Un anti Estado con todo el poder del Estado... @dealgunamaneraok...

Un anti Estado con todo el poder del Estado...

Superpoderes. Milei los pide por dos años. Anarcocapitalista, pero con el Estado concentrado en él.

Como les decía, podemos seguir haciendo de cuenta que todo esto es normal. Como si lo que está pasando en el país no difiriera demasiado de lo que pasa en cualquier otro cuando asume una administración de sentido opuesta a la anterior. Como si se tratara de la diferencia que existe entre un gobierno más o menos estatista y otro más o menos liberal.    

© Escrito por Gustavo González, Presidente y CEO de Editorial Perfil, el domingo 31/12/2023 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.  

Se pueden seguir elaborando documentos empresariales para analizar cada nueva medida. 

Los intelectuales pueden armar grupos de reflexión para entender el fenómeno de lo que llaman “nueva derecha”. 

Los economistas pueden continuar con sus proyecciones sobre la casi infinita cantidad de escenarios posibles. 

Los gobernadores pueden esperar que aparezca un ala pragmática en el oficialismo que se siente a dialogar. Lo mismo que los sindicalistas, para no quedar expuestos a llevar adelante un paro general a un mes de haber asumido el nuevo mandatario. 

Los legisladores pueden persistir en su lectura de los 366 artículos del DNU y de los 644 artículos de la ley Ómnibus.  

El decisionismo no es republicano. Está sustentado en las teorías de Carl Schmitt, pensador...    

Y cada vez que el Presidente responde “¿qué tiene de malo que quiera a los perros?”, los comunicadores amigos pueden seguir sin repreguntarle: “No Presidente, lo raro no es que quiera a sus perros, sino que usted esté convencido de que ellos son capaces de asesorarlo, incluso después de muertos, ¿no cree?.” 

Quizá, en medio de las Fiestas, lo mejor desde el punto de vista psicológico, sea eso: negar un poco la realidad y convencernos de que nada de lo que pasa es tan raro. 

De lo contrario tendríamos la terrible sensación de estar sobre un tembladeral político, social y económico de consecuencias impredecibles. 

Comunicado N°2. Entiendo a aquellos que intentan aportarle normalidad a lo que ocurre y a los colegas que, por los motivos que fueran, suelen acompañar con amabilidad los primeros tiempos de todos los gobiernos, y hoy se esfuerzan por justificar lo que Javier Milei dijo e hizo en estas tres semanas. 

Me cuesta imitarlos.  

Porque no logro encontrar la justificación democrática que explique que un presidente pretenda dar vuelta la normativa legal de la Argentina, sin la posibilidad de que los representantes parlamentarios de los argentinos opinen, en cada caso, qué cambios comparten y cuáles no. 

Porque el tono y la letra del capítulo sobre Seguridad Interior de la Ley Ómnibus, es sospechosamente parecido al comunicado N°2 de la Junta Militar de 1976 (“todos los habitantes deberán abstenerse de realizar reuniones en la vía pública, toda manifestación callejera será severamente reprimida”).  

...admirado por los Kirchner. En democracia, el decisionismo debe pasar por el Congreso.      

Ahora, la reforma propuesta califica de “manifestación” la reunión de tres o más personas, las que deberán pedir autorización para reunirse. Además, se reprimirá a quienes “organicen o coordinen” esa manifestación y corten el tránsito “con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”. 

Siempre critiqué la ausencia del Estado en la resolución de los conflictos entre las personas que generan los piquetes callejeros. La insólita actitud de los gobiernos anteriores de cualquier signo, de que el Estado dejara en manos de los particulares la resolución de ese conflicto, lo que muchas veces derivaba en peleas callejeras entre manifestantes, choferes y transeúntes. 

Pero nunca imaginé que fuera un presidente anarcocapitalista que brega por la desaparición del Estado, el que en este tema iba a hacer intervenir al Estado como ningún otro gobierno desde la recuperación democrática. Tampoco me imaginaba que la forma de esa intervención estatal tendría una contundencia similar a una época en las que sólo había normativas de facto diseñadas para acallar voces críticas. 

