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domingo, 26 de mayo de 2019

Buenos Aires: muertes a repetición… @dealgunamanera…

Las masacres de la gobernadora Vidal…

Imagen: Noticias Argentinas

María Eugenia Vidal busca no aparecer ligada a los asesinatos de Monte para no mancharse políticamente con la Bonaerense de la que es responsable. Pero el blindaje es cada vez más difícil.

© Escrito por Martín Granovsky el Domingo 26/05/2019 y publicado en el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

María Eugenia Vidal, la esperanza blanca del macrismo, consolida su perfil más impiadoso. La matanza de un joven y tres chiquitos a manos de la Bonaerense, en San Miguel del Monte, confirma que las masacres hilvanan su gestión.

La responsabilidad política no entraña siempre una culpa penal. Pensar así sería fascista. El Derecho no puede ser una herramienta para fabricar enemigos. Sería persecutorio, también, colocar a Vidal como la presunta jefa de una asociación ilícita para cometer delitos. Entre otros, el de matar. Pero algo es seguro: la cabeza del Poder Ejecutivo siempre tiene la responsabilidad primaria sobre lo que pasa en su distrito.

¿Vidal no podría decir que es víctima de la mala suerte? Ya no. Uno, porque las masacres forman una serie. Y dos, porque su gobierno jamás se hizo cargo de ellas. La única constante fue que Vidal se escondió frente a las muertes. Ante los homicidios de Monte, por ejemplo, la táctica fue que aparecieran su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y el jefe de los fiscales, Julio Conte Grand. Es fácil: despellejan una capa de oficiales y agentes y todo bien hasta la próxima masacre.

No es que Vidal abandonó toda actividad pública. La masacre ocurrió en la madrugada del 20 de mayo.  En la cuenta de Twitter @mariuvidal figuran, entre otras, estas frases en sus tuits:

*”El DNI abre la puerta a los derechos básicos.” (20 de mayo)

*”Con Mauricio anunciamos la construcción de una nueva fábrica ferroviaria.” (21 de mayo)

*”Hoy hay un Gobierno que no busca atajos.” (22 de mayo)

*”Recién terminamos con @JulioGarro una reunión con vecinos de La Plata.” (22 de mayo)

*”Hace 209 años un grupo de patriotas se animó a soñar en grande. Hoy los recordamos y homenajeamos su revolución.” (25 de mayo)

El nivel de actividad de la gobernadora revela que callar cuando hay muertos a manos del Estado es una opción deliberada. ¿Para no mancharse?  Solo ella y Macri lo saben. 

No fue deliberada, en cambio, la ausencia en los actos por el 25 de Mayo de Danilo Sansone (13 años), Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Carlos Suárez (22). Están muertos por la persecución policial que los hizo estrellarse contra un camión. La quinta ocupante del Fiat Spazio atacado por la Bonaerense de Vidal, Rocío, está internada y grave en el hospital El Cruce de Florencio Varela. El abandono del Estado llegó a un nivel tal que la farmacéutica Fabiana López puso una alcancía en la Farmacia López de Monte para costear los viajes de los familiares. 

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, recopiló las muertes con participación de policías desde que asumió Vidal.

Sin agotar la lista, el 2 de marzo de 2017 una protesta de 19 presos terminó en la quema de colchones dentro de la comisaría 1° de Pergamino. Los policías demoraron en abrir las celdas. Siete jóvenes murieron por asfixia.

El 7 de octubre de 2017 el cabo primero del Servicio Penitenciario Bonaerense Julio Reynoso y otros dos hombres invadieron la casa de una familia y les dispararon a dos parejas. Murieron Carmen García Llanos (25), Sergia García Llanos (33) y el bebé de una de ellas, que estaba embarazada. Fue rescatado con vida pero falleció a los tres días.

El 15 de noviembre de 2018, 27 presos de la Comisaría 3° de Esteban Echeverría protestaron por las condiciones de hacinamiento. Hubo un incendio y la policía cortó la llave de agua. Cuando llegaron los bomberos ya había cuatro muertos. Otros seis morirían después. Diez en total.

El 2 de agosto de 2018 una explosión de gas mató en la escuela 49 de Moreno a la vicedirectora Sandra Calamano y al carpintero y auxiliar técnico Rubén Rodríguez. Las fallas en la instalación habían sido denunciadas ante la Gobernación. El Consejo Escolar estaba intervenido por el responsable provincial de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny. Esa vez los responsables no fueron los policías sino las autoridades educativas.

El 26 de junio de 2002 el asesinato a manos de la Bonaerense de dos chicos, Darío Santillán de 21 años y Maximiliano Kosteki de 23, hizo que un político veterano como Eduardo Duhalde adelantara las elecciones y no fuese candidato a Presidente.

La sangre de una matanza salpica siempre. Y a la larga no hay blindaje mediático que lo resista.



domingo, 3 de septiembre de 2017

Desaparecer, verbo argentino... @dealgunamanera...

Desaparecer, verbo argentino...

Macri se había ido a Punta del Este. Foto: Reproduccion Revista Nocias del 13/01/2007. 

