El general invierno...
Una solución para YPF
antes de que llegue el frío, el gobierno
se propone retomar el control de YPF. Pero todavía no decidió el modo. Una
hemorragia en la balanza comercial que compromete las ventajas comparativas del
país. Junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es la principal
medida del segundo mandato de CFK. El modelo argentino visto con ojos
brasileños. El ministro Casal implora que Dios lo salve.
No es casual que los dirigentes
sindicales que se reunieron con Dilma Rousseff le hayan mencionado el ejemplo
argentino, como reverso de la política económica que sigue Brasil. En 2011 la
economía brasileña creció algo menos que el promedio de los países que integran
el Grupo de los 20 (2,7 por ciento de Brasil contra 2,8 por ciento del G-20).
Pero la diferencia se agiganta con los tres países del Grupo que más crecieron:
la Argentina
(9,5 por ciento), China (9,2 por ciento) y la India (7,3 por ciento). Dilma se reunió por más
de dos horas con los dirigentes de las seis centrales sindicales de su país,
quienes se quejaron por la desindustrialización, consecuencia de la apertura
financiera y el flujo masivo de capitales especulativos, que produjo un
persistente atraso cambiario, al estilo argentino de la década pasada. Los
sindicalistas le opusieron el ejemplo de la Argentina, donde el
mayor crecimiento se da en las exportaciones de Manufacturas de Origen
Industrial (MOI). Uno de los asistentes dijo que Dilma replicó: “¡Pero la Argentina tiene 20 por
ciento de inflación!”. Esa referencia a la inflación fue el eje de la cobertura
en la prensa argentina que, en cambio, ignoró el encomio sindical al modelo
argentino. Dilma “nos dio una clase sobre lo que está haciendo, pero todas las
medidas son lentas y el país está quebrado”, dijo Paulo Pereira da Silva, el
líder de Força Sindical, la central obrera creada por Lula.
Verdad y consecuencia.
El gobierno brasileño desmintió
la frase transmitida por los sindicalistas, alegando que la presidente nunca hablaría
de asuntos internos de un país hermano y para más presidido por una amiga. Se
comprende, porque Brasil no sale favorecido ni en el cotejo de 2011 ni en las
previsiones para 2012. Que Dilma haya dicho o no lo que le atribuyen tiene así
una importancia menor, si se compara con la no desmentida posición sindical.
Esto no debería ser motivo de jactancia sino de preocupación, ya que no hay
forma de impedir que el flojo desempeño de la economía brasileña provoque
también una desaceleración de la argentina dado que Brasil absorbe un tercio de
nuestras exportaciones. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica del
INDEC, la tasa de crecimiento interanual argentina en diciembre fue del 5,5 por
ciento. Similar efecto se percibe en los datos de enero del comercio exterior y
en la recaudación tributaria. Entre agosto de 2011 y enero de 2012, el valor de
las exportaciones se redujo un 28,4 por ciento. Pero el valor de las
importaciones tuvo una caída aún más pronunciada, del 29,6 por ciento. Esto
permitió mantener en enero un superávit comercial de 550 millones de dólares,
pero el Centro de Investigaciones de la
CTA, CIFRA, entiende que este impacto incipiente de la crisis
global en nuestro país explica en parte el menor nivel de actividad económica
local en los últimos meses. Para estimar cuál será el resultado anual de la
balanza no sirve multiplicar por 12 esos 550 millones de superávit de enero, ya
que las restricciones aplicadas por el gobierno equivalen al freno de un mes de
importaciones, unos 8.000 millones de dólares. La flexibilización posterior,
que está serenando algunos ánimos exaltados, implica el compromiso de los
importadores de retomar el ritmo normal pero sin recuperar ese atraso. El
gobierno sigue confiado en que el saldo comercial del año rondará los 8.500
millones de dólares. En esta semana ha habido buenas y malas noticias para
sumar a este cuadro. Las buenas son que la tonelada de soja que la Argentina exporta superó
los 500 dólares, el doble de lo que vaticinaban los vinagres de siempre; las
malas, que el barril de petróleo que la Argentina debe adquirir en el exterior subió más
allá de los 120 dólares.
Del banco al pozo.
Este contexto ayuda a entender
las principales medidas económicas adoptadas por CFK en su segundo mandato: la
reforma de la Carta
Orgánica del Banco Central, la derogación de varios artículos
remanentes de la ley de convertibilidad y la decisión de tomar el control de la
mayor empresa petrolera del país, YPF. La oposición sostiene que la motivación
principal del gobierno para modificar la Carta Orgánica
sancionada en 1992 durante la presidencia de Carlos Menem y el ministerio de
Domingo Cavallo es acceder a las reservas del Banco Central para seguir pagando
los compromisos externos. Lo más llamativo es que lo diga como una crítica,
cuando se trata de la medida más apropiada posible en el ya descrito marco
internacional. Las reservas son un seguro y éste es el momento de acudir a
ellas para atenuar los embates de la crisis global. Si ésta creciera y se
prolongara, no habría ningún nivel de reservas capaz de poner a salvo a un país
medio como la Argentina.
