
institucional, feroz transferencia de ingresos, surgimiento de nuevas formas de
organización social, asesinato de militantes populares), son los otros picos de
crisis que dejaron huellas y cuya sombra ominosa sólo pudo disiparse con
profundas transformaciones. Este cuadro impone una respuesta lúcida y eficiente
de las autoridades, para encarar de una buena vez y a fondo las reformas
policiales que se han venido posponiendo durante décadas.
Los pactos rotos
Llegué
a Córdoba cuando recién concluía la noche del terror, para participar en un
homenaje a María Elba Martínez, la abogada defensora de los derechos humanos
que murió en agosto. Ella fue la principal impulsora de la causa Menéndez, pero
también comprendió que la estructura represiva de entonces se continuaba en
dispositivos, métodos y personas, que el sistema político debía purgar y
subordinar. María Elba me habló por primera vez del Tucán Grande y del Tucán
chico, los hermanos represores Carlos y Raúl Yanicelli, a quienes el gobierno
radical respaldó al frente de las direcciones de Inteligencia y de Drogas
Peligrosas. El ex policía Luís Alberto Urquiza los acusó de haberlo interrogado
bajo torturas, en la dirección de Inteligencia policial, la D2, y el gobernador
Ramón Mestre y su ministro Oscar Aguad tuvieron que pasar al Tucán Grande a
retiro. En 2008 fue detenido y este año condenado a prisión perpetua.
Pero
De la Sota designó como jefe de policía a su ex custodio y al mismo tiempo ex
secretario del Tucán Grande, el comisario Alejo Paredes. En una consagración
explícita de la autonomía policial y la falta de control político, lo ascendió
luego a ministro de Seguridad. Paredes eligió como jefe de policía a su
compañero en aquella siniestra D2, comisario Ramón Frías. El comisario Julio
César Giménez denunció que el nuevo jefe lo había amenazado para que dejara de
investigar el asesinato de su padre sindicalista, en la D2, si no quería que le
ocurriera lo mismo. El gobernador debió deshacerse de Paredes y Farías en
septiembre de este año, cuando el fiscal federal Enrique Senestrari desmanteló
la red criminal que vinculaba con la comercialización de sustancias
estupefacientes de uso prohibido a los jefes policiales encargados de
combatirla. Este quiebre del pacto de impunidad tendría consecuencias, como
también ocurriría en Santa Fe con un proceso similar. Otro fiscal federal, Juan
Patricio Murray, llevó a la cárcel al jefe de la policía provincial, Hugo
Tognoli, por su asociación con los traficantes que debía combatir. Algo
parecido ocurrió en Tucumán. El fiscal investigador, Diego López Avila, es
provincial, pero con la asistencia de una fuerza federal, la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, consiguió la detención del ex subjefe de Policía
Nicolás Barrera y del ex jefe de la Regional Norte, Héctor Brito, por
encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, hija de un ex funcionario del
gobernador José Alperovich.
En
todas esas provincias, la policía organizó, favoreció o habilitó los saqueos,
como advertencia a los respectivos gobernadores, que cedieron sin dilación. De
la Sota prescindió de la cúpula policial que había designado hace apenas tres
meses y redujo la jerarquía del ministerio a la de una simple Secretaría, que
ocupará Matías Pueyrredón, hombre de enlace entre el poder económico de Córdoba
y la Justicia. Como jefe de policía asumió el comisario Julio César Suárez,
quien responde al ex jefe Ramón Frías, y como subjefe el comisario Héctor
Alberto Laguía, vinculado con Paredes, según me cuenta un estudioso de la
institución policial, el periodista Dante Leguizamón. Laguía fue investigado
por el pago de adicionales no realizados a un grupo de oficiales jefes, pese a
lo cual Paredes lo ubicó en la Dirección General de Administración, que es
donde se deciden muchas de las cosas que enojaron a la tropa: el pago de los
sueldos, en qué gasta y en qué no su dinero la policía, cómo se pagan los
adicionales y las compras. Laguía pasó al ministerio justo cuando comenzaba el
reemplazo de los viejos edificios policiales por nuevas sedes. “El negocio fue
fenomenal porque se vendía una casona hermosa en plena Nueva Córdoba o un
predio de 6 hectáreas en Villa Belgrano que valían fortunas y esa plata era
administrada sin ningún tipo de control”, agrega Leguizamón. Suárez y Laguía
tienen poca experiencia, pero fogueados asesores, en lo que se aprecia como una
recomposición de los pactos rotos en septiembre.
