Estados Unidos le negó el ingreso al país al ex canciller Héctor Timerman… @dealgunamanera...

Estados Unidos le negó el ingreso al país al ex canciller Héctor Timerman…

Héctor Timerman

El Departamento de Estado le revocó la visa. Se enteró cuando estaba en Ezeiza a punto de abordar un vuelo a Nueva York.

© Escrito por Gabriel Levinas el miércoles 10/01/2018 y publicado por el sitio Diario Digital Infobae de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El ex canciller Héctor Timerman no pudo viajar a Estados Unidos. Este martes por la noche, cuando se encontraba en el aeropuerto de Ezeiza a punto de embarcar, le informaron que el Departamento de Estado de EEUU había decidido revocarle la visa necesaria para ingresar a ese país. Timerman se encuentra actualmente procesado y con prisión preventiva en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum con Irán. A raíz de su delicado estado de salud, el juez federal Sergio Torres -que subroga a Claudio Bonadio- lo había autorizado a salir del país para recibir tratamiento en Estados Unidos.

Timerman -que tiene prisión domiciliaria- llegó ayer por la tarde a Ezeiza para abordar el vuelo 954 de American Airlines que tiene previsto despegar a las 22:40 con destino a Nueva York. Según pudo saber Infobae, cuando se presentó ante el mostrador de la compañía aérea para hacer el check in, le notificaron que desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se habían comunicado para informar que la visa del ex canciller había sido revocada.

Timerman tenía su pasaporte y su visa en regla. Y tenía todo listo para viajar a Estados Unidos. Pero en el mostrador de American Airlines se enteró de la decisión del gobierno de los Estados Unidos. En esa situación, Timerman hubiera podido subirse al avión, pero no hubiera podido ingresar a EE.UU.

En una misma resolución, el 7 de diciembre de 2017, Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Elisabet Kirchner y pidió su desafuero al Senado de la Nación. También ordenó las detenciones del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, el piquetero Luis D'Elía, el lobbista y militante islámico Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil, el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y Timerman.

Para el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, existió un plan criminal destinado a dar ayuda que permitiera dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní por el atentado a la sede de la AMIA. Todo esto en desmedro de los intereses de las víctimas y el esclarecimiento del ataque terrorista.

El accionar delictivo denunciado por el fallecido fiscal Alberto Nisman habría sido orquestado y puesto en funcionamiento por las altas autoridades del anterior gobierno. El medio elegido para concretar el plan fue el Memorando de Entendimiento con Irán que se firmó el 27 de enero de 2013 en Etiopía. Este instrumento iba a permitir por un lado, remover, suspender o morigerar las restricciones a la libertad que afectaban a los acusados, y por el otro, el acuerdo disponía la creación de la Comisión de la Verdad cuyo rol central iba a ser en realidad exculpar a los imputados iraníes introduciendo una nueva hipótesis acerca de cómo fue el atentado.

"Todo lo que me imputaron es falso de falsedad absoluta", manifestó el ex canciller al defenderse de las acusaciones en su contra, y defendió la firma del memorándum al afirmar que era necesario porque como Argentina no puede juzgar en ausencia y, desde la época del Sha de Persia, Irán prohíbe la extradición de sus ciudadanos, eso constituía un impedimento para el avance de la causa por el atentado a la AMIA del 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos.

Bonadio autorizó a Timerman a salir de su domicilio para su tratamiento médico previa presentación de un "cronograma de visitas médicas programadas" y con la correspondiente autorización del juzgado. Pero rechazó su pedido de excarcelación al considerar "la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena prevista" por los delitos por los que fue procesado. 

El juez federal Claudio Bonadio procesó a Timerman con prisión preventiva y le otorgó la domiciliaria.

El fallo de Bonadio fue confirmado por la Cámara Federal. Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah también pidieron la detención de Cristina Kirchner. Los jueces avalaron la decisión de Bonadio en cuanto al delito de encubrimiento agravado y mantuvieron las prisiones preventivas que había dictado el juez. Es decir que mantuvieron el pedido de desafuero ante el Senado para la detención de la ex presidente y las prisiones para Timerman, Zannini, D´Elía, Esteche y Youssef Kahlil.

