Malas intenciones… De Alguna Manera...

Malas intenciones… 

  “SERE BREVE...”. Cristina Fernández. Dibujo: Pablo Temes.

Hay que reformar el Poder Judicial, pero CFK sólo busca disciplinarlo. Cada día, más menemismo.

En el largo discurso pronunciado por la Presidenta ante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso hubo omisiones notorias. No habló de la inflación. No habló del cepo cambiario. No habló del creciente déficit fiscal. No habló de la caída de la actividad industrial. No habló del “acuerdo de precios”. No habló de las demandas salariales. No habló de los conflictos con los docentes. No habló del pago a los jubilados que han ganado juicios y esperan que la Anses cumpla con esas sentencias. No habló de la tragedia de la estación de Once.

La larga perorata presidencial, en la que la palabra “yo” fue dicha ochenta veces, tuvo dos objetivos: el primero, describir un país atravesado por una realidad paradisíaca que no es tal; el otro, el de avanzar en la conformación de un Poder Judicial adicto. En eso consiste la llamada “democratización de la Justicia”. Como siempre hace el kirchnerismo para ocultar las reales intenciones que subyacen en estos proyectos, se toman aspiraciones legítimas y necesarias para avanzar en el sentido opuesto al que se postula. Un ejemplo de ello es la Ley de Medios. Allí, el oficialismo esgrimió como premisa el loable objetivo de generar mayor pluralismo. La realidad muestra lo contrario: hay más medios en manos de grupos empresariales afines al oficialismo a los que se sostiene con la generosa y discrecional pauta gubernamental que pagamos todos.

Para entender apropiadamente esta cruzada “democratizadora” de la Justicia, hay que remontarse a sus orígenes, que no son lejanos. La fecha clave fue el 7 de diciembre de 2012, es decir, el ya cuasi olvidado 7D, cuando Cristina Fernández de Kirchner enfureció ante fallos que frenaron su propósito de arrasar con Clarín. En esos días, el Gobierno no dejó atropello sin cometer: intrusión del Consejo de la Magistratura por parte del ministro de Justicia, Julio Alak; apriete al juez Raúl Tettamanti para que renunciara a su subrogancia en el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal Nº 1 en el que se ventilaba la disputa por la constitucionalidad o no de los artículos 161 y 45 de la Ley de Medios; avasallamiento de ese fuero; descalificaciones a la Corte y la aprobación exprés del per saltum. A partir de allí, comenzó todo este proceso que pivota sobre demandas legítimas acerca de falencias de la Justicia que deben ser enmendadas.

¿Quién puede oponerse a que deje de haber en los ámbitos tribunalicios hijos y entenados? ¿O a que los nombramientos de los jueces se hagan por concursos transparentes? ¿O a que los jueces paguen impuestos como lo hacemos todos los demás ciudadanos? ¿O a acabar con una Justicia corporativa? ¿O a la puesta en vigencia de mecanismos que doten de celeridad a los procesos judiciales? ¿O a la implementación de mecanismos que posibiliten un acceso amplio que permita conocer lo que sucede en ese mundo complejo de la ley y sus interpretaciones?

Sin embargo, la verdad de lo que persigue el Gobierno es opuesta a la de las nobles postulaciones enunciadas por la Presidenta en su discurso. Hay que recordar que este gobierno es señero en desobedecer a la Justicia. Es lo que hizo cuando se negó a reincorporar al procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, desalojado intempestivamente de su cargo por Néstor Kirchner cuando era gobernador de esa provincia. Es lo que hace sistemáticamente cuando se niega a cumplir con los fallos de la Corte Suprema a favor de los jubilados. Por otra parte, no debe olvidarse que en varias de las designaciones de nuevos jueces, la Presidenta no dudó en ignorar el orden de mérito establecido por los puntajes obtenidos en los exámenes por cada uno de los aspirantes, con el objeto de nombrar a aquel que le fuera adicto aun cuando su calificación fuera magra.

