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sábado, 5 de mayo de 2012

Marca país e YPF... De Alguna Manera...

Marca país e YPF... 
En los 70 había dictaduras militares en casi todos los países sudamericanos. En los 80 había alta inflación en todos los países sudamericanos. En los 90 había baja inflación y gobiernos democráticos en todos los países sudamericanos. ¿Casualidad?

La lista continúa hasta la actualidad, porque en la primera década de este siglo la economía de todos los países sudamericanos creció al doble de la de los países desarrollados.

Piense, ahora, lector, en una letra “X” donde la línea que sube es la última década de Sudamérica y la que baja es la última década del sur de Europa. Y en otra “X”, pero exactamente inversa para las décadas anteriores. Porque, una vez superadas las heridas que dejó la Segunda Guerra en los países europeos del Norte, les tocó el turno a los del Sur. En los 70 se produjo el Risorgimento italiano, en los 80 el español, en los 90 se terminó de concretar la Unión Europea, y a comienzos del siglo XXI entró en circulación el euro como moneda única.

Mientras que en la última década, primero las economías de Grecia y Portugal, y luego la de Italia y en mayor medida la de España comenzaron una debacle.

Pero justo antes de que estas “X” se invirtieran, cuando Sudamérica estaba abajo y el sur de Europa estaba arriba, se privatizaron varias empresas estatales sudamericanas, cuyos compradores eran principalmente españoles y en menor medida italianos.

El mejor ejemplo son las telefónicas, donde una empresa española y otra italiana ganaron las dos licitaciones en las que se dividió la estatal de las telecomunicaciones, tanto en Argentina como en Brasil. Y como la “X” se dio vuelta, hoy Telefónica de Brasil es mayor que Telefónica de España (la empresa nacional, y no la internacional que incluye varios países).

En el caso del petróleo, España llegó más tarde, pero las historias paralelas entre Telefónica y Repsol permiten comprender el factor epocal y geopolítico de las privatizaciones como el ascenso del mundo financiero y su posterior colapso en la década pasada.

Telefónica y Repsol fueron la Entel y la YPF españolas. Telefónica fue del Estado; se privatizó una parte recién en 1995 y la restante en 1999. Repsol también era del Estado español; en lugar de YPF era INH, Instituto Nacional de Hidrocarburos, que hasta 1986 fue dueño del 100% de la petrolera. Hacia fines de los 80 comenzó a abrir su capital parcialmente a la Bolsa, y recién en 1997 se culminó el proceso de privatización de Repsol.

Repsol y Telefónica comparten también tres de sus principales accionistas: La Caixa, el banco BBVA y el fondo de inversión norteamericano Black Rock.

Ninguno de ellos es especialista en petróleo ni en comunicaciones, son empresas financieras: La Caixa fue originalmente Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares; el BBVA nació en 1999 como resultado de la fusión del Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya (la “A” corresponde a Argentaria, una previa fusión de bancos públicos del Estado español); y Black Rock es el tercer mayor fondo de inversión del mundo, con sede en Estados Unidos, y cuenta con inversiones ocho veces mayores que el producto bruto de España y comparables con el producto bruto de Estados Unidos. Tantos fondos son en parte resultado de que Black Rock invierte por cuenta de los fondos de pensión (nuestras AFJP). El CEO de Black Rock, Larry Fink, aparece en la televisión de su país como una celebridad.

Repasando las fechas, se observa que el proceso privatizador fue en España más o menos en la misma época que en Argentina, y que los agentes financieros que primero se quedaron con las empresas estatales españolas luego siguieron hacia Sudamérica aplicando su modelo. Su origen son instituciones financieras que también se constituyeron en los 90 como resultado de fusiones de bancos e instituciones financieras menores.

No surgieron por arte de magia, sino que fueron el resultado del apogeo español paralelo a la consumación de la Unión Europea, que les permitía acceder a créditos con una tasa de interés mucho más baja que la de los bancos de Sudamérica. ¿Se acuerda del riesgo país? Es eso; no se trataba de que los bancos españoles tuvieran gerentes geniales, sino de que pagaban un riesgo país cinco veces menor que los bancos argentinos o brasileños.