La monarca… De Alguna Manera...

La monarca…

Hace dos años, la Presidenta firmó un memo con Irán que modificó colosalmente el rumbo de la causa AMIA. El juez y el fiscal “naturales” fueron sustituidos por una “Comisión de la Verdad”, con sede en Irán, país acusado de haber tramado el peor atentado terrorista de nuestra historia. Sus integrantes debían ser designados a propuesta de las partes. La redacción del instrumento carece de toda claridad, salvo la cláusula que se refiere de modo imperativo al levantamiento de las “alertas rojas” de Interpol que pesaban sobre los imputados iraníes, una vez que hubiese sido aprobado por los legislativos de los dos países.

Así las cosas, desde el ángulo constitucional, la situación no pudo ser más alarmante ya que la titular del Ejecutivo ejerció funciones judiciales, a pesar de la expresa prohibición que le impone la Constitución. A ello se agrega, la falta de definición sobre el derecho a aplicar por parte de los miembros de la Comisión, la violación de las normas del debido proceso, la imposibilidad de conciliar el marco jurídico de un país democrático, como al menos en teoría es el nuestro, con el de otro de tipo teocrático. Este pergeño que no tiene antecedentes en el derecho comparado, importó un incomprensible agravio a nuestra Justicia y desembocó en la paralización del proceso.

Tamaño despropósito significó una suerte de exculpación a favor de Irán, si no, cómo se hubiese podido aceptar que quien era acusado se transformara en su propio juzgador y en suelo propio. Esta impresionante concesión sólo podía verse acompañada de un beneficio proporcional a favor de la Argentina. Nuestro enfoque responde a una lógica primaria. Es por ello que la denuncia del fiscal Nisman que pagó con su muerte, no nos sorprendió, en realidad nos permitió completar las piezas de este macabro rompecabezas.

Hace unos años sostuvimos que las violaciones constitucionales y legales en las que incurren nuestros presidentes, sin que funcionen las instituciones de modo de ponerles límites, importaba una  creciente destrucción del principio de separación de poderes –eje central en que se asienta el Estado de Derecho–. Así, se iban consumando “minigolpes de Estado” que sin transformar al gobierno de iure en uno de facto, poco a poco iban destruyendo el imperio de la ley para llevarnos al de la arbitrariedad, la imprevisibilidad, el despotismo.

El magnicidio que convulsiona a nuestra sociedad es la consecuencia del desesperante desmoronamiento de nuestras instituciones. Hoy nos gobierna una “monarca” que actúa como cronista autorreferencial junto a un grupo de secuaces que se dedican a ensuciar la figura de la víctima de un modo que recuerda la metodología de los responsables del último proceso militar cuando hablaban de los desaparecidos.

¿Este asesinato será la culminación de este proceso de destrucción o un episodio más que indefectiblemente nos enfrentará a hechos cada vez más brutales? Frente al advenimiento de un nuevo gobierno debemos volver a nuestras fuentes institucionales que nacieron con la traducción que hiciera Mariano Moreno del Contrato Social de Rousseau. Ese fue el germen que iluminó con intermitencias una lealtad democrática fluctuante. A pesar de creer en el ideal, no hemos dejado de regresar al personalismo, que ha surgido con distintos formatos, ya militar, ya populista, pero siempre antiliberal.

El retorno al Gobierno de la ley debería ser el compromiso de quienes se presentan como postulantes para las próximas elecciones. Es decir un conjunto de propuestas que permitan el restablecimiento de la República, como gran política de Estado. La independencia de la Justicia y del Ministerio Público que debería verse sustentada en nuevos institutos, por su significación, cobra un protagonismo indispensable. Lograr la concreción de esta empresa será el mejor homenaje a la memoria de Alberto Nisman, ya que su injusta muerte haría las veces de una bisagra entre la ilegalidad y la legalidad.

© Escrito por el Constitucionalista Daniel Sabsayi domingo 25/01/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Comisión de la Verdad... De Alguna Manera...

“Una Comisión seria puede impulsar la investigación”...

Luis Moreno Ocampo.