Tiene razón la Presidenta cuando se queja de cautelares que duran una eternidad. Lo contradictorio es que lo hace cuando las cautelares le son adversas y no cuando le son favorables.

Tiene razón también la Presidenta cuando alerta sobre lo injusto que es que un funcionario sea rehén de causas que nunca se terminan. Lo lamentable es que recién se haya quejado de esto cuando el incriminado es Amado Boudou –el vicepresidente que ella eligió– y no cuando eso mismo les ocurrió y les ocurre a sus adversarios.

Tiene razón Fernández cuando proclama la necesidad de consolidar una Justicia más independiente, tanto del poder económico como del Estado. Lo curioso es que cuando el poder económico demuestra pleitesía con el Gobierno, se le convalida todo y desde el Gobierno se lo protege.

Tiene razón la Presidenta cuando apunta a terminar con los favoritismos hacia los poderosos que pesan a la hora de muchos fallos judiciales. ¿Cómo compatibilizarlo, entonces, con el hecho de que a cargo de la investigación de la escandalosa compra de terrenos fiscales a precio vil hecha por Fernández de Kirchner esté Natalia Mercado, su propia sobrina?

El Consejo de la Magistratura es un órgano que está sometido, no sólo aquí, a un profundo debate. No hay dudas de que su funcionamiento debe ser objeto de una amplia revisión. Son muchos los que, con honestidad, le critican un tufillo corporativo. Pero la verdad es que lo que le molestó a la Presidenta fue el rechazo por parte de la minoría de María Lorena Gagliardi para ocupar la vacante del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 donde se debía fallar la controversia por los artículos objetados por Clarín. Gagliardi había sido funcionaria en la gestión de Juan Manuel Abal Medina y su veredicto a favor del Gobierno era vox pópuli. Si se hubiese producido esa designación, nada de esta cruzada por la “democratización judicial” habría ocurrido.

Queda claro que el Gobierno busca instalar afanosamente una Justicia adicta. Es lo que hizo el menemismo, al que el kirchnerismo se va pareciendo cada día un poco más.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 02/03/2012 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De la Fragata al 7D... De Alguna Manera...

Justicia al uso nostro…

'EL AMIGO AMERICANO'. Juez Thomas Griesa. Dibujo: Pablo Temes.

De la Fragata al 7D. El Gobierno suma preocupaciones en los juzgados del país y de EE.UU. Un vale todo por la re-reelección.

Narra un asistente al “Aló Presidenta” del último lunes: “Nos citaron a la Casa de Gobierno a las cuatro de la tarde. Nos tuvieron bajo la lluvia sin permitirnos ingresar durante un buen tiempo. Una vez adentro, todos mojados, pasamos al salón para escuchar a la Presidenta. Nadie precisó la hora de la cadena nacional, ni siquiera a los que estábamos en el lugar esperando en vano y viendo pasar el tiempo que, finalmente, terminó siendo de dos horas y que pareció interminable. Nadie nos explicó por qué nos citaron a las cuatro de la tarde si Cristina habló a las ocho de la noche. Esta vez, el coro de aplaudidores –entre los que me incluyo– se atrevió a murmurar: ‘Nos traen obligados, nos tienen dos horas esperando, nos meten la mano en el bolsillo y, encima, debemos salir sonriendo para la foto’. Finalmente, el discurso terminó, aun cuando la espera siguió por media hora más. Es que la Presidenta fue a saludar al coro de La Cámpora antes que a nadie. Allí hubo lo de siempre: sonrisas, preguntas vacías, espera y más espera para quienes, mojados y desde la cuatro de la tarde, no veíamos la hora de salir de ese ámbito. Cuando logramos salir, eran las nueve de la noche”.