Parte de la no inversión de Repsol en YPF en los últimos años se explica también en que el costo del crédito para los bancos españoles se disparó proporcionalmente al aumento del riesgo país español, que de ser casi cero hasta 2008 hoy es de más de 400 puntos, que equivalen al 4% adicional. O sea, cualquier inversión que dejara menos del 10% de rentabilidad ya no le era rentable porque, descontando el 35% de impuesto a las ganancias, restaba lo mismo que los intereses.

Para colmo de Repsol, su otro gran accionista vino siendo Sacyr Vallehermoso Participaciones Mobiliarias, una de las empresas afectadas con el fin de la burbuja inmobiliaria española.

En el caso de Telefónica la situación es distinta, porque tiene un mejor gerenciamiento y la rentabilidad sobre la inversión en telecomunicaciones en Argentina dependió menos del gobierno, ya que sólo la telefonía de línea quedó con sus precios primero congelados y luego arbitrados por el Estado, y se le compensó todo con el fenomenal crecimiento de los celulares.

España fue el gran socio de las privatizaciones argentinas de los 90 y hoy le va peor que a la Argentina. El contexto internacional que le corresponde a Cristina Kirchner es más parecido al del primer Perón, cuando Evita llevaba ayuda a la empobrecida España de Franco, que al de Menem, cuando España emergía como una potencia mundial. Simplificadamente, la marca país España hoy “vale” menos, y la marca Argentina, más.

El logo de YPF con la bandera argentina y el de Repsol con los colores de la española encierran simbólicamente todo este trasfondo geopolítico, macroeconómico y financiero global.

© Escrito por Jorge Fontevecchia y publicado por el Diario Perfil de La Ciudad Autónoma de Buenos Aires el viernes 4 de Mayo de 2012.

domingo, 22 de abril de 2012

Yo expropio... ¿Y tú?... De Alguna Manera...

Ya se perciben las consecuencias 
por la expropiación de YPF...


La Argentina se aisla, aún más, del mundo. El debate fue planteado de manera equivocada desde un comienzo: no se trata de discutir si YPF debe ser nacionalizada o no, sino de la manera en que esto se lleva adelante. ¿Por qué el gobierno decidió hacer las cosas mal si podía actuar correctamente y de acuerdo a lo que dice la ley?

El apuro gubernamental por expropiar a Repsol, violando el artículo 17 de la Constitución Nacional —ver oportuno análisis de Tribuna de Periodistas— fue el pasaje a una millonaria demanda judicial que será fácilmente ganada por la firma española. Los costos, mal que le pese a la sociedad, no serán pagados por los funcionarios de turno, sino por los ciudadanos argentinos.

No se trata del único problema a futuro: ¿Cómo explicar a eventuales inversores extranjeros que la Argentina es un lugar seguro para invertir? ¿Cómo hacer que no se escapen a otros destinos como Chile, Uruguay, Brasil y hasta Colombia?

Lamentablemente, no se trata de futurismo sino de la más cruda actualidad. Por caso, la poderosa empresa española de tecnología energética N2S emitió esta semana un duro comunicado anunciando la cancelación de sus planes de entrar a la Argentina, inmediatamente después de que trascendió la expropiación a YPF. "Incertidumbre jurídica", fue el argumento esgrimido.

Quien aprovechó la ocasión para llevar agua a su molino fue el presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien abrió las puertas de su país a las empresas españolas y hasta le garantizó al jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, que cumpliría todas "las reglas del juego". "Aquí no expropiamos", vociferó el mandatario foráneo para despejar toda duda.

En la Argentina, mientras tanto, el Gobierno debió jurar públicamente que no se estudiaba forzar la propiedad de ninguna otra empresa. "Por ahora no hay ninguna decisión de este tipo", aseguró el ministro del Interior, Florencio Randazzo, al ser consultado sobre el tema. Todo un síntoma de la preocupación que impera en estas horas en Casa de Gobierno. 