Una fuerza de ocupación
Cada
persona con la que hablé en esas primeras horas de luz contaba que los saqueos
se iniciaron en el barrio donde viven los policías, cerca del acuartelamiento y
con métodos de precisión que descartan cualquier espontaneidad. También
señalaban la extrema brutalidad de la respuesta posterior. Luego del duro
enfrentamiento, De la Sota y la policía se pusieron de acuerdo en señalar como
blanco a los barrios populares. Pocos días antes se había realizado la Marcha
de la Gorra, que el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos convoca desde
hace siete años cada 20 de noviembre, aniversario de la sanción de la
Convención de los Derechos del Niño.
Esta
vez asistieron 15.000 personas, que reclamaron la derogación del Código de
Faltas provincial, equivalente a los edictos policiales que en la Ciudad de
Buenos Aires fueron abolidos por el Estatuto constituyente de 1996 y
sustituidos en 2004 por el Código de Convivencia. De la Sota creó el Cuerpo de
Acción Preventiva (CAP); firmó un convenio con la Fundación del ex ingeniero
Blumberg y el Manhattan Institute, para la instalación de mil cámaras en
denominadas zonas críticas y creó un registro de huellas genéticas de
sospechosos. Las medidas de patrullaje se reforzaron con la incorporación de
helicópteros y la implementación de una “nueva estrategia de ocupación
territorial”. También se sancionaron leyes provinciales por las que Córdoba
asumió la competencia para investigar y juzgar delitos leves de la ley de
estupefacientes y la ley de trata de personas, las mayores cajas policiales
junto con la policía caminera.
Un
informe de la Comisión Cordobesa por la Memoria, en cuyo capítulo sobre la
seguridad y la policía intervinieron los académicos de la Universidad Nacional
de Córdoba Magdalena Brocca, Susana Morales, Valeria Plaza y Lucas Crisafulli,
sostiene que el gobierno provincial provee a su policía cada vez más armamento,
tecnología, móviles y efectivos, así como mayor autonomía operativa. Entre 2003
y 2013 el crecimiento del personal policial superó al de cualquier otra
repartición pública: de 13.000 a 27.000 efectivos, pese a lo cual las tasas
delictivas se mantuvieron y las contravencionales volaron: en 2005 hubo 8.960
detenidos por contravenciones, en 2011, 73.100, ocho veces más. El Cuerpo de
Acción Preventiva no responde a la estructura de las comisarías, sino a un
mando propio y centralizado, como el Comando Radio Eléctrico de la dictadura.
Este cuerpo “define –habilita o restringe– las formas de habitar el territorio
urbano de grandes sectores de la población cordobesa”, dice el informe.
En
consecuencia, Córdoba tiene una policía joven, casi sin formación profesional,
salvo un curso de nueve meses, cuyo verdadero aprendizaje se realiza en la
calle con el Código de Faltas como hoja de ruta. Esa subcultura policial, vinculada
a la jerarquía, la obediencia, la disciplina y el ingreso a una corporación con
lógicas violentas, aleja y diferencia a sus miembros de la vida civil. El bajo
sueldo básico obliga a realizar adicionales, que la misma policía asigna en
forma arbitraria. Durante 2012, para duplicar el básico de 3500 pesos era
necesario trabajar 16 horas por día. Esta precarización absoluta, con
condiciones laborales indignas, conspira contra la eficiencia y la
profesionalidad. La ley de seguridad remeda el modelo neoyorquino de tolerancia
cero, pero sin la depuración policial que fue uno de sus aspectos. Permite
suprimir las libertades con sólo invocar genéricas “razones de seguridad”. La
ley orgánica define el “estado policial”, que obliga incluso a los que están de
franco y a los retirados a portar el arma reglamentaria las 24 horas del día,
“para prevenir o interrumpir la ejecución de un delito o contravención” en
cualquier lugar y momento.
