Donde mueren las palabras...
El Episcopado confirmó ante la Justicia que desde 1978 sabía que la
dictadura militar asesinaba a las personas detenidas-desaparecidas, cosa que
nunca hizo pública. La tardía admisión se produjo con el reconocimiento de la
autenticidad del documento publicado aquí el domingo 6 de mayo sobre el diálogo
secreto con el dictador Jorge Videla del 10 de abril de ese año. Pese a ello
tanto el Episcopado como el Vaticano y la gran prensa guardan silencio.
La Iglesia Católica confirmó por primera vez ante la
Justicia que por lo menos desde 1978 sabía que la dictadura militar asesinaba a
las personas detenidas-desaparecidas, cosa que nunca hizo pública, y que sus
máximas autoridades discutieron con el jefe supremo de la dictadura cómo
manejar la información sobre esos crímenes. La tardía admisión se produjo con
el reconocimiento de la autenticidad del documento publicado aquí el domingo 6
de mayo sobre el diálogo secreto con el dictador Jorge Videla del 10 de abril
de 1978, luego de un almuerzo del que participaron los tres miembros de la
Comisión Ejecutiva que conducía a la institución. Pese a ello tanto el
Episcopado como el Vaticano y la gran prensa siguen guardando un escandaloso
silencio.
La cuestión de las
listas
La judicialización del documento eclesiástico se produjo en
la causa abierta para determinar lo sucedido con los restos de Roberto
Santucho, a pedido de su familia, representada por el abogado Pablo Llonto.
Santucho fue abatido por una partida del Ejército el 19 de julio de 1976 y su
cuerpo exhibido a la prensa en Campo de Mayo, pero luego desapareció sin
explicaciones. A raíz de la confesión de Videla a un periodista español y otro
argentino sobre el asesinato de los detenidos-desaparecidos, la jueza federal
de San Martín, Martina Forns, a cargo de esa causa, citó a declarar al ex
dictador. Videla dijo que él había decidido ocultar el destino de los restos de
Santucho para evitar homenajes pero que quien sabía qué habían hecho con ellos
era el entonces jefe de Campo de Mayo, general Santiago Riveros. Ante el
cuidadoso interrogatorio preparado por Forns, Videla respondió sus preguntas
durante más de tres horas.
Sin eufemismos dijo que los detenidos-desaparecidos eran
“condenados” y “ejecutados” y que ese método se había adoptado por comodidad
porque creían que “no provocaba el impacto de un fusilamiento público”, que “la
sociedad no lo iba a tolerar”. Agregó que “era difícil pensar que tantas
personas podían ser juzgadas y la Justicia estaba asustada por la persecución
que habían sufrido los jueces” del Camarón, el tribunal especial que actuó
entre 1971 y 1973 durante la penúltima dictadura. Cuando Forns lo interrogó
sobre las listas de personas detenidas-desaparecidas, Videla contestó que eran
incompletas y que no se publicaron, porque contenían errores e inexactitudes y
no hubo acuerdo entre las tres Fuerzas Armadas que compartían el gobierno.
Agregó que la información sobre el destino de cada persona es “una obligación
moral” pero que no es fácil cumplir con ella “por la forma tabicada en que se
procedía y en algunos casos no hay rastros de eso y no puede publicarse a
medias”.
Un diálogo entre
amigos
Pero durante el almuerzo con el cardenal Raúl Primatesta,
arzobispo de Córdoba, el arzobispo de Santa Fe, Vicente Zazpe, y el de Buenos
Aires, cardenal Juan Aramburu, quienes eran presidente y vicepresidentes del
Episcopado, Videla dio otra explicación mucho más sincera acerca de la
publicación de las listas y sobre lo sucedido a las personas detenidas-desaparecidas.
Ello consta en una minuta para el Vaticano, que los tres eclesiásticos
redactaron luego de ese almuerzo y que fue reproducida en esta página hace tres
domingos, en la nota “Preguntas sin respuesta”. En un clima que Aramburu
describió como cordial, Videla dijo que no era fácil admitir que los
desaparecidos estaban muertos, porque eso daría lugar a preguntas sobre dónde
estaban y quién los había matado. Primatesta hizo referencia a las últimas
desapariciones producidas durante la Pascua de 1978, “en un procedimiento muy
similar al utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”.
Videla respondió que “sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se
trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero
aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas
sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común?
En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de
preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las
consecuencias sobre personas”, es decir los secuestradores y asesinos.
Primatesta insistió en la necesidad de encontrar alguna solución, porque
preveía que el método de la desaparición de personas produciría a la larga
“malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Se refería en
forma implícita a la carta que esa misma mañana le había enviado el presidente
fundador del CELS, Emilio Mignone, padre de la detenida-desaparecida Mónica
Candelaria Mignone, y una de las más altas personalidades laicas del
catolicismo argentino. Mignone había sido ministro de Educación en la provincia
de Buenos Aires en la década de 1940 y viceministro de Educación nacional en la
de 1960. El fundador del CELS le escribió a Primatesta que el sistema del
secuestro, el robo, la tortura y el asesinato, “agravado con la negativa a
entregar los cadáveres a los deudos, su eliminación por medio de la cremación o
arrojándolos al mar o a los ríos o su sepultura anónima en fosas comunes” se
realizaba en nombre de “la salvación de la ‘civilización cristiana’, la
salvaguardia de la Iglesia Católica”. Agregó que la desesperación y el odio
iban ganando muchos corazones. Al día siguiente del almuerzo, Zazpe le informó
a Mignone que la Comisión Ejecutiva le había transmitido a Videla “todo lo que
dice su carta”. Dijo que habían sido “tremendamente sinceros y no recurrimos a
un lenguaje aproximativo” pero le advirtió, como si se tratara de una accesoria
cuestión técnica, que había una “divergencia con su carta” acerca de la
publicidad o reserva de esta entrevista.
