Idas y Vueltas. Todo para
solucionar la deuda…
En concierto, Alberto Fernández.
Dibujo: Pablo Temes.
El primer objetivo del Gobierno es resolver el momento
del pago de las obligaciones contraídas. En el camino, surgen diferencias y
papelones.
© Escrito por Nelson castro el domingo
05/01/2020 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, República Argentina.
El Gobierno avanza con parches buscando atisbos que le
permitan vislumbrar algún esbozo de la tan ansiada y necesaria recuperación
económica. Como ya se ha dicho, no habrá plan económico mientras no haya una
solución al problema de la deuda. El pago de los intereses –cuánto, cómo y
cuándo– condiciona absolutamente a la economía del país. El único objetivo
claro que Alberto Fernández tiene por ahora es poner más dinero en el bolsillo
de las clases más bajas. A esto se le suma el congelamiento de las tarifas. Algo
similar hizo Mauricio Macri tras las PASO.
Cortocircuito. El tema de las tarifas originó el
primer cortocircuito importante dentro de la flamante administración. Ocurrió entre
el Presidente y Guillermo Nielsen. El presidente de YPF dispuso un aumento de
los combustibles del 5%. Era algo que había hablado con el doctor Fernández
quien, en principio, había estado de acuerdo con la medida. Pero después
terciaron el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el de Producción, Matías
Kulfas, quienes objetaron este aumento e hicieron conocer su oposición. Se ve
que fueron suficientemente elocuentes.
Claro que, cuando esto ocurrió, era tarde: la noticia ya
había sido anunciada. Las colas de vehículos en las estaciones de servicio de
las empresas competidoras de YPF dio idea de cuánto había impactado.
El hecho dejó mal parado a Guillermo
Nielsen, a quien evidentemente le faltó peso político. Fue una desprolijidad
que inquietó a varios de los posibles empresarios a los que Nielsen está
tratando de convencer para que vengan a invertir a Vaca Muerta. El precio de
los combustibles en el contexto inflacionario que vive la Argentina es un
asunto de difícil solución que exige un manejo muy fino y coordinado. Una de
las quejas más vehementes que supo hacer Alfonso Prat-Gay durante su breve
gestión de un año al frente del Ministerio de Hacienda tuvo que ver con los
aumentos exorbitantes que fogoneaba el entonces ministro de Energía, Juan José
Aranguren. Prat-Gay sostenía –con razón– que no podía llevar adelante ningún
plan antiinflacionario exitoso si los precios de los combustibles subían de la
manera como lo disponía Aranguren. Macri cortó esta disputa de cuajo. Por si
alguien lo olvidó, apoyó a Aranguren y a Prat-Gay lo echó.
Nielsen está preocupado. YPF financia sus inversiones a partir de lo que recauda
en los surtidores. Sus precios son los más baratos de la región, por lo que la
extensión del congelamiento por un período de 120 días complica a la empresa.
El presidente de YPF es consciente de que esta medida conlleva el riesgo de
alejar a muchos potenciales inversores interesados en Vaca Muerta.
La renegociación de la deuda con el
Fondo Monetario Internacional tendrá condimentos políticos que la pueden
complicar seriamente. Esos componentes políticos tienen nombre y apellido:
Donald Trump.
Fue él quien tuvo la última palabra
para que el Fondo le abriera sus arcas al desvaído gobierno de su amigo
Mauricio Macri. La contraprestación del ex presidente también tiene nombre:
Venezuela.
Ese alineamiento hoy está roto. A
eso se le ha agregado en estas últimas semanas el caso de Bolivia. El alto
perfil con el cual Evo Morales está llevando adelante su exilio argentino
complica al Gobierno. Es cierto que en Bolivia hubo un golpe de Estado con
fachada de golpe institucional y que la gestión de Alberto Fernández, en su
condición de presidente electo, fue decisiva para salvarle la vida a Morales.
Pero también es cierto que el ex presidente había violado la Constitución
boliviana cuando ignoró el plebiscito realizado en 2017.
El doctor Fernández debería tener
una mirada más ecuánime sobre este episodio. Lula la tuvo: criticó el golpe de
Estado que derrocó a Morales y también a Evo.
Porrazo. El porrazo político que se dio Axel Kicillof la semana
pasada cuando, en base a la prepotencia, quiso sacar el impuestazo en la
provincia de Buenos Aires parece que lo ayudó a reflexionar. “Todo lo que se
hizo fue un error: la conferencia de prensa en sí como las acusaciones del jefe
de Gabinete, Carlos Bianco, tratando a los legisladores de la oposición como a
unos a vagos”, reconoce un senador bonaerense del Frente de Todos.
El jueves, en la reunión con los
intendentes de la oposición, el clima cambió. “Fue en la residencia a la que
nos hizo acceder a través de la entrada principal, cosa que Vidal nunca hizo”,
señaló un intendente de Juntos por el Cambio. Lo que viene ahora es la
negociación. A la hora de escribir esta columna, se vislumbra un acuerdo.
La intentona fallida de Kicillof de
sacar la ley de prepo en la madrugada del sábado 28 de diciembre lo dejó mal
parado. Esa bravuconada contó con el apoyo de Máximo Kirchner y de su madre.
Nada que sorprenda.
Cambia, Alberto cambia. El documental El fiscal, la presidenta y el espía reflotaron
el caso Nisman, de cuya muerte se cumplirán cinco años el próximo domingo 19.
Uno de los puntos que más polvareda ha levantado es el cambio de opinión que,
sobre el caso, ha experimentado Alberto Fernández. Esto tendría un valor
meramente anecdótico si no fuera que Fernández es hoy el presidente.
Es ese valor el que inviste a su
persona de credibilidad, un atributo esencial para el ejercicio del poder. De
la credibilidad emana la autoridad. Si hoy dice una cosa y mañana otra, toda
esa construcción se resquebraja.
Las explicaciones que dio en estas
horas sobre su cambio de parecer en el caso Nisman han sido malas. Ha sido
aclarar para oscurecer. Es evidente que su intención fue excluir a CFK de
cualquier tipo de sospecha. La decisión de alentar la revisión del peritaje de
la Gendarmería Nacional es una injerencia clara en la Justicia, se lo disfrace
de lo que se lo disfrace.
El tema esencial de la causa no es
excluir o incluir sospechosos, sino esclarecer el caso. Y eso le corresponde a
la Justicia y no a una ministra o al Presidente. Alberto Fernández, como
abogado y profesor de Derecho, lo sabe mejor que nadie.