Ex fiscal del tribunal de La Haya explica que todo depende de quién viaje a Teherán junto al juez y el fiscal. La desconfianza hacia Irán, la solución “a la Khadafi”.

El ex fiscal de la Corte Penal Internacional es ahora asesor legal de la DAIA y la AMIA en su cuestionamiento al Memorando de Entendimiento con Irán. Luis Moreno Ocampo no hizo una crítica irreductible del convenio con Irán que se está debatiendo en el Congreso, pero marcó que “la clave” es quiénes serán los miembros de la Comisión de la Verdad, los cinco juristas que junto al fiscal y el juez argentinos harán el viaje a Teherán.

–¿Qué postura tiene usted ante el Memorando?

–La DAIA me llamó para ayudarlos y les propuse tratar de encontrar una posición común con la AMIA. Por mi rol, yo nunca dije si había que tomar o rechazar el acuerdo, dije que había que analizar los riesgos y ver si se podían minimizar. Antes de que yo llegara a Buenos Aires, la DAIA y la AMIA consideraron que había que rechazar el acuerdo. Algunos piensan que no hay ninguna oportunidad, otros creen que el riesgo es muy grande, que no se puede confiar en Irán. Durante el debate, el canciller reconoció que él no confía en Irán, pero que no hay otra alternativa para impulsar la investigación.

–¿Hay antecedentes de una resolución como ésta?

–La AMIA y el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York muestran las nuevas formas del terrorismo internacional. Para investigar y castigar a los culpables no había más alternativa que ir a una guerra, como hizo Estados Unidos en Afganistán, o negociar con el Estado para el que trabajan los sospechosos, como plantea el Memorándum. Eso hicieron con Khadafi. Su caso muestra las posibilidades: él aceptó que su jefe de Inteligencia fuera juzgado en Holanda e indemnizó a las víctimas. Su caso también muestra los riesgos de negociar con líderes que usan el crimen para mantenerse en el poder. Khadafi continuó cometiendo crímenes en ciertas partes del mundo y consolidó su poder. En 2009 fue presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, miembro del Consejo de Seguridad y presidente de la Unión Africana. En 2011, cuando ordenó a sus soldados disparar contra los manifestantes desarmados y amenazaba con exterminarlos, el Consejo de Seguridad envió su caso a la Corte Penal Internacional que luego de investigar los hechos libró mandatos de arresto contra él, su hijo y su jefe de inteligencia. La Corte Penal Internacional es una nueva forma de enfrentar estos crímenes en la medida en que el ataque constituya un crimen de lesa humanidad, pero no tiene jurisdicción para delitos cometidos con anterioridad al 1º de julio del 2002.

–¿Cuáles son los riesgos?

–Que se use la Comisión para encubrir a los culpables y para cuestionar en Interpol la emisión de alertas rojas. Las órdenes del juez argentino seguirían vigentes, pero su legitimidad internacional cuestionada.

–¿Cuál es la oportunidad?

–Que una Comisión seria impulse la investigación y muestre que los intentos de encubrimiento confirman la culpabilidad de los sospechosos y la complicidad de miembros de su gobierno.

–Pero usted ¿tiene objeciones legales?

–Se podría haber diferenciado más el rol de la Comisión y el de los jueces para evitar confusión, pero pareciera que uno de los objetivos del gobierno argentino fue facilitar la toma de declaraciones indagatorias. La doctora Diana Malamud, que expresa a uno de los grupos más escépticos, sin embargo dio la bienvenida a esa posibilidad durante el debate en el Congreso. La DAIA, por el contrario, piensa que la actuación judicial en cooperación con la Comisión puede llevar a anular toda la causa. El Senado debatió el tema y va a resolver. Si se aprueba la creación de la Comisión, la selección de sus integrantes será el tema clave. De ellos y de la claridad del juez y del fiscal va a depender el futuro de la investigación sobre el atentado a la AMIA.

© Escrito por Raúl Kollmann el domingo 17/02/2013 y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Polémica por la causa AMIA... De Alguna Manera...

¿Por qué el apuro, Presidenta?...