“En esta ocasión volvió a recurrirse a la reserva”, que dura
hasta hoy. Primatesta informó luego a la Asamblea Plenaria que los obispos le
plantearon a Videla los casos señalados en su carta por Mignone, de presos que
en apariencia recuperaban su libertad pero en realidad eran asesinados; que se
interesaron por sacerdotes desaparecidos, como Pablo Gazzarri, Carlos Bustos y
Mauricio Silva, y por otros detenidos de los que pidieron la libertad y/o el
envío al exterior. Pero el desarrollo completo del diálogo sólo consta en la
síntesis para el Vaticano. Cuando Primatesta advirtió sobre las amargas
consecuencias del método de la desaparición forzada, Videla asintió. También él
lo advertía, pero no encontraba la solución, dijo. Zazpe preguntó: “¿Qué le
contestamos a la gente, porque en el fondo hay una verdad?”. Según el entonces
arzobispo de Santa Fe, Videla “lo admitió”. Aramburu explicó que “el problema
es qué contestar para que la gente no siga arguyendo”. Según Aramburu, cuando
Videla repitió que “no encontraba solución, una respuesta satisfactoria, le
sugerí que, por lo menos, dijeran que no estaban en condiciones de informar,
que dijeran que estaban desaparecidos, fuera de los nombres que han dado a
publicidad”. Primatesta explicó que “la Iglesia quiere comprender, cooperar,
que es consciente del estado caótico en que estaba el país” y que medía cada
palabra porque conocía muy bien “el daño que se le puede hacer al gobierno con
referencia al bien común si no se guarda la debida altura”.
Luego de la publicación, la jueza Forns solicitó la entrega
del documento a la Conferencia Episcopal. Sin dilación, recibió una copia. De
este modo, la máxima conducción católica de la Argentina corroboró en forma
oficial y en un expediente judicial que tanto la Iglesia argentina como la
Santa Sede, para la que se confeccionó esa minuta, estaban al tanto del
asesinato de las personas cuya desaparición era denunciada por sus familiares y
por los organismos defensores de los derechos humanos.
Copia Fiel
El facsímil que se publica a la izquierda es el que obtuve
en forma subrepticia en la sede de la calle Suipacha que el propio Videla donó
a la Conferencia Episcopal antes de dejar el poder, en 1981. Arriba a la
derecha se observa el número con que está archivado, lo cual da una idea de la
magnitud de ese archivo cuya misma existencia la Iglesia negó, en una nota que
en el año 2000 me dirigió su presidente, cardenal Estanislao Karlic. El de la
derecha es el que la actual conducción episcopal, presidida por el Arzobispo de
Santa Fe, José Arancedo, remitió a la jueza Forns. Arriba a la izquierda se lee
“Es Copia Fiel” y abajo a la derecha consta el sello de la Conferencia
Episcopal Argentina. En ambos ejemplares de ese documento secreto se observa que
la afirmación de Videla sobre la protección a quienes cumplieron sus órdenes
criminales está completada a mano por Primatesta.
Pese a la enorme trascendencia de este demorado
reconocimiento, ninguna autoridad eclesiástica hizo la menor referencia pública
al tema, aunque la Comisión Ejecutiva se reunió el 16 de mayo y emitió un
documento, cuestionando la ley de muerte digna sancionada por el Congreso. Como
si la enormidad del hecho les cortara el habla, tampoco los diarios Clarín, La
Nación y Perfil se dieron por enterados de la publicación de ese documento
fundamental para establecer el grado al que llegó la complicidad de la Iglesia
Católica con la dictadura militar y su política criminal. Treinta y cuatro años
después, el encubrimiento continúa. Cuando el periodista español Ricardo Angoso
lo entrevistó en la prisión que el Servicio Penitenciario Federal tiene en
Campo de Mayo, Videla dijo que “mi relación con la Iglesia Católica fue
excelente, muy cordial, sincera y abierta”, porque “fue prudente”, no creó
problemas ni siguió la “tendencia izquierdista y tercermundista” de otros
Episcopados. Condenaba “algunos excesos”, pero “sin romper relaciones”. Con
Primatesta, hasta “llegamos a ser amigos”. Se nota.
Dos copias del mismo documento. A la izquierda, la que obtuve en el archivo
del Episcopado, cuya existencia misma la Iglesia negaba. El número 10.949 que
lleva, agregado a mano por el ex secretario del Episcopado Carlos Galán cuando
ordenó el archivo, da una idea de la magnitud de ese repositorio. A la derecha,
la versión oficial que este mes la Iglesia envió a la Justicia, a solicitud de
la jueza Martina Forns. Le han borrado el número y le han agregado “Es copia
fiel” y el sello de la Conferencia Episcopal.
© Escrito por Horacio Verbitsky y
publicado por el Diario Página/12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
domingo 27 de Mayo de 2012.
