La monarca…
Hace dos años, la Presidenta firmó un memo con Irán que modificó
colosalmente el rumbo de la causa AMIA. El juez y el fiscal “naturales” fueron
sustituidos por una “Comisión de la Verdad”, con sede en Irán, país acusado de
haber tramado el peor atentado terrorista de nuestra historia. Sus integrantes
debían ser designados a propuesta de las partes. La redacción del instrumento
carece de toda claridad, salvo la cláusula que se refiere de modo imperativo al
levantamiento de las “alertas rojas” de Interpol que pesaban sobre los imputados
iraníes, una vez que hubiese sido aprobado por los legislativos de los dos
países.
Así las cosas, desde el ángulo
constitucional, la situación no pudo ser más alarmante ya que la titular del
Ejecutivo ejerció funciones judiciales, a pesar de la expresa prohibición que
le impone la Constitución. A ello se agrega, la falta de definición sobre el
derecho a aplicar por parte de los miembros de la Comisión, la violación de las
normas del debido proceso, la imposibilidad de conciliar el marco jurídico de
un país democrático, como al menos en teoría es el nuestro, con el de otro de
tipo teocrático. Este pergeño que no tiene antecedentes en el derecho
comparado, importó un incomprensible agravio a nuestra Justicia y desembocó en
la paralización del proceso.
Tamaño despropósito significó una
suerte de exculpación a favor de Irán, si no, cómo se hubiese podido aceptar
que quien era acusado se transformara en su propio juzgador y en suelo propio.
Esta impresionante concesión sólo podía verse acompañada de un beneficio
proporcional a favor de la Argentina. Nuestro enfoque responde a una lógica
primaria. Es por ello que la denuncia del fiscal Nisman que pagó con su muerte,
no nos sorprendió, en realidad nos permitió completar las piezas de este
macabro rompecabezas.
Hace unos años sostuvimos que las
violaciones constitucionales y legales en las que incurren nuestros
presidentes, sin que funcionen las instituciones de modo de ponerles límites,
importaba una creciente destrucción del
principio de separación de poderes –eje central en que se asienta el Estado de
Derecho–. Así, se iban consumando “minigolpes de Estado” que sin transformar al
gobierno de iure en uno de facto, poco a poco iban destruyendo el imperio de la
ley para llevarnos al de la arbitrariedad, la imprevisibilidad, el despotismo.
El magnicidio que convulsiona a
nuestra sociedad es la consecuencia del desesperante desmoronamiento de
nuestras instituciones. Hoy nos gobierna una “monarca” que actúa como cronista
autorreferencial junto a un grupo de secuaces que se dedican a ensuciar la
figura de la víctima de un modo que recuerda la metodología de los responsables
del último proceso militar cuando hablaban de los desaparecidos.
¿Este asesinato será la
culminación de este proceso de destrucción o un episodio más que
indefectiblemente nos enfrentará a hechos cada vez más brutales? Frente al advenimiento
de un nuevo gobierno debemos volver a nuestras fuentes institucionales que
nacieron con la traducción que hiciera Mariano Moreno del Contrato Social de
Rousseau. Ese fue el germen que iluminó con intermitencias una lealtad
democrática fluctuante. A pesar de creer en el ideal, no hemos dejado de
regresar al personalismo, que ha surgido con distintos formatos, ya militar, ya
populista, pero siempre antiliberal.
El retorno al Gobierno de la ley
debería ser el compromiso de quienes se presentan como postulantes para las
próximas elecciones. Es decir un conjunto de propuestas que permitan el
restablecimiento de la República, como gran política de Estado. La
independencia de la Justicia y del Ministerio Público que debería verse
sustentada en nuevos institutos, por su significación, cobra un protagonismo
indispensable. Lograr la concreción de esta empresa será el mejor homenaje a la
memoria de Alberto Nisman, ya que su injusta muerte haría las veces de una
bisagra entre la ilegalidad y la legalidad.
© Escrito por el
Constitucionalista Daniel Sabsayi domingo 25/01/2015 y publicado por el Diario
Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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