Milei como los Kirchner. Son 366 artículos por DNU, más 644 artículos de la ley Ómnibus, suman 1.010 artículos para pensar, debatir, consensuar y votar en… un mes, que es lo que durarán las sesiones extraordinarias.   

El vértigo decisionista no es propio del republicanismo. El decisionismo es una doctrina sustentada en las teorías de Carl Schmitt, el pensador admirado por el matrimonio Kirchner. Lo polémico de Schmitt era que creía que el Estado debía ser el vértice moral y legal de una sociedad, y actuar en consecuencia.   

Hagamos de cuenta que todo esto es normal    

En las democracias liberales el decisionismo debe pasar el filtro de las discusiones parlamentarias. Tiene la contra de que lentifica los cambios, y tiene a favor que genera cambios que toman en cuenta las opiniones de los representantes legislativos de toda la sociedad, y pueden ser más permanentes. 

Los dictadores del mundo siempre fueron decisionistas bajo la lógica de que poseían la verdad y la debían aplicar rápido, sin políticos que lo demoraran. 

Por eso, el primer día de gobierno militar, el 24 de marzo de 1976, se tomaron dos medidas que cambiarían la vida de los argentinos. La primera fue emitir treinta comunicados que tenían fuerza de ley y le otorgaban todo el poder a un general, a un almirante y a un brigadier. La segunda fue encarcelar a los políticos y cerrar el Congreso.  

Es un riesgo y una pena que los legisladores que nos representan a todos, no puedan analizar con el suficiente detenimiento cada uno de los 1.010 artículos enviados por el Ejecutivo. Seguramente, habría un porcentaje de esos artículos que tendría la legitimidad de ser votado democráticamente.  

Formas y fondo. La particular combinación de proponer un país sin Estado, mientras que quien controla ese Estado reclama para sí el poder absoluto y avanza sobre el dominio del espacio público, con la contundencia de otros tiempos, le agrega preocupación al preocupante decisionismo presidencial.  

Milei acaba de decir que el problema no son las formas, sino el fondo. “Me importa un carajo las formas”, repite. Se equivoca. Las formas son el reflejo fiel del fondo. El fondo son las ideas (Platón llama “formas” a las ideas) y cuanto más duras son las ideas, más duras suelen ser sus formas.
   

¡Milei cumple!

Es cierto que su decisionismo puede ser producto de la debilidad congénita de este gobierno (debilidad legislativa y partidaria e inexperiencia de gestión). Una estrategia política para convertir en fortalezas lo que son sus fragilidades. No negociar para no perder, mostrarse más poderoso de lo que es y advertir a cada paso que siempre puede haber un plebiscito popular que le daría la razón.  

Si fuera así, su decisionismo no estaría motivado por el autoritarismo, sino por la necesidad de llevar al límite los marcos institucionales para aplicar su modelo y lograr gobernabilidad.  

El problema es la sucesión de hechos, dichos y símbolos que, por momentos, hace difícil percibir la diferencia entre un motivo y otro.  

Su mensaje de asunción de espaldas al Congreso, las inéditas limitaciones para la cobertura periodística de ese primer día, la constante desvalorización de quienes no piensan igual, el intento de gobernar por decreto, el pedido de superpoderes hasta diciembre de 2025, la penalización extrema de la protesta callejera, tratar de “coimeros” y “delincuentes” a los legisladores que se oponen a sus reformas…   

Libertario sui generis. Pasaron solo tres semanas del comienzo de la primera experiencia anarcocapitalista de la historia de la humanidad. 

Por ahora, con parada intermedia en este curioso minarquismo, que por un lado aboga por la eliminación del Estado de la vida de las personas, y por el otro pretende un Presidente con superpoderes estatales.  

Milei está convencido de que “las fuerzas del cielo” eligieron a la Argentina para este experimento único; a su hermana Karina como Moisés, el profeta de Dios; y a él como Aarón, su mejor comunicador, encomendado ahora para conducir el país.  