La Presidenta está convencida de que, con la repetición hasta el hartazgo de esta puesta en escena, podrá retener el poder para siempre. Si observara con atención los videos de esos actos, vería que no son pocos los que nunca la aplauden. Yendo al contenido de su exposición, Cristina Fernández de Kirchner dijo en ese acto del lunes que los fondos buitre se podían quedar con la fragata Libertad pero que la soberanía del país jamás sería negociada. Alguien debió haberla anoticiado de que la detención de la fragata afecta el poder soberano del Estado argentino, en cuanto a que pone en riesgo sus bienes. Se ve que por lo bajo, afortunadamente, alguien está al tanto de ello y por las dudas aconsejó no enviar un avión de Aerolíneas Argentinas y contratar un vuelo de Air France para repatriar a parte de la tripulación del buque escuela de la Armada. El ministro Arturo Puricelli salió a reconocer su responsabilidad por este bochorno –imposible no pensar que lo hizo por orden de la Presidenta–. En otros países, a un ministro que exhibe semejante nivel de ineptitud, lo echan. Aquí, no. Puricelli, su familia, sus amigos y los familiares de sus amigos que fueron nombrados en el Ministerio de Defensa respiran aliviados: han podido conservar, por ahora, sus puestos de “trabajo”. Argentina, país generoso.

A pesar del episodio de la fragata Libertad, la obsesión de la Presidenta sigue siendo el 7D. Y en pos de lograr destruir a Clarín, el Gobierno no ha dejado atropello por cometer en el ámbito de la Justicia, que representa por estas horas la única instancia institucional del Estado que puede poner freno a la concepción absolutista que, sin ningún tipo de pudor, exhibe el oficialismo como metodología de ejercicio del poder. Si el Gobierno teme que un juez puede fallar a favor de Clarín, lo recusa; si no hay motivos ciertos para ello, ordena hurgar en su pasado a fin de encontrar allí algo que pueda ser utilizado a los fines de presionarlo; y si, tras esa búsqueda, nada aparece, entonces vienen los actos intimidatorios sobre su familia. Es lo que ocurrió con el juez Raúl Tettamanti y por lo cual lo renunció a la subrogancia en el Juzgado Civil y Comercial N° 1, en donde el Gobierno desespera por nombrar a la doctora María Lorena Gagliardi, una subordinada del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que ya hizo conocer su voluntad de destruir al Grupo Clarín. 

Este proceder, que hoy ha tomado estado público por la notoriedad del caso, ha venido ocurriendo desde hace mucho en causas menos resonantes. La consecuencia de todo esto es que en el ámbito de la Justicia se asiste a la colonización de los juzgados con designaciones de magistrados a los que se nombra por su condición de kirchneristas, tengan o no tengan antecedentes profesionales meritorios. El hecho es de una enorme gravedad porque sus secuelas se dejarán sentir aun después de que el kirchnerismo cumpla su mandato y deje el poder. La designación de conjueces en el Fuero Civil y Comercial aprobada por el Senado en la semana que pasó es un hecho igualmente grave y de dudosa constitucionalidad. Allí también prevalecieron los nombres de abogados directamente ligados al Gobierno. Es que la Presidenta teme que en ese fuero se generen fallos que pongan freno a sus acciones contra Clarín.

Todo este apuro es altamente contrastante con la molicie que el Gobierno exhibe para cubrir vacantes en otros juzgados que, a lo largo y a lo ancho del país, están paralizados desde hace años.

En medio de tanto fuego de artificio, están los datos de la realidad, que siempre complican al Gobierno y a sus aliados. Es lo que han comenzado a vivir los integrantes de la cúpula de la CGT Balcarce. La sanción del nuevo régimen de las ART los ha dejado descolocados. Y la reunión que tuvieron con Juan Manuel Abal Medina, mucho más. “Fue increíble escuchar al jefe de Gabinete preguntar, ante cada inquietud, si se había consultado al ministro tal o cual”, señaló un dirigente sindical –ilusionado con que a la CGT Balcarce se la trataría mejor que a Moyano–, quien agregó, presa de una profunda decepción: “No tienen la más mínima idea de lo que está pasando”. Son varios los gremialistas que le están advirtiendo al Gobierno que si no modifica el mínimo no imponible, en diciembre habrá protestas en diferentes sindicatos cuando los trabajadores vean que su medio aguinaldo se lo lleva la AFIP.