El dilema de las provincias

En estas horas, el caso YPF no solo preocupa a la ibérica Repsol, sino también a los gobernadores que integran la revaluada Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). ¿Qué ocurrirá a partir de hoy con las regalías que estos cobraban puntualmente por parte de la empresa ahora expropiada? ¿Seguirán percibiendo esos fondos? ¿De qué manera?

Debe recordarse que existen provincias como Mendoza, que ostentan fuerte déficit en sus cuentas y que precisan de esa relevante caja. Si bien el Gobierno ha prometido a los mandatarios que integran la Ofephi que serían parte integrante de la nueva YPF, lo único que recibirán son acciones caucionadas a 50 años. En buen romance, les darán "espejitos de colores".

Al ejecutivo nacional poco le interesa la opinión de los gobernadores, a quienes insiste en ahogar a través de la coparticipación de impuestos. Hoy todas las fuerzas del oficialismo se enfocan en las reservadas negociaciones que vienen llevando adelante con dos petroleras internacionales a efectos de impulsar la exploración de la descomunal reserva de gas shale "Vaca Muerta" en Neuquén. Es un anuncio que fue anticipado por Tribuna y que será dado a conocer la semana entrante, seguramente a través de la voz del ascendente Axel Kicillof.

De más está mencionar que la mera divulgación de esa exploración será una fuerte carta de victoria para Cristina Kirchner, no solo por el respaldo que le dará la ciudadanía en plena sequía de combustible, sino también por el interés que generará en compañías petroleras foráneas.

Será, de todos modos, un naipe de distracción popular, ya que el interés real de la mandataria en torno a la expropiación de YPF, es lograr hacerse de una millonaria caja para enfrentar con eficacia un año que se presenta fuertemente deficitario. Nada de patriotismo.

La que supo definirlo con palabras sencillas ha sido la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, en el marco de una entrevista que le hizo este mismo medio: “Cristina toma YPF por problemas fiscales y no como estrategia productiva para el país”.

Debe recordarse que, tanto la Presidenta como su fallecido marido, han sido, no solo grandes propulsores de la privatización de YPF en los denostados años 90, sino también los que han pergeñado el ingreso de la familia Eskenazi a la misma empresa sin poner un solo peso.

Más aún: durante los últimos años, el oficialismo supo exactamente cómo Repsol vaciaba YPF, ya que el kirchnerista Roberto Baratta era representante del Estado en esa compañía. ¿Debió esperar hasta ahora para denunciarlo públicamente? ¿O el faltante de combustible —y dinero para adquirirlo afuera— obligó al kirchnerismo a tener que traicionar a sus ex socios?

Como sea, la expropiación ha servido también para desviar la atención de otro tema, el que involucra a Amado Boudou en el posible delito —entre otros— de negociaciones incompatibles con la función pública.

La situación es de una paradoja tal, que el propio Vicepresidente se animó a hablar del tema YPF, vinculándolo de alguna manera a su propia situación personal. "No tenemos miedo, no vamos a dejar que nos callen", aseguró Boudou en plena Feria del Libro.

Surrealismo aparte.

Concluyendo

El pasado martes 17, la patronal europea (BusinessEurope) y las cámaras de comercio de la Unión Europea (EuroChambres) enviaron una carta conjunta a Cristina Kirchner en la que le hicieron saber que la expropiación de YPF constituye una "decisión desafortunada" que "representa una señal muy negativa para los inversores, tanto a nivel nacional como internacional".


Según publicó oportunamente diario La Nación, las dos entidades han resaltado en su texto la importancia de la "seguridad jurídica" y recuerdan que la protección y las garantías de las inversiones constituyen "el principal pilar" de las transacciones empresariales a nivel mundial.

"Una ruptura de estos principios básicos puede conducir a consecuencias internacionales negativas y devastadoras", añade la misiva, firmada por los presidentes de BusinessEurope, Jürgen Thumann; y de EuroChambres, Alessandro Barberis.