Ojalá que en este 2024 las fuerzas del cielo, y también de la Tierra, se apiaden de él y no desamparen al resto de los argentinos.

    

¿Cómo surgió el terrorismo de Estado? @dealgunamaneraok...

 ¿Cómo surgió el terrorismo de Estado? 

La dictadura de 1976 está signada, entre otras cosas, por el terrorismo de Estado. Ese dispositivo de represión clandestina fue el corolario de un largo proceso de intervención política de los militares y una serie de prerrogativas habilitadas por el gobierno de Isabel Martínez de Perón.

© Escrito por Esteban Pontoriero el martes 23/03/2021 y publicado por el La Vanguardia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de los Argentinos. 

Cuando esto ocurre [la suspensión total del orden jurídico vigente], es evidente que mientras el Estado subsiste, el derecho pasa a segundo término. Como quiera que el estado excepcional es siempre cosa distinta de la anarquía y del caos, en sentido jurídico siempre subsiste un orden, aunque este orden no sea jurídico. La existencia del Estado deja en este punto acreditada su superioridad sobre la validez de la norma jurídica. La “decisión” se libera de todas las trabas normativas y se torna absoluta, en sentido propio. Ante un caso excepcional, el Estado suspende el Derecho por virtud del derecho a la propia conservación.[1]

 

El 16 de febrero de 1975 en la plaza de armas del Regimiento Patricios de Mendoza se llevó a cabo el velatorio del capitán Héctor Cáceres, muerto unos días antes en el monte tucumano durante un enfrentamiento con miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). El hecho se produjo en un contexto particular: desde los inicios de ese mes el Ejército argentino se encontraba realizando una acción represiva y de exterminio en gran escala para eliminar el “foco rural” que esa organización político-militar había establecido en la provincia de Tucumán. En el funeral del oficial muerto, el general Leandro Anaya, Comandante en Jefe del Ejército, expresó: “El 29 de mayo próximo, al conmemorarse el aniversario de la fuerza [el día del Ejército], manifestaré: “el país ha definido claramente la forma de vida dentro de la cual desea desenvolverse. El gobierno, respaldado por los sectores más representativos del quehacer nacional, ha adoptado la firme determinación de hacer efectivo dicho mandato” […]. Dije en una oportunidad: “el Ejército está preparado para caer sobre la subversión, cuando el pueblo así lo reclame a través de sus legítimos representantes”. El pueblo lo ha reclamado. El Ejército cumplió”.[2]

 

La lectura de este párrafo nos conduce a formular algunas preguntas: ¿Cómo y por qué el arma terrestre llegó a ocuparse de la realización de tareas represivas? ¿Cuál fue el papel que cumplieron las autoridades políticas en ese proceso? ¿Por medio de qué marco legal se habilitó el uso del Ejército en el orden interno? ¿A quién o a quiénes habían definido como el enemigo los hombres de armas y el gobierno? ¿En qué tipo de conflicto interno creían estar involucrados los actores políticos y militares? 

Hacia fines de 1975 ya estaban disponibles dos factores centrales de la represión clandestina que ejecutarían las Fuerzas Armadas con el Ejército a la cabeza: un abordaje para la guerra interna y un marco legal que habilitaba un estado de excepción.

Hacia fines de 1975 ya estaban disponibles dos factores centrales de la represión clandestina que ejecutarían las Fuerzas Armadas con el Ejército a la cabeza: un abordaje para la guerra interna y un marco legal que habilitaba un estado de excepción. Se contaba con una teoría y una práctica para la contrainsurgencia desde los años finales de la década del cincuenta. A su vez, el gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón (1974-1976) dictó un conjunto de decretos que edificaron una creciente excepcionalidad jurídica. Este proceso poseía importantes antecedentes en las dictaduras militares de la “Revolución Libertadora” (1955-1958) y de la “Revolución Argentina” (1966-1973) y en las presidencias constitucionales de Arturo Frondizi (1958-1962) y de Arturo Illia (1963-1966). Durante el mandato de Martínez de Perón se dictaron el estado de sitio en noviembre de 1974 y los decretos “de aniquilamiento de la subversión” al año siguiente.