La alternativa es recurrir una vez más al endeudamiento
externo, con las condiciones que implica, o practicar el ajuste brutal sobre
las necesidades populares que postula la derecha pura y dura. Por cierto que
hay mucho más en el proyecto que el Senado convertirá en ley esta semana.
También servirá para que el Estado prosiga la tarea de disciplinamiento del
sistema financiero, que comenzó con la recuperación del sistema previsional y
continuó con el tope a las tasas que pueden percibirse por créditos sin riesgo
a jubilados, con descuento automático por código de la ANSES. No lo hará
reformulando la ley de entidades financieras que Martínez de Hoz dictó en 1977,
sino incorporando uno de sus artículos a las facultades del Banco Central. En
defensa del nivel de actividad y el empleo, faculta a la autoridad monetaria a
“regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de
interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su
destino por medio de exigencia de reservas, encajes diferenciales u otros
medios apropiados”. CFK y Mercedes Marcó del Pont trabajaron desde diciembre en
la reforma.
Otoño caliente.
Antes de que comiencen los fríos
del invierno, el gobierno nacional planea asumir el control de YPF. La
expresión es imprecisa, porque está menos definido el procedimiento que la
meta: obturar una gigantesca hemorragia de recursos que se van en el pago de una
creciente factura energética, como consecuencia de un movimiento de pinzas. Por
un lado, el sostenido crecimiento del precio del barril de crudo que esta
semana rozó los 125 dólares; por otro la caída de las reservas, de la
exploración y de la producción de petróleo y gas, como consecuencia de
decisiones deliberadas de YPF dirigidas a maximizar ganancias y obligar al
Estado nacional a modificar su política de precios. La Argentina no puede
modificar la primera parte de la ecuación, influida por la geopolítica mundial
y que con alta probabilidad seguirán su marcha ascendente, dados los
preparativos bélicos contra Irán. Pero sí puede actuar sobre la segunda, ya que
tiene en su territorio el petróleo y el gas imprescindibles para sustentar el
crecimiento económico y la inclusión social. Esa es una ventaja comparativa que
debe aprovechar. La YPF
privatizada a fines del siglo pasado exacerbó la exportación de hidrocarburos
ya explorados por la YPF
estatal, sin reponer ni siquiera uno de cada cinco barriles extraídos. Esta
racionalidad empresarial permitió monetizar reservas, que la compañía de
accionistas españoles utilizó para invertir en otros países de Norte y
Sudamérica y en el norte de Africa. Dentro del país concentró todas sus
inversiones en yacimientos no convencionales. Las retenciones que Néstor
Kirchner impuso a esas exportaciones desacoplaron el precio interno del
petróleo de los niveles internacionales. Según el investigador de la Fundación Bariloche,
ingeniero en petróleo Nicolas Di Sbroiavacca, además de contener una escalada
de precios estas medidas permitieron al Estado apropiarse de una parte de la
renta extraordinaria que la devaluación les produjo a las petroleras por la
diferencia entre los costos de producción aquí y el precio internacional. “Esta
proporción de la renta petrolera que quedó en el país fue luego redistribuida
entre la sociedad (los verdaderos dueños del recurso), ya sea en forma de
subsidios o planes asistenciales, evitando que se convirtieran en dividendos
empresariales de privados, que luego hubieran sido remitidos principalmente al
exterior.” También garantizó la competitividad de la economía.
Una matriz importada.
A pesar de las inversiones
estatales de largo plazo para reactivar las industrias nuclear e hídrica y
desarrollar nuevas fuentes de energía, la participación de los hidrocarburos en
la matriz energética argentina aún se acerca al 90 por ciento y no es
previsible que baje del 80 por ciento en los próximos veinte años. Para colmo,
esto ocurre con preponderancia del gas, que es donde la caída de la producción
local ha sido más dramática, forzando la importación de combustibles líquidos
para quemar en las centrales térmicas. En sus discusiones con el gobierno el
financista catalán que preside YPF, Antoni Brufau, dijo que las reservas no
convencionales identificadas en la cuenca neuquina son las terceras del mundo y
que si el gobierno liberara los precios, podría llevar al autoabastecimiento
del país en no más de tres años, como ocurrió en Estados Unidos. Pero Di
Sbroiavacca señala que una cosa son los recursos identificados y otra las
reservas comprobadas que, en el principal yacimiento, el de Vaca Muerta, es del
0,15 por ciento de aquellos recursos “según el informe de la consultora Ryder
Scout realizado recientemente para YPF”. Es decir que las soluciones con
hidrocarburos no convencionales son de mediano y largo plazo, cuando casi todos
estaremos muertos. Disciplinar a YPF (como antes a Techint para que invierta en
el país parte de las ganancias obtenidas aquí, a Telecom para que no remita sus
utilidades a la casa central o a Clarín y La Nación para que quienes compiten con ellos en el
mercado de diarios puedan acceder al papel prensa a precios razonables), es
imperioso ya.
La parte del león.