La Presidenta se muestra indiferente ante este reclamo a todas luces justo. Su otra gran obsesión, para la que ha puesto a trabajar a todo su gobierno, es su re-reelección. Fernández de Kirchner se ilusiona con que, con la plata de la soja que recibirá el Estado, el año que viene podrá alcanzar un triunfo electoral que la deje a las puertas de la reforma de la Constitución Nacional. En las reuniones que mantiene con intendentes, el ministro Julio De Vido exige ya sin eufemismos que, a cambio de los fondos para obras públicas, los jefes comunales deben manifestarse a favor de la re-reelección de la Presidenta, quien, a la manera del capitán que guió el Titanic, pretende hacer de la Argentina la copia fiel de la desgraciada Venezuela chavista.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

© Escrito por Nelson Castro y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sábado 27 de Octubre de 2012.

La “Corpo” de jueces y periodistas… De Alguna Manera...

La “Corpo” de jueces y periodistas…

La exposición de Laclau en Tecnópolis la semana pasada fue –simbólicamente– sexo explícito. El constitucionalismo, el republicanismo y las instituciones son armas que utilizan los conservadores para defender el statu quo y mantener sus privilegios. La revolución y hasta la reforma precisan nuevas alternativas de representación porque las existentes son retrógradas y contrarias al cambio. En sus palabras: “Las instituciones no son nunca neutrales, las instituciones son una cristalización de fuerzas entre las mismas y todo proceso de cambio radical de la sociedad necesariamente va a chocar en varios puntos con el odio institucional. Las nuevas fuerzas sociales tienen que ir creando formas institucionales propias que van a cambiar el sistema institucional vigente”.

Dicho más brutalmente: la Justicia es un antro de conservadores y radicales que se perpetúan corporativamente nombrándose unos a otros conjuntamente con sus familiares y resultan un freno al cambio, igual y más grave que la Corpo periodística. Al igual que a los medios, a los miembros de la “familia judicial” no se los elige por voto popular y su mandato no tiene límite. Representan la misma amenaza porque medios y Justicia son el poder permanente

Tiene su lógica: las instituciones, al ser una cristalización, son el resultado de la presión de fuerzas no sólo entre ellas sino y fundamentalmente, de las distintas fuerzas a lo largo del tiempo, como capas geológicas, que se fueron formando en diferentes épocas de la sociedad y necesariamente representan el voto del pasado en el presente, de la misma forma que nuestra sociedad actual compromete el futuro de las próximas generaciones.

Marx, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, escribió: “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y cuando éstos aparentan dedicarse, precisamente, a transformarse y a transformar las cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria, es precisamente cuando conjuran temerosos en su exilio los espíritus del pasado, toman prestados sus nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal.”

O sea, los hombres somos libres de hacer con lo que primero otros hicieron por, para y con nosotros.

Para el kirchnerismo la Justicia siempre fue antiperonista, porque el peronismo entendió mejor que ningún otro partido del mundo que sólo se puede gobernar bajo estado de excepción, y que los radicales fracasan porque creen que se puede gobernar respetando las instituciones.

Más aún, desde esta perspectiva no sólo la Justicia es conservadora, un Parlamento que no es controlado por el Poder Ejecutivo, también lo es. Laclau dijo en Tecnópolis que “tenemos el peligro de plantear el campo de la lucha política como la lucha parlamentaria en el seno de las instituciones existentes. Los Parlamentos han sido siempre las instituciones a través de las cuales el poder conservador se reconstituía, mientras que muchas veces un Poder Ejecutivo que apela directamente a las masas –frente a un mecanismo institucional que tiende a impedir procesos de la voluntad popular– es mucho más democrático y representativo. La representación no tiene por qué ser representación parlamentaria.”

O sea, cualquier institución que pueda ser independiente del Poder Ejecutivo será una amenaza para el cambio. Y es la división de poderes lo que se rechaza. Por eso la Justicia y el periodismo, considerado este último tanto auxiliar de la Justicia como cuarto poder, padecen similar embestida del Gobierno.