 

En los primeros días de febrero de 1975, el Poder Ejecutivo convocó al Ejército para darle la mayor responsabilidad en materia represiva: lograr la derrota y el exterminio del “foco guerrillero” que el ERP había instalado en una zona rural de la provincia de Tucumán desde algunos meses atrás. Luego del ataque de la organización político-militar peronista Montoneros al Regimiento de Infantería de Monte 29 en la provincia de Formosa en octubre, aquella misión tomó un carácter nacional mediante el decreto 2772. Las autoridades políticas y militares consideraban que, en la coyuntura de 1975, la defensa y el resguardo de la República justificaban la suspensión de partes sustanciales del orden jurídico para garantizar su supervivencia ante una amenaza caracterizada por ambos actores como “subversiva”.

 

Escribir sobre el terrorismo de Estado es también escribir sobre la guerra. Los militares (al igual que la mayoría de la dirigencia política, diversos sectores de la sociedad civil y las organizaciones armadas) partían de la premisa de estar librando una contienda bélica. En base a ello diagramaban su doctrina, estrategia, hipótesis de conflicto, métodos de combate e intervención en el orden interno. Además, no se trataban de cualquier enfrentamiento armado sino de una “guerra contra la subversión”. Esto implicaba, por ejemplo, incorporar el crimen a la operatoria castrense.

 

¿Por qué el Ejército recurrió a prácticas represivas clandestinas que no figuraban o estaban prohibidas en los reglamentos elaborados por la propia institución desde la incorporación de las nociones contrainsurgentes? La respuesta a esa pregunta debería tomar en cuenta una serie de factores: la influencia ejercida por el pensamiento contrainsurgente y las prácticas criminales que éste avalaba; la amnistía generalizada de los presos políticos capturados y juzgados durante la “Revolución Argentina” ocurrida durante la presidencia de Héctor Cámpora (mayo a julio de 1973); la situación ventajosa que le daría a los militares desde el punto de vista operativo, asegurando la efectividad y la impunidad por las tareas ilegales que éstos realizaran y la probada eficacia del terror entendido como un arma de guerra contra los opositores políticos. Además, la masacre debía esconderse para el resto del mundo y especialmente frente a los eventuales reclamos que pudiera realizar la Iglesia Católica, como ya había ocurrido con las ejecuciones que tuvieron lugar en la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile (1973-1990). 

Se había delineado una estrategia represiva y de aniquilamiento que se basaba en la conducción centralizada y la ejecución descentralizada: esto brindaba ciertos niveles de autonomía a las jerarquías inferiores. Estos principios fueron la culminación de un recorrido formativo y de elaboración doctrinaria iniciado en 1955.

El Ejército condensó una serie de principios para guiar su accionar contra los opositores políticos o aquellos individuos o colectivos percibidos como tales. Se había definido un enemigo, la “subversión”, caracterizado por estar oculto entre la población, su extremismo ideológico y de métodos, operar en varios frentes y buscar la toma del poder para transformar de raíz los supuestos fundamentos políticos, culturales, religiosos y económicos de la Argentina. Se había delineado una estrategia represiva y de aniquilamiento que se basaba en la conducción centralizada y la ejecución descentralizada: esto brindaba ciertos niveles de autonomía a las jerarquías inferiores. Estos principios fueron la culminación de un recorrido formativo y de elaboración doctrinaria iniciado en 1955.

