El Centro de Estudios Legales y Sociales es una empresa…
Magnífica ocasión para romper la inercia del lenguaje y dejar de considerar "organismo de derechos humanos" al CELS.
El CELS es una empresa, cuyo presidente es el señor Horacio Verbitsky, declarado heredero del fundador, Emilio Fermín Mignone.
© Escrito por Enrique Vázquez el sábado 20/02/2021 y publicado en Facebook, en la Ciudad de Ingeniero Maschwitz, Provincia de Buenos Aires, República de los Argentinos.
Mignone nació en 1922 y desde muy joven integró los “grupos de choque” de la iglesia católica, particularmente activos contra los simpatizantes de la República durante la guerra civil española (1936-1939). Como es lógico, fue seducido por el peronismo: en 1948 asumió como Director General de Escuelas (ministro de Educación) de la provincia de Buenos Aires, designado por el gobernador, coronel Domingo Mercante, y más tarde ocupó la dirección del Educación Superior del Consejo Nacional de Desarrollo.
Caído Perón, aprovechó sus contactos con funcionarios norteamericanos para poner distancia de la “Libertadora”.
A principios de los ’60 consiguió un contrato de la Organización de Estados Americanos como especialista en política educacional. Su desempeño en Washington DC coincidió con la expulsión de Cuba del seno de la OEA y el aval de esta entidad a la invasión de la República Dominicana.
Su cargo político más alto llegó con la dictadura de Juan Carlos Onganía, la edad de oro de los católicos ultramontanos y del cursillismo: en 1966, apenas derrocado el presidente Illia, Mignone asumió como viceministro de Educación de la Nación, cargo en el que se mantuvo hasta 1970.
Con el auspicio del nuevo gobierno constitucional peronista, inaugurado el 25 de mayo de 1973, Mignone fue nombrado rector de la Universidad Nacional de Luján, que había sido creada en diciembre de 1972. Tras el golpe del 24 de marzo de 1976, la universidad fue intervenida, como todas las otras. Y en un par de meses la vida del rector depuesto sufrió un vuelco dramático.
Mignone tuvo 5 hijos: Isabel, Mónica, Mercedes, Fernando y Javier; uno de los varones se hizo cura católico y vive en el Canadá. Mónica era catequista y asistente social en la villa del Bajo Flores cuando fue detenida por un comando de la Armada el 14 de mayo de 1976. Mignone y su mujer, Angélica “Chela” Sosa, recurrieron a todos sus contactos para encontrarla; un marino les dijo que se quedaran tranquilos, que Mónica estaba en la Escuela de Mecánica de la Armada y que con toda seguridad al día siguiente la restituirían a su domicilio habitual. Nunca más supieron nada de ella.
Mignone encontró refugio y contención en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y “Chela” en la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, cuya disidente Línea Fundadora la encontró como una de sus integrantes desde el primer momento.
Cuando llegó a Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 6 de septiembre de 1979, sus integrantes recogieron todos los testimonios posibles sobre el terrorismo de Estado, y al regresar a los EE.UU. editaron un libro en inglés y castellano con una síntesis de lo obtenido. Mignone viajó a Washington junto al obispo metodista Aldo Etchegoyen y ambos trajeron a la Argentina los primeros ejemplares de aquella denuncia, cuya difusión, por supuesto, estaba prohibida por los milicos. Pero Mignone no sólo trajo libros: trajo también una propuesta de la Fundación Ford para subvencionar a la APDH con una donación inicial de 2 millones de dólares, que se renovaría anualmente.
La APDH se mantenía a duras penas gracias a las donaciones de los fieles de las iglesias protestantes europeas, particularmente las alemanas y las neerlandesas. La donación le venía de perlas, pero la compañía Ford había transformado su planta automotriz de General Pacheco en un verdadero campo de concentración, del que desaparecieron no menos de 12 trabajadores, entre ellos 6 que integraban la comisión interna de delegados. La APDH no podía combatir el terrorismo de Estado con dinero de uno de sus cómplices. La comisión directiva decidió rechazar la propuesta de la Ford, y Emilio Fermín Mignone, junto a otros dos padres de desaparecidos -Augusto Conte McDonnell y Boris Pasik- decidió emplear ese dinero en la creación de un ente que estuviera en condiciones de pagar abogados profesionales e investigadores sociales dedicados al tema de la represión ilegal.
Así nació el CELS.
Apenas restablecida la democracia, Horacio Verbistky buscó reinsertarse
en su profesión y lo consiguió en 1984 a través del semanario El Periodista,
editado por Andrés Cascioli con la guita que le dejaba la revista Humor® por
aquella época. Simultáneamente Verbitsky solicitó su incorporación a la APDH,
cuya comisión directiva, por unanimidad, rechazó el pedido. Integraban aquella
mesa el docente Alfredo Bravo, el obispo Federico Pagura, el abogado Alberto
Pedroncini, el rabino Marshall Meyer, el diputado intransigente Miguel
Monserrat, la dirigente comunista Rosa Pantaleón y Graciela Fernández Meijide.
Con ese camino cerrado pero dispuesto a mostrarse como un defensor de los DD.HH., Verbitsky se acercó a Mignone y Conte, quienes le dieron cabida en el CELS.
“El Periodista” fue un fracaso editorial y dejó de aparecer a principios
de 1987, casi en simultáneo con otros dos medios de la época: “La Razón”
matutina, editada por Jacobo Timerman, y “El Porteño”. Todos los desocupados
confluyeron en “Pagina 12”; entre ellos, Verbitsky, cuya función primordial en
el diario dirigido por Lanata consistió en reivindicar a Rodolfo Walsh -su jefe
en la organización Montoneros- y Emilio Mignone. Si uno lee las notas de
Verbitsky, Walsh nunca fue miembro de la Alianza Libertadora Nacionalista, y
Mignone durante toda su vida fue un activista por los derechos humanos.
No por casualidad, tras el fallecimiento de los socios fundadores del CELS y por decisión de las viudas, Verbitsky pasó a desempeñar la presidencia de la entidad, que tiene como director ejecutivo, por contrato y al cabo de un proceso de selección, al abogado Gastón Chillier.
Vale decir, el CELS es una organización de tipo empresarial, dedicada al patrocinio de causas judiciales vinculadas con los derechos humanos y a la investigación sobre el tema, pero no se lo puede llamar “organismo de derechos humanos” porque no hay militancia ni vida participativa en su interior.
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