El Centro de Estudios Legales y Sociales es una empresa… @dealgunamaneraok...

 El Centro de Estudios Legales y Sociales es una empresa…

 

Magnífica ocasión para romper la inercia del lenguaje y dejar de considerar "organismo de derechos humanos" al CELS. 

El CELS es una empresa, cuyo presidente es el señor Horacio Verbitsky, declarado heredero del fundador, Emilio Fermín Mignone. 

© Escrito por Enrique Vázquez el sábado 20/02/2021 y publicado en Facebook, en la Ciudad de Ingeniero  Maschwitz, Provincia de Buenos Aires, República de los Argentinos. 

Mignone nació en 1922 y desde muy joven integró los “grupos de choque” de la iglesia católica, particularmente activos contra los simpatizantes de la República durante la guerra civil española (1936-1939). Como es lógico, fue seducido por el peronismo: en 1948 asumió como Director General de Escuelas (ministro de Educación) de la provincia de Buenos Aires, designado por el gobernador, coronel Domingo Mercante, y más tarde ocupó la dirección del Educación Superior del Consejo Nacional de Desarrollo. 

Caído Perón, aprovechó sus contactos con funcionarios norteamericanos para poner distancia de la “Libertadora”. 

A principios de los ’60 consiguió un contrato de la Organización de Estados Americanos como especialista en política educacional. Su desempeño en Washington DC coincidió con la expulsión de Cuba del seno de la OEA y el aval de esta entidad a la invasión de la República Dominicana. 

Su cargo político más alto llegó con la dictadura de Juan Carlos Onganía, la edad de oro de los católicos ultramontanos y del cursillismo: en 1966, apenas derrocado el presidente Illia, Mignone asumió como viceministro de Educación de la Nación, cargo en el que se mantuvo hasta 1970. 

Con el auspicio del nuevo gobierno constitucional peronista, inaugurado el 25 de mayo de 1973, Mignone fue nombrado rector de la Universidad Nacional de Luján, que había sido creada en diciembre de 1972. Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, la universidad fue intervenida, como todas las otras. Y en un par de meses la vida del rector depuesto sufrió un vuelco dramático. 

Mignone tuvo 5 hijos: Isabel, Mónica, Mercedes, Fernando y Javier; uno de los varones se hizo cura católico y vive en el Canadá. Mónica era catequista y asistente social en la villa del Bajo Flores cuando fue detenida por un comando de la Armada el 14 de mayo de 1976. Mignone y su mujer, Angélica “Chela” Sosa, recurrieron a todos sus contactos para encontrarla; un marino les dijo que se quedaran tranquilos, que Mónica estaba en la Escuela de Mecánica de la Armada y que con toda seguridad al día siguiente la restituirían a su domicilio habitual. Nunca más supieron nada de ella. 

Mignone encontró refugio y contención en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y “Chela” en la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, cuya disidente Línea Fundadora la encontró como una de sus integrantes desde el primer momento. 

Cuando llegó a Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 6 de septiembre de 1979, sus integrantes recogieron todos los testimonios posibles sobre el terrorismo de Estado, y al regresar a los EE.UU. editaron un libro en inglés y castellano con una síntesis de lo obtenido. Mignone viajó a Washington junto al obispo metodista Aldo Etchegoyen y ambos trajeron a la Argentina los primeros ejemplares de aquella denuncia, cuya difusión, por supuesto, estaba prohibida por los milicos. Pero Mignone no sólo trajo libros: trajo también una propuesta de la Fundación Ford para subvencionar a la APDH con una donación inicial de 2 millones de dólares, que se renovaría anualmente. 

La APDH se mantenía a duras penas gracias a las donaciones de los fieles de las iglesias protestantes europeas, particularmente las alemanas y las neerlandesas. La donación le venía de perlas, pero la compañía Ford había transformado su planta automotriz de General Pacheco en un verdadero campo de concentración, del que desaparecieron no menos de 12 trabajadores, entre ellos 6 que integraban la comisión interna de delegados. La APDH no podía combatir el terrorismo de Estado con dinero de uno de sus cómplices. La comisión directiva decidió rechazar la propuesta de la Ford, y Emilio Fermín Mignone, junto a otros dos padres de desaparecidos -Augusto Conte McDonnell y Boris Pasik- decidió emplear ese dinero en la creación de un ente que estuviera en condiciones de pagar abogados profesionales e investigadores sociales dedicados al tema de la represión ilegal. 