 

Las máximas autoridades de la fuerza habían decidido el exterminio del enemigo. Desde el “Operativo Independencia”, el concepto de “aniquilamiento” se convirtió en el ordenador de las prácticas represivas. No obstante, los militares en soledad no hubiesen podido imponer sus ideas y encarar la “lucha antisubversiva” si no hubieran contado con el aval político que solamente les podían otorgar las máximas autoridades del gobierno. Los secuestros, las torturas, los centros clandestinos, los asesinatos masivos, las desapariciones, las variadas formas de destruir o esconder los cuerpos, se convirtieron en la marca registrada del terrorismo de Estado en nuestro país, junto con una serie de prácticas legales o legalizadas por la dictadura tales como la prisión política o el exilio.

En los prolegómenos del golpe de Estado de marzo de 1976, un conjunto de elementos diacrónicos confluyó con otros de tipo sincrónico. Una serie de procesos de largo plazo (desarrollos doctrinarios, jurídicos, de imaginarios, de estructuras organizativas y de prácticas) se imbricaron con otros de corta duración (un diagnóstico de coyuntura, usos, apropiaciones, prácticas represivas, una convocatoria presidencial a la “lucha antisubversiva” y un contexto de crisis política, económica e intra gubernamental) dando lugar al surgimiento de un determinado fenómeno histórico: la represión clandestina y su cara más brutal, el exterminio secreto.

 

La seguridad interna se hallaba completamente integrada a la esfera de la defensa nacional, más que en ninguna de las otras coyunturas previas. La lógica del estado de excepción, existente en diferentes momentos entre 1955 y 1976, creó una situación compleja respecto del marco constitucional. La incorporación de las FF.AA. a la esfera de la seguridad interna para ejecutar tareas represivas se realizó mediante una legislación de defensa atravesada por el imaginario de la “guerra contrainsurgente” que permitía suspender una parte de las garantías constitucionales y que avalaba la implementación de un conjunto de prácticas represivas sostenidas en ese marco legal de emergencia. Desde la lógica castrense no existía una ruptura entre el orden legal y la acción clandestina: la introducción de un estado de excepción les daba a los militares la primacía en la represión y exterminio de la “subversión”. Una serie de decretos confirmaba la percepción del Ejército de estar inmerso en una guerra que –es importante remarcarlo– implicaba la realización de acciones criminales.

Desde la lógica castrense no existía una ruptura entre el orden legal y la acción clandestina: la introducción de un estado de excepción les daba a los militares la primacía en la represión y exterminio de la “subversión”. 

Los pares dicotómicos estatalidad/paraestatalidad y acción pública/acción clandestina en un marco de excepción pierden su operatividad para el análisis histórico: deben abordarse considerando sus cruces y porosidades. Las medidas propias de un estado de excepción imponen una situación en la que la división polar “legal/ilegal” deja de funcionar como clave de comprensión de las acciones ejecutadas por el Estado. En el caso argentino, por ejemplo, muchas de las medidas represivas que implementaron los militares estaban fuera del orden jurídico. Sin embargo, la legislación de defensa que se sancionó en los sesenta y entre 1974 y 1975 permitió que aquellas prácticas ilegales se volvieran legales. Por lo tanto, como señala Marina Franco “el problema no es entonces la ‘legalidad o la ‘ilegalidad’ de las acciones, sino el carácter excepcional y ascendente de esas medidas ‘legales’ fundadas en el estado de necesidad que llevó a la suspensión progresiva del Estado de derecho en nombre de su preservación. Fue ese proceso, efectivamente, el que condujo a la militarización del Estado y alimentó, una vez más, la autonomización de las Fuerzas Armadas”.[3] 

Para finalizar, a partir de 1975 la acción represiva y de exterminio se movieron en una “tierra de nadie” creada por la combinación de la excepcionalidad jurídica con la contrainsurgencia. Este proceso tuvo como condición de posibilidad los desarrollos doctrinarios y gubernamentales previos. 

[1] Carl Schmitt. Teología política. Cuatro ensayos sobre la soberanía. Buenos Aires, Struhart & Cía., 2005, p. 30. 

[2] Clarín, 17 de febrero de 1975, p. 5. 

[3] Marina Franco. Un enemigo para la nación…, Op. Cit.,p. 181. 