En la reciente sesión del Senado el debate fue disperso. En lugar de concentrarse en preguntas, las intervenciones se internaron en pareceres y opiniones. Nada reemplaza la evidencia del error que comete el adversario. Ahí no hay nada que demostrar.  Y las preguntas existen en cantidad.

Se podría haber interrogado al ministro, por ejemplo, sobre algunas de estas cuestiones.

El vocero del canciller iraní dijo: “El tema de la indagatoria de un responsable es totalmente falso”. Esta afirmación es coherente con la que hizo inmediatamente después el canciller de ese país: “Mi país adhiere plenamente a las disposiciones del acuerdo sobre el caso AMIA”. No hay, como dice el Sr. ministro, ninguna desmentida al vocero. Los dos dicen lo mismo porque las disposiciones del acuerdo no contemplan la indagatoria.

Si no contemplan la indagatoria, ¿para qué se hace todo esto?

¿Usted cree que Irán va a permitir que actúe la Justicia si la Comisión de la Verdad sostuviera que hay sospechas fundadas contra alguno de los entrevistados?

¿Por qué usan la palabra interrogar cuando el texto que es tomado como válido dice en inglés preguntar?

¿No cree que hay mala fe en hacer creer que la Justicia argentina va a actuar, cuando no habrá interrogatorio y la ley iraní prohíbe que un ciudadano de ese país sea sometido a indagatoria por una autoridad judicial extranjera?

Repasando sus conocimientos jurídicos. Usted sostiene que todo documento entre países, incluso un comunicado de dos presidentes, constituye un tratado. En efecto, esa es la definición genérica que da la Convención de Viena de 1969. Pero, en sentido estricto, sólo son tratados los que generan obligaciones mutuas que están sancionadas en una ley. En nuestro ordenamiento jurídico, la jerarquía es: Constitución, leyes que derivan de ellas y tratados internacionales. Los tratados son jerárquicamente superiores a una ley común. Díganos, ¿un comunicado conjunto debería, porque usted dice que es un tratado, ser considerado superior a la ley común?

¿Quién pidió que este texto fuera un tratado?, ¿Irán o la Argentina?

Pero sobre todo quisiera que escuchara este razonamiento y nos diera su opinión.

La comisión puede expedirse en tres sentidos: a favor de la denuncia argentina, de manera neutra o en contra.

Si lo hace a favor, como es una comisión de la verdad y no una comisión de la justicia, no podrá hacer absolutamente nada más. Ni un paso más. El gobierno iraní pedirá perdón o disculpas, quizás indemnizará como Kadafi y dirá que, habiéndose sometido estrictamente a lo que decía al tratado, ha mostrado al mundo una prueba de su comportamiento impecable.

Es decir, si ganamos, no ganamos. Y si Irán pierde, gana.

Es innecesario explicar lo que sucedería en caso de un dictamen ambiguo o negativo.

Perdería la Argentina, ganaría Irán.

En un tratado donde no está contemplada la acción de la Justicia, lo único que puede ganar la Argentina en el caso lejano de que el presidente y los dos juristas nombrados por Irán lo decidieran, es un reconocimiento moral.

¿Podría la Argentina seguir reclamando en foros internacionales cuando aceptó, firmó y convirtió en tratado un texto que se aplicó plenamente?

En fin, la pregunta ya encierra un argumento y obliga a una contestación precisa. Las extensas opiniones habilitan la réplica con otras extensas opiniones.

Hace pocas horas se conoció un interesante artículo de la Iran Review. Editada en Teherán, la publicación pretende ser científica e independiente. Aun si no lo fuera, es interesante reproducir su visión del acuerdo. Me permito traducir los párrafos más relevantes:

“Las noticias que han estado circulando en algunos diarios en los días recientes acerca de que el fiscal y el juez argentinos viajarían a Teherán para entrevistar personas que están mencionadas en el caso AMIA son incorrectas e imprecisas.”

“La segunda cláusula del artículo 5 del memorándum ha estipulado que representantes (nota: los imputados)  responderán a las preguntas de la comisión. Por lo tanto, ninguna persona tendrá que estar físicamente presente ante la comisión para responder las preguntas.”

