¿Y si nos ponemos de acuerdo?...
Reflexiones sobre la agenda del progresismo de izquierda.
Aportes para el debate.
Todos estamos de acuerdo, o al menos así se explicita, que
el debate entre los intelectuales que se reconocen como izquierdistas –más allá
de sus preferencias circunstanciales- es vivificante para arrimar brazas a la
acción y pensamiento nacional.
En esta convicción se me ocurre como posible y necesario
establecer una suerte de tópicos que, ya sea por ser asignaturas pendientes
para unos y capítulos no tratados o mal tratados para otros, puedan constituir
un ideario que debería movilizarnos en un fuerte reclamo en conjunto.
Comencemos por los aspectos institucionales. En primer lugar
y si coincidimos que un déficit del país es la falta de Estado, no se puede
explicar ni permitir la destrucción de una Agencia, que en algún momento fue
orgullo nacional, como el INDEC. Es bueno recordar que la intervención del
INDEC se hizo con métodos aberrantes que nadie en su sano juicio puede admitir,
como encerrar en un ascensor de un Ministerio a dos reconocidas funcionarias
(investigadoras y académicas) y golpearlas patoteramente.
Todo ello fue inútil.
La hipocresía llega al punto de sancionar penalmente a los organismos privados que difunden números distintos a los del INDEC, mientras el Ministerio de Trabajo homologa convenios colectivos con “cláusulas revolver” que remiten a índices no oficiales. ¿Cuál es el motivo de mantener este disparate? ¿Alguien que se diga progresista puede explicarlo?
En todo el mundo civilizado toda discusión política se refiere a estadísticas elaboradas por organismos estatales mutuamente aceptados. Sin esta referencia toda discusión es estéril. Es más, obviamente para un desarrollo sostenido el país necesita inversiones extranjeras ya que el ahorro nacional es insuficiente. La Argentina en el promedio de los últimos ocho años ocupa el distante sexto lugar en las preferencias de inversiones (detrás de Brasil, México, Colombia, Chile y Perú) Claro está que ello se debe a múltiples circunstancias que exceden este espacio, pero es obvio que nadie se sienta a jugar en una mesa con fulleros.
Sigamos. Es de absoluta necesidad derogar inmediatamente la llamada ley “antiterrorista”. La más sana doctrina penal la juzga innecesaria y peligrosa. No se puede poner en manos de funcionarios o jueces (actuales o futuros) un instrumento –que nadie pidió y se aprobó en el Congreso sin seria discusión habiendo sido votada incluso por quienes predicaron “apoyar lo bueno y censurar lo malo del gobierno”- que puede criminalizar todo acto de protesta social y gremial.
Es inexplicable que el país –“que hace ocho años crece a a tasas chinas”- mantenga una “legislación de emergencia” que permite gobernar al Poder Ejecutivo con funciones delegadas y puentear así el Congreso. Como lo es también que los llamados “decretos de necesidad y urgencia” se conviertan en leyes si una sola Cámara del Congreso los aprueba. No se puede permitir esta degradación del sistema de división de los poderes.
En materia política no son pocos los tópicos a tratar pero –para achicar por ahora el debate e intentar coincidencias- solo propongo dos. Comencemos con modificar la perversa ley de representación en la Cámara Baja que dictó Lanusse con una especulación política que le salió mal para sus designios. En la actualidad –a contra mano de toda lógica y claras disposiciones constitucionales – las provincias patagónicas a las que les podemos sumar varias del NOA y alguna del NEA, no tienen en conjunto más habitantes que los tres cordones del llamado Gran Buenos Aires y, sin embargo, eligen una cantidad de diputados que casi constituyen el 70% del total Provincia de Buenos Aires.
Esta inexplicable sobrerrepresentación convierte en minusválidos políticos a los habitantes de los conglomerados urbanos sin ninguna razón. La igualdad provincial está prevista en el Senado donde cada autonomía elige tres sin ninguna distinción.
Y debemos seguir con la perversa conducta de los elegidos. No se puede violar la discriminación positiva en beneficio de la mujer (“cupo femenino”) por el camino de la renuncia de los electos. Habría que prever una suplencia femenina que esterilice la maniobra. Tampoco puede seriamente admitirse que los electos no asuman (candidaturas “testimoniales” o “tramposas” o “estafadoras” o como más guste llamarlas) sancionando con pérdida de parte de los derechos políticos (imposibilidad de ser candidatos, por ejemplo) por un lapso a quienes opten por ese camino.