Esteban Pontoriero. Doctor en Historia por el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Investigador Asistente en CONICET.

Ver para creer: Kirchner lo hizo… @dealgunamanera...

Ver para creer: Kirchner lo hizo…

La crisis de 2001 llevó a la gente a descreer de todos. Pero en su necesidad de creer en algo, Néstor Kirchner le armó un paquete convincente.

© Escrito por Luis Alberto Romero, Historiador, el sábado 07/01/2017 y publicado en el Diario Los Andes de la Ciudad de Mendoza.

Como en el caso del apóstol Tomás, que necesitó palpar las heridas de Jesús resucitado, tanto el común de los argentinos como la Justicia necesitaron ver los fajos de dólares para asumir la magnitud y centralidad que tuvo el saqueo del Estado en el régimen kirchnerista.

Durante los últimos años fuimos muchos quienes, uniendo indicios, imaginamos que detrás de la punta del iceberg había un sistema de corrupción organizado por el presidente y sus allegados. Para subrayar su carácter sistémico, propusimos llamarlo “cleptocracia”.

Desde el caso Boudou, los indicios se acumularon de manera exponencial. Pero faltaba ver los billetes; y eso ocurrió con los dólares de la Rosadita, la caja de seguridad de Florencia o las valijas de José López: las imágenes transformaron las inferencias en verdad contundente, salvo para quienes, siguiendo el Credo ut intelligam de San Agustín -creo para entender- continúan dando prioridad a la fe por sobre la experiencia y la razón.

A esto se acaba de agregar un nuevo elemento: el juez Ercolini reunió distintas investigaciones parciales y procesó a Cristina, De Vido, Báez y otros por constituir una asociación ilícita en relación con la obra pública. Agregó un elemento importante: esta asociación ilícita se constituyó un poco antes de que asumiera el poder Néstor Kirchner, su organizador.

Se trata de una verdad judicial inicial suficiente para iniciar un proceso, pero nos sirve para entender la historia del kirchnerismo. Es fácil advertir que el modus operandi se practicó sistemáticamente en Santa Cruz, donde De Vido integraba el equipo de gobierno de la provincia y Báez colaboraba desde el Banco de Santa Cruz y como asesor de la constructora Gotti. Pocos días antes de la transmisión del mando, Báez fundó Austral Construcciones, centro de sus operaciones, que fueron las de Kirchner.

¿Cuándo concibió Néstor Kirchner el proyecto de extender el “modelo Santa Cruz” a todo el país? ¿Habrá sido durante las reuniones del Grupo Calafate, que tuvo distinguidos integrantes, cuyo nombre convendría recordar? Muchos de los apóstoles se apartaron del kirchnerismo, pero no reniegan de sus orígenes, y cargan las culpas sobre Cristina, lo que es históricamente injusto. Lo cierto es que fue una decisión de una audacia enorme, tomada en momentos en que la ciudadanía estaba convencida de que Kirchner era apenas el “Chirolita” de Duhalde.

Por entonces los analistas se preguntaban cómo haría para afirmarse en el gobierno un provinciano que nunca había salido del país, con pocos amigos en el peronismo e ignorante de los usos y costumbres de la Capital. Se conocían sus antecedentes santacruceños, incluyendo su despiadado autoritarismo, pero costaba imaginar que ese sistema, adecuado para una provincia con una sociedad civil escuálida, funcionara en la Argentina. Otra vez, hubo que ver para creer.

La obra pública estuvo en el centro de un sistema que fácilmente se extendió a otros campos por los que circulaban los fondos del Estado, como el Transporte. De Vido y Jaime fueron los ejecutores del plan de Kirchner, y Báez y Cirigliano los cómplices, como después lo fue Eskenazi en el caso de YPF, cuando la voracidad cleptocrática avanzó sobre empresas privadas. Fue un núcleo muy reducido; a su alrededor surgieron esquemas menores en los que muchos empresarios fueron partícipes obligados. ¿Cuál fue el monto total del botín?