En el artículo 7, “ambos países anunciarán a Interpol que las diferencias bilaterales sobre el caso AMIA serán resueltas por la vía de la cooperación entre los dos países. Por lo tanto, Interpol puede revocar las alertas rojas”.

En fin, lector, como verá, el manipuleo de los textos se hace aquí y allá. Razón de más para que el Gobierno abandone el apuro, para que nos demos el tiempo de saber y ser claros en lo que se está haciendo. Nada más lejano a esto que el comentario del senador Pichetto al oído de Timerman  transmitiéndole la orden presidencial para que se concluyera rápidamente el debate.

En este marco sería grave que el ministro evitara estar presente en la Cámara de Diputados. Si huyera, temeroso de las preguntas y de la verdad, fortalecería todas las sospechas.

© Escrito por Dante Caputo el viernes 15/02/13 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahmadinejad ama la verdad… De Alguna Manera...

Ahmadinejad ama la verdad…

Preguntas sin respuesta. El peligro de que lo firmado se convierta en un tratado que complique a la Argentina. Los errores de una Comisión de la Verdad que no podrá impartir justicia. Qué busca Irán. ¿Hacia un acto de estupidez histórica?

Hace unos días, los ministros de Relaciones Exteriores de la Argentina y de Irán firmaron un memorando de entendimiento sobre la cuestión del atentado a la AMIA. Los memorandos de entendimiento son una de las formas básicas utilizadas para acordar formalmente la voluntad de dos o más partes, por lo general representantes de gobiernos. La forma más elaborada y compleja es el tratado. A diferencia del memorando, el tratado compromete la voluntad de una nación, y su incumplimiento genera sanciones. Al obligar a la nación y no sólo al gobierno que ocasionalmente los firma, los tratados requieren la aprobación del Poder Legislativo.

Por lo tanto, lo que fue firmado en Etiopía no requiere aprobación legislativa. Pero, curiosamente, el texto firmado indica lo contrario: “Este acuerdo será remitido a los órganos relevantes de cada país, ya sean el Congreso, el Parlamento u otros cuerpos, para su ratificación o aprobación de conformidad con sus leyes”.

Esta dista de ser una cuestión formal. Si se sigue el procedimiento legislativo, el memorando devendrá tratado y se convertirá en ley. Su vigencia se prolongará en el tiempo con independencia de los gobiernos. Si, por ejemplo, al final de este oscuro sendero se acordara una indemnización a los familiares de las víctimas en lugar del enjuiciamiento y condena de los culpables (así sucedió en Libia con el atentado ordenado por Kadafi al vuelo 103 de Pan American), nunca podríamos volver atrás.

Una aprobación legislativa de este acuerdo significaría entonces que la Argentina, no sólo el Gobierno actual, habría aceptado la impunidad.

¿Qué busca el memorando-tratado? Al inicio del texto se señala el objetivo de la acción conjunta: “Se creará una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales para analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de la Argentina y de la República Islámica de Irán”.

Aquí se nota otra originalidad del memorando-tratado: la creación de una Comisión de la Verdad entre dos países. Este es el primer caso en que una comisión de este tipo no está compuesta por partes del mismo país. En todos los casos conocidos, una Comisión de la Verdad se forma entre dos o más sectores de una sociedad para que todos den su testimonio sobre un conjunto de hechos sucedidos, siempre violentos y que generaron muertes, persecuciones y destrucción.

Una Comisión de la Verdad se establece para saber lo que pasó, no para castigar a los culpables. Quienes la componen reconocen que los responsables de los delitos no podrán ser enjuiciados y acuerdan la reconstrucción histórica; se ponen rostros a los victimarios. Unos no tienen poder para enjuiciar y los otros poseen el suficiente para no dejarse enjuiciar.

Extrañamente, tras varias críticas, llegando a calificar el acuerdo de “trampa”, miembros de la DAIA y la AMIA dijeron hace cuatro días –en un llamativo cambio de posición– que “ahora que les habían aclarado lo que se quería decir en el texto, veían su utilidad”. Disculpe, lector, mis reiteraciones, pero lo hago tratando de evitar la engañosa ilusión de quienes sufren: la intención de los tratados no se aclara, se escribe. Si hay una intención por parte del Gobierno que va más allá del texto, esa intención no tiene valor. Lo que vale es lo que está escrito, no su interpretación.