Hace falta una reforma impositiva. Para evitar por ahora la discusión profunda pero engorrosa que se hace necesaria, limitémonos a pocos aspectos. En primer lugar es inexplicable que no se graven los beneficios en las transacciones financieras. No propongo la llamada tasa Tobin, sino simplemente los mismos gravámenes instituídos en las naciones desarrolladas.
El país con fuerte –como nunca en la historia- producción granífera no pude continuar con el sistema de las retenciones. Es necesario recordar que este impuesto a la venta de granos al exterior, comenzó con este nombre (“retenciones compensatorias”) con la Revolución Libertadora (decreto de Lonardi) y cuyo porcentual (con Lavagna llegó al 27% y luego hasta el 35%) se estableció en el 20% con Pinedo en los quince minutos que fue ministro de Guido, o sea que no es por definición un impuesto progresista, más allá de su equidad.
Además se cubrirá todo el territorio de la Nación terminando con situaciones aberrantes (como la lana no tiene significativa retención y ni Santa Cruz ni Tierra del Fuego han instituido impuesto a la tierra, ¡¡ni Menéndez Behety ni Benenton pagan gravámen alguno!!).
Se debe terminar con el impuesto muy elusivo a los bienes personales y volver al impuesto a la herencia de fácil percepción, exceptuando a las pequeñas sucesiones y gravando las transferencias de alícuotas partes en sociedades para evitar trampas. El cambio de un gravamen por otro fue instituido, es bueno recordarlo, por Martínez de Hoz.
Una reforma sustancial requiere el sistema previsional. Ingresan alrededor de mil juicios mensuales para incrementar los importes mensuales jubilatorios, con criterios judiciales que los técnicos consideran más que objetables, pero son el resultado de sumas bajas o arbitarias. ANSES no puede seguir prestando sus capiales de reserva a tasa de interés negativa a multinacionales o al Estado para subsidiar a prestadores de servicios ineptos y opacos. De un vez por todas consensuar un sistema técnicamente aceptable que garantice jubilaciones justas.
Se debe terminar con absurdas normas y comportamientos sindicales perversos. La llamada personería gremial (un solo sindicato por rama de actividad) es una farsa (hay 20 sindicatos docentes, siete aeronáuticos, cinco marítimos, etc.). Se debe establecer un seguro nacional de salud y terminar con el enriquecimiento de jerarcas a costa de trabajadores. ¿No sería hora de una ley que sancione a los dirigentes sindicales enriquecidos, como a los políticos, con inversión de la prueba?
Encontremos formas de anular los bonos (planes trabajar, de familia, etc.) con fines compensatorios (perversos, clientelísticos e insuficientes) por caminos de igualdad que conduzcan a la total ciudadanía.
Es necesaria una legislación clara y taxativa que proteja a los pueblos originarios en sus ancestrales pertenencias de tierra, sus hábitos, sus costumbres y derechos ciudadanos. No debemos olvidar que recién en este siglo XXI se dictó una ley por la cual sus esqueletos y pertenencias se los sacaba de la exhibición en los museos panteológicos de ciencias naturales junto a los dinosaurios, y en el museo de La Plata ello se hizo efectivo recién en el 2007 (¡no le carguemos todo el fardo el General Roca!).
Se debe
moralizar la función pública estableciendo tribunales jurisdiccionales
inobjetables. El enriquecimiento de los funcionarios no puede ser juzgado por
un magistrado de turbio pasado, que se pavonea exhibiendo frívolamente una joya
que cuesta el equivalente a más de dos años de su salario.
Finalmente
es urgente y necesario consensuar políticas en materia de hidrocarburos y
ferrocarriles. La red ferroviaria debe ser inmediatamente reconstruída y
ampliada ya que va en ello no solo la integración soberana del país, sino el
transporte seguro y eficiente de los ciudadanos (sobre todo de los
trabajadores) y el abaratamiento de productos de primera necesidad cuyo costo
final está encarecido por el gasoil.
El país no
puede seguir postergando la exploración y explotación de hidrocarburos (en los
últimos años no hay un pozo nuevo) y dilapidar más de diez mil millones de
dólares importando lo que dejamos de producir inexplicablemente. Todo ello en
forma transparente, sin Ciriglianos, sin Jaimes, sin Ezquenasis, sin
capitalismo ni de amigos ni de enemigos.
A esta mínima enumeración se le puede agregar otros tópicos.
Claro está que si pensamos que los programas no sirven y que la actividad
política es una épica para seleccionar un grupo mesíanico elegido por la
providencia para llevar al país a los grandes destinos, todo cambio de ideas es
estéril.
© Escrito por y publicado en http://www.plazademayo.com el viernes 6
de Abril de 2012.