Solo tenemos sospechas de una cifra que cada mes se incrementa en un dígito.

Estoy convencido de que el sistema kirchnerista se constituyó en torno de este núcleo cleptocrático -gobierno de, para y por la corrupción- y que los otros elementos fueron complementos, piezas funcionales de un proyecto que combinaba la acumulación de dinero y de poder.

En la cabeza de Néstor, ambas cosas eran una sola; así lo recuerda Cristina cuando, a mediados de 1976, le propuso irse a Río Gallegos “para juntar plata y poder hacer política”.

No habría habido ni régimen cleptocrático ni impunidad sin la eliminación de todos los controles institucionales. Kirchner no necesitó a Carl Schmitt para transformar, a la criolla, la democracia en autocracia. El “esquema Kirchner” era sencillo pero requirió de mucha destreza en la ejecución. La cooptación de distintos sectores, así como el enfrentamiento con otros, no fue el fruto de un designio ideológico sino un complemento práctico del aparato cleptocrático. Sus aliados eran desechables, por decirlo de manera elegante, y sus enemigos podían cambiar según las circunstancias. Pero la forma era inmutable.

Lo más notable fue el discurso, el relato. ¿En qué momento este político de provincia, sin experiencia en ese terreno, descubrió sus potencialidades? Creo que fue una construcción admirable, tanto o más meritoria que la máquina cleptocrática. ¡Chapeau!

No creer en nada -esa es mi impresión- lo ayudó en esta tarea artesanal consistente en descubrir las potencialidades de un imaginario político exacerbado y fragmentado por la crisis de 2001. Mucha gente no creía en nada pero quería creer en algo, y lo cierto es que Kirchner les armó un paquete convincente, combinando una pizca de la tradición peronista, mucho de setentismo, otro tanto de “derechos humanos” -básicamente un ánimo vindicativo y retaliativo- y todos los llamados “nuevos derechos”, desde los homosexuales a los “pueblos originarios”.

No es poco el talento necesario para armar este conjunto, aunque sobre el núcleo originario han de haberse sumando los aportes espontáneos de todos quienes tenían alguna acreencia con el pasado. A partir del conflicto con “el campo” -o “la oligarquía terrateniente”- este conjunto se ordenó definitivamente en el esquema clásico del enfrentamiento entre el pueblo y su líder contra “los poderes concentrados”: se hizo comprensivo y gelatinoso y alcanzó su máxima eficacia evangelizadora, una tarea en la que, luego de la muerte de Néstor, Cristina cumplió una función importante.

Nos queda una pregunta: ¿Cómo una sociedad relativamente organizada, culta y con tradiciones políticas pudo “comprar” este paquete?

Queda para otra ocasión desarrollar la idea de Agustín. Aquí me quedo con lo más importante: el núcleo está en la asociación ilícita que Ercolini ha procesado. Y si bien hoy Cristina encabeza la carátula judicial, Kirchner lo hizo.

El error K... De Alguna Manera...

El error K…

La marcha por Nisman del miércoles pasado fue gigantesca y hubiera sido aún más concurrida sin la lluvia. El kirchnerismo, con su beligerancia, contribuyó a agrandarla. Foto: AP

En el discurso de Cristina Kirchner en Atucha II, el día de la marcha por Nisman, está la clave para entender el núcleo del error K. En el discurso de Cristina Kirchner en Atucha II, el día de la marcha por Nisman, está la clave para entender el núcleo del error K, fuente de la mayoría de sus desaciertos y de los de su marido, a quien sólo la muerte le impidió sufrir las mismas consecuencias.

Cristina contó que en 2001 un empresario, quejándose, le gritó a Fernando de la Rúa mientras golpeaba la mesa del comedor de la Casa Rosada durante un almuerzo al que el presidente lo había invitado como integrante de una delegación de la UIA. Y que a ella ni a su marido nadie se hubiera animado a gritarles.