Y si avanzamos un paso más, el consenso y la sola idea de acuerdo también es conservadora porque ninguna medida revolucionaria se puede tomar por consenso: gobernar es imponer la fuerza de la mayoría a la minoría.

Laclau habló en Tecnópolis del Estado integral de Gramsci pero no del Estado total de Carl Schmitt, de orientación ideológica opuesta, quien también lo creía una superación del Estado liberal y prefería la dictadura como sistema de gobierno antes que las democracias parlamentaristas pluralistas.

Violencia moral. Hay una contradicción entre la declaración del presidente de la Corte Suprema durante la V Conferencia Nacional de Jueces en Mendoza sobre que “los jueces no cederemos a ninguna presión” y la renuncia del juez Raúl Tettamanti la semana anterior, que él mismo atribuyó a “violencia moral”. ¿Puede un juez excusarse por violencia moral? ¿No se supone que la profesión de juez requiere casualmente poder superar no sólo el riesgo de violencia moral sino hasta la física, resistiendo a las amenazas de asesinos múltiples y narcotraficantes sobre los que dictará sentencia a lo largo de su carrera? ¿No sería lógico que además denunciara legalmente a quien comete el delito de amenazarlo y que un fiscal de oficio abriera una causa por amenazas a un juez o la Corte Suprema misma ordenara una investigación?

Violencia moral se define como “apremio físico o psicológico, hecho sobre el sujeto con tal de que preste el consentimiento para la celebración de un acto contrario a su voluntad”. Otro emparentamiento con los jueces: los periodistas vivimos bajo violencia moral permanente y también algunos ceden a presiones.

© Escrito por Jorge Fontevecchia y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad de Buenos Aires el sábado 20 de Octubre de 2012.

Presiones K a la justicia... De Alguna Manera...

El instrumento del miedo...

Corto supremas. Juez Juan Lorenzetti. Dibujo: Pablo Temes.

Presiones K a la justicia. El Gobierno ha comenzado a ir sin disimulo ni límites contra aquellos jueces que no fallen a su gusto. Instituciones en riesgo.

La presencia del ministro de Justicia, Julio Alak, en la tarde del jueves en la sede del Consejo de la Magistratura será, por lo lamentable, para recordar. El ministro, a la manera de un mandadero, irrumpió en ese ámbito para dar una conferencia de prensa en la que descalificó a quienes se oponen a que la postulante María Lorena Glagliardi sea nombrada en el juzgado que debe resolver la controversia por los artículos 161 de la Ley de Medios. Alak no podía ni debía estar dando una conferencia de prensa ahí, ya que el Consejo de la Magistratura es un organismo absolutamente independiente del Poder Ejecutivo. El ministro actuó, ni más ni menos, como un usurpador. He ahí, pues, el significado de esa presencia: el del avasallamiento.

Es que el Gobierno siente que es en la Justicia donde queda uno de los pocos espacios institucionales de oposición a su ahora desembozada y desesperada necesidad de lograr la suma del poder público. Por eso, el “Aló Presidenta” del miércoles pasado tuvo un objetivo claro: el de presionar al Poder Judicial para convalidar el intento final del Gobierno destinado a destruir al grupo Clarín. Con eso, la Presidenta busca acallar las voces de la prensa libre a través de las que se expresan las ponencias críticas de la sociedad. De lograrlo, el oficialismo habrá dado un paso decisivo en su afán de consolidar un modelo chavista que, después del categórico triunfo de Hugo Chávez en las elecciones de Venezuela, representa para el Gobierno el ejemplo a seguir.

La renuncia-denuncia del juez Raúl Tettamanti al Juzgado Civil y Comercial N°1, que debe entender en la causa Clarín en la que se discute el artículo 161 de la Ley de Medios, es de una enorme gravedad. El juez había sido convocado en cumplimiento de las disposiciones de la legislación vigente que, entre otras cosas, obliga a los jueces jubilados a hacerse cargo de juzgados vacantes cuando esto es dispuesto por la Cámara del fuero o por la Corte. La obligación es tan fuerte que los jueces convocados a esta tarea sólo pueden rechazar su nombramiento en caso de causales que deben estar muy bien justificadas. De no hacerlo así, el magistrado en cuestión puede llegar a ser sancionado hasta con la pérdida de su jubilación. La misma ley establece que los jueces jubilados no pierden el acuerdo del Senado por el que fueron designados. Por lo tanto, gozan de todas las garantías que ese acuerdo otorga a los magistrados.