Así
se profundiza el carácter de corporación separada del resto de la sociedad, y
la posibilidad de reacción violenta y armada frente a conflictos cotidianos de
menor importancia. El régimen disciplinario de la policía es vago y ambiguo;
castiga “la falta de celo o exactitud en el cumplimiento de los deberes”, el
“descuido en el aseo personal, uso del cabello largo”, hasta el “contraer
deudas con personas de mala reputación” o “prestarse a reportajes o formular
declaraciones públicas, referidas a aspectos funcionales o de carácter
político, sin contar con la autorización de la superioridad”.
Sin códigos
El
Código de Faltas fue sancionado en 1994 por unanimidad de justicialistas y
radicales, que también acordaron la creación de juzgados contravencionales que
lo aplicarían. Pero aduciendo la falta de presupuesto los gobiernos de ambos
partidos los pospusieron una y otra vez. La facultad de instruir y juzgar a
todos los contraventores quedó en manos de la policía, que no es entonces un
órgano auxiliar de la justicia sino un actor político que disputa el poder en
el escenario público. El mismo año en que la Constitución reformada incorporó
diez Tratados Internacionales de Derechos Humanos que obligan a todos los
estados provinciales, el Código de Faltas suprimió todos esos derechos en
Córdoba y se erigió en instrumento de disciplinamiento social de los sectores
marginados y herramienta de gobierno de la protesta social. Cada vez que se lo
modificó fue para profundizar su carácter represivo. El comisario puede imponer
pena de multa, inhabilitación para ejercer una actividad en infracción, decomiso
de un bien utilizado en la falta, prohibición de concurrencia a ciertos
espectáculos, cursos educativos, tratamiento terapéutico, trabajo comunitario o
arresto.
En
la práctica esta bonita diversidad se reduce al arresto del contraventor, algo
que dificulta su acceso al trabajo y la educación. El Código castiga conductas
como el merodeo sospechoso, la prostitución molesta o escandalosa, los actos
contra la decencia pública o la ebriedad molesta. La vaguedad y la ambigüedad
de estos tipos contravencionales, incrementa la discrecionalidad policial y su
selectividad, ya que el propio agente que realiza la detención, completa la
definición de la conducta prohibida en el Código. No se sabe qué se castiga,
pero sí a quién está dirigido: los jóvenes de los sectores altos pasan un
máximo de dos días detenidos, dos meses en el caso de los sectores medios y
hasta seis meses en el caso de los sectores bajos. Un Código similar que regía
en Tucumán, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en
2010, en la causa iniciada por José Gerardo Núñez, con el patrocinio de la
agrupación de Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios
Sociales (Andhes). Núñez había gritado en la calle durante una discusión de
fútbol y el jefe de policía lo condenó a seis días de arresto. No había pruebas
y los únicos testigos fueron los policías que lo detuvieron. La Corte Suprema
señaló que al no disponer de un abogado se violó su derecho a la defensa en
juicio.
Cuando
rigieron los edictos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Policía Federal
nunca apeló una declaración de inconstitucionalidad, para evitar que la causa
llegara a un plenario de Cámara o a la Corte Suprema. De ese modo, sólo valía
para el caso, y los comisarios seguían aplicando los edictos como siempre. En
Córdoba no hay defensores públicos y el 94,5 por ciento de los contraventores
no ejercen el derecho de designar un abogado de confianza. La policía realiza
el arresto, instruye el sumario, acusa, juzga y controla la ejecución de la pena,
casi como un monarca.
La monarquía policial selecciona sus
víctimas entre los más vulnerables.
© Escrito por Horacio Verbitsky, desde
Córdoba, el domingo 15/12/2013 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