Agregó Cristina que la historia se la contó el actual vicepresidente de ADIMRA y ex presidente de la UIA, el filokirchnerista Juan Carlos Lascurain, y que ese empresario habría sido el dueño de Techint, Paolo Rocca. Historia que puede ser cierta porque en aquellos meses de terremoto económico, durante una reunión de De la Rúa con otra delegación de empresarios, en este caso dueños de grandes empresas no industriales, fue Héctor Magnetto quien le dijo a De la Rúa que su gobierno estaba agotado.

Cristina –como Néstor Kirchner– cree que la crisis de 2001 fue por la debilidad presidencial. Que personas como Rocca o Magnetto (“antes gobernaban otros que no eran los que la gente votaba”, dijo Cristina en ese mismo discurso) fueron los causantes de la crisis y no que, espantados por el terremoto que veían venir, trataban de torcer el rumbo de sus consecuencias en la dirección menos perjudicial para sus intereses.

Si a los ojos de los Kirchner la hecatombe de 2001 se produjo por flaqueza del presidente, es lógico que crean que la solución a cualquier crisis, y su profilaxis, sea un presidente muy fuerte, que nunca se deje “marcar la cancha” y que, aun cuando estuviera equivocado, siempre sería mejor que se mantuviera firme en el error y no que, al corregirlo, corriera el riesgo de mostrar debilidad. Redoblar siempre la apuesta es hijo de ese razonamiento equivocado.

Por eso, ante cada divergencia, Cristina –o Néstor Kirchner en su tiempo– ve una amenaza a su autoridad. No considera la posibilidad de  que se discrepe con determinadas acciones del Gobierno, sino que se convence de que atacan la propia autoridad presidencial. Ver golpes institucionales detrás de cada conflicto es resultado de esa matriz de pensamiento paranoico. Que termina, no pocas veces, logrando el resultado inverso al buscado, agigantando conflictos, aumentando su presión, en lugar de descomprimirlos.

Esa irracional forma de ser y actuar, en un país al que paralelamente le iba muy bien económicamente hasta 2008, requirió una explicación más elevada que la perturbación psicológica, e inspiró a muchos intelectuales K a utilizar conceptos como amigo-enemigo de Laclau o el Estado total de Carl Schmitt para justificar lo que simplemente eran equivocaciones generadas por una mala lectura de la realidad, errores que eran disimulados por un enorme ingreso de recursos, producido por el aumento de los precios de las commodities.

Con estos precios (aun los achicados a lo largo de 2014), De la Rúa no hubiera necesitado llamar a Rocca o Magnetto para, infructuosamente, pedirles cooperación ante la crisis que se avecinaba. Otro ejemplo de la importancia que tuvo el aumento del precio de las commodities es que el atraso cambiario llegó este año al mismo punto de tasa de cambio combinada que había en 2001, con vencimientos de deuda externa en dólares para 2015 en montos menores, comparables con 2002 y, sin embargo, no se produce un colapso como el de aquel año.

Cristina Kirchner creerá que es gracias a que a ella no le grita nadie, sin comprender que aquel diagnóstico originario sobre la debilidad presidencial de De la Rúa fue sólo una parte del problema de 2001. Y paga el enorme costo político de ni quisiera enviar las mínimas condolencias a la viuda y las hijas de Nisman, en un gesto casi patético de inconmovilidad. Encerrada en su desvarío, se enoja y termina imaginando que la viuda y la huérfana es ella misma, dado que la muerte de Nisman la perjudicó más que a sus familiares directos.

Néstor Kirchner, ante el asesinato del militante del Partido Obrero, dijo que había sido un tiro a su propio corazón. Y en el discurso de Cristina previo a la marcha por Nisman se quejó de “lo que tenía que aguantar”.

El próximo presidente debe cuidarse de caer en otro error de diagnóstico originario y de creer que el problema del kirchnerismo fue su intransigencia, y que todo se solucionará siendo flexible y dialoguista.

© Escrito por Jorge Fontevechia el sábado 21/02/2015 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.