El 9 de junio de este año, la alianza Cambiemos, con el jefe de Gobierno porteño a la cabeza, Horacio Rodríguez Larreta, logró aprobar la creación de la “Agencia de Bienes Sociedad del Estado”. Nada más y nada menos que un organismo estatal, controlado por el macrismo, que puede disponer de los bienes públicos a su gusto. En otras palabras, una especie de “inmobiliaria Pro” que, además, a Larreta le servirá para gestar un multimillonario presupuesto paralelo para que podrá utilizar sin rendir cuentas.
Negocios.
“La administración del Tiro Federal viene dando una lucha judicial desde el año pasado, porque ahí piensan hacer un negocio inmobiliario de unos 600 millones de dólares”, asegura el legislador porteño Adrián Camps, presidente del bloque del partido Socialista Auténtico. Y agrega: “Ahora aprobaron una ley inconstitucional para crear la Agencia de Bienes, repartiendo bancas en el directorio a cambio de votos. Aunque, en realidad, el control absoluto de la Agencia está en manos del PRO”.
EL artículo 82 de la Constitución de la Ciudad indica que el poder legislativo es quien “aprueba transacciones, dispone la desafectación del dominio público y la disposición de bienes inmuebles de la Ciudad”.
Según el Gobierno porteño, el Tiro Federal Argentino se dividirá en 3 polígonos, dos de los cuales serán convertidos en un polo educativo y viviendas, y el restante será destinado a la continuidad de la asociación civil deportiva. Pero el negocio inmobiliario quedó expuesto con la aparición de un Flyer (en inglés, supuestamente dirigido a inversores extranjeros) que publicó el propio Larreta en su página de Facebook y luego retiró.
Con los ex terrenos ferroviarios de Palermo sucede lo mismo. El complejo se extiende entre la calle Godoy Cruz, Niceto Vega y las avenidas Juan B. Justo y Santa Fe. El mismo fue dividido en tres partes. Entre Santa Fe y Paraguay se encuentra construido el Shopping “Distrito Arcos”, de IRSA, la empresa de Eduardo Elsztain (de estrecha relación con Cristina Kirchner y Mauricio Macri). El shopping comenzó a construirse en el 2010 de manera irregular, porque el predio aún estaba catalogado como “UF” (de futura urbanización). Y la constructora tampoco había presentado aún los planos ni el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, nadie los frenó.
Pegado al shopping está el Polo Científico y Tecnológico de la Nación. Y en las casi seis hectáreas restantes se encuentran las canchas de fútbol “Palermo fútbol”, donde asisten una ONG y alumnos de varios colegios de la zona para realizar actividad física. También hay una organización social, un comedor de chicos carenciados, dos estacionamientos y locales bailables. Todos ya fueron amenazados con el desalojo. Aunque algunos presentaron un amparo ante la Justicia, ya que insisten en que los contratos de alquiler que tienen firmados cuentan con una cláusula de “prioridad de compra”.
Las excusas que les dieron los funcionarios a quienes utilizan ese espacio para resindirles el contrato de alquiler no apunta al fin público. “Mi contrato estaba firmado por la ex Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado Nacional (Adif), que en su momento estaba a cargo del FPV”, explicó Ramiro Vergara, el dueño de las canchas de fútbol: “Negociábamos las renovaciones con ellos, pero cuando los terrenos pasaron a las manos de la Anses, y tras el cambio de gobierno del año pasado, tuvimos que renovar con el PRO. Hace un par de meses, nos dijeron que iban a iniciar el desalojo por vía judicial, porque ellos ya tenían un proyecto urbanístico para la construcción de unas torres en esas tierras, como las que están del otro lado de Juan B. Justo”. Por lo menos dos torres con más de 250 departamentos cada una en las que estaría interesado el constructor, amigo y asesor de Macri, Nicolás Caputo.
El último mes, el informe del Reporte Inmobiliario mostró un cambio que alertó a los vecinos de Palermo. Según este relevamiento, en diciembre del 2015, el metro cuadrado del corredor de Palermo cotizaba en U$S2.500. En junio, cuando se aprobó la creación de la agencia, el valor se disparó a 4.000 dólares. “Está variación de precios deja en claro que lo que esconde el Gobierno de la Ciudad es un negocio inmobiliario de miles de millones de dólares”, afirmó Aguilar.
Lo que viene.
Hasta junio, la venta de inmuebles de la Ciudad tenía que hacerse por medio de la Legislatura. Ahora, la dinámica es mucho más directa gracias a la la creación de la Agencia de Bienes, organismo que sumado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado Nacional (AABE), creada en el 2012 por el decreto 1.382/12 de Cristina Fernández, conforman una gran inmobiliaria por la cual Cambiemos puede disponer con total libertad de los bienes públicos.