En su pugna por mayores márgenes,
YPF se sentó sobre los pozos y así forzó sucesivas ventajas, como los planes
Petróleo, Gas y Refino Plus, que a partir de 2008 y hasta hace 45 días cuando
CFK los suspendió, mejoraron sus ingresos. (Los incentivos que el Estado
otorgaba cada año a todas las compañías por esos planes superaban los 2000
millones de dólares e YPF se llevaba la parte del león.) A fines del año pasado
el gobierno temía que el déficit de la balanza comercial energética se acercara
en 2012 a
los 5000 millones de dólares. A los precios actuales, ya sabe que superará con
holgura esa imponente cifra. Hasta 2007, YPF distribuyó un promedio anual de
mil millones de dólares de dividendos entre sus accionistas. Desde entonces se
acerca a duplicar esa suma, con la particularidad de que la empresa paga
dividendos superiores a su utilidad neta. Pese a la contención de precios que
le impone el Estado nacional, YPF y sus sociedades controladas han tenido en
estos años ganancias anuales extravagantes, que se acercan al 20 por ciento
sobre sus activos (RAE) y superan el 40 por ciento sobre su patrimonio neto
(ROE). En el mismo lapso, ha contraído deudas que se aproximan a los 4.000
millones de dólares. Desde 2008 las deudas crecieron más que los activos. Es el
método del vaciamiento. Según cuánto crezca el Producto Interno Bruto, la
factura energética para los cuatro años del mandato presidencial de Cristina
oscilaría entre 28.000 y 38.000 millones de dólares. Este costo golpearía en
forma directa las cuentas públicas, porque si se trasladara a quienes consumen
ese combustible, sólo la producción agropecuaria resultaría competitiva en el
mercado mundial, pero con un vertical proceso de concentración.
¿Y la solución?.
El gobierno tiene en claro que
éste es el problema, lo cual no equivale a decir que sepa cuál es la solución.
Cristina ha recibido distintas propuestas y debe decidir entre ellas. Sin
dogmatismo, preferiría que YPF se comprometiera a realizar las inversiones que
no hizo hasta ahora. De no hacerlo, habría otros interesados en hacerse cargo.
Pero también hay funcionarios que se inclinan por una salida estatal, y existen
varias de diferente intensidad, empezando por una intervención. Los remedios
aplicados hace unos años, tuvieron un efecto paradojal. Kirchner impulsó el
ingreso a la sociedad de un socio argentino, al que Brufau describió en una
irónica declaración como experto en mercados regulados. El Grupo Petersen
(elegante denominación con la que giran Papá y Baby Eskenazi), carecía de
recursos para adquirir la participación accionaria que Repsol quería ceder y
por eso se convino una ingeniería financiera para que la pagara con futuras
ganancias. Gracias a eso, lejos de propiciar la reinversión se convirtió en el
principal interesado en la distribución de dividendos, y acompañó cada planteo
de Repsol a favor de aumentos en los precios del petróleo y del gas que
produce. Esta es la línea de los ex secretarios de Energía acaudillados por
Daniel Montamat, para quienes la utopía del autoabastecimiento sólo se
alcanzará caminando hacia el horizonte de precios del mercado mundial, en cuyo
caso caería el consumo local y volverían los abundantes saldos exportables. El
gobierno obtuvo algunos éxitos, como la rebaja de un 30 por ciento en el precio
del combustible aéreo, que YPF le facturaba al precio internacional a
Aerolíneas Argentinas. Como le falta información y el análisis de costos no es
su fuerte, el gobierno acudió a una fórmula importada: como en Estados Unidos,
el precio del JPI para aviones no podrá exceder en más de 2,7 por ciento el de
la nafta especial en la estación de servicio más próxima al aeropuerto. Pero
Brufau rechazó la pretensión oficial de importar el faltante de producción
propia de hidrocarburos y venderlo al precio de producción local. Y ante la
decisión de las provincias de revertir las concesiones allí donde la inversión
y la producción no fueron los comprometidos, YPF muestra voluntad de
judicializar la relación, con lo cual no habría una solución inmediata. Que el
Estado le limpie los pozos muertos o agonizantes no le preocupa mientras
mantenga las reservas no convencionales de Vaca Muerta. Por eso, luego de las
reversiones dispuestas por Chubut y Santa Cruz, la acción de YPF subió de
precio. Con el respaldo del Reino de España, Repsol tiene más espaldas que
Eskenazi para resistir una ofensiva del Estado en toda la línea. El discurso de
la nacionalización suena muy bien, pero esconde grandes riesgos, como acaba de
advertir Hugo Moyano. El barril de petróleo es mucho más caro que en el momento
de la privatización pero las reservas son mucho menores. Tal vez si el Congreso
declarara la utilidad pública de YPF, la merma en su capitalización la pondría
más al alcance de una toma hostil en el mercado. Como se ve las alternativas
son varias. Más difícil parece modificar el plazo. El autoabastecimiento a
precios locales no es una cuestión ideológica, sino de supervivencia.
© Escrito por Horacio Verbitsky y
publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma e Buenos Aires el domingo 18 de Marzo de 2012.