El memorando-tratado reemplazará a la Justicia. Irán puede mostrar lo que acordó, y allí no hay una sola palabra que obligue o sugiera la posibilidad de un juicio.

La Comisión de la Verdad no es la antesala de la Justicia. Siempre ha sido así. El magistrado Raúl Zaffaroni sostiene que éste es el comienzo del camino judicial y que fue una equivocación hablar de Comisión de la Verdad. Qué error notable para un juez: el nombre designa correctamente lo que es, y no hay nada en el texto que indique la posibilidad de acción judicial posterior. Lo que no está en el tratado no está en el mundo.

Otro hecho llamativo, sobre el cual no se ha oído ninguna explicación, es la inexplicable razón por la cual el presidente iraní, Mahmud Ahmadinejad, firmó este texto. A cambio de aceptar que sus funcionarios testimonien ante esta Comisión y autoridades judiciales argentinas, ¿alguien explicó qué gana Irán?

Hace casi 18 años que sucedió el atentado, uno de los más grandes actos terroristas antijudíos desde el final de la Segunda Guerra en el mundo. Sin embargo, el régimen iraní convivió con la sospecha sin que pareciera sacarle el sueño. ¿Por qué ahora este afán de purificación? Puede, lector, que mi información limitada me lleve a ignorar cosas obvias. Pero no imagino, ni vi que otros conocieran, la razón de la contrición.

El presidente Ahmadinejad, lamentable producto de la historia del último medio siglo de su país, no es un individuo con quien se pueda hacer un acuerdo. Es responsable de una brutal represión interna, de la muerte de muchos de sus compatriotas que objetaron los resultados electorales, es homofóbico y niega la existencia del Holocausto. Es un activista del negacionismo. Organizó en su país congresos “mundiales de expertos” para demostrar la falsedad histórica de la Shoah, la catástrofe humana del siglo XX. En esos congresos estuvieron presentes escritores, actores, políticos de varios países, casi todos ellos con condenas de cárcel en sus países por delitos raciales.

En el atentado a la AMIA murieron 85 personas. Eran trabajadores y estudiantes argentinos, chilenos, bolivianos y polacos. Y ahora, el Gobierno nos dice, lector, a usted, a mí y otros muchos, que deberíamos creer que no sólo no se podrá hacer justicia, sino que la verdad sobre las causas de esas muertes será indagada por representantes de un país que desconoce, rechaza y niega la exterminación de seis millones de personas.

Creo que cometeríamos un acto de estupidez histórica. Pero si Irán no buscó esto, ¿quién lo hizo? ¿Por qué?

En el pasado mes de octubre, la agencia de noticias iraní FARS publicó la siguiente información: “El presidente iraní Mahmud Ahmadinejad dijo que una vez que las investigaciones tuvieran lugar de forma precisa e imparcial, recién entonces se habrá preparado el terreno para la expansión de las relaciones comerciales entre Irán y la Argentina”. Por lo tanto, el señor Ahmadinejad pone (¡él, no los argentinos!) como condición la investigación, y, una vez que quede bien claro todo, nuestro país podrá aumentar sus exportaciones.

El negacionista quiere la verdad sobre 85 muertes, la mayoría judía. Parece que, entonces, si nosotros permitimos que se conozca la verdad, tendremos como recompensa un comercio ampliado. Hoy vendemos por valor de 1.200 millones de dólares e importamos por veinte millones. ¿Cuánto más vale la verdad?

¡Qué historia rara, lector! Si el Congreso aprueba este memorando, será tratado y no tendremos vuelta atrás. Por lo menos, tratemos de no comprometernos para siempre con este “hecho histórico”. Que sea, sólo, una de las tantas cosas de este Gobierno, que serán desandadas. No le pongamos a la impunidad el sello de la nación.

© Escrito por Dante Caputo el domingo 03/03/2013 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.