Cuando desapareció Jorge Julio López, Mauricio Macri era candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (asumió a fines de 2007) y diputado nacional. La desaparición de López creó una justificada conmoción porque se trataba de un testigo que acababa de declarar contra un ex represor de la dictadura en el contexto de la reapertura de esos juicios emblemáticos. Mientras todas las fuerzas políticas producían declaraciones, se movilizaban y buscaban la mejor forma de transmitir su consternación, el candidato Macri se había ido a descansar a Punta del Este. Eso motivó la tapa de la revista Noticias que ilustra esta columna cuyo título era “El candidato haragán”, y que luego mereció una serie de réplicas y contrarréplicas porque Macri pidió un debate por escrito que duró varias semanas.

Aquel Macri todavía joven y hedónico de hace once años en poco se parece al de hoy, pero la dificultad para comprender la connotación que tiene en la Argentina el verbo “desaparecer” se mantiene. Es una palabra que por sí sola genera electricidad en el cuerpo de la sociedad. Tres años después, cuando el kirchnerismo discutía la Ley de Medios haciendo foco en su ataque al Grupo Clarín, su señal de noticias hizo una campaña publicitaria diciendo que si se aprobaba la ley TN iba a “desaparecer” y se armó un revuelo por el uso del verbo por aquellos que, supuestamente, eran quienes menos tenían derecho a invocarlo.

Ya siendo presidente, otra vez Macri chocó con el mismo problema al responder con desdén en un reportaje a un medio extranjero que no tenía ni idea de cuántos eran los desaparecidos. El entonces secretario de Cultura porteño, Darío Lopérfido, quiso salir en su defensa discutiendo la cantidad de desaparecidos que se menciona que hubo y terminó electrocutado (tuvo que renunciar) por no comprender que ciertas emociones no entienden de razones. 

Lo mismo les sucede al Gobierno y a sus comunicadores más afines hoy con la desaparición de Maldonado cuando tratan de argumentar que no hay pruebas de que se lo haya llevado la Gendarmería. Es como si hubieran hecho falta pruebas de que a Jorge Julio López se lo chupó realmente una organización parapolicial cercana a los ex represores para recién entonces poder creerlo cierto. Es no comprender que en estos casos se invierte la carga de la prueba.

La misma miopía consiste en argumentar a posteriori de una desaparición que los mapuches son violentos o irracionales: es tan contraproducente como salir a explicar que los montoneros también eran asesinos tras la desaparición de Jorge Julio López, como si fuera una justificación autoinculpatoria.

Desaparecer en argentino es morir de la peor manera, a manos de una fuerza de seguridad oficial o relacionada con ellas de alguna manera. Tampoco hace falta que se trate de un plan sistemático para que se califique de “forzada” a la desaparición, como se la pasaron discutiendo según el lenguaje técnico jurídico (otra vez el racionalismo) representantes del Gobierno y comunicadores afines. Si desaparición en el sentido que se usa políticamente es sinónimo de muerte por asesinato, no podría no ser forzada. Son discusiones estériles; además, un solo caso en una fuerza de seguridad alcanza para que la memoria colectiva lo enhebre al connotado significado de la palabra “desaparecido”. Porque desaparecidos con esa connotación simbólica también lo fueron Omar Carrasco, José Luis Cabezas, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, y Mariano Ferreyra además de Jorge Julio López y Santiago Maldonado.


Carrasco obligó en 1994 a Menem a abolir el servicio militar; José Luis Cabezas, en 1997, a Menem a desistir de la re-reelección; Kosteki y Santillán, en 2002, a Duhalde a llamar a elecciones anticipadas; y Mariano Ferreyra –el militante del Partido Obrero asesinado por una patota de un gremio cercano al gobierno– le costó a Néstor Kirchner un disgusto que, según su hijo Máximo, le produjo el infarto por el que falleció siete días después.

Es que desaparecido/asesinado por fuerza de seguridad del Estado o por grupos cercanos al gobierno de turno es traducido en el inconsciente social como gobierno malo. “Macri, basura, vos sos la dictadura” no tiene explicación lógica, pero sí la tiene si se apela al lenguaje de condensación y desplazamiento, que es como los seres humanos procesamos las emociones en el inconsciente. 

Un gobierno como el actual, que ha dado muestras de desinterés por “el curro de los derechos humanos”, como lo definió el propio Macri, y que a la vez precisa que las fuerzas de seguridad tengan un protagonismo mayor en la lucha contra el delito, no debería esconder la cabeza como el ñandú ni tratar de escaparse del tema ignorándolo o mostrando desinterés sino todo lo contrario, sobreactuando ante el menor indicio de exceso de una fuerza de seguridad. Con la misma determinación con que lo hace cuando descubre que un policía de la Bonaerense y ahora de la Metropolitana es corrupto o está en connivencia con el delito.

Es cierto que estamos en medio de una campaña electoral que agita los temas con fines políticos, pero el gobierno de Macri no debería olvidar que también contribuyó a su triunfo electoral en 2015 la justificada agitación política que generó la muerte del fiscal Nisman, sobre quien tampoco se pudo probar que haya sido asesinado, pero esa falta de pruebas contundentes no impidió que la enorme mayoría de la sociedad creyera que fue asesinado por quienes trabajaban o habían trabajado para el kirchnerismo.

El Gobierno necesita cambiar de estrategia incorporando el tema de los derechos humanos a su agenda, como lo hizo al sumar a las organizaciones sociales sin importarle que hayan sido kirchneristas. Negar el sentimiento que produce la lucha contra la dictadura es como si Alfonsín hubiera discontinuado el reclamo por las islas Malvinas aduciendo que habían sido usadas por Galtieri y la dictadura.