En relación con el tema específico, además, el doctor Tettamanti tiene en su haber dos fallos adversos al Grupo Clarín: uno por Fibertel y otro vinculado a un supuesto incumplimiento de la cautelar por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (Afsca). Lo que ocurrió con el juez representa un ejemplo claro del avasallamiento institucional que practica el kirchnerismo. Los fundamentos de la recusación presentados por el ministro Alak hablan de una voluntad de impedir cualquier posibilidad de que un juez falle en contra de los deseos del Gobierno. Si eso es grave, lo que ocurrió en la trastienda fue mucho peor. Lo que hubo directamente allí fue un apriete sobre el hermano del magistrado, el almirante Rodolfo Tettamanti, retirado en 1988 tras la sublevación de los carapintada. Por eso el juez habló de una situación de “violencia familiar”. ¿Es éste el modelo de país que pretende construir la doctora Fernández de Kirchner?

Pero volvamos al “Aló Presidenta” del miércoles. Allí dijo la doctora Fernández de Kirchner que no existe ningún cepo cambiario, sino que existe un cepo a la democracia en relación con la actitud de Clarín de discutir en sede judicial la validez o no del artículo 161 de la Ley de Medios. Lo primero es mentira; lo segundo, también. No hace falta explicarles a los lectores la existencia del cepo cambiario. Muchos de ellos ya lo han padecido. Con respecto a lo segundo, hay que decir que sería ominoso para el país que Clarín o cualquier otra empresa no cumpliera con la ley (tan ominoso como eso es que un gobierno no cumpla con la ley, cosa que hace el actual cuando les paga a los gendarmes y prefectos en negro, cuando no acata las resoluciones de la Corte para reponer al procurador de Santa Cruz o cuando no paga las sentencias de los jubilados).

Lo que sí puede ocurrir –y ello es perfectamente legal y legítimo– es que una ley contenga artículos controvertidos que puedan vulnerar derechos consagrados por la Constitución Nacional, por lo que quienes se sientan damnificados acudan a la Justicia para que ella defina la constitucionalidad o no de tales artículos. Eso es lo que está ocurriendo ahora. El control de constitucionalidad de una ley es una tarea que le corresponde a la Justicia. Esto, que es un concepto elemental que conoce cualquier estudiante de primer año de la Facultad de Derecho, es lo que está en discusión ahora. Por ello es que el Gobierno quiere desesperadamente nombrar en el Juzgado Civil y Comercial N° 1 a la doctora María Lorena Gagliardi, funcionaria del Gobierno que se desempeña en el Onabe bajo la dependencia directa del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

Embarga a la Corte Suprema un sentimiento de creciente preocupación por esta embestida furibunda de la Presidenta contra la Justicia. Tanto allí como en otros estamentos de la magistratura hay conciencia de que lo que está en juego en esta causa originada por la guerra del Gobierno contra Clarín trasciende el caso en sí y se expande hasta afectar el verdadero concepto de República. Es el “vamos por todo y por todos”, resumen de una concepción profundamente antidemocrática del ejercicio del poder. Eso se vive también al interior de un Gobierno en el que la posibilidad de que las voces autocríticas sean escuchadas es nula. El miedo como instrumento de gestión es malo para cualquier gobierno. La discrepancia no es un factor destituyente sino constituyente de las sociedades democráticas y libres en las que “ninguna fuerza doma, ningún tiempo consume, ningún mérito iguala, el nombre de la libertad” (Nicolás Maquiavelo).

Producción periodística: Guido Baistrocchi

© Escrito por Nelson Castro y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el jueves 11 de Octubre de 2012.