La gravedad de esas palabras jamás tocaron el corazón de la Presidenta, quien prefirió redoblar la apuesta e ironizar con la decisión española de no comprar más combustible argentino: "Si quieren pagar más caro el biocombustible, no lo vamos a cuestionar; es una decisión soberana". Un funcionario de la cercanía de Cristina fue más directo aún: "No hay ninguna preocupación en el Gobierno por futuras represalias".

Lo que para la mandataria y sus ministros parece ser un chiste, es en realidad la pérdida de un negocio que representa para la Argentina casi 1.000 millones de dólares anuales. A eso debe sumarse el pedido del Parlamento Europeo de suspender las preferencias arancelarias para productos argentinos, que representan otros 3.100 millones. ¿Adónde está la humorada?

En fin, esta suma de desaciertos ha llevado a la Argentina a estar cada vez más aislada del mundo. Revertir esa situación no será nada sencillo, se precisará de un trabajo conjunto a largo plazo y de la lenta generación de confianza ante el mundo.

Esta vez, mal que le pese a Cristina, no alcanzará con las palabras de ocasión del camporista Axel Kicillof.

© Escrito por Christian Sanz y publicado en Tribuna de Periodistas el domingo 22 de Abril de 2012.

lunes, 19 de marzo de 2012

YPF... De Alguna Manera...

El general invierno...

Una solución para YPF antes de que llegue el frío,  el gobierno se propone retomar el control de YPF. Pero todavía no decidió el modo. Una hemorragia en la balanza comercial que compromete las ventajas comparativas del país. Junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es la principal medida del segundo mandato de CFK. El modelo argentino visto con ojos brasileños. El ministro Casal implora que Dios lo salve.

No es casual que los dirigentes sindicales que se reunieron con Dilma Rousseff le hayan mencionado el ejemplo argentino, como reverso de la política económica que sigue Brasil. En 2011 la economía brasileña creció algo menos que el promedio de los países que integran el Grupo de los 20 (2,7 por ciento de Brasil contra 2,8 por ciento del G-20). Pero la diferencia se agiganta con los tres países del Grupo que más crecieron: la Argentina (9,5 por ciento), China (9,2 por ciento) y la India (7,3 por ciento). Dilma se reunió por más de dos horas con los dirigentes de las seis centrales sindicales de su país, quienes se quejaron por la desindustrialización, consecuencia de la apertura financiera y el flujo masivo de capitales especulativos, que produjo un persistente atraso cambiario, al estilo argentino de la década pasada. Los sindicalistas le opusieron el ejemplo de la Argentina, donde el mayor crecimiento se da en las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Uno de los asistentes dijo que Dilma replicó: “¡Pero la Argentina tiene 20 por ciento de inflación!”. Esa referencia a la inflación fue el eje de la cobertura en la prensa argentina que, en cambio, ignoró el encomio sindical al modelo argentino. Dilma “nos dio una clase sobre lo que está haciendo, pero todas las medidas son lentas y el país está quebrado”, dijo Paulo Pereira da Silva, el líder de Força Sindical, la central obrera creada por Lula.

Verdad y consecuencia.