Así nació el CELS. 

Apenas restablecida la democracia, Horacio Verbistky buscó reinsertarse en su profesión y lo consiguió en 1984 a través del semanario El Periodista, editado por Andrés Cascioli con la guita que le dejaba la revista Humor® por aquella época. Simultáneamente Verbitsky solicitó su incorporación a la APDH, cuya comisión directiva, por unanimidad, rechazó el pedido. Integraban aquella mesa el docente Alfredo Bravo, el obispo Federico Pagura, el abogado Alberto Pedroncini, el rabino Marshall Meyer, el diputado intransigente Miguel Monserrat, la dirigente comunista Rosa Pantaleón y Graciela Fernández Meijide.

Con ese camino cerrado pero dispuesto a mostrarse como un defensor de los DD.HH., Verbitsky se acercó a Mignone y Conte, quienes le dieron cabida en el CELS. 

“El Periodista” fue un fracaso editorial y dejó de aparecer a principios de 1987, casi en simultáneo con otros dos medios de la época: “La Razón” matutina, editada por Jacobo Timerman, y “El Porteño”. Todos los desocupados confluyeron en “Pagina 12”; entre ellos, Verbitsky, cuya función primordial en el diario dirigido por Lanata consistió en reivindicar a Rodolfo Walsh -su jefe en la organización Montoneros- y Emilio Mignone. Si uno lee las notas de Verbitsky, Walsh nunca fue miembro de la Alianza Libertadora Nacionalista, y Mignone durante toda su vida fue un activista por los derechos humanos.

No por casualidad, tras el fallecimiento de los socios fundadores del CELS y por decisión de las viudas, Verbitsky pasó a desempeñar la presidencia de la entidad, que tiene como director ejecutivo, por contrato y al cabo de un proceso de selección, al abogado Gastón Chillier. 

Horacio Verbitsky

Vale decir, el CELS es una organización de tipo empresarial, dedicada al patrocinio de causas judiciales vinculadas con los derechos humanos y a la investigación sobre el tema, pero no se lo puede llamar “organismo de derechos humanos” porque no hay militancia ni vida participativa en su interior. 

Estrategia K, Divide todo... De Alguna Manera...

Estrategia K, Divide todo...

El Gobierno abre grietas sin parar: DD.HH., la economía, AMIA... El caso del nuevo jefe del Ejército, César Milani, ha generado un tembladeral dentro del Gobierno y de las organizaciones de derechos humanos que le son afines. El desconcierto cunde y las contradicciones se ahondan. Por situaciones similares a las que enfrenta Milani hay oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que están siendo sometidos a largas causas judiciales en prisión. Sus presentaciones espontáneas ante los juzgados federales de La Rioja y Tucumán, en las que negó las acusaciones y habló de una campaña en su contra, fueron acciones planeadas desde el Ministerio de Defensa. Su titular, Agustín Rossi, necesita reganar la ofensiva.

Los dichos del jefe militar no agregaron nada. No hubo en ellos ninguna respuesta concreta a los testimonios que lo señalan formando parte del Operativo Independencia ni contra las denuncias que realizó el entonces conscripto Ramón Alfredo Olivera, víctima de secuestro y tortura en aquellos años de la terrible dictadura. Ese caso es el que más complica a Milani. Hay dos elementos objetivos para ello: el primero es que su nombre apareció mencionado en el listado del Nunca más de La Rioja; el segundo, que el viernes Olivera concretó en sede judicial la denuncia que realizó en el programa de Jorge Lanata.

A propósito de ello, la situación dentro de los organismos de derechos humanos en esa provincia se ha tornado muy compleja. La enorme mayoría de ellos tiene una orientación decididamente filokirchnerista, circunstancia que los ha dejado a merced de un fenomenal desconcierto.