El gobierno brasileño desmintió la frase transmitida por los sindicalistas, alegando que la presidente nunca hablaría de asuntos internos de un país hermano y para más presidido por una amiga. Se comprende, porque Brasil no sale favorecido ni en el cotejo de 2011 ni en las previsiones para 2012. Que Dilma haya dicho o no lo que le atribuyen tiene así una importancia menor, si se compara con la no desmentida posición sindical. Esto no debería ser motivo de jactancia sino de preocupación, ya que no hay forma de impedir que el flojo desempeño de la economía brasileña provoque también una desaceleración de la argentina dado que Brasil absorbe un tercio de nuestras exportaciones. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC, la tasa de crecimiento interanual argentina en diciembre fue del 5,5 por ciento. Similar efecto se percibe en los datos de enero del comercio exterior y en la recaudación tributaria. Entre agosto de 2011 y enero de 2012, el valor de las exportaciones se redujo un 28,4 por ciento. Pero el valor de las importaciones tuvo una caída aún más pronunciada, del 29,6 por ciento. Esto permitió mantener en enero un superávit comercial de 550 millones de dólares, pero el Centro de Investigaciones de la CTA, CIFRA, entiende que este impacto incipiente de la crisis global en nuestro país explica en parte el menor nivel de actividad económica local en los últimos meses. Para estimar cuál será el resultado anual de la balanza no sirve multiplicar por 12 esos 550 millones de superávit de enero, ya que las restricciones aplicadas por el gobierno equivalen al freno de un mes de importaciones, unos 8.000 millones de dólares. La flexibilización posterior, que está serenando algunos ánimos exaltados, implica el compromiso de los importadores de retomar el ritmo normal pero sin recuperar ese atraso. El gobierno sigue confiado en que el saldo comercial del año rondará los 8.500 millones de dólares. En esta semana ha habido buenas y malas noticias para sumar a este cuadro. Las buenas son que la tonelada de soja que la Argentina exporta superó los 500 dólares, el doble de lo que vaticinaban los vinagres de siempre; las malas, que el barril de petróleo que la Argentina debe adquirir en el exterior subió más allá de los 120 dólares.

Del banco al pozo.

Este contexto ayuda a entender las principales medidas económicas adoptadas por CFK en su segundo mandato: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la derogación de varios artículos remanentes de la ley de convertibilidad y la decisión de tomar el control de la mayor empresa petrolera del país, YPF. La oposición sostiene que la motivación principal del gobierno para modificar la Carta Orgánica sancionada en 1992 durante la presidencia de Carlos Menem y el ministerio de Domingo Cavallo es acceder a las reservas del Banco Central para seguir pagando los compromisos externos. Lo más llamativo es que lo diga como una crítica, cuando se trata de la medida más apropiada posible en el ya descrito marco internacional. Las reservas son un seguro y éste es el momento de acudir a ellas para atenuar los embates de la crisis global. Si ésta creciera y se prolongara, no habría ningún nivel de reservas capaz de poner a salvo a un país medio como la Argentina. La alternativa es recurrir una vez más al endeudamiento externo, con las condiciones que implica, o practicar el ajuste brutal sobre las necesidades populares que postula la derecha pura y dura. Por cierto que hay mucho más en el proyecto que el Senado convertirá en ley esta semana. También servirá para que el Estado prosiga la tarea de disciplinamiento del sistema financiero, que comenzó con la recuperación del sistema previsional y continuó con el tope a las tasas que pueden percibirse por créditos sin riesgo a jubilados, con descuento automático por código de la ANSES. No lo hará reformulando la ley de entidades financieras que Martínez de Hoz dictó en 1977, sino incorporando uno de sus artículos a las facultades del Banco Central. En defensa del nivel de actividad y el empleo, faculta a la autoridad monetaria a “regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza, así como orientar su destino por medio de exigencia de reservas, encajes diferenciales u otros medios apropiados”. CFK y Mercedes Marcó del Pont trabajaron desde diciembre en la reforma.

Otoño caliente.

Antes de que comiencen los fríos del invierno, el gobierno nacional planea asumir el control de YPF. La expresión es imprecisa, porque está menos definido el procedimiento que la meta: obturar una gigantesca hemorragia de recursos que se van en el pago de una creciente factura energética, como consecuencia de un movimiento de pinzas. Por un lado, el sostenido crecimiento del precio del barril de crudo que esta semana rozó los 125 dólares; por otro la caída de las reservas, de la exploración y de la producción de petróleo y gas, como consecuencia de decisiones deliberadas de YPF dirigidas a maximizar ganancias y obligar al Estado nacional a modificar su política de precios. La Argentina no puede modificar la primera parte de la ecuación, influida por la geopolítica mundial y que con alta probabilidad seguirán su marcha ascendente, dados los preparativos bélicos contra Irán. Pero sí puede actuar sobre la segunda, ya que tiene en su territorio el petróleo y el gas imprescindibles para sustentar el crecimiento económico y la inclusión social. Esa es una ventaja comparativa que debe aprovechar. La YPF privatizada a fines del siglo pasado exacerbó la exportación de hidrocarburos ya explorados por la YPF estatal, sin reponer ni siquiera uno de cada cinco barriles extraídos. Esta racionalidad empresarial permitió monetizar reservas, que la compañía de accionistas españoles utilizó para invertir en otros países de Norte y Sudamérica y en el norte de Africa. Dentro del país concentró todas sus inversiones en yacimientos no convencionales. Las retenciones que Néstor Kirchner impuso a esas exportaciones desacoplaron el precio interno del petróleo de los niveles internacionales. Según el investigador de la Fundación Bariloche, ingeniero en petróleo Nicolas Di Sbroiavacca, además de contener una escalada de precios estas medidas permitieron al Estado apropiarse de una parte de la renta extraordinaria que la devaluación les produjo a las petroleras por la diferencia entre los costos de producción aquí y el precio internacional. “Esta proporción de la renta petrolera que quedó en el país fue luego redistribuida entre la sociedad (los verdaderos dueños del recurso), ya sea en forma de subsidios o planes asistenciales, evitando que se convirtieran en dividendos empresariales de privados, que luego hubieran sido remitidos principalmente al exterior.” También garantizó la competitividad de la economía.

Una matriz importada.

A pesar de las inversiones estatales de largo plazo para reactivar las industrias nuclear e hídrica y desarrollar nuevas fuentes de energía, la participación de los hidrocarburos en la matriz energética argentina aún se acerca al 90 por ciento y no es previsible que baje del 80 por ciento en los próximos veinte años. Para colmo, esto ocurre con preponderancia del gas, que es donde la caída de la producción local ha sido más dramática, forzando la importación de combustibles líquidos para quemar en las centrales térmicas. En sus discusiones con el gobierno el financista catalán que preside YPF, Antoni Brufau, dijo que las reservas no convencionales identificadas en la cuenca neuquina son las terceras del mundo y que si el gobierno liberara los precios, podría llevar al autoabastecimiento del país en no más de tres años, como ocurrió en Estados Unidos. Pero Di Sbroiavacca señala que una cosa son los recursos identificados y otra las reservas comprobadas que, en el principal yacimiento, el de Vaca Muerta, es del 0,15 por ciento de aquellos recursos “según el informe de la consultora Ryder Scout realizado recientemente para YPF”. Es decir que las soluciones con hidrocarburos no convencionales son de mediano y largo plazo, cuando casi todos estaremos muertos. Disciplinar a YPF (como antes a Techint para que invierta en el país parte de las ganancias obtenidas aquí, a Telecom para que no remita sus utilidades a la casa central o a Clarín y La Nación para que quienes compiten con ellos en el mercado de diarios puedan acceder al papel prensa a precios razonables), es imperioso ya.

La parte del león.

En su pugna por mayores márgenes, YPF se sentó sobre los pozos y así forzó sucesivas ventajas, como los planes Petróleo, Gas y Refino Plus, que a partir de 2008 y hasta hace 45 días cuando CFK los suspendió, mejoraron sus ingresos. (Los incentivos que el Estado otorgaba cada año a todas las compañías por esos planes superaban los 2000 millones de dólares e YPF se llevaba la parte del león.) A fines del año pasado el gobierno temía que el déficit de la balanza comercial energética se acercara en 2012 a los 5000 millones de dólares. A los precios actuales, ya sabe que superará con holgura esa imponente cifra. Hasta 2007, YPF distribuyó un promedio anual de mil millones de dólares de dividendos entre sus accionistas. Desde entonces se acerca a duplicar esa suma, con la particularidad de que la empresa paga dividendos superiores a su utilidad neta. Pese a la contención de precios que le impone el Estado nacional, YPF y sus sociedades controladas han tenido en estos años ganancias anuales extravagantes, que se acercan al 20 por ciento sobre sus activos (RAE) y superan el 40 por ciento sobre su patrimonio neto (ROE). En el mismo lapso, ha contraído deudas que se aproximan a los 4.000 millones de dólares. Desde 2008 las deudas crecieron más que los activos. Es el método del vaciamiento. Según cuánto crezca el Producto Interno Bruto, la factura energética para los cuatro años del mandato presidencial de Cristina oscilaría entre 28.000 y 38.000 millones de dólares. Este costo golpearía en forma directa las cuentas públicas, porque si se trasladara a quienes consumen ese combustible, sólo la producción agropecuaria resultaría competitiva en el mercado mundial, pero con un vertical proceso de concentración.

¿Y la solución?.

El gobierno tiene en claro que éste es el problema, lo cual no equivale a decir que sepa cuál es la solución. Cristina ha recibido distintas propuestas y debe decidir entre ellas. Sin dogmatismo, preferiría que YPF se comprometiera a realizar las inversiones que no hizo hasta ahora. De no hacerlo, habría otros interesados en hacerse cargo. Pero también hay funcionarios que se inclinan por una salida estatal, y existen varias de diferente intensidad, empezando por una intervención. Los remedios aplicados hace unos años, tuvieron un efecto paradojal. Kirchner impulsó el ingreso a la sociedad de un socio argentino, al que Brufau describió en una irónica declaración como experto en mercados regulados. El Grupo Petersen (elegante denominación con la que giran Papá y Baby Eskenazi), carecía de recursos para adquirir la participación accionaria que Repsol quería ceder y por eso se convino una ingeniería financiera para que la pagara con futuras ganancias. Gracias a eso, lejos de propiciar la reinversión se convirtió en el principal interesado en la distribución de dividendos, y acompañó cada planteo de Repsol a favor de aumentos en los precios del petróleo y del gas que produce. Esta es la línea de los ex secretarios de Energía acaudillados por Daniel Montamat, para quienes la utopía del autoabastecimiento sólo se alcanzará caminando hacia el horizonte de precios del mercado mundial, en cuyo caso caería el consumo local y volverían los abundantes saldos exportables. El gobierno obtuvo algunos éxitos, como la rebaja de un 30 por ciento en el precio del combustible aéreo, que YPF le facturaba al precio internacional a Aerolíneas Argentinas. Como le falta información y el análisis de costos no es su fuerte, el gobierno acudió a una fórmula importada: como en Estados Unidos, el precio del JPI para aviones no podrá exceder en más de 2,7 por ciento el de la nafta especial en la estación de servicio más próxima al aeropuerto. Pero Brufau rechazó la pretensión oficial de importar el faltante de producción propia de hidrocarburos y venderlo al precio de producción local. Y ante la decisión de las provincias de revertir las concesiones allí donde la inversión y la producción no fueron los comprometidos, YPF muestra voluntad de judicializar la relación, con lo cual no habría una solución inmediata. Que el Estado le limpie los pozos muertos o agonizantes no le preocupa mientras mantenga las reservas no convencionales de Vaca Muerta. Por eso, luego de las reversiones dispuestas por Chubut y Santa Cruz, la acción de YPF subió de precio. Con el respaldo del Reino de España, Repsol tiene más espaldas que Eskenazi para resistir una ofensiva del Estado en toda la línea. El discurso de la nacionalización suena muy bien, pero esconde grandes riesgos, como acaba de advertir Hugo Moyano. El barril de petróleo es mucho más caro que en el momento de la privatización pero las reservas son mucho menores. Tal vez si el Congreso declarara la utilidad pública de YPF, la merma en su capitalización la pondría más al alcance de una toma hostil en el mercado. Como se ve las alternativas son varias. Más difícil parece modificar el plazo. El autoabastecimiento a precios locales no es una cuestión ideológica, sino de supervivencia.

© Escrito por Horacio Verbitsky y publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma e Buenos Aires  el domingo 18 de Marzo de 2012.