La controversia ha acompañado también otros momentos de la carrera de Milani. En 2010, siendo ya director de Inteligencia, se vio envuelto en un episodio que levantó gran polvareda dentro del Ejército. Fue cuando el hoy jefe del arma, que era mencionado por sus pares como el nexo entre el comandante Luis Pozzi y la ministra Nilda Garré, tuvo a su cargo la lectura de la nómina de diez tenientes coroneles a los que se les impidió el ascenso por portación de apellido o discriminación ideológica. Según narran las crónicas, esos oficiales fueron Julio Baloffet, hijo del coronel Julio Baloffet; Luis y Gonzalo Cattáneo, hijos del general Alberto Cattáneo; Mario Díaz, hijo del fallecido general Mario Cándido Díaz; Oscar Faisal, que había asistido a familiares de militares juzgados en Corrientes; Hugo Gallard, hijo de un suboficial que en los años de la dictadura fue atacado por subversivos a los que enfrentó; Justo Rojas Alcorta, hijo del coronel Justo Jacobo Rojas Alcorta; Roberto Ruzzante, quien se había preocupado por la suerte del coronel Alejandro Duret, que estuvo detenido en Campo de Mayo; Guillermo Saá, sobrino del general Juan Saá; y Roberto Vega, quien había cuestionado al ERP en un homenaje a los caídos en el combate de Manchalá. Garré negó esos cargos, pero nadie le creyó. Los memoriosos, tanto del Ministerio de Defensa como del Ejército, han confirmado el hecho, así como sus motivaciones.

Tampoco es verdad, como se dice desde el oficialismo, que no hubiera habido cuestionamientos a Milani en el momento de tratarse en el Senado su pliego de ascenso a general de brigada. Aquella sesión tuvo un quórum complicado y desde el radicalismo se objetó a Milani por ser el autor “ideológico de toda la arbitrariedad de las persecuciones por portación de apellido y de algunas situaciones que generan sospechas en la venta de inmuebles y sobre situaciones irregulares”, según expresó entonces el senador Gerardo Morales. Lo que evidentemente nadie conocía era el caso de Olivera. Así es como están informados muchos de nuestros legisladores.

El escaso entusiasmo que acompaña a los Cedin tiene a la Presidenta preocupada y a Guillermo Moreno ocupado. Ya no sabe a quién más apretar para darle vuelo a una operatoria que, hasta ahora, no es más que un fiasco. La avalancha de inversiones que se esperaba no aparece, y para colmo el dólar “blue” no para de subir. Por eso, el secretario de Comercio debió recurrir a su consabida metodología del apriete para poner un freno que, como siempre, será transitorio.

El acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación del gas shale en el yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén, es producto de la falta de inversiones que afecta a la compañía argentina. “No es un régimen para Chevron sino para garantizar las inversiones en el país”, dijo Axel Kicillof –¿quiso decir que hasta hoy esas inversiones no estaban garantizadas?– para justificar este contrato que le asegura a la compañía estadounidense precio internacional en el mercado interno, la liberación del cepo cambiario y la eximición de aranceles de exportación a partir del quinto año de la inversión a empresas que traigan al país al menos mil millones de dólares. “Pasamos de chavistas a vendepatrias en un día”, se explayó el extravertido viceministro de Economía, quien, con su encendida verba y un toque de atolondramiento, no advirtió que contratos como éstos nos acercan a Venezuela. Chevron tiene una estrecha asociación con Pdvsa, que padece la misma falta de inversiones que YPF.

“Señor Timerman, ¿usted aceptaría negociar con los genocidas del Proceso?”, fue la frase con la que Sofía Guterman, quien fue la oradora en representación de los familiares de las víctimas del atentado contra la AMIA, fulminó al canciller y al Gobierno por el cada vez más inentendible memorándum de acuerdo con Irán. La ausencia de la Presidenta –en un viaje a Colombia arreglado para tener una excusa para no estar presente a las 9.53 del jueves 18 en la calle Pasteur al 600– llenó de dolor a muchos de los que en ella creyeron genuinamente.

No sólo fue la ausencia física de Cristina Fernández de Kirchner lo que dolió, sino también su estrepitoso silencio. No se le escuchó una sola palabra de recuerdo para los 85 muertos que dejó aquel horroroso hecho hasta hoy impune. La dolorosa división existente entre los diversos grupos en los que se han nucleado los familiares de las víctimas ha permitido saber que hay algunos a los que la Presidenta recibe y otros a los que no. Sofía Guterman le escribió siete cartas a la jefa de Estado, que nunca le respondió.

El kirchnerismo es así: no hay cosa que no divida.

Producción periodística: Guido Baistrocchi.

© Escrito por Nelson Castro el sábado 20/07/2013 y publicado por el Diario